Los cubanos merecen al menos respeto

LOS CUBANOS MERECEN ALMENOS RESPETO El pasado 11 de julio salieron a las calles decenas de miles de cubanos en todo el país sin más coordinación que el llamamiento a través de las redes sociales, en un espectáculo admirable por lo inhabitual, que se truncó cuando comenzó la implacable represión del Gobierno. El presidente, Miguel Díaz-Canel, llamó de manera inequívoca al enfrentamiento, la violencia y la represión contra unos pacíficos manifestantes. “La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios”. Poco después, las fuerzas de seguridad y los paramilitares “boinas negras” agredieron a los manifestantes causando varios heridos, un muerto, y numerosas detenciones y encarcelamientos, seguidos de juicios sumarísimos exprés sin las mínimas garantías: ausencia de proceso y de acusación, sustitución de los fiscales por los policías, negativa de defensa o condicionamiento a la actuación de los abogados, simulacros de juicios a puerta cerrada y sentencias orales. Díaz-Canel calificó de delincuentes a los manifestantes y una fiscal llegó a afirmar que gritar “Patria y Vida” era constitutivo de un delito, punible con penas de hasta 20 años.. Causas de las protestas Según los escritores cubanos Jorge Ferrer y Ginés Górriz, hemos asistido en Cuba a un levantamiento popular como no se había conocido otro en los últimos años. La inercia y el miedo generados por décadas de un cocktail siniestro mezcla de entusiasmo y represión, saltaron por los aires el 11 de julio bajo el empuje de una generación de jóvenes que se niegan a ser parte de un sistema que ya sólo les brinda la espuria ilusión de la excepcionalidad. Son cubanos que quieren vivir en un país más próspero y más justo, y que –espoleados por el hambre de pan y de libertad, unido a la preocupación por la desastrosa gestión sanitaria de la pandemia- están planteando una rebelión que sitúa a la juventud cubana en el mismo diapasón de anhelos que manifiestan jóvenes de todo el mundo. Como ha comentado el reguetonero Yomil, “de tanta hambre que pasamos, nos hemos comido el miedo”. En su artículo “La juventud cubana toma la palabra” - publicado en “El País”-, Mauricio Vicent ha señalado que “nuestros padres nos enseñaron a hablar bajito, pero eso ya se acabó. Hay una generación descreída, frustrada y golpeada por la crisis que no siente que le deba nada a la Revolución”. En opinión de la escritora Alina López, los jóvenes -que constituyen el 35% de la población cubana- son clave del futuro de la nación y hay que contar con ellos. No tienen memoria de las etapas iniciales más positivas en política social de la época revolucionaria, y los logros de las primeras décadas no les dice nada. Necesitan y reclaman unos cambios no sólo socioeconómicos, sino también políticos, que no ven que se les les ofrezcan, y ya no aceptan una posición subordinada con respecto al Estado. Estas protestas, aunque no sean suficientes por el momento, marcan un antes y un después. El 1 de enero de 1959 se consumó el triunfo del Movimiento 26 de Julio, liderado Fidel Castro, que derrocó el régimen corrupto del dictador Fulgencio Batista. El cambio fue favorablemente recibido por la mayoría de lo Gobiernos y de la opinión pública, y el Gobierno revolucionario fue reconocido por Estados Unidos y los países iberoamericanos y occidentales, pero Castro defraudó las expectativas que había generado al declararse marxista y establecer un régimen comunista de partido único. En el ámbito socioeconómico, el Gobierno de Castro obtuvo importantes éxitos al mejorar ls condiciones de vida del pueblo cubano, especialmente en los campos de la educación y de la sanidad. No así en el ámbito político, dado que estableció un régimen comunista bajo los auspicios de la Unión Soviética y en abierto enfrentamiento con Estados Unidos, que decretó un embargo de las relaciones comerciales con Cuba. Son innegables los avances conseguidos por el Gobierno cubano en el plano social y su fracaso en los planos político y económico. De un lado, instauró una dictadura comunista carente de libertades fundamentales y opresor de los derechos humanos; de otro, estableció una economía estatalizada, que se mantuvo gracias a la ayuda de la URSS de 63.000 millones de dólares, una cifra superior a la ayuda prestada por Estados Unidos a Europa tras la II Guerra Mundial a través del Plan Marshall. Ya el 23 de enero de 1990, el diputado español Jaime Ignacio del Burgo envió una carta abierta a Fidel Castro a raíz de un artículo que publicó en “El Independiente”, titulado “Peretsroika, go home”, en el que decía lo siguiente:”¿Cuál es el saldo de su Revolución? La salida forzosa del país de cientos de miles de cubanos discrepantes del modelo marxista-leninista- La instauración del terror como instrumento de actuación del Estado para reprimir a los que tuvieron el valor de oponerse a la prostitución de las esperanzas del pueblo cubano, convencido de que la desaparición del dictador Batista iba a significar la devolución real de las libertades y el desarrollo de una sociedad más justa y más próspera .En definitiva, el pueblo cubano vio cómo se sustituía una dictadura corrupta por la tiranía de un régimen que, después de largos años de sufrimiento, lo ha conducido a una situación de enorme indigencia de la que únicamente se libran los privilegiados detentadores del poder”. Más recientemente, José Ignacio Torreblanca ha afirmado que el eslogan “Patria o Muerte” dejaba bien claro cuál era la oferta última del régimen a los cubanos. No te damos de comer, ni nos ocupamos de tu salud y, por supuesto, te arrebatamos la libertad. A cambio, te ofrecemos