Abandono de mayores, ocultación de muertos y exaltación de vivos

ABANDONO DE LOS MAYORES, OCULTACIÓN DE LOS MUERTOS Y EXALTACIÓN DE LOS VIVOS En la fase final del estado de alarma y el acceso a la “nueva normalidad”, cabe destacar tres hechos trascendentes: el abandono de las personas mayores, la ocultación de los muertos y la exaltación de los vivos. Abandono de las personas mayores Las principales víctimas de la pandemia del Covid-19 en España han sido las personas mayores, especialmente las que residían en residencias de ancianos. Aunque el Gobierno no ha facilitado las datos sobre los fallecimientos de este sector de la sociedad, se estima que más del 60% de las victimas pertenecen a dicho sector. Ni el Gobierno ni las Comunidades Autónomas saben con exactitud el número de residentes que han muerto a causa del coronavirus. Aunque el Gobierno sigue sin dar cifras oficiales sobre el número real de víctimas, pese a que desde el 18 de abril las Comunidades estén obligadas a comunicar a diario al Ministerio de Sanidad las producidas de sus residencias, se estima ascienden a 19.514 personas, 9.794 sobre las que se realizaron pruebas PCR y otras 9.720 con síntomas compatibles con el Civid-19. Según Lourdes Bermejo, Vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría, las personas mayores han sufrido de discriminación por razón de edad. El Gobierno y las Comunidades se echan las culpas sobre la responsabilidad de lo ocurrido, pero todos ellos han contribuido en mayor o menor medida a esta lamentable situación, aunque uno más que otras. Para Ana Pastor, las personas residentes en centros de mayores has ido las víctimas del retraso del Gobierno en tomar las decisiones oportunas. Las medidas de aislamiento y protección llegaron tarde y, salvo excepciones, ha quedado patente la falta de coordinación asistencial con los centros sociosanitarios. Resulta evidente que el principal responsable es el Gobierno, que asumió el mando único en la lucha contra la pandemia y, en especial, su Vicepresidente, Pablo Iglesias, Ministro responsable de Derechos Sociales. El 19 de marzo el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que Iglesias asumía la responsabilidad sobre los temas sociales, incluido el seguimiento de los centros de mayores y éste asumió el mando único al respecto. Como el 4 de junio ha aseguró el Gobierno en respuesta a una cuestión parlamentaria planteada por el PP, Iglesias era fundamental para coordinar las políticas sociales necesarias para hacer frente a una emergencia como la que, por desgracias, se encontraba España. Sin embargo, el Vicepresidente tiene la rara habilidad de pedir perdón por cuestiones de las que no es responsable –como los crímenes de Billy el Niño o los abusos a menores- y de eludir su responsabilidad en temas que sí son de su incumbencia –como las residencias de ancianos-, echando las culpas a las Comunidades Autónomas, en especial, a las de Madrid y Castilla/León. Según Alberto Núñez Feijóo, cuando tuvieron problemas con una residencia llamaron a la Vicepresidencia y les contestaron que el temas era competencias de las Comunidades, y se limitaron a mandarle unidades de la UNE para que las desinfectaran. El mando único en las residencias no ha funcionado y el Gobierno ha estado inexistente a tales efectos. Como ha observado Cristian Campos, si pides responsabilidad a Iglesias en su calidad de máximo responsable de las residencias, responde que él no gestionaba nada, y si se la pides por haberse saltado varias veces la cuarentena, dice que lo hizo porque era fundamental para coordinar las cuestiones sociales. Eladio del Prado ha señalado que un Vicepresidente responsable del mando único con control absoluto sobre las Comunidades, responsable de los asuntos sociales –incluidas las residencias- ha estado perdido en combate y no ha adoptado decisión alguna sobre el sector residencial, salvo la promesa de una subvención de €300 millones, aunque –según el Presidente de la Federación de empresarios de la Dependencia, Ignacio Fernández Cid- no han recibido ni un céntimo de ese dinero. Como ha señalado la Presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas, Cinta