Nueve verdades de las elecciones catalanas

NUEVE VERDADES DE LAS ELECCIONES CATALANAS El 14 de febrero se celebraron finalmente las elecciones autonómicas catalanas, que habían sido convocadas por mandato imperativo ante la incapacidad del Parlament de nombrar a un presidente de la Generalitat tras la inhabilitación de Joaquim Torra por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Ante el recrudecimiento de la pandemia del Covid-19, el presidente en funciones, Pere Aragonés, decidió mediante un chapucero decreto aplazar las elecciones hasta mayo o más tarde, según lo aconsejara la situación sanitaria. El PSC se opuso a ello para evitar que se diluyera el “efecto Illa” –la presentación como candidato del ex-ministro de Sanidad - y una asociación afín al partido, Izquierda en Positivo, presentó un recurso contra la suspensión de los comicios, y el TSJC le dio la razón e impuso la celebración de las elecciones en la fecha prevista. La participación –que en 2017 había sido del 79.1%- descedió al 53.6% y resultó vencedor el PSC con 23,04% de los votos, seguido por ERC con 21.30% y Juntos por Cataluña (JxC) con 20.04%. En cuarta posición se situó Vox con 7,69%, seguido de En Común Podemos (ECP) con 6.87% y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) con 6.67%. Las últimas posiciones las ocuparon Ciudadanos (Cs) con 5.57% y el PP con 3.85%. Fuera del Parlamento quedó PEdeCAT con 2.72%. Se atribuyeron 33 escaños al PSC y a ERC, 32 a JxC, 11 a Vox, 9 a la CUP, 8 a ECP, 6 a Cs y 3 al PP. Los partidos independentistas se han apresurado a lanzar las campanas al vuelo utilizando su bien engrasada maquinaria propagandística para anunciar “urbi et orbe” su gran éxito electoral y alguno periódicos, como el “Financial Times”, han picado el anzuelo y se han hecho eco del gran triunfo separatista, pero en esta ocasión sus alardes propagandísticos han sido recibidos con reservas por los medios de comunicación internacionales por su pérdida de credibilidad gracias a la acción informativa realizada –no por el Gobierno, que sigue con su política de “laissez faire, laissez passer” a sus socios secesionistas- sino por entidades como Sociedad Civil Catalana o el Foro de Profesores, que han ayudado a contrarrestar la “agitprop” independentista. Las verdades del barquero Los resultados de las elecciones catalanas han sido malos, especialmente para las fuerzas constitucionalistas, pero podrían haber sido peores y, desde luego, no han supuesto una gran victoria para el separatismo. Ante el injustificado triunfalismo nacionalista, “Dolça Catalunya” ha puesto de manifiesto nueve verdades molestas. 1.-El nacionalismo no ha ganado las elecciones y ha obtenido sus peores resultados desde 1980. A pesar de llevar años monopolizando el poder político, económico, social, cultural, educativo y mediático, los partidos nacionalistas en el Govern no han ganado las elecciones. Los ganadores han sido el PSC, que ha conseguido 40.000 votos más que en 2017 y un porcentaje del 23.04%, y -en menor medida- Vox, que –partiendo de cero y sufriendo boicots y agresiones de los cachorros de la CUP y de los radicales de JxC, con la connivencia de la Generalitat y la pasividad de los mossos d´esqudra- han obtenido 217.883 votos en las cuatro provincias catalanas. En el PSC han ganado su candidato Salvador Illa, el mago del “marketing” electoral, Iván Redondo, y –sobre todo- Pedro Sánchez. Es realmente notable que una persona que ha sido un auténtico desastre como ministro de Sanidad y se ha considerado como uno de los peores gestores de la epidemia del coronavirus en Europa haya sido presentado como el adalid de la política que Cataluña necesita para salir de la grave crisis que han provocado sus dirigentes nacionalistas. Hay que quitarse el sombrero ante el maestro Redondo, que ha sido capaz de convertir una mula tuerta y coja en un brioso alazán. Ya dio muestra de sus habilidades al conseguir llevar a la presidencia de la Junta de Extremadura al bombero José Antonio Monago y a la alcaldía de Badalona al baloncestista Xavier García Albiol. A través de su constante exposición televisiva en horas de máxima audiencia y a base de decir nimiedades con buen talante y lenguaje mesurado –salvo cuando le tocaba agredir a la Comunidad de Madrid y a su presidenta Isabel Díaz Ayuso- Illa se ha convertido en un líder político que ha ganado las elecciones en una Cataluña controlada por los partidos independentistas, con la técnica seguida por el director Hal Ashby en la película “Being there”-”Bienvenido Mr.Chance”- para hacer a su protagonista presidente de Estados Unidos. Sánchez ha salido muy favorecido con los resultados de los comicios catalanes. Según el adagio greco-latino, “fortuna audaces iuvet” y no cabe duda que, entre las pocas virtudes del presidente, figura la audacia. Se arriesgó al apostar por la mula coja y ésta ha ganado la carrera. Lo de menos es que no llegue a presidir la Generalitat por falta de apoyos como consecuencia del nuevo pacto del Tinell entre los partidos separatistas, como le pasó en 2017 a Inés Arrimadas, pero ha conseguido hacer trizas las filiales en Cataluña de los partidos de centro-derecha que le podían hacer sombra a nivel nacional, potenciado a Vox en detrimento del PP, extendido su influencia sobre ERC y fortalecido su Gobierno Frankenstein. 2.-ERC, JxC y la CUP han perdido votos: Los tres partidos han obtenido 1.360.696 votos ,718.644 menos –un 30% - con respecto a las elecciones de 2017. Todos ellos han perdido votos, a diferencia del PSC y de Vox, pero –como consecuencia del injusto sistema electoral- ERC ha obtenido el mismo número de diputados que el PSC pese a tener 49.251 votos menos , JxC ha conseguido un escaño menos que el PSC con una diferencia de 84.356 votos, y la CUP ha quedado solo dos escaños de Vox con 28.796 votos menos que éste.. Como ha señalado Arcadi Espada, la insistencia del independentismo en decir que han salido más fuertes de las urnas es pura propagandas. Los tres partidos independentistas suman un 48% de los votos, solo dos décimas más que en 2015. Su fuerza es la misma que ha tenido el nacionalismo desde 1980 y similar a la que disponía al inicio del “procés”, un porcentaje que “es suficiente para gobernar despóticamente Cataluña, pero inútil para abordar de un modo algo más que ilusorio la independencia”. Los resultados han confirmado que era irreal plantease una independencia que se deprendiera como una costra y que la propia Cataluña no permitía. “La independencia no es posible ni por la fuerza ni por el convencimiento y su invocación ha quedado reducida a un mero y algo patético señuelo electoral”. 3.-Los partidos separatistas con representación parlamentaria sólo alcanzan el 48.1% de los votos. Sumándole los 77.059 votos obtenidos por PEdeCAT, el nacionalismo alcanzaría el 50.9%, mayoría que -según Carles Puigdemont y la candidata de JxC, Laura Borràs- justificaba la declaración unilateral de la independencia de Cataluña. Sin embargo –como ha argumentado el hispanista francés, Benoit Pellistrandi-, si se tiene en cuenta que la participación electoral se ha limitado al 53,5% -que, si se descuentan los votos nulos y en blanco, se reduce al 52.3%-, el 50.9% de los votos conseguidos equivalen al 26,6% del electorado catalán, y poco más del 25% del voto de los ciudadanos de Cataluña no refleja el sentir general de la región y, con él, difícilmente se puede crear ni una Nación ni un Estado. 4.