morir por la patria, pero tranquilo. Si no estás dispuesto a ello, ya nos ocuparemos nosotros: la patria está dispuesta a matarte, detenerte, torturarte o exiliarte. Así pues, “los cubanos son macabramente libres de elegir la manera en la que quieren prestar su consentimiento al poder: por la fe en una ideología caduca e incompetente. o por miedo a que esa ideología lo mate o te torture. Vivir bajo un Estado –se dice- es peor que vivir en libertad, pero mejor que hacerlo bajo una banda de ladrones. Cuando el Estado sólo te ofrece la fe o el miedo, lo más seguro es que –como está pasando en Cuba- acabes perdiendo ambos”. Según ha comentado Maite Rico en “El Mundo”, Cuba está regida desde hace 62 años por el Partido Comunista dirigido por la familia Castro. No hay elecciones libres, ni libertad de expresión, de prensa o sindical, y “reprime y castiga cualquier forma de disenso”, según Human Rights Watch. El Gobierno cubano controla la ruinosa economía y espía a sus ciudadanos con redes de delatores, Somete a sus críticos a tácticas que van de la denigración pública y la privación de viajar, hasta el despido, la detención arbitraria y la cárcel. Los tribunales están sometidos al Gobierno y no existe el debido proceso, Hay 126 presos políticos y miles de detenidos por actividades “predelictivas”, y las torturas y los malos tratos están a la orden del día. El Gobierno persigue y censura a artistas, intelectuales y periodistas independientes, y en las clasificaciones por derechos políticos y libertades, se codea con Yemen, Laos, Burundi y Sudán. El régimen culpa de la ruina a un “bloqueo” de Estados Unidos que no existe. Hay, sí, un embargo impuesto desde 1962, que impide a las empresas norteamericanas comerciar con Cuba, que no afecta al sector agroalimentario -la isla importa de su vecino el 60% de los alimentos que consume- o al médico-farmacéutico, ni le impide negociar con el resto del mundo. La devastación es obra de un régimen comunista inoperante y corrupto. Fidel Castro convirtió ls tercera economía de Iberoamérica en un erial africano con hambrunas recurrentes. Las tierras que hasta 1958 exportaban hortalizas están ociosas y los ingenios azucareros son hoy vestigios oxidados. “Los únicos logros del castrismo son el parasitismo y la represión”. Pese a que la epidemia del Covid-19 esté desbocada, el Gobierno ha priorizado la “reafirmación revolucionaria” a los cuidados médicos y anda organizando actos multitudinarios y obligatorios para los empleados públicos con el fin de contrarrestar las protestas. Tras la disolución de la URSS, Mijail Gorvachoc cortó el grifo de los subsidios rusos y Cuba encontró un cirineo en los Gobiernos bolivarianos de Venezuela de Hugo Chaves y Nicolás Maduro, que le facilitaron en especie –petróleo y gas- las ayudas necesarias para cubrir las necesidades más básicas. El Gobierno cubano pagaba los servicios recibidos exportando ideología, comisarios políticos, maestros, médicos y –en ocasiones- soldados de lance, que participaron en conflictos armados tan recónditos como los de Angola o Etiopía. He visto actuar en Irak a los médicos cubanos, que tenían por lo general un nivel formativo bajo, pero una gran empatía en el desempeño de sus funciones. Sus sueldos eran percibidos por la Embajada cubana –que les cedía unas sumas modestas para sus gastos, aparte de la manutención- y los comisarios políticos los tenían vigilados y controlados. Aún así, eran felices porque podían vivir mejor que en la madre patria. Es de justicia señalar la gran labor realizada por los maestros cubanos en la Union Soviética, que –durante el amplio período en el que España apenas mantuvo relaciones con el Gobierno ruso- mantuvieron el fuego sagrado de la enseñanza del español en ese país, aunque fuera con acento caribeño. Lo que más me impresionó de Cuba cuando viajé a La Habana para participar en unas negociaciones sobre transporte marítimo –que no fructificaron por la disparidad de los sistemas económicos vigentes en uno y otro Estado- fue la tristeza y el pesimismo de buena parte de un pueblo vital y alegre. La Revolución –que en su inicio había alentado sus expectativas y sus ilusiones- se había convertido en una dictadura opresora. A la muerte de Fidel Castro surgió la esperanza de que el régimen evolucionara y permitiera una mejora de la situación socioeconómica, que acabara por provocar una mayor libertad política, pero –salvo a algunos fugaces escarceos de las requeridas reformas- todo volvió a ser más de lo mismo, con la diferencia de que sus sucesores –su hermano Raúl y Díaz-Canel- carecen de la personalidad y el carisma de Fidel y son unos simples burócratas del partido único que actúan con prepotencia e impunidad.. El régimen se ha visto desbordado ante el inesperado brote de generalizadas protestas de los sectores más jóvenes del país y –fieles a su “modus operandi”-las ha reprimido con mano dura para que sirva de escarmiento y “aviso a navegantes”, pese a la repulsa de la comunidad internacional, no siempre expresada de forma suficiente. La oposición democrática se ha quejado de la tenue reacción de los países latinoamericanos y occidentales, del silencio de la ONU, de la tibieza del Papa y de las ambigüedades de la UE y-sobre todo- de España. Ante el cúmulo de críticas recibidas, el Canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha quitado importancia a la revuelta que ha calificado de actos aislados, negado que haya habido represión y afirmado que ha visto peores actuaciones de las fuerzas de seguridad contra manifestantes en Europa. Siempre ha habido represión en la Cuba castrista, pero de forma individualizada y no en la forma masiva de ahora. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se está produciendo una ola represiva y de violación de los derechos fundamentales sin precedentes en la historia de Cuba. Lamentable reacción del Gobierno español El presidente estadounidense, Joseph Biden, ha condenado de forma inequívoca las detenciones masivas y la simulación de procesos judiciales en los que se condena injustamente a penas de prisión a quienes se atrevieron a alzar su voz, en un esfuerzo por intimidar y amenazar al pueblo cubano para acallarlo. Tiene ést derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y Estados Unidos apoya a los cubanos valientes que han salido a la calle para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista. Estados Unidos y otro 20 países afines –incluidos algunos miembros de la UE- han adoptado una declaración en la que afirman que hacían “un llamamiento al Gobierno cubano para que respete los derechos y libertades legalmente garantizados del pueblo cubano, sin temor a ser arrestados y detenidos. Instamos al Gobierno cubano a que libere a los detenidos por ejercer su derecho a protestar pacíficamente. Hacemos un llamamiento por la libertad de prensa y por la restauración total del acceso a Internet. Instamos al Gobierno cubano a que escuche las voces y demandas del pueblo cubano”. España y otros miembros de la UE no se han adherido a esta impecable comunicado con el poco convincente pretexto de que la Unión estaba elaborando su propia declaración. El Parlamento Europeo -tan parlanchín él- no ha dicho ni esta boca es mía y el Alto Comisario Europeo, Josep Borrell, no ha estimado necesario condenar la terrible represión del Gobierno cubano y se ha limitado a pedir a Dìaz-Canel que respete el derecho de los cubanos manifestarse. Según el eurodiputado José Ramón Bauzá, el PSOE actúa como defensor del Gobierno castrista en Bruselas, boicotea los intentos del Grupo parlamentario liberal para que el Parlamento condene la actuación del Gobierno cubano e influye sobre Borrell para que la UE adopte una actitud “equidistante”. Desde 1996, y a instancias del Gobierno de José María Aznar, la Unión adoptó una posición común respecto a Cuba por la que condicionaba sus relaciones con este país al respeto de los derechos humanos. Esta posición fue abandonada en 2017 a petición del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a cambio de la falaz promesa del Gobierno cubano de impulsar reformas políticas y sociales, y de dar voz a la sociedad civil. Según Ferrer y Górriz, estamos asistiendo con estupor e indignación a la renuncia del Gobierno español a adoptar una posición clara y rotunda en favor de los manifestantes y en contra del régimen autoritario de La Habana. “La renuncia hiriente y patética a reconocer que en Cuba impera una dictadura que priva a los ciudadanos de derechos humanos elementales, las piruetas verbales de dirigentes de los principales partidos de izquierda en España que ostentan los más altos cargos en el Gobierno –Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Isabel Rodriguez…- para evitar una denuncia clara y rotunda de un régimen despreciable, no parece casar bien con políticos y partidos que con tanta pasión proclaman defender la ampliación de derechos ciudadanos y que se enfrascan en la denuncia de la dictadura que padeció España durante décadas”. Al Ministerio de Asuntos Exteriores le pilló la crisis cubana en el momento de cambio de sus titular y emitió el 13 de julio un comunicado inocuo y anodino, en el que decía que España, como país iberoamericano, seguía con mucho interés y muy de cerca la situación en Cuba tras los acontecimientos registrados, y estaba “a la expectativa” de ver como evolucionaba dicha situación. Defendía el derecho fundamental de todos los ciudadanos a manifestarse libremente y pedía a las autoridades cubanas que lo respetaran. Con carácter exculpatorio, señalaba que la isla sufría una crisis en la que confluían diversos elementos tales como la crisis económica y la caída del turismo derivada del Covid. El texto no podía ser menos empático y la actitud de expectativa adoptada parecía referirse a un incidente meteorológico como un ciclón o un terremoto en un lejano lugar. Ni una palabra de aliento a los manifestantes cubanos, ni una crítica a la terrible represión que estaba llevando a cabo el Gobierno de Cuba. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comentó que él mismo había solicitado al Gobierno cubano que iniciara las transformaciones y reformas necesarias para que los cubanos pusieran ellos solos, sin injerencias de nadie, encontrar su camino para disfrutar de los derechos y las libertades de las que gozaba España. Aunque admitió que el régimen cubano no era evidentemente una democracia, se abstuvo de calificarlo de dictadura. Asimismo señaló que las protestas en Cuba no se debían sólo a la naturaleza del régimen castrista y que habían influido en ellas la crisis del Covid y sus efectos negativos sobre el turismo. Según la vicepresidenta Nadia Calviño, no era productivo dedicarse a calificar y poner etiquetas a las cosas y no sólo en el tema cubano, pues “me parece que no aporta valor añadido”. Había que centrarse en lo sustancial, que era apoyar al pueblo cubano y defender las libertades de expresión y de manifestación. Todos sentíamos el sufrimiento que estaba pasando por la pandemia y por la caída de los ingresos del turismo. Se trataba de una expresión de buenos deseos en abstracto, sin tener en cuenta los sufrimientos concretos infligidos a los cubanos por la feroz represión de su Gobierno. Para Jorge Bustos, la primerísima muestra de apoyo que demandaba el