Pascual, Iglesias estuvo en todo momento informado de la situación en las residencias a través de las Delegaciones del Gobierno, pero no hizo nada -ni siquiera cuando estimó que la Comunidad de Madrid estaba realizando una actividad criminal con los ancianos- y delegó su responsabilidad en las Comunidades, sin facilitarles los medios adecuados para hacer frente a ellas. Para exonerar su responsabilidad, Iglesias echó la culpa de las muertes en las residencias de Madrid a la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, basándose en que su propio Consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, había manifestado que el protocolo sanitario de la Comunidad era poco ético y seguramente ilegal. En un acto manifiesto de deslealtad contra su propio Gobierno, Reyero, no sólo hizo semejante afirmación ante la Asamblea de Madrid, sino que denunció a Amnistía Internacional la actuación del Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con lo que dio munición al Vicepresidente para que pidiera la dimisión de Díaz Ayuso por haber realizado actos criminales. ”La muerte de mayores es gravísima y podría tener consecuencias penales. Como hemos visto en Madrid y en Castilla/León, es un auténtico escándalo, si no un crimen”. Del Prado se ha preguntado cómo era posible que el responsable de lo ocurrido en las residencias fuera tan miserable para atreverse a hacer tan infames acusaciones. Feijóo comentó que nunca hasta entonces que se había criminalizado a unas Comunidades Autónomas en una sesión del Congreso. El Gobierno dio su anuencia tácita a estas graves acusaciones, salvo la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que expresó su desacuerdo con la afirmación de su colega y que no iba a entrar en disputas para echar a nadie la culpa sobre las muertes. Con un gesto que la honra, pidió perdón a los ancianos y afirmó que había cuestiones que no deberían ser objeto de debate, y había que tratar de encontrarles solución, en vez de ponerse de perfil Según ha declarado la Presidente de l CEAP, Cinta Pascual, diversas Comunidades adoptaron procedimientos para no trasladar a hospitales a los usuarios de residencias de mayores. En Cataluña, la Generalitat instó a tratar a los ancianos contagiados en las residencias y no trasladarlos a centros hospitalarios, y se recomendó que no hubiera traslados de los pacientes con muy mal pronóstico o corta esperanza de vida. En la Comunidad Valenciana, los protocolos adoptados de por hospitales dejaban fuera a muchos residentes por sus perfiles, como nivel de demencia, enfermedades previas o esperanza de vida inferior a un año, con lo que se `privaba de la asistencia hospitalaria a buena parte de los residentes. Los protocolos de Aragón discriminaban por la edad para hacer traslados de las residencias a los hospitales, pues se mantuvieron en las residencias o en sus domicilios a las personas mayores de 80 años con enfermedades graves o los pacientes con demencia o escasa perspectiva de vida. En Castilla/León, se atendió a los residentes “in situ”, sin trasladarlos a los hospitales y sólo se trasladaron a ellos a las personas que precisaran cuidados de tal intensidad que no pudieran ser prestados en las residencias. Respecto a Madrid, la Consejería de Sanidad –que envió a los hospitales un controvertido borrador de protocolo “por error”-, Ruiz Escudero ha mantenido que nunca se llegó a aplicar, que siempre siguieron criterios estrictamente médicos y que se produjeron 10.300 derivaciones de pacientes de residencias a centros hospitalarios. El Presidente de la Sociedad Española de Geriatría, José Augusto García Navarro, salió a quite al afirmar que había que analizar clínicamente cada caso y que, cuando a veces no se ingresaba a los ancianos, no era por negarse a tratarlos, sino por estimar que el traslado era peor que dejarlos en sus residencias. La mayoría de los residentes padecían otras patologías, que habrían podido agravarse con la derivación a unos hospitales colapsados. En cualquier caso, la tasa de muertes en residencias que ha presentado la Comunidad de Madrid está por debajo de la media nacional, y las tres Comunidades