-Se ha alcanzado la mayor tasa de abstención en la historia democrática de Cataluña: Mientras la participación en las elecciones en 2017 fue del 79.09%, en las de 2021 se ha desplomado al 53.6%, una caída de casi veinticinco puntos y medio. Ello se ha debido fundamentalmente a la epidemia del Covid-19 y al temor al contagio del virus, pero también han contribuido el hartazgo con el procés y el desencanto de la población no nacionalista, 750.000 de cuyos componentes han preferido quedarse en casa. Al igual que el axioma de que el futbol es un deporte en el que participan veintidós jugadores y siempre gana Alemania, muchos constitucionalistas piensan que las catalanas son unas elecciones autonómicas en las que participan varios partidos y siempre ganan los nacionalistas. También han podido constatar que, aunque los partidos no nacionalistas saquen más votos que los nacionalistas, éstos ganan más escaños a causa de la injusta atribución de los mismos por mor de un sistema electoral injusto. La abstención también se ha dado en los territorios más nacionalistas, pero en mucha menor medida que en los constitucionalistas. El electorado nacionalista está más motivado y suele participar más en las elecciones que el que no lo es. 5.-El sistema electoral favorece a los partidos independentistas: Cataluña es una de las pocas comunidades autónoma que no cuenta con una ley electoral propia, porque ha preferido que se aplique la ley general que favorece a los partidos nacionalistas. La aplicación de la “ley de Hondt” beneficia a las provincias interiores de Cataluña –Lérida y Gerona-, mayoritariamente rurales y de escasa población, donde prevalece el sentimiento nacionalista, frente a las del litoral –especialmente Barcelona y su entorno-, mucho más desarrolladas y pobladas. Así, para conseguir un diputado por Barcelona se necesitan unos 49.358 votos, por Tarragona 32.301, por Gerona 31.258 y por Lérida 21.019. En cuanto a los partidos, JxC ha necesitado una media de 17.750 votos para sacar un diputado, ERC 18.291, Vox 18.817 y Cs 26.317. La distribución no puede ser más injusta y, si se aplicara un sistema equilibrado de atribución en función del porcentaje de población y de distribución estrictamente proporcional, los partidos nacionalistas nunca ganarían las elecciones en Cataluña. Gracias a esta injusticia, ERC, JxC y la CUP han obtenido una amplia mayoría en el Parlament de 74 escaños. 6.-El vencedor no ha sido un partido nacionalista, sino constitucionalista: Al igual que en 2017 cuando el ganador de las elecciones fue Cs, en las de 2021 lo ha sido el PSC. Lo malo es que la filial del PSOE en Cataluña se sitúa en ocasiones al margen de la Constitución y algunos de sus dirigentes son tan nacionalistas como Oriol Junqueras, como ha sido el caso de Pasqual Maragall, José Montilla o Miquel Iceta. Illa no es de los más nacionalistas del PSC, se ha mostrado contrario a la independencia y hasta participó en la macro-manifestación constitucionalista del 8 de octubre de 2017. Sin embargo, ha sido colocado como candidato a la presidencia de la Generalitat por Sánchez para “tender puentes” con el nacionalismo y hará lo que el jefe le ordene. Será el instrumento amable que facilite las concesiones que exige ERC para seguir apoyando al Gobierno central, al amparo de la falacia del diálogo, que siempre es en sentido único y a favor de los nacionalistas. Como ha comentado Martí Saballs, no hay más que escuchar al PSOE/PSC hablar de “diálogo” para ponerse en guardia. Este se realizaría principalmente con ERC, que ha afirmado en su programa electoral que ”el camino hacia la independencia es ya inevitable. Estamos convencidos de que ganaremos la libertad del país, pero para lograrlo hemos de ser más y prepararnos mejor” ¡Menudo diálogo!. Los republicanos, más pragmáticos que JxC –que pretende seguir con el abierto enfrentamiento con el Estado y con la DUI- pretenden lograr su objetivo por etapas mediante su negociación con el Gobierno de Madrit, e Illa actuará como mamporrero mayor del Principado, cediendo rodajas de la soberanía nacional conforme a la táctica del “salami”: concesión de indultos –no creo que se atrevan a conceder una amnistía general, aunque con Sánchez todo es posible-, reforma del Código Penal para rebajar las penas en el delito de sedición y aplicarla retroactivamente, potenciación de la mesa del diálogo, bilateralización de las relaciones entre los dos Gobierno en pie de igualdad, referéndum pactado de autodeterminación al margen del resto de los españoles, reconocimiento de Cataluña como Nación, modificación del Estatuto de Autonomía para aumentar las competencias y blindar las existentes, concesión de un poder judicial autónomo para evitar sorpresas desagradables como las condenas de los sediciosos catalanes por el Tribunal Supremo, y concesión de un Pacto Fiscal que conceda a Cataluña un régimen similar al vigente en el País Vasco o en Navarra. ¿Y qué gana España a cambio de tanta magnanimidad con el nacionalismo sedicioso? Pues prácticamente nada, salvo la garantía de que Sánchez continúe en la Moncloa y reine en Cataluña la paz de los satisfechos durante un período lo más breve posible para que se pueda establecer la República de Cataluña con todos los honores. Según Jorge Bustos, la propaganda monclovita dirigida por el gurú Redondo está tratando de convencer al sufrido pueblo español de que la “agenda del reencuentro” de Illa ha triunfado en las elecciones catalanes, que “Cataluña ha vuelto a España” y que “el tubo escondido entre las puñetas de Lola Delgado es ibuprofeno para irritaciones separatistas y no vaselina para culos constitucionalistas” 7.-No existe un nacionalismo moderado: Ha desaparecido prácticamente el nacionalismo acomodaticio de aparente colaboración con el Gobierno español, impulsado por Pujol con sus “arriéres pensées” del “programa 2000”, antecedente obligado del “procés” para acceder a la independencia en cómodos plazos y en medio de abrazos. Artur Mas lo facilitó con su consulta del 9-N, Puigdemont lo precipitó con el referéndum ilegal del 1-O y la DUI, y Torra –teledirigido desde Waterloo- lo institucionalizó desde la Generalitat. Ahora Aragonés y Junqueras lo consolidarán con la inestimable ayuda de Sánchez y de su testaferro Illa. El ala más moderada del nacionalismo dirigida por Angels Chacón –que rompió con el JxC de Puigsdemont por ser contraria a la unilateralidad en la obtención de la independencia- sólo ha alcanzado el 2.72% de los votos. Si, como consecuencia de la rivalidad existente entre ERC y JxC no se llegara a constituir un Gobierno de coalición separatista o si –en caso de constituirse- fuera de corta duración-, parte de sus 77.059 votos podrían regresar a la casa madre y permitir a JXC superar a ERC. 8.-Las autoridades penitenciarias catalanas han ayudado a los sediciosos: Las autoridades de prisiones de la Generalitat, en connivencia con algunos jueces de vigilancia penitenciaria, han otorgado un tratamiento VIP a los líderes nacionalistas encarcelados, otorgándoles todo tipo de privilegios, incluida la concesión injustificada del tercer grado, pese a que no reunieran las condiciones requeridas. Tras el correspondiente recurso, el Tribunal Supremo acordó el 4 de diciembre de 2020 anular dicha concesión alegando que los órganos de la Administración penitenciaria no podían vaciar la repuesta penal proclamada por un tribunal de justicia. Cuarenta día más tarde, las autoridades penitenciarias -en un evidente acto prevaricador- volvieron a conceder el tercer grado a los condenados por sedición. La fiscalía decidió recurrir de nuevo pero optó –la “mano lunga” de la fiscal general Delgado- por aplazar la presentación del recurso hasta después de las elecciones del 14-F. En consecuencia, los condenados por sedición han podido pasearse por Cataluña para pregonar la buena nueva de la DUI y anunciar que lo volverán a hacer. Fuentes de la fiscalía han explicado que ha actuado con prudencia para no interferir en la campaña electoral, pero sí lo ha hecho al permitir que hicieran campaña independentista unos reclusos que deberían haber permanecido en sus celdas. La fiscalía dice ahora que, como no ha cambiado nada y sus argumentos siguen siendo válidos, presentará el recurso. 