pueblo cubano del Gobierno español era que llamara dictadura a lo que les pasaba, porque la solución a los problemas empieza por su correcto diagnóstico. Era vergonzoso que Calviño redujera un debate sobre valor añadido la descripción del entramado criminal que apaleaba, secuestraba, torturaba y silenciaba a los cubanos a diario desde hacía seis décadas. Por boca de la vicepresidenta fuimos informados de que etiquetar no aportaba valor añadido, “A ver si revienta el troquel rojilila de una santa vez y podemos volver a llamar dictadura al castrismo y democracia al régimen del 78”. La vicepresidenta morada, Yolanda Díaz ha señalado que los estándares sobre democracia los define la ONU y ahí lo dejaba. Al parecer ignora la existencia de la Comisión de Venecia que no ha dejado la menor duda sobre el carácter dictatorial del régimen cubano. Como ha comentado con sorna Rosa Díez, para mostrar su solidaridad marxista con el pueblo cubano, Yolanda debería proponer cambiar el entrañable lema de la Revolución por el de “Matria y Muerte”, para estar a la altura de los tiempos. Otra vicepresidenta, Teresa Rivera, ha afirmado que lo importante es trabajar para que las cosas salgan bien en Cuba y no caer en este tipo de mensajes un tanto complicados para buscar soluciones. ¿Pero sabe Ribera lo que ha pasado últimamente en Cuba? ¿Hace falta una solución para salir de la dictadura aunque sea complicada? El ministro-Director de Consumo cree que no es necesario, porque “Cuba es un ejemplo de país” y su Gobierno da a cada cubano todo lo que necesita para vivir. Los manifestantes tenían que ser reprimidos por las fuerzas del orden a todo coste porque eran un peligro para el Estado. “Los comunistas somos gente humilde que respetamos todo para el pueblo. Mi respeto y admiración por el Gobierno de Cuba”. Para Rosa Díaz, lo que ocurre en Cuba es nuestro problema, aunque sea su drama. Si callamos, si no reaccionamos y nos limitamos a llorar o a emocionarnos, seremos cómplices de lo que están sufriendo los cubanos. Según “El Mundo”, los centenarios lazos con Cuba deslegitiman la tentación de mantener un perfil bajo ante esta crisis. El Gobierno debería condenar tajantemente la dictadura y favorecer la democracia en la isla. ¿Acaso no es Cuba una dictadura? El Gobierno español tiene reparos en mencionar la dictadura castrista y el PSOE rechazó en el Congreso condenar la represión en Cuba para soslayar el uso de esa nefanda palabra. Según Maite Rico, el envilecimiento después del esperpento ofrecido por el comunicado de Exteriores, que sigue con mucho interés la crisis cubana como si fuera una serie de Netflix, o las contorsiones dialécticas de Calviño y Ribera, según la directriz de Moncloa de ”decir chorradas antes de decir dictadura”. Un Gobierno no debe emplear términos que obstaculicen las relaciones diplomáticas, pero tampoco dar sensación de complicidad con la tiranía. A la pregunta en boca de todos los periodistas de si Cuba era una dictadura, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez ha recurrido al método Olendorf para contestar que España era una democracia plena que respetaba los derechos y las libertades, aunque sus socios de Gobierno no parezcan estar de acuerdo con este aserto. Los cubanos han vencido el hambre, el miedo y la apatía y se han lanzado a la calle a protestar contra una dictadura, de la que nuestro Gobierno lo máximo que se atreve a decir es que no es una democracia. ¿Qué es entonces?, se ha preguntado Javier Redondo. El debate no es vacuo –como ha sostenido la ministra “podemita” Ione Belarra-, porque marca la frontera entre la norma y la excepción, lo constitucional y lo arbitrario, la contención y la represión. Cuba es un Estado policial en el que no se respetan los derechos humanos. Para nuestro Gobierno, la naturaleza del régimen cubano está en el limbo. La equidistancia es contradicción, confusión y complicidad. A juicio de Ricardo F, Colmenero, el Gobierno ha decidido resolver la crisis cubana mediante una definición. Mientras los cubanos esperaban una respuesta diplomática, o humanitaria que pudiera impulsar el derrocamiento de un régimen, España se sumerge en el debate del “sexo de los ángeles” sobre lo que es Cuba. Una parte de su Gobierno dice que no es una democracia y la otra parte que no es una dictadura. Ante la imposibilidad de pronunciar la palabra dictadura con respecto a Cuba por no ser políticamente correcto, los miembros del Gobierno y los periodistas patrios se han dedicado a decir lo que Cuba no es; una democracia, un emirato, una república islámica o un papado. El Gobierno español es incapaz de distinguir una democracia de una dictadura. Concuerdo con Colmenero cuando afirma que uno está bajo una dictadura cuando no puede decirlo. Según Rafa Latorre, un régimen de partido único donde no hay libertad de prensa o de asociación es una dictadura. “Ergo”, en román paladino, Cuba es una Dictadura, con mayúscula. Ferrer y Górriz han dicho que los cubanos no piden compasión, ni siquiera solidaridad, sino simplemente “respeto por quienes se enfrentan a un régimen armado hasta los dientes con la sola fuerza de sus cuerpos y la voz con que gritan, conscientes de la naturaleza y tamaño del monstruo que enfrentan ¡Abajo la dictadura!” Playa de Amposta, 18 de agosto de 2021

¿Desperdiciará el Gobierno español el apoyo de la UE en la cuestión de Gibraltar?