con tasas más elevadas –Navarra, Extremadura y Aragón-están regidas por Gobiernos del PSOE y de Podemos. Como ha observado Willy Toledo, el Gobierno ha dedicado cientos de horas para hablar de los fallecidos en las residencias de Madrid y ni un segundo a los muertos en las Comunidades donde gobierna. Esto no es casualidad. Esto se llama manipulación El problema ha sido que él asunto se ha politizado en Madrid con las deslealtad de Reyero y la demagogia de Iglesias. Si el Consejero de Políticas Sociales no estaba de acuerdo con la política sanitaria seguida por su Gobierno debería haberlo denunciado en el seno el Gobierno de coalición y no abiertamente ante la Asamblea y, si no obtenía satisfacción a sus propuestas, debió seguir la actitud honrosa de la Directora General de Salud Pública, Yolanda Fuertes, que presentó su dimisión. Reyero ha seguido manteniendo su actitud crítica hasta el último momento –apoyado por el ambicioso Vicepresidente, Ignacio Aguado-, pero ha votado, subiéndose la mascarilla hasta los ojos, en contra de la reprobación de su némesis Ruiz Escudero. El PP/ha propuesto un Plan Cajal de Estado para la Sanidad, que establezca un nuevo modelo de asistencia sanitaria a los usuarios de las residencias, que potencie la coordinación entre el personal sanitario de las residencias, los centros de salud y los especialistas en geriatría. Iglesias también quiere modificar el modelo, pero en un sentido radicalmente contrario, pues ha esbozado un plan de nacionalización de las residencias –que están en su inmensa mayoría en manos privadas-, por el módico precio de €10.000 millones. Supongo que si el coste resultara demasiado elevado, siempre tendría a mano el recurso a la confiscación, para satisfacer el interés general de los españoles. Aparte de haber declinado su responsabilidad en relación con las residencias de mayores, el Vicepresidente no ha aprendido nada de la pandemia, donde se ha puesto de manifiesto que las residencias gestionadas por empresas privadas han funcionado mucho mejor que las gestionadas por la Administración pública y han contado con menos bajas. Así, en Álava por ejemplo, los fallecimientos en las residencias gestionadas por la Diputación Foral han triplicado los producidos en las residencias privadas. Iglesias ha puesto de manifiesto su talante “ancianicida” al comentar que había gente de más de 70 y pico años que tenían que seguir el ejemplo de Ratzinger e irse “a Castelgandolfo, a la mierda o a donde quiera”. Yo, que he pasado con creces el fatídico limite de los 70 años, no pienso complacerle y dirigirme a cualquiera de los destinos sugeridos en su exquisita exhortación, pero creo que habría muchos compatriotas que estarían encantados con que él sí lo hiciera. Ocultación de los muertos A Pedro Sánchez le molestan los muertos, que son muy inoportunos, y ha procurado esconderlos en la medida de lo posible. Por eso, le sentó tan mal la impresionante foto de Fernando Lázaro que publicó en portada ”El Mundo”, el 8 de abril, bajo el titular de “El Palacio de Hielo: La gran morgue de España. La imagen de la pandemia”, en la que se veían cientos de ataúdes geométricamente alineados. El diario justificaba la publicación de la patética fotografía alegando que, cuando la muerte tomaba proporciones industriales, se corría el riesgo de convertirla en estadística. Era humano huir del sufrimiento, pero era infame tratar de ocultarlo. Lázaro criticaba la actitud del Gobierno, que no quería saber nada de muertos. Sólo palmas, balcones y enfermos recuperados, y transmitir un mensaje que rodeara y blindara a Sánchez. Esa era la labor encomendada al portavoz sanitario del Gobierno, el Dr. Fernando Simón, que ha fallado en sus pronósticos más que una escopeta de feria y se ha convertido en el mascarón de proa protector de la ola de las críticas a su Jefe. Ha resultado realmente grotesca la danza de la muerte escenificada por el Doctor, con la aparición y desaparición de cadáveres, como si se tratara de una obra teatral de Enrique Jardiel Poncela. Se ha tratado –según Francisco Rosell- de una deliberada estrategia del Gobierno –impulsada por el “gurú” Iván Redondo- de hibernar