9.-Vox ha conseguido diputados en las cuatro provincias catalanas: Vox ha sido la gran sorpresa en las elecciones al obtener 11 escaños en las cuatro provincias catalanas, pese a la campaña de intimidación y de agresiones que ha sufrido. Esta violencia, lejos de perjudicarle, le ha beneficiado al producir una reacción de simpatía en el campo constitucionalista. Ha recogido 11 de los 30 escaños perdidos por Cs y, ante los pobres resultados de éste y del PP y las buenas relaciones del PSC con ERC, Vox se ha convertido en el principal enemigo del separatismo y de la izquierda. Como ha declarado Abascal, Vox va a hacer una oposición total, frontal y a cada segundo, y a luchar por las libertades de los catalanes. Incidencias de las elecciones en los partidos políticos El PSC ha vuelto “en beauté” a las candilejas de la política catalana al haber sino el triunfador de las elecciones en votos y en escaños, pero su victoria ha sido pírrica ya que no le permitirá gobernar por falta de suficientes apoyos. Como ha señalado Javier Redondo, Illa ha ofrecido “pasar página”, como si el separatismo estuviera dispuesto a hacerlo, a renunciar y a ceder algo, pero es consciente de que su catalanismo suave es inviable sin el beneplácito de ERC y, ésta no renunciará al poder. Illa ha asegurado que ha iniciado consultas con todos los partidos, salvo con Vox, lo que –amén de una actitud antidemocrática- es un error, pues puede que en algún momento lo necesite. Su “desiderátum” es formar un nuevo tripartito con ERC y EPC –para lo que disponen de suficientes escaños-, pero los republicanos no se dejan querer y Junqueras ha dicho por activa y por pasiva que no pactará con el PSC porque son dos partidos antagónicos. Es probable que ERC presente la candidatura de Aragonés para contrarrestar la de Illa y el presidente del Parlament –que será sin duda un independentista al contar con la mayoría necesaria- dará prioridad a la de aquél. La llave del futuro Govern la tiene de ERC, que –según Victor Mondelo- se presentó a las elecciones con los objetivos primordiales de obtener al menos un voto más que JxC para obligar a Puigdemont a postrarse a sus pies, y de presidir la Generalitat por primera vez desde la II República –al parecer no considera a Josep Tarradellas como uno de los suyos-, gobernar según sus propias normas e imponer a los neoconvergentes su táctica de ralentizar el “procés” para tratar de aumentar el apoyo a la independencia. “El independentismo de los puros ha perdido y el mensaje es claro. Hay que formar Gobierno”. Pretende constituir un Gobierno independentista de amplio espectro, en el que se integren, junto a JxC y la CUP, los “terceristas” de ECP, que son partidarios del plurinacionalismo y de la celebración de un referéndum pactado de resultará difícil por los vetos cruzados entre JxC y los comunes. ¡Atención! El “aparatchik” Aragonés ya ha conminado a Sánchez a que se siente a negociar para resolver el conflicto de España con Cataluña, acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación y conceder una amnistía general a los presos políticos. Es consciente de que ello resulta poco viable, pero tiene que mantener el pabellón independentista frente a las descalificaciones de su rival JxC, aunque al final se conformará con la concesión de indultos y la reanudación de las labores en la mesa de negociación, en la que Sánchez hará cuantas concesiones le exijan con tal de seguir en el poder. JxC está exigendo a ERC que rompa sus buenas relaciones con el Gobierno central, porque “no pueden seguir colaborando con los del 155 en Madrid y gobernar juntos en Cataluña. La unidad independentista debe ser total”. Lelha amenazado con forzar la celebración de nuevas elecciones si no se le concede una situación de paridad en el gobierno dado el “empate técnico” que se ha producido entre los dos partidos. Por el momento. o los republicados han iniciado las negociaciones con la CUP para llegar a un acuerdo de gobierno, que empuje a JxC a unirse a él rebajando sus exigencias. ¡Ojo que los antisistema han presentado su candidatura a la consejería de Interior! Si fuera aceptada, ocurriría con en la película de Stanley Kubrick “La naranja mecánica”, en la que los delincuentes se convierten en policías. En cualquier caso, frente a las pretensiones de JxC, ERC tiene en la manga el as de buscar una mayoría alternativa y formar el gobierno tripartito que anhela el PSC. El gran derrotado en las elecciones ha sido el centro-derecha. Cs –que era el partido mayoritario- ha perdido 20 puntos y 30 diputados, quedándose con 6, y el PP sigue siendo una fuerza marginal con sólo 3 escaños. En los medios críticos del PP circula este mordaz comentario: “Queríamos tener grupo parlamentario propio y lo hemos conseguido. Ahora tenemos todo el Grupo mixto a nuestra disposición”. Ambas fuerzas se han ganado su paupérrima situación por méritos propios. La profesora Chantal Moll ha criticado acerbamente a Cs y señalado que merecía el castigo que le han infligido las urnas por la pésima gestión de su victoria. Ha defraudado a más de un millón de catalanes, ninguneado a la militancia, desoído los consejos, incurrido en caciquismo y vaivenes ideológicos, incumplido sus propios estatutos y sus líderes se largaron a Madrid dejando tirados a sus seguidores. Crece entre los militantes el clamor de que se exijan responsabilidades a Carlos Cuadrado -vicesecretario primero y responsable de la horrenda campaña- y a José María Espejo -vicesecretario adjunto-, personas de la máxima confianza de Arrimadas, quien los ha respaldado, se ha negado a hacer autocrítica y ha culpado de los malos resultados a la abstención, con lo que está poniendo en riesgo su propio liderazgo y el futuro de un partido de centro necesario que está al borde de la auto-consunción y la desintegración. La merecida crítica al PP ha corrido a cargo de su ex–portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha sangrado por la herida abierta de su injusta destitución y de su apartamiento de la campaña por la dirección del partido, pese a ser diputada por Barcelona. Según ella, no ha fallado el candidato –que ha hecho una excelente campaña-, sino la estrategia profundamente equivocada de la dirección nacional, que ha desorientado a los votantes naranjas. Hitos de este desbarajuste habían sido la renuncia a dar la batalla ideológica y enfrentarse al nacionalismo, la ruptura con la militancia de Vox tras las desaforadas criticas personales de Casado a Abascal durante la moción de censura, y la petición de perdón por hablar demasiado del 1-O y creer que el problema catalán se resolvía con más financiación. “Pablo Casado ha confundido el centro con la ausencia de convicciones, coraje y capacidad de desafío, con el asentimiento al marco nacionalista y con el vacío”. El centro no es el punto medio entre la libertad y la sumisión, sino la radical defensa del ciudadano y del orden constitucional frente a sus detractores. El PP ha de resolver su vacío de proyecto y de liderazgo. Estas críticas, aunque justificadas, me parecen excesivas. Casado no ha sido el único responsable de la catástrofe, que no ha sido tanta, pues solo ha perdido 4 décimas y un diputado. Lo trágico para el partido ha sido el “lucrus cesans”, al no haberse aprovechado de la debacle de Cs para captar alguno de sus escaños, que se han repartido el PSC y Vox. Los polvos de estos lodos vienen del Pacto del Majestic, cuando el Aznar que hablaba catalán en la intimidad entregó a Pujol en bandeja de plata la cabeza de Alejo Vidal-Quadras, que había conseguido 17 diputados en el Parlament. Desde entonces, el PPC entró en declive y se convirtió en una fuerza marginal. Casado ha cometido errores de forma y de fondo en la