¿DESAPROVECHARÁ EL GOBIERNO ESPAÑOL EL APOYO DE LA UE EN LA CUESTIÓN DE GIBRALTAR? Mientras Gran Bretaña formó parte de la UE, las instituciones comunitarias y los Estados miembros adoptaron una actitud de exquisita neutralidad en su conflicto con España por la cuestión de Gibraltar, pero al producirse la ruptura británica con la Unión, la situación ha cambiado de forma considerables, pues tanto unas como otros apoyan ahora a España por solidaridad comunitaria. El 25 de noviembre de 2018, el Consejo y la Comisión Europeos declararon que, una vez que el Reino Unido hubiera abandonado la UE, Gibraltar no estaría incluido en el ámbito de aplicación territorial de los acuerdos entre la Unión y Gran Bretaña, lo que no era óbice para que se celebraran tratados separados entre ambas Partes respecto a la colonia. Sin perjuicio de las competencias de la UE y con pleno respeto a la integridad territorial de sus Estados miembros, dichos tratados requerirían el acuerdo previo de España. Por una vez, España se ha situado en posición de ventaja sobre Gran Bretaña en la cuestión de Gibraltar, al contar con respaldo de la Unión y de sus miembros, El Gobierno español dilapidó esta posición ventajosa al acordar el 31 de diciembre de 2020 con el Reino Unido un “Marco propuesto para un instrumento jurídico entre el Reino Unido y la UE que establezca la futura relación de Gibraltar con la Unión”. No se trata de un acuerdo propiamente dicho, sino de un “non paper”, un documento informal que recoge sugerencias y propuestas a modo de directrices para la elaboración del requerido Acuerdo entre la UE y Gran Bretaña sobre las relaciones de Gibraltar con la Unión, que no compromete jurídicamente a los firmantes, aunque suponga un compromiso político y moral. El entendimiento hispano-británico no puede ser más nefasto para los intereses de España y beneficioso para los de Gibraltar en una ocasión en que el Gobierno español se encontraba en una posición diplomática ventajosa, dado que hace importantes concesiones innecesarias e injustificadas a los gibraltareños, sin apenas beneficios para los españoles. Como ha observado Felipe Sahagún, gracias a la generosidad del Gobierno, se ha pasado del “Gibraltar español” al “Gibraltar europeo” y se ha regalado a los gibraltareños, sin contrapartidas, un status privilegiado que no había logrado en los 47 años en que Gran Bretaña ha formado parte de la Unión. Durante las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE, España consiguió que ésta le concediera la última palabra en las relaciones con Gibraltar, pero el Gobierno español está jugando mal esta magnífica baza. Según Inocencio Arias, está metiendo a Gibraltar de tapadillo en el espacio Schengen con el falaz pretexto de que hay que avanzar hacia una “zona de prosperidad compartida” en el Campo de Gibraltar. El problema es que esa prosperidad está lejos de ser compartida, pues aumenta allende la verja, a medida que disminuye aquende la misma, y la situación se agudizaría aún más si se plasmaran en el Acuerdo entre la UE y Gran Bretaña los criterios acordados en las nefastas negociaciones hispano-británicas de 2020. Documento-marco sobre futuras relaciones de la UE con Gibraltar La salida de Gran Bretaña de la UE ha dejado a Gibraltar en una situación sumamente delicada, convertida en una isla rodeada de países terceros y con la verja construida por los británicos en medio del istmo que separa el peñón de España, constituida en la frontera exterior de la Unión con la colonia. Sin la cobertura del Reino Unido tras su abandono de la UE y la supresión del régimen jurídico comunitario que le era aplicable en virtud de su pertenencia a un Estado miembro de la Unión, Gibraltar ha quedado en un estado de gran vulnerabilidad. El Gobierno español, en vez de aprovechar una coyuntura favorable para apretarle las tuercas a un municipio español irredento de 30.000 habitantes, que menosprecia a España y se resiste a reintegrase en la nación a la que geográfica, histórica y políticamente pertenece, ha acudido raudo a salvaguardar los intereses del pueblo gibraltareño y a concederle “gratis et amorre” un status privilegiado dentro del “espacio Schengen,” al que no tiene derecho y que en modo alguno se merece. El Gobierno ha abandonado la reivindicación para conseguir la integridad territorial de España –mantenida de forma continuada durante tres siglos por Gobiernos de las más distintas ideologías- y proporcionado un balón de oxígeno a la colonia para que consolide su posición internacional al margen de España. En el documento se afirma que el marco propuesto no prejuzgaba la cuestión de la soberanía o la jurisdicción sobre el territorio, y que el futuro Acuerdo entre la UE y Gran Bretaña sobre Gibraltar contendría salvaguardias sobre sobre las respectivas posiciones jurídicas de España y del Reino Unido. Aunque esta disposición ofrezca una formulación aparentemente neutral y objetiva, no lo es tanto ya que beneficia más a Gran Bretaña, que disfruta del “derecho de propiedad” sobre Gibraltar concedido por el Tratado de Utrecht y del “uti possidetis” sobre el peñón y la mitad del istmo, que no le ha sido concedido por instrumento jurídico alguno. Gran Bretaña ha tratado siempre de que se considere a Gibraltar como una parte en la controversia jurídica con España acerca de la soberanía sobre el peñón, frente a la tesis tradicional española de que sólo ella y el Reino Unido eran partes en el conflicto, y que los gibraltareños podrían participar en las negociaciones bilaterales como integrantes de la delegación británica. Esta posición fue, sin embargo, abandonada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que aceptó a Gibraltar como un interlocutor válido en pie de igualdad con los dos Estados, y firmó con el “Gobierno” gibraltareño diversos acuerdos administrativos –“arrangements”- y memorandos de entendimiento en materia de cooperación. El documento-marco ha recomendado