la cifra de los fallecimientos hasta que se celebrara el 16 de julio el tardío homenaje a las víctimas. Lo absurdo de esta maniobra ha sido puesto de manifiesto por Vicente Vallés en los telediarios de Antena-3. Pese a que como decía, el Consejero de Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre, su Comunidad enviaba cada día al Ministerio de Sanidad, en tiempo y forma, la situación sanitaria, el contador de fallecidos ha permanecido estancado durante varios días, si no semanas. Cada fallecido tenía nombre y apellidos y había que tener dignidad con los muertos. Como ha comentado amargamente Feijóo, España no merece un Gobierno que no le diga a los españoles el número de fallecidos habidos durante la pandemia y, según la diputada popular Rosa Romero, no podemos consentir que los muertos desparezcan de nuestra memoria. El PP presentó una proposición no de ley para que se celebrara una auditoría para establecer el número real de muertos, pero ha sido rechazada por el Congreso. Podemos justificó su negativa a que esos datos ya eran facilitados por las Comunidades Autónomas y que la información exigida era imposible de dar de forma inmediata y requeriría un mínimo de 8 ó 9 meses (¿?). El PSOE acusó al PP de “generar un bulo” y de utilizar a las víctimas para sus interés partidarios. EL PNV le echó un capote al Gobierno, al afirmar que la insuficiencia de los datos no suponía una voluntad de ocultación.. Ciudadanos, por su parte, instó al Gobierno a que cuadrara los datos que le facilitaban a diario las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Sanidad ha desoído los consejos de la OMS y sólo incluye en la lista de fallecidos a los que recibieron una prueba PCR, pero no a los que murieron con síntomas de coronavirus pero no recibieron la prueba. Como ha comentado con ironía Maite Rico, “sin PCR no hay muerto que valga”. Pese a que el Instituto de Sanidad Carlos III, el Instituto Nacional de Estadística y la propia OMS han cifrado en unos 45.000 el número de los difuntos por Covid-19, Simón se ha plantado y no ha pasado de la cifra de 28.315, que considera “realista”. En cuanto los “otros” -los fantasmas de la famosa película de Alejandro Amenábar-, puede producirse alguna variación de un 20, 30 o 50%, poquito arriba, poquito abajo. En el colmo de la desfachatez, ha afirmado sin demudársele la color que “nos quedan 13.000 fallecidos ahí, pero no podemos ubicarlos ahora”. Son unos muertos que vagan por la laguna de Estigia, sin el que barquero Caronte/Simón pueda localizarlos. “Requiescant in pace”. Según la encuesta de Sigma-2, el 73% de los encuestados desconfiaba del recuento de las víctimas y el 46% ha rechazado la gestión de la pandemia realizada por el Gobierno. Estos altos porcentajes reflejan la percepción de la inoperancia del Gobierno, que ni siquiera ha sido capaz de contabilizar el número de fallecidos con las debidas garantías. Su credibilidad, sin embargo, no parece haberse resentido, ya que mantiene el grado de apoyo últimamente obtenido al compensarse la previsible bajada de Podemos con el ligero aumento del PSOE. Y lo curioso es que este continuado respaldo se basa en el poco convincente argumento de que cualquier otro Gobierno lo hubiera hecho igual o peor. Esto no resulta verosímil porque sería sumamente difícil que un hipotético Gobierno de la oposición hubiera podido superar los logros del actual, que ha batido los records mundiales de muerte por habitante, contagio del personal sanitario y previsión en la caída del PIB. El pueblo español es propenso al masoquismo y no es fácil superar esta tendencia. Exaltación de los vivos Los efectos nefastos de la pandemia han producido un efecto inducido desde el Gobierno de exaltación de los vivos, especialmente del “vivo” por antonomasia, que es su Presidente. En vez de asumir sus errores, hacer autocrítica y pedir perdón por sus catastrófica gestión de la crisis, Sánchez ha sacado pecho y ha alardeado ufano de que, gracias a él, se han salvado 450.000 vidas -ni un más ni una menos, mientras el recuento de fallecido se convierte en meramente hipotético. Como ha observado Rafa Latorre, resulta asombrosa la exactitud