campaña. Se ha volcado en los comicios y ha eclipsado con su presencia a Alejandro Fernández, a que impuso como escoltas a una trásfuga de Cs y a una nacionalista, despreciando la cantera popular. Fueron increíbles sus declaraciones a Radio Catalunya para tratar de congraciarse con el nacionalismo, al presumir de no haber intervenido en su calidad de portavoz del PP a raíz de las cargas policiales del 1-O –lo que no fue del todo cierto-, por no estar de acuerdo con la actuación de las fuerzas de seguridad. El PP –que lo que más ha sentido ha sido el baño que le ha dado Vox- se ha negado a hacer autocrítica, ha culpado de la debacle a Bárcenas y a la abstención y, como muestra de su deseo de regeneración, ha anunciado el abandono de su sede en la calle Génova. El partido de Abascal se ha convertido en el único antídoto contra el separatismo –para lo que no se encuentra suficientemente preparado- y habrá que ver si estará a la altura de las circunstancias. Teresa Freixes ha sintetizado el resultado de las elecciones como no exitoso para el independentismo, demoledor para el centrismo y favorable al PSC y a Illa, quien –a diferencia de Iceta- no es separatista, asistió a la manifestación constitucionalista del 8-O y ha comentado en castellano los resultados de los comicios. Ha sido asimismo un triunfo para Sánchez y sus personales intereses, pues el debacle del centrismo es un seguro de vida para el Gobierno Frankenstein, y –pese los rifirrafes de campaña con ERC- parece asegurarse el apoyo de éste a su Gobierno. Según Álvarez de Toledo, las elecciones han dejado una sociedad devastada moral, política y culturalmente, y ha revalidado a los gestores de la pandemia y del procés, y permitirán que sigamos en el bucle identitario. Para el profesor Juan Jesús González, la puntilla a Cs ha hecho desaparecer cualquier posibilidad de mayoría constitucionalista. Si ERC optara por un frente independentista, la amenaza de bloqueo de Cataluña podría extenderse a toda España, en un momento crucial en el que el Gobierno está a la espera de que la UE determine las condiciones para que España pueda recibir los fondos de recuperación. Cataluña no tiene peso suficiente para marcar el rumbo de España, pero sí para desestabilizarlo. Esta tesis es compartida por Pellistrandi, quien ha señalado que las elecciones podían determinar si Cataluña seguía siendo un elemento de bloqueo a nivel nacional o permitía otra estrategia política más conciliadora, pero –de acuerdo con los resultados- la política catalana seguirá siendo un “cerrojo” para la política española. Si -en opinión de González- ERC quisiese contribuir a lo primero, podría facilitar un gobierno de izquierdas donde lo relevante sería, no tanto la participación del PSC, como la posibilidad de retomar la mesa de negociación acordada entre el PSOE y ERC al margen de Puigdemont.. Como ha comentado con sorna Javier Redondo, si ERC es el pivote de la política catalana y nacional, algo falla en España. Madrid, 18 de febrero de 2021

Una decisión que no nos acerca a una solución

UNA DECISIÓN QUE NO NOS ACERCA A UNA SOLU CIÓN El pasado día 4, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, publicó una Tribuna en “El Mundo” titulada “Una decisión que nos acerca a una solución”, relativa a las positivas consecuencias que para Marruecos había tenido la decisión del ex-presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer su ocupación ilegal por parte de Marruecos de la mayor parte del territorio del Sáhara Occidental, cuando ya estaba a punto de salir de la presidencia. El artículo es una hábil formulación de sus tesis sobre su “provincia sahariana”, pero está lleno de imprecisiones y falacias. Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonizar Cuando España ingresó en la ONU en 1955, la secretaría general de la Organización le pidió que indicara cuáles eran los territorios no autónomos bajo su control y que facilitara sobre ellos la información prevista en el artículo 73 de la Carta. España respondió que no tenía este tipo de territorios dado que sus posesiones africanas eran provincias españolas y, en consecuencia, al margen de la acción descolonizadora de las Naciones Unidas. En paralelo, Marruecos se opuso a que la Asamblea General incluyera en la lista de territorios no autónomos a Ifni y al Sáhara español por estimar que formaban parte integrante del territorio marroquí. Tras recibir numerosas presiones, el Gobierno español accedió en 1960 a facilitar información a la ONU sobre el Sáhara Occidental. Ese mismo año, la Asamblea adoptó dos importantes resoluciones. La resolución 1541(XV) estableció que los territorios no autónomos podían dejar de serlo mediante su constitución como Estados independientes, su libre asociación a otro Estado o su integración en un Estado independiente. La resolución 1514(XV) de “Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales”, sin embargo, hacía hincapié sólo en la independencia al afirmar que los Estados deberían tomar medidas inmediatas en los territorios no autónomos para transferir todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin ninguna condición o reserva, conforme a su voluntad y a sus deseos libremente expresados, “a fin de permitirles gozar de una independencia y libertad completas”. En 1963, Mauritania formalizó ante la ONU sus reivindicación sobre una parte del Sáhara Occidental y consiguió que la Asamblea General no adoptara una resolución en la que recomendara a España que buscara con Marruecos una solución negociada sobre el Sáhara Occidental. En su resolución 2072(XX) de 1965, la Asamblea instó al Gobierno de España a que a que adoptara inmediatamente las medidas necesarias para la liberación de los territorios de Ifni y el Sáhara español de la dominación colonial y que, con tal fin, emprendiera negociaciones sobre los problemas relativos a la soberanía presentados por estos dos territorios, Por la resolución 2229(XXI) del año siguiente, la Asamblea General reafirmó el derecho del territorio no autónomo del Sáhara Occidental a la libre determinación y pidió al Gobierno español que celebrara lo antes posible, en consulta con Marruecos y Mauritania, un referéndum bajo los auspicios de las Naciones Unidas para que las poblaciones del territorio ejercieran sin trabas dicho derecho. En 1974, España comunicó a la ONU que celebraría un referéndum de autodeterminación en 1975, pero, a petición de Marruecos , la Asamblea solicitó al Tribunal Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre si, en el momento de la colonización del Sáhara por España, existían vínculos jurídicos entre el territorio y Marruecos o Mauritania. El Tribunal dictaminó que no existía ningún vínculo de soberanía entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano, por lo que el pueblo saharaui debería ejercer su derecho de autodeterminación de conformidad con la resolución 1514(XV). Pese a la desautorización del Tribunal, el rey Hassan II consideró que aquél había dado la razón a Marruecos e inició la “Marcha Verde”, con la invasión del Sáhara Occidental por 350.000 marroquíes en octubre de 1975. Ante esta presión y la inacción de la ONU, -y en un momento en que estaba falleciendo el jefe del Estado, Francisco Franco-, España cedió a la presión mauritana-marroquí y firmó el 14 de noviembre los Acuerdos de Madrid, por los que cedió a Marruecos y a Mauritania la administración temporal del territorio. El 25 de febrero de 1976, el embajador español ante la ONU, Jaime de Piiniés, comunicó al secretario general, Kurt Waldheim, que España daba por terminada su presencia en el Sáhara Occidental y se desligaba de sus responsabilidad internacional sobre el territorio, si bien la descolonización no se culminaría hasta que la opinión de la población se hubiera expresado válidamente. Según el