el recurso a estos instrumentos para incrementar la cooperación entre las autoridades españolas y las gibraltareñas en materia de seguridad, fiscal, aduanera, judicial y medioambiental, que en ocasiones parecen auténticos tratados internacionales. Por otra parte, el subconsciente –si no el consciente- ha traicionado a uno de los signatarios, pues –aunque el documento empiece por mencionar a los Gobiernos de España y del Reino Unido-, en muchas de sus disposiciones se habla sin recato de los Gobiernos de España y de Gibraltar, con la connivencia de la parte británica, con lo que se está consolidando la posición de Gibraltar como un sujeto de Derecho Internacional “de facto”. En este contexto, el descarado ministro principal del peñón, Fabián Picardo, no tiene empacho en reivindicar la soberanía de Gibraltar sobre suterritorio, ante el silencio y la pasividad de la parte española. El futuro Acuerdo deberá contener disposiciones que faciliten la aplicación a Gibraltar del “acervo Schengen” y permitan a tales efectos eliminar las barreras para la libre circulación de personas y de mercancias entre el peñón y los países miembros de la UE. Se establecerán puntos de acceso a este espacio en el puerto y en el aeropuerto, y de tránsito a través de ellos, tras la realización de los controles gibraltareños y comunitarios. Aunque España sea responsable de la aplicación de las normas Schengen, delegará en los agentes de Frontex la realización de los controles en territorio gibraltareño. El control del acceso a Gibraltar y al espacio Schengen será compartido operativamente por las autoridades gibraltareñas y las españolas. Aquéllas decidirán en primer lugar sobre el acceso de las personas de conformidad con sus leyes y, a continuación, éstas tomarán sus decisiones conforme a la normativa vigente en el espacio Schengen, siendo ambas autorizaciones cumulativas. Los visados de acceso serán expedidos por las misiones consulares españolas y los permisos de residencia por las autoridades gibraltareñas, que sólo podrán concederlos cuando existan vínculos reales con Gibraltar. Picardo ha afirmado que sólo las autoridades de Gibraltar estarán autorizadas a expedir visados de entrada en su territorio, que los agentes de Frontex necesitarán la venia del Parlamento gibraltareños para realizar operaciones de control en el peñón, y que ningún agente español podrá ejercer funciones ejecutivas en el territorio. El Acuerdo permitirá asimismo la libertad de movimiento de las mercancías, para lo que Gibraltar deberá adaptarse a la normativa aduanera de la UE, y España y Gran Bretaña remover las barreras físicas entre el peñón y el espacio Schengen, y suprimir los controles aduaneros en una verja que deberá desaparecer. El Acuerdo deberá incluir las salvaguardias necesarias para evitar distorsiones en el mercado interior, que obliguen a Gibraltar a aplicar “sustancialmente” los aranceles y las medidas de política comercial de la Unión. La inclusión del término “sustancialmente” -que matiza estas obligaciones- da lugar a dudas sobre su interpretación, pues no se determina quién será competente para decidir sobre si la aplicación de las medidas ha sido o no substancial. Como afirmó la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en unas lamentable comparecencia en el Congreso, por primera vez en 300 años España había recuperado protagonismo en los asuntos de Gibraltar y tomado la iniciativa en un “claro plan de futuro” para su Campo (¿?), con el fin de evitar otros 300 años de “rutina reivindicativa” en los que había sido ignorada. Sin el acuerdo, Gran Bretaña habría consolidado el carácter de enclave colonial de Gibraltar y España perdido su capacidad de influencia y control sobre el peñón durante una generación. Gracias a este entendimiento, “haremos avanzar por primera vez en el terreno práctico los intereses nacionales, recuperando el control en esta zona de máxima importancia estratégica para nuestros país”, mediante la adopción de un ambicioso plan del siglo XXI para “pasar de la palabrería a los hechos”, y dar respuesta a las legítimas demandas del Campo de Gibraltar de una mayor interconexión con el peñón. En unas declaraciones a “El País”, la ex–ministra añadió que se había aparcado la cuestión de las banderas y que, sin renunciar a nada, se estaba construyendo “la vía de la corresponsabilidad en la gestión y una interdependencia más equilibrada, justa y real”. Se estaba produciendo un cambio de paradigma que no estaba hecho de concesiones, sino de convergencia de intereses entre gibraltareños y españoles. No podía decir mayor cúmulo de dislates en tan pocas palabras. González Laya calificaba peyorativamente de “rutina reivindicativa” la ingente labor de la diplomacia española que –pese al ostracismo internacional de España durante el período franquista- consiguió que la ONU condenara a Gran Bretaña por el mantenimiento de un sistema colonial que era contrarios a los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas, la instara a negociar con España la descolonización de Gibraltar y poner fin a su dominio colonial antes del 1º de octubre de 1969, y afirmara que cualquier tentativa destinada a destruir total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país sería contraria a tales principios. España no sólo no ha ganado protagonismo en Gibraltar, sino que sigue a remolque de los intereses de los gibraltareños, no conseguiría aumentar en el peñón una influencia que nunca ha tenido, ha permitido que se consolide el enclave colonial al concederle inmerecidamente los beneficios del régimen jurídico de la UE a los que no tenía derecho cuando Gran Bretaña era