con las que conoce las vidas salvadas, quien ha sido incapaz de precisar cuál ha sido el número de muertos. ¿Cuántas vidas más habría podido salvar si, en vez de alentar la participación en las manifestaciones del 8-M hubiera decretado el estado de alarma dos semanas antes? Sánchez ha convocado con gran retraso un supuesto homenaje a las víctimas, que es más bien un auto-homenaje a la actuación de su Gobierno. En el Decreto que proclamó el luto oficial con este motivo se dice que “es proporcionado expresar el convencimiento de que la valoración de los ciudadanos en las decisiones públicas es la apuesta fecunda para el futuro”. ¡Tres “hurrahs” por el Presidente! Se te ha ido un poco la mano, Iván, porque es difícil borrar los muertos por Decreto. Desde el principio, Sánchez ha huido de los muertos y ahora pretende escamotearles el protagonismo en su funeral. Según Manuel Arias Maldonado, España se dispone a homenajear a las víctimas de la pandemia sin haberlas sabido o querido contar ¿Tiene sentido rendir un homenaje en estas condiciones? Habría sido deseable una mayor generosidad en el cómputo de las víctimas, pero ello hubiera supuesto a una admisión de responsabilidad que no rinde beneficio político alguno. “Lo que cuenta a estas alturas es el efecto que las acciones del Gobierno produzcan entre los vivos, y quien prefiera la rectitud ética o la precisión matemática que se dedique a otra cosa”. En un impactante artículo titulado “Funeral a lo Pedro Sánchez”, Eduardo Álvarez ha señalado que el Gobierno ha tenido la ocurrencia de organizar una despedida en vez de un funeral de Estado “¿Se merecen los españoles el bochorno de ver cómo lo más parecido a un funeral de Estado se convierta en otro aquelarre político? El Presidente no sabe distinguir entre actos de Estado y actos de Gobierno. “Confundiendo una vez más sus atributos de Presidente de Gobierno con los de Jefe del Estado, Pedro Sánchez ha patrimonializado un homenaje a las víctimas que hubiera podido ser una emocionante ocasión de concordia y lo ha convertido en otra función partidista”. Según Arcadi Espada, las víctimas del corona virus no han muerto en nombre de ninguna causa alta y grave, sino por enfermedad, y no hay ningún honor en ello. Hay dolor, duelo y memoria, lo que integra un funeral, pero en la neolengua del Gobierno “funeral” es una palabra tan prohibida, como prohibido estuvo a los españoles ver los ataúdes de las víctimas. En el homenaje no se ve tanto al muerto como al honor por el que murieron, y el que no haya honor en este caso, al Gobierno le importa un pimiento.. “Homenaje” no sólo desplaza a “funeral, sino también a otra palabra que debería haberse pronunciado y aún no se ha hecho, la palabra “perdón”. No va a haber un acto de homenaje a los muertos, sino una “pachanga” para celebrar a los vivos. Sánchez ha mostrado, por otra parte, una gélida indiferencia hacia los enfermos y los muertos por el Covid-29 , rayana con la insensibilidad. Como ha preguntado el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ¿alguien ha visto a Sánchez o a Iglesias cerca de los ciudadanos, en las calles de Madrid, en los hospitales o en las residencias de mayores? La única miembro del Gobierno que ha estado a la altura de las circunstancias ha sido la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que visitó el hospital de IFEMA y la morgue del Palacio de Hielo. Vox ya ha anunciado que nó participará en un acto exculpatorio del Gobierno y el PP si asistirá al acto, aunque su portavoz, Álvarez de Toledo, lo ha devaluado al calificarlo de “homenaje al muerto desconocido”. En otro alarde de autocomplacencia, el tándem Sánchez /Redondo ha lanzado la increíble y costosa campaña publicitaria “¡Salimos más fuertes!”