Informe de 2002 del subsecretario general de Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell, los Acuerdo de Madrid no transfirieron la soberanía sobre el territorio, ni confirieron a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía transferir unilateralmente. Por consiguiente, el Sáhara español seguía siendo un territorio no autónomo. Vicisitudes del Sáhara Occidental tras la guerra del Frente Polisario con Mauritania y Marruecos Tras la ocupación del territorio, el Frente Polisario inició una guerra contra Mauritania y Marruecos, que duró hasta 1979 con la primera, tras la firma de un tratado de paz, y hasta 1991 con el segundo, cuando se firmó un armisticio bajo los auspicios de la ONU, que envió un contingente armado, la MINURSO, para supervisar la tregua y organizar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Por su resolución 995(1995), el Consejo de Seguridad reiteró su decisión de que se celebrara sin más demora “un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con el Plan de Arreglo que ha sido aceptado por las dos partes”. La consulta no se ha podido celebrar hasta ahora por oposición marroquí, que ha recurrido a todo tipo de triquiñuelas para impedirla. Marruecos tiene una posición política fuerte, porque ocupa militarmente y controla la mayor parte del Sáhara Occidental, pero jurídicamente débil, ya que carece de base legal alguna para la ocupación del territorio y, hasta finales de año, ningún Estado había reconocido su soberanía sobre el mismo. El regalo navideño que le hizo Papá Noel Trump en violación del Derecho Internacional ha fortalecido de forma considerable la posición de Marruecos y le permite mantener su actitud intransigente contraria a una negociación razonable. Según Bourita, la proclamación presidencial ha sido la culminación del constante apoyo desde hace veinte años de las distintas administraciones estadounidenses al reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara y de la integridad territorial de Marruecos. Esto no es cierto, pues, si bien Estados Unidos siempre había respaldado a Marruecos, nunca hasta Trump habría reconocido la soberanía marroquí sobre un territorio ilegalmente ocupado. Tampoco es cierta la afirmación de Bourita de que Marruecos se había mantenido fiel al proceso político llevado a cabo bajo los auspicios de la ONU y hecho esfuerzos serios y creíbles para sacar el conflicto del estancamiento en que se encontraba, sino todo lo contrario. Ha ignorado las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, rechazado los censos de la población, expulsado a muchos saharauis de su tierra y llevado al Sáhara Occidental miles de ciudadanos procedentes de otra regiones marroquíes, y boicoteado cualquier posibilidad de que la población autóctona del territorio ejerciera su derecho inalienable e irrenunciable a la libre determinación. Como se ha ufanado el ministro, 42 países han mostrado su apoyo a la autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí de forma que no haya ni vencedores ni vencidos, pero resulta obvio que hay un claro vencedor –Marruecos- y unos vencidos –los saharauis-, que seguirán bajo el yugo marroquí. Resulta sumamente difícil encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable –como ha reclamado Naciones Unidas-, pero no sería imposible, si las partes involucradas negociaran de buena fe y estuvieran dispuestas a hacerse concesiones. Las línea rojas para llegar a un acuerdo son, en el plano jurídico, la posibilidad de que el pueblo saharaui se autodetermine libremente y, en el lado de la “real politik”, la negativa de Marruecos, Estados Unidos y Francia a que el Sáhara Occidental se constituya en un Estado independiente. Tampoco resulta aceptable la fórmula de reparto del territorio entre Marruecos y el Frente Polisario, porque –amén de ser contraria al Derecho Internacional y a las resoluciones de la ONU-, Marruecos se llevaría la parte del león y dejaría al Frente Polisario un trozo de desierto inhabitable y sin comunicación con el mar, que haría de la República Árabe Saharaui Democrática un Estado totalmente inviable. Ni el pueblo saharaui respaldaría semejante fórmula cuando tuviera finalmente oportunidad de expresar válidamente su opinión, ni resultaría probablemente aceptable para Estados Unidos, Francia y el mundo occidental. Posible solución del conflicto del Sáhara Occidental Mohamed VI ha manifestado que la única solución viable al conflicto del Sáhara Occidental es la concesión de autonomía al pueblo saharaui dentro del Estado marroquí y esta opinión es compartida por la comunidad internacional, pero siempre que se trate de una genuina autonomía –amplia y garantizada- como la que goza España. Según Bourita, Marruecos ha ofrecido a los saharauis una “autonomía ampliada en la que la población del Sáhara marroquí pueda gestionar sus asuntos políticos, económicos y sociales a través de órganos legislativos, ejecutivos y judiciales regionales”. Esta oferta, sin embargo, no es ni seria ni creíble a fuer de insuficiente. El proyecto de autonomía presentado en 2006 por Mohamed VI –y que según Bourita sigue vigente- es más una declaración de intenciones que un proyecto articulado que especifique las competencias del Estado autonómico sahariano y los derechos de sus habitanates tras su integración en un Estado tan centralizado y autoritario como es Marruecos en la actualidad. No se me oculta la dificultad que el reino encontraría –aparte de su renuencia a conceder excesivas competencias a los saharauis- los problemas que encontraría en otras regiones, como el Rif, que también aspira a un régimen muy descentralizado, cuando no a la independencia. Para que el pueblo saharaui aceptara una eventual integración en el reino alauita, sería indispensable que Marruecos le ofreciera una autonomía plena de competencias e internacionalmente garantizada. El reino tendría que modificar su Constitución para hacer posible el establecimiento de semejante régimen autonómico, y España podría aportar su experiencia para la plasmación jurídica del mismo. En el caso de que se les ofreciese un régimen de este tipo, los saharauis podrían aceptar renunciar a su derecho a la independencia y poner su territorio bajo soberanía marroquí en un referéndum celebrado bajo los auspicios de la ONU. Ambas partes tendrían mucho que ganar, pues Marruecos conseguiría el reconocimiento internacional de su soberanía sobre el Sáhara Occidental y los saharauis gozarían de un amplio autogobierno y podrían vivir dignamente tras abandonar los campamentos en los que llevan malviviendo desde hace cuarenta y cinco años. España no es un simple “amigo” del Sáhara Occidental, sino que sigue siendo la responsable jurídica, política y –sobre todo- moral del territorio, cuya descolonización no se ha realizados porque los saharauis no han podido expresar válidamente su opinión. Al concedérsele al Sáhara Occidental una amplia autonomía, vería redimida su culpa de haber abandonado unilateralmente la administración del territorio e incumplido los compromisos internacionalmente asumidos con el pueblo saharaui También redimiría parte de su culpa la ONU por su política zigzagueante y a menudo incoherente, porque, a pesar de las reiteradas afirmaciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Secretario General y del Tribunal Internacional de Justicia sobre el derecho del pueblo saharaui a ejercer su la libre determinación mediante un referéndum a celebrar bajo sus auspicios, la Organización ha hecho bien poco para conseguirlo. Pruebas de ello han sido la suavización de sus últimas resoluciones en las que ha desaparecido la referencia al referéndum, la creciente inclinación hacia la posición marroquí, la ineficacia de la MINURSO y la negativa del secretario general, Antonio Guterres, a nombrar a un representante