miembro de la Unión, la futura “prosperidad compartida” es una falacia y el “plan de futuro” un espejismo, y no existe ninguna convergencia de intereses, sino unas considerables concesiones a Gibraltar sin compensación alguna para España. El Gobierno debería explicarnos cuál es el urgente motivo y el especial interés que le mueven a salvaguardar de las adversas consecuencias del Brexit impuesto por el Reino Unido a un puñado de privilegiados de la fortuna que -sin apenas recursos naturales- gozan de la tercera renta “per capita” más alta del mundo -€92.000 frente a los €16.390 de sus “primos”, en el doble sentido de la palabra, del Campo de Gibraltar-. Ello no es fruto de su ingenio y laboriosidad, sino de la ingeniería fiscal, la domiciliación de empresas que aunque operen en territorio español no pagan impuestos a su Fisco, el blanqueo de capitales, el contrabando y el tráfico tolerado de estupefacientes. Las nuevas concesiones del Gobierno español permitirán a Gibraltar explotar su privilegiada situación de paraíso fiscal dentro del espacio Schengen, con el que estrangula la economía de su Campo. El Gobierno español no ha querido ni sabido aprovechar la coyuntura favorable del Brexit, ni la debilidad de la posición internacional de Gran Bretaña tras el mismo. Pese a haber reforzado su situación jurídica y mejorado su posición política con el respaldo de la UE, ha dilapidado la oportunidad de potenciar su reivindicación de soberanía –o al menos cosoberanía- sobre el territorio, y tirado por la borda los logros jurídicos y políticos alcanzados por la diplomacia española en los últimos años. Propuesta de mandato de la Comisión Europea para la negociación con Gran Bretaña Tras su entendimiento con el Reino Unido sobre Gibraltar, el Gobierno español solicitó a la Comisión que iniciara las negociaciones con aquél para establecer las relaciones futuras de la UE con el peñón y, a tales efectos, la Comisión adoptó el 20 de julio una decisión por la que se autorizaba la apertura de negociaciones de un Acuerdo entre la UE y el Reino Unido con respecto a Gibraltar, que deberá ser convalidada en septiembre por el Consejo Europeo. Se trata –según el vicepresidente Maros Seferovic- de un documento detallado, cuyo objetivo es generar consecuencias positivas para quienes viven y trabajan a ambos lados de la frontera entre España y Gibraltar, al tiempo que se proteja la integridad del espacio Schengen y del mercado único: Como ha afirmado –por una vez con acierto- González Laya, sería una paradoja que, tras el Brexit, la UE contribuyera a encauzar una cuestión irresuelta durante tres siglos y permitiera salvaguardar las irrenunciables reivindicaciones históricas de España sobre Gibraltar. En efecto, el mandato recomendado por la Comisión es mucho más favorable a nuestro país que el propio documento hispano-británico de finales de 2020, y contiene disposiciones distintas a las en él previstas. Según C.J. Chaparro y Rosa Montenegro, los intereses de España estarán defendidos por la UE, lo que contituará una ventaja, al ser menos sensibles a las presiones de los aliados de Gibraltar en el Campo y en Madrid. La Comisión mantendrá estrechos contactos con las autoridades españolas durante el transcurso de las negociaciones y tendrá debidamente en cuenta sus opiniones, al verse España –como Estado vecino al que se encomendará la aplicación y ejecución de determinadas disposiciones del futuro Acuerdo- especialmente afectada por él, por lo que se le ha dado la última palabra sobre cualquier decisión acerca de Gibraltar. El Acuerdo no deberá afectar a la posición de España en cuanto a la soberanía y jurisdicción con respecto al peñón, y deberá negociarse con pleno respeto a la integridad territorial de los Estados miembros de la UE. El Acuerdo tendrá por objeto crear una nueva relación entre la UE y Gran Bretaña respecto a Gibraltar que elimine las barreras físicas a la circulación de personas y de mercancías, con el fin de contribuir a la prosperidad de la región. Para mantener la integridad del espacio Schengen y garantizar su plena protección, el mandato prevé que los controles y las actividades de vigilancia de las fronteras exteriores de la UE serán realizados por España en los nuevos puntos de paso fronterizo en el puerto, el aeropuerto y las aguas adyacentes de Gibraltar, en aplicación de las normas vigentes en la Unión. “Los guardias de frontera españoles tendrán todas las competencias necesarias para llevar a cabo los controles y vigilancia de fronteras y cumplir con las obligaciones subsiguientes”. Dichos agentes podrán denegar el acceso a Gibraltar, recibir las solicitudes de protección internacional y detener a personas que incumplan las normas de Schengen. España tendrá asimismo la competencia exclusiva para expedir visados de estancia de corta y larga duración, así como permisos de residencia a nacionales de terceros Estados. Sólo en un comunicado de la Comisión se dice que en el control de dichas fronteras -y en las circunstancias en que sea necesario un mayor apoyo técnico y operativo-, “cualquier Estado –incluida España- podrá solicitar la asistencia de Frontex”, y que el Gobierno español ya ha indicado su intención de solicitarlo. El hecho de que no se haya incluido este aserto en el texto del mandato va en contra de lo acordado en última instancia en el documento hispano-británico tras arduas negociaciones, y no resulta aceptable para Gran Bretaña ni para Gibraltar, que rechazan que agentes españoles puedan realizar estos controles en territorio gibraltareño. El Acuerdo deberá garantizar la aplicación de unas reglas equitativas de competencia en España y en