. Según Ana Pastor, cuando escucha estas palabras se le pone el vello de punta, pues son muchos los que se han ido y ya no están con nosotros. Ha lamentado que el Gobierno haya optado por la propaganda y no admitas sus errores en la gestión de la pandemia. Como ha señalado Gabriel Tortella, hemos perdido 45.000 vidas y demostrado que no sabemos o queremos contar los muertos. Muchos empresarios y familias se han arruinado, las colas para recoger comida dan la vuelta a la manzana, y la deuda pública y el desempleo se han disparado. La recuperación tardará años y exigirá fuertes sacrificios. Las denuncias y los pleitos se multiplican, durarán años y provocarán odio, miedo y desesperación “¿Es esto ser más fuertes?” Para Javier Rupérez, nadie ha ganado nada, salvo el conocimiento de nuestras propias fragilidades, pero esto no hace a nadie más fuerte. Según Manuel Aragón, el Gobierno de Sánchez ha hecho una utilización exorbitante del estado de alarma, porque las situaciones de excepción no permiten intentar resolverlas mediante una dictadura constitucional, sino sólo ptoporcionan un reforzamiento de los poderes del Estado, que no autoriza la derogación completa de las garantías constitucionales. En opinión de José Ignacio Torreblanca, el Gobierno ha provocado una crisis institucional. al interferir en el CIS, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil, la Abogacía del Estado, la CNI y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Ha abusado del gobierno por Decreto-ley, invadido competencias que no le eran propias y subvertido á jerarquía normativa, y todo ello a espaldas de las Cortes, sin rendir cuentas, suspendiendo el portal de transparencia y recurriendo a ruedas de prensa amañadas, y ha dado una brutal vuelta de tuerca al presidencialismo y a la concentración de poder en la Moncloa. Sánchez ha aprovechado la coyuntura del estado de alarma para fortalecer su poder presidencial, restringir las libertades básicas, escapar a la fiscalización parlamentaria, instrumentalizar las instituciones e instalarse en una deriva iliberal de corte cesarista, según “El Mundo”. Pregonar estas verdades en alta voz o hacerlas llegar a la UE supone –a juicio del Gobierno- la comisión de un delito de alta traición. Para David Jiménez Torres, el Gobierno ha tratado de estigmatizar cualesquiera críticas a su labor calificándolas de “crispación”, cuando criticar no es una anomalía, sino una de las pocas señas de normalidad democrática que van quedando. El Gobierno tiene la obligación de “hacer política” en aras del bien común y buscar acuerdos con los principales partidos de la oposición, pero Sánchez pretende hacer a Casado lo que hizo en 2019 con Rivera: culparle de no querer concertar acuerdos con el Gobierno. Sin embargo, la realidad desmiente estas afirmaciones. El PP ha apoyado la declaración del estado de alarma y sus tres primeras prórrogas, la adopción del Ingreso Mínimo Vital y el Decreto sobre la nueva normalidad. Se ha opuesto a la creación de una Comisión para investigar a Felipe González y respaldado la candidatura de Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo Sin embargo, el Gobierno sigue menospreciando al PP e identificándolo con Vox, como representantes de la ultraderecha, y quejándose hipócritamente de que, a causa de su oposición a lograr acuerdos, se ha visto obligado a echarse en brazos de los separatistas catalanes y de Bildu. El PP no puede dar un cheque en blanco al Gobierno, aceptar sus triquiñuelas y convertirse en la muleta del PSOE, como está haciendo Ciudadanos. El principal problema al que ahora se enfrenta el Gobierno es el de la recuperación económica, que resulta harto problemática, dado que –como ha estimado el FMI-, el PIB español sufrirá este año una caída del 12.8%. Para ello resulta indispensable la ayuda de la UE y, para conseguirla, tendrá que presentar un Plan de Recuperación Nacional, que sería inaceptable si se siguieran los criterios intervencionistas y estatalizadores de su actual socio de Gobierno. Concuerdo con Luis María Ansón, cuando afirma que no abriga esperanzas en que los españoles resuelvan la situación económica desde dentro y que sólo la UE podrá liberar a España de la que se avecina. Los halcones o “frugales” de la UE –a través del Primer Ministro holandés, Mark Rutte- ya han advertido que los países que reciban fondos de la Unión tendrán que comprometerse a realizar profundas reformas en materias como las pensiones, el mercado laboral y la política fiscal. Angela Merkel –que ha adoptado una posición muy razonable- ha señalado que