personal para el Sáhara Occidental, pese a que la dimisión del anterior, Horst Köhler, se produjo en mayo de 2019. Obstáculos al proceso descolonizador del Sáhara Occidental por la decisión de Trump Estados Unidos vería cumplidos y sancionados jurídicamente sus dos objetivos fundamentales en la región: la integración del Sáhara Occidental en el reino de Marruecos –su principal aliado en el norte de África-, cuyo monarca vería considerablemente reforzada su posición, y la desaparición del peligro de que surgiera al sur de Marruecos un Estado inviable, inestable y bajo la dependencia de Argelia y Rusia. Y todo ello respetando el Derecho Internacional y dentro de un consenso político de la comunidad internacional. Con la habitual irresponsabilidad que ha caracterizado todo su mandato, Trump ha roto innecesariamente el débil equilibrio existente en el Sáhara Occidental so pretexto de ayudar a Israel. No hacía falta que violara el Derecho Internacional reconociendo y prestando apoyo político a la ocupación ilegal del Sáhara para que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas con Israel, que era una cuestión de tiempo, pues el Reino mantenía unas fluidas y cordiales relaciones con el Estado israelita, como puso de manifiesto su colaboración en la construcción del impresionante muro que separa el Sáhara ocupado de las zonas desérticas que malamente ocupa el Frente Polisario No solo ha habido un reconocimiento por parte de Trump de la ocupación ilegal del parte del Sáhara Occidental a través de un twitter, sino que la Administración de Estados Unidos lo ha corroborado al pedir al Gobierno de Marruecos de un exequatur para los cónsules norteamericanos en Dajla y en El-Aiún. Una vez conseguida la sanción a su ilegalidad por parte del Estado más poderoso de la tierra, Marruecos se verá libre de presiones, podrá mantener su postura intransigente y seguirá adelante con su plan de integrar al Sáhara como una provincia más del Reino. Joe Biden se ha encontrado con la “patata caliente” que le ha dejado Trump como legado de última hora y, aparte de que no sea un tema de especial prioridad para Estados Unidos y de que tenga muchos problemas más importantes a los que hacer frente de inmediato, es poco probable que dé marcha atrás –aún en el supuesto de estuviera de acuerdo con ello-, porque provocaría la oposición del más que influyente lobby judío y del propio Israel. Así pues, -pese a lo afirmado por el ministro Bourita en el título de su artículo- la decisión de Trump de reconocer la legalidad de la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos no nos acerca a una solución, sino que, antes al contrario, la dificulta. Madrid, 12 de febrero de 2021

Una Estrategia exterior poco estratégica

UNA ESTRATEGIA EXTERIOR POCO ESTRATÉGICA A finales de enero, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC) presentó al Consejo de Ministros para su ulterior envío a las Cortes Generales el Plan de Estrategia Exterior para el cuatrienio 2021-2024, elaborado por un equipo coordinado por Manuel Muñiz, Secretario de Estado de la España Global. El programa es excesivamente abstracto e inconcreto y tiene una profunda carga ideológica que debería ser ajena a la acción diplomática. Inocencio Arias lo ha calificado de conjunto de palabras huecas y grandilocuentes: promoción de los derechos humanos, la democracia y la seguridad; impulso de un modelo socioeconómico global basado en los principios de integración, justicia y equidad; o mejora de la gobernanza global mediante una mayor integración regional y un multilateralismo renovado y reforzado. El diario pro-gubernamental “El País”ha señalado que la Estrategia esboza un diagnóstico por lo general certero del escenario internacional y del papel que puede jugar España. La hoja de ruta recoge valores y objetivos claros y sensatos, y se marcan ejes concretos de actuación adaptados al nuevo escenario global, pero manteniendo las líneas principales de la tradicional acción exterior española. Ojalá que el documento sirva de base para tejer consensos internos y pueda representar a escala global sobre lo que es este país. Los resultado logrados en Europa son mayoritariamente favorables –fondos europeos y cuestión de Gibraltar-, aunque en buena medida el mérito de ellos corresponda a la dinámica general y no solo a la acción española. Con independencia de la ideología de los gobernantes, los intereses de los Estados –como afirmaba Charles-Maurice de Talleyrand- son permanentes y deben siempre ser tenidos en cuentan. Los intereses permanentes de España fueron magistral y sucintamente resumidos en 1992 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez: la integración en Europa, la proyección iberoamericana, el vínculo atlántico y la solidaridad mediterránea. Ahora, el Ministerio de Arancha González Laya ha introducido unos nuevos principios básicos que sirvan de referencia para la acción de España en el mundo: la promoción del feminismo y de la diversidad. Feminismo y diversidad España será un referente de política exterior feminista y de promoción de la diversidad con vistas a incorporar el enfoque de género en todos los ámbitos de la política exterior, y predicará con el ejemplo impulsando una mayor presencia de la mujer en la acción exterior española. De momento, ya se ha dado un gran paso en las altas esferas del MAUC, donde cuatro de los seis puestos más elevados –ministra, dos secretarias de Estado y subsecretaria- están desempeñados por féminas, y eso que sólo entraron en la Carrera Diplomática en 1971. España liderará iniciativas en defensa y promoción de la diversidad, en particular los derechos de los LGTBI y de todos los colectivos desfavorecidos o discriminados. Como ha comentado con sorna Melitón Cardona, reconforta ver como Exteriores se preocupa hoy por temas esenciales como el feminismo y la diversidad y no por minucias como las de Gibraltar tras el Brexit, la inmigración desbocada en Canarias, el futuro de las relaciones sino-americanas, los populismos hispanoamericanos y demás temas de menor entidad. Reconforta igualmente constatar que el Ministerio sigue dedicando su tiempo y su dinero a temas tan transcendentes como elaborar un Protocolo que fija las pautas de actuación con las que adaptar la actuación de los Consulados a las personas transexuales e intersexuales, en el que se pide a los diplomáticos españoles que eviten preguntas no esenciales que puedan causar incomodidad a esas personas. El MAUC ha enviado a las Embajadas y Consulados una Orden Circular en la que se establece que en las fichas y registros se consigne el “nombre social” de las personas con el fin de disminuir la posibilidad de que sean llamadas por su nombre registral en contra de su voluntad. Así, los funcionarios consulares podrán dirigirse a Antonio Pérez como “la Reina de las Mares”. En caso de repatriación de una persona transexual, solo se apuntará su nombre registral en cualquier formulario o documento en los que sea estrictamente necesario. En las Oficinas Consulares se procederá a la revisión de todos los documentos oficiales para adaptarlos al lenguaje inclusivo y neutro. En los formularios matrimoniales se dirá “Don/Doña” en vez de “Don” y de “Doña”, y en los libros del Registro Civil se indicará, en vez del “nombre del padre y de la madre” o del “matrimonio de los padres”, se incluirá el “nombre del padre o de la madre” o el “matrimonio de los padres o de las madres”. El adagio de que “mater semper certa est”o el dicho de que “madre no hay más que una” han pasado a los arcanos de la Historia en un caso único de asexación administrativa. Y eso a pesar de que –según el artículo 10 del Reglamento de la Ley del Registro Civil de 1958-, en los Registros “se utilizarán los libros e impresos oficiales y, en su defecto, se seguirán los