Gibraltar, y tomar como punto de referencia los estándares de la UE para las ayudas de Estado, el empleo, el medio ambiente, las cuestiones fiscales y la lucha contra el blanqueamiento de capitales y la financiación del terrorismo, Gibraltar deberá aplicar las disposiciones del Código de Aduanas de la UE y las relativas a los impuestos, a la cooperación administrativa y a los estándares exigidos a los productos del mercado único. Se deberá aplicar en el territorio un sistema impositivo sobre las mercancías que esté alineado con el sistema español para evitar el diferencial de precios –esencialmente para el alcohol, el tabaco y el combustible-, así como el contrabando o la desviación de comercio. Los controles aduaneros en Gibraltar serán realizados por las autoridades españolas, que deberán tener acceso permanente y en tiempo real a cualquier información relevante en materia aduanera. Se deberá asegurar que el puerto de Gibraltar compita lealmente con otros puertos de la UE –especialmente el de Algeciras-, incluyendo los servicios de repostado –“bunkering”-, que los servicios aéreos entre la UE y Gibraltar sólo sean prestados por empresas de psídes comunitarios, y que el aeropuerto gibraltareño actúe en competencia leal con los demás aeropuertos europeos. Reacciones a la propuesta de mandato de la Comisión El Gobierno español ha declarado que agradece y valora positivamente el esfuerzo de la Comisión para aprobar una propuesta de mandato adaptada al entendimiento hispano-británico, que podría servir de base para la negociación del Acuerdo entre la UE y el Reino Unido, aunque dicho mandato difiera en algunos puntos esenciales del compromiso acordado entre éste y España, y sea más favorable a los intereses españoles. Ha señalado que colaborará con la Comisión durante la negociación para que se salvaguarden sus posiciones jurídicas y sus intereses políticos efectivos, y se respeten los compromisos alcanzados con el Reino Unido. Se trata de una contradicción de difícil solución, ya que el entendimiento hispano-británico no salvaguarda las posiciones jurídicas y los intereses políticos españoles, al contrario de lo que sí hace el mandato de la Comisión, que ha echado un benéfico capote a la torpeza negociadora de España, uno cuyos principales responsables va a ser nombrado embajador en Londres Gran Bretaña y Gibraltar han reaccionado con vehemencia en contra de la propuesta de mandato. El secretario del Foreign Office, Dominic Raab ha afirmado que el Gobierno de su Graciosa Majestad había dado muestras de pragmatismo y flexibilidad en la búsqueda de un acuerdo que satisficiera a todas las partes, y que estaba decepcionado porque no hubiera habido reciprocidad por parte de la Comisión, a la que instó a que recapacitara. Ha manifestado que el mandato entraba en conflicto con el acuerdo-marco alcanzado con España, socavaba la soberanía británica sobre Gibraltar y no podía servir de base para la negociación. Picardo se ha expresado en términos similares y ha dicho de forma categórica que las disposiciones del mandato hacían imposible llegar a un acuerdo mutuo. Resulta increíble la desfachatez de estos comentarios sobre el mandato recomendado por la Comisión a sus negociadores, y. sólo faltaría de dicho mandato fuera dictado por Raab o Picardo. La principal objeción que se ha formulado es que la propuesta no recoge el compromiso de que fueran los agentes de Frontex los que realizaran los controles fronterizos, pues no había opción alguna para que se aceptara que los realizaran agentes españoles. Al parecer, la actuación de agentes lituanos o chipriotas de Frontex no socavaría la soberanía británica sobre Gibraltar, que sólo quedaría socavada si los controladores fueran españoles, lo que pone de manifiesto que no se trata de un problema de soberanía, sino de pura animosidad contra España. El nuevo canciller español, José Manuel Albares, se ha apresurado a viajar a Londres para tratar de calmar la furia británica y ha quitado hierro al asunto al decir que se trataba de un simple mandato negociador que podía ser modificado por el Consejo Europeo o en el curso de la negociación. Ha afirmado que había muchos intereses en juego entre España y Gran Bretañaña y que, “en ese sentido, nosotros vamos a cumplir todo lo acordado el pasado 31 de diciembre”. Espero que quien recapacite y rectifique no sea la Comisión, sino el Ministro, que deberá apoyar el mandato en vez de diluirlo. Aún hay tiempo para ello y el entendimiento logrado no vincula jurídicamente a España El documento en cuestión es un disparate jurídico y un error político. La referencia a la posible intervención de Frontex hecha por la Comisión fuera del texto del mandato no es un ardid de los burócratas de Bruselas, sino que refleja la normativa vigente en la UE. Los agentes de Frontex podrán ayudar a controlar las fronteras exteriores de la Unión si así lo solicitara el Gobierno español y lo aceptara el británico, pero España es la responsable última y la garante de la aplicación del régimen de Schengen en Gibraltar. Frontex –un órgano menor de la UE sin personalidad jurídica internacional- podrá colaborar en la realización de los controles “in situ” con la anuencia de la Comisión, pero carece de legitimidad y de capacidad jurídica para asumir de la aplicación del citado régimen en Gibraltar. Es asimismo un error político considerable, porque –sin necesidad ni obligación alguna- el Gobierno español está dilapidando una magnífica oportunidad para avanzar en la consecución de su objetivo histórico de reintegrar Gibraltar a la soberanía de España con el apoyo de la UE y de la ONU. Playa de Amposta, 14 de agosto de 2021