modelos oficiales, haciéndose constar las causas por las que se prescinde del impreso oficial”. Las autoridades consulares del Ministerio no tienen empacho en derogar un Decreto mediante una Orden Circular. El MAUC se ha adelantado así a aplicar el progresista proyecto de ley “trans” de la desigual ministra de Igualdad, Irene Montero. Como has observado la presidenta de la Asociación de Mujeres juristas “Themis”, María Ángeles Jaime de Pablo –poco sospechosa de tendencia derechistas-, frente a la reasignación de sexo en el Registro Civil mediante el reconocimiento automático de la identidad de género libremente expresada, es necesario que se articule un proceso de verificación de la situación estable de transexualidad que se expone para evitar un fraude de ley. Suscita dudas que haya que evitar que la persona transexual se vea sometida a situaciones humillantes, de modo que, cuando tenga que identificarse, sea esa persona la que decida sobre la transexualidad. Salvaguardando la integridad moral de esas personas en el máximo grado posible, habría que atender a los derechos legítimos de terceras personas y al interés general. El Gobierno socio-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está determinado a invocar en cualquier parte, y venga o no a cuento, los principios fundamentales del feminismo y de la diversidad, como ha hecho el MAUC en su Plan de Estrategia. Me recuerda la famosa película de los hermanos Marx ”Una noche en la ópera”, en la que Harpo repetía sin cesar “¡y dos huevos duros!”. De forma similar, el Gobierno nos martillea con el mantra de “feminismo y diversidad”. Si fuera consecuente con sus principios, el Gobierno podría romper relaciones diplomáticas con los numerosos países en los que no hay igualdad entre el hombre y la mujer o se persigue a los miembros del colectivo LGTBI, como Irán o la mayoría de los Estados musulmanes. Pese a llevar 57 años fungiendo como profesor de Derecho Diplomático y Consular, confieso humildemente que no he conseguido saber qué es una política exterior feminista. Comprendo que es una política interior feminista –con independencia de que pueda estar o no de acuerdo con ella-, pero no me explico cómo se puede llevar dicha política a la acción exterior de un Estado. ¿Resulta razonable poner en el mismo nivel la promoción de los derechos humanos, de la democracia y de la seguridad con la promoción del feminismo y de la diversidad? La igualdad entre el hombre y la mujer o el control de una persona sobre su sexualidad entran entre los derechos humanos dignos de protección, pero el feminismo o la diversidad no son en sí derechos humanos, ni pueden ser comparados a ellos y, menos aún, ser puestos en pie de igualdad. Al amparo de esta nueva aurora arco iris se ha desarrollado la plataforma LGTBI “Exterior es diverso”, que fue lanzada en mayo de 2019 en una ceremonia celebrada en la Escuela Diplomática bajo la presidencia de la Subsecretaria del Departamento. Los promotores se comprometieron a tratar de que los derechos del colectivo LGTBI formaran parte de la política de Derechos Humanos del Gobierno. Me parece bien que los componentes del variopinto grupo LGTBI+ se organicen y defiendan sus derechos –no así sus privilegios-, y que luchen –con la ayuda del Ministerio- para que los Estados en los que estén destinados acepten acreditar a sus parejas del mismo sexo, reconozcan la patria potestad sobre los hijos o faciliten permisos de trabajo a sus parejas. Lo que no me parece tan bien es que la Plataforma cuente con un espacio en la “web” oficial del Ministerio, porque el mismo derecho tendrían los diplomáticos socios del Getafe o miembros de una Asociación de Micólogos, y –sobre todo- que tenga derecho a que se reserven a sus miembros cuotas de poder por el simple hecho de ser diferentes. En cualquier caso, me permito dar un “aviso a navegantes” a los aspirantes a ingresar en la Carrera Diplomática. “Si no sois mujer, LGTBI o persona discriminada, tendréis poco recorrido en el actual MAUC”. Aspectos diplomáticos En el ámbito estrictamente diplomático, el Plan de Estrategia prevé la aprobación de un nuevo Reglamento de la Carrera, cuya redacción esta terminada y ya salió a información y audiencia pública. Habrá que ver cuál sea la redacción final del Reglamento y si la subsecretaría recoge las diversas enmiendas presentadas -entre otros por la Asociación de Diplomáticos Españoles y por mí mismo- para corregir algunos de sus errores y mejorar el texto. Un de los puntos más controvertidos, y que me afectaba personalmente, era el de la degradación del status de los Embajadores jubilados, al convertirlo en meramente honorífico, siempre que los ostentaran con la debida diligencia y sin incurrir en conflicto de intereses. Lo grave no era tanto lo injustificado del texto –que lo era- cuanto el trasfondo existente tras él, que era la animadversión de los sindicatos de clase –especialmente de UGT- y el desprestigio de la Carrera Diplomática, con el objetivo de que -mediante la aplicación del artículo 18 de la Ley de la Función Pública- se creara un “cuarto turno” para que los funcionarios de otros cuerpos de la Administración pudieran ingresar en la Carrera san necesidad de superar el concurso-oposición de ingreso en la Escuela Diplomática. Para eso había que presentar a los diplomáticos como personas anticuadas, frívolas e incompetentes que no se habían adaptado a los retos del siglo XXI , campaña a la que se sumaron algunos intelectuales de la “progresía” política y mediática, que destacaban la necesidad de sustituirlos por funcionarios “à la page”, capaces de contrarrestar “fake news”,realizar una análisis de inteligencia y gestionar algoritmos y “big data”. El MAUC no ha defendido a los diplomáticos y ha aceptado, si no todas, al menos algunas de las reivindicaciones de los sindicatos, como la degradación de los Embajadores jubilados. Y lo peor es que altos cargos del Ministerio, como Muñiz y la propia ministra, simpatizan con estas ideas. Otro problema que podría perjudicar a los diplomáticos profesionales es el de la potenciación de los Embajadores políticos que Sánchez está impulsando de conformidad on el modelo del “spoil system” en su versión castiza, nombrando a personas de su confianza aunque no den la talla mínima. La falta de planificación y la ausencia de una política racional de personal se ha puesto de manifiesto con la designación de un nuevo Embajador en Londres, “sede vacante” en momentos críticos en las relaciones con Gran Bretaña tras el Brexit, pese a saber el Ministerio que su último titular se jubilaba en noviembre. Según la Estrategia, hay que potenciar la diplomacia pública, cultural, educativa, científica, tecnológica, digital, parlamentaria, autonómica, empresarial, del tercer sector, la de agentes sociales y la de centros de pensamiento. Por lo visto, hay que impulsar cualquier diplomacia habida o por haber, salvo la diplomacia de los diplomáticos, anticuada y superada por los nuevos retos de un mundo globalizado. Ya un artículo publicado por Jesús Rodríguez en “El País” en 2017 se titulaba “¿Son necesarias las embajadas en la era de las redes sociales?”. No parece que aquí tenga aplicación el dicho de “zapatero a tus zapatos”, porque cualquier hijo de vecino, aunque no sepa hacer la O con un canuto, tiene derecho a calzarse los zapatos diplomáticos. Gibraltar, Sáhara Occidental y Marruecos En temas de menor cuantía –como Gibraltar, el Sáhara Occidental o Marruecos-, el Plan de Estrategia pasa como sobre ascuas. Sobre el primero, se limita a señalar que hay que desarrollar una nueva relación de colaboración sobre el Reino Unido en el marco del Acuerdo post-Brexit y concluir el Acuerdo entre la UE y Gran Bretaña sobre Gibraltar –cuestión que obviamente no es de su competencia-. El entendimiento hispano-británico sobre el Peñón alcanzado a última hora en tiempos de descuento del malhadado año 2020, es un auténtico disparate, resulta sumamente favorable a Gran Bretaña y a Gibraltar sin apenas contrapartidas para España, y supone un congelamiento “sine die” de la histórica –y hasta ahora consensuada por todos los partidos políticos- reivindicación de la colonia británica para lograr la integridad territorial de la Nación. En vez de aprovechar la actual debilidad internacional del Reino Unido para impulsar el establecimiento de un régimen de co-soberanía sobre la última colonia en Europa, el Gobierno español ha renunciado a hacerlo y otorgado toda clase de facilidades a Gibraltar para salvarlo del aislamiento al que se vería abocado como consecuencia de la decisión unilateral británica de abandonar la UE. España le concede “gratis et amore” la posibilidad de escapar de dicho aislamiento derribando la verja construida por los ingleses, el disfrute de los beneficios de encontrarse en el “espacio Schengen” y el mantenimiento de sus privilegios como paraíso fiscal “off shore”. Respecto al segundo, la Estrategia es aún más sucinta al decir tan solo que impulsará “los esfuerzos de la ONU para alcanzar soluciones políticas en el Sáhara Occidental, Libia y Palestina”. Todavía entre el Sáhara y Palestina existe un cierto paralelismo, como se ha puesto de manifiesto con la decisión de Marruecos de establecer relaciones diplomáticas con Israel a cambio de que los Estados Unidos de Donald Trump recocieran la ocupación ilegal marroquí de la mayor parte del territorio sahariano, pero ¿qué tiene que ver esto con el Estado fallido de Libia, con dos Gobiernos que se disputan el poder? ¿Cuáles son los “esfuerzos” de la ONU que España deberá impulsar? El Plan no dice ni una palabra sobre el reconocimiento estadounidense de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, de la negativa de Marruecos a celebrar un referéndum de libre determinación del pueblo saharaui de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU, de la inacción del Secretario General, Antonio Guterres, al llevar más de un año sin nombrar a su representante en el territorio o de la inoperancia de la MINURSO. ¿No tiene España responsabilidad alguna sobre el futuro de su antigua colonia, pendiente de su descolonización por no haberse podido expresar válidamente el pueblo saharaui? En relación con el tercero, España únicamente se compromete a reforzar la interlocución con todos los países de la región mediterránea, en especial con Marruecos y Argelia, a través de estrategias específicas de colaboración con ambos. Aparte de que existan obvias diferencias de prioridad para España entre Argelia –vecino lejano- y Marruecos –vecino demasiado carcano-, el Plan no dice nada sobre la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, las reivindicaciones de Marruecos sobre de Ceuta y Melilla y la asfixia de los presidios, la presión migratoria sobre Canarias o la suspensión “sine die” de la Cumbre hispano-marroquí de alto nivel decidida unilateralmente por el Gobierno marroquí. El Gobierno español mantiene una actitud de debilidad y de cesiones frente a su vecino meridional y pone su otra mejilla para recibir con paciencia cristiana las continuas bofetadas que le propinan Mohamed VI y su Gobierno. Europa y otras regiones Respecto a Europa, el Plan estima que España podrá aprovechar el abandono de la UE por Gran Bretaña para fortalecer su posición en el seno de la Unión. Como ha declarado el coordinador del Plan, Manuel Muñiz, España aspira a asumir un mayor protagonismo en el plano internacional y apuesta por una Europa federal y más fuerte, y por un “bilateralismo estratégico” (¿?). Semejante aspiración carece de sentido a corto o medio plazo, porque la UE no es una institución federa ni lo va a ser en un futuro inmediato. Los Estados Unidos de Europa solo se encuentran en las mentes de los pocos federalistas europeos que van quedando. El Gobierno actual, por otra parte, tendrá difícil fortalecer su posición política y económica en el seno de la UE, porque va a rebufo de lo que ocurre en Bruselas. Mientras el Consejo y el Parlamento Europeos funcionan y consiguen la necesaria estabilidad de estas instituciones gracias a la alianza entre los socialistas, los populares y los liberales, en España, el Gobierno socio-comunista de Sánchez logra su supervivencia y supuesta estabilidad gracias al apoyo condicionado, no de populares y liberales, sino de populistas y separatistas iliberales. Prueba de su escaso prestigio político ha sido su incapacidad en situar en importantes puestos internacionales a ministros-estrella como Nadia Calviño, Arancha González Laya o Pedro Duque. En cuanto a la adopción de los fondos europeos de reconstrucción y su eventual distribución, la irrelevancia de Sánchez ha sido notoria. Ahora quiere superarla en el foro interno arrogándose en solitario el monopolio para distribuir a su antojo, sin consenso con los principales partidos de la oposición y sin control parlamentario alguno, el maná comunitario. Y, por si faltara algo para demostrar el mal concepto que la UE tiene del presidente del Gobierno, ha tenido que llamarle la atención para tratar de frenar su intentona de que el ejecutivo controle el poder judicial. . Acierta la Estrategia cuando señala que los flujos migratorios son un desafío europeo y un camino –que si fuera bien gestionado- permitiría enfrentar mejor los diferentes retos demográficos y económicos de la UE, y al solicitar a la Comisión Europea fondos para contener la inmigración irregular. En este sentido, ha sido pertinente el envió de la carta de González Laya a la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, sobre “Contribución española a un enfoque migratorio integral en el Magreb, el Sahel y los países de África Occidental”, dado que España es la frontera exterior meridional de la Unión. No solo hay que facilitar fondos estructurales para reforzar las fronteras, sino también adoptar una estrategia a largo plazo que ataje las causas de los desplazamientos a Europa, mediante una generosa inversión que permita crear puestos de trabajo “in situ”. Es asimismo preciso acordar un pacto sobre las migraciones y el asilo en el seno de la Unión. No veo mucho sentido en la propuesta de fortalecer lazos con la sociedad civil rusa, bielorrusa y ucraniana, cuando es obvio que con quien hay que hacerlo es con sus Gobiernos, aunque, en el caso de Bielorrusia, su presidente, Aleksandr Lukahenko, está en sus horas más bajas y en el de Ukrania, Velodmir, Zelenski, tampoco está para tirar cohetes y se encuentra al frente de un Estado cuasi fallido. En cuanto a Rusia, acabamos de oír los comentarios denigratorios de su ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, equiparando al envenenado y encarcelado opositor Alexei Navalny con los presos políticos catalanes, y la inusitada reacción de González Laya acusando a Rusia de no ser un Estado democrático. En cuanto a la apertura de “antenas diplomáticas en Armenia, Bielorrusia y Uzbekistán, mi experiencia como antiguo Embajador con acreditación múltiple desde Moscú en diez de las antiguas repúblicas de la URSS, me lleva a dudar de la eficacia de semejantes antenas y de que lo que hay que crear es embajadas residentes en esos países, así como en Azerbaiyán y Georgia. En conclusión, el Plan de Estrategia de Acción Exterior es un documento voluntarista lleno de afirmaciones grandilocuentes y obvias, lugares comunes, generalizaciones y deseos piadosos de escasa utilidad para la puesta en práctica de una eficiente política exterior española. Se trata de una supuesta estrategia, que tiene muy poco de estratégica y solo sirve para aparentar que el Gobierno tiene un plan de acción exterior, cuando tal no es el caso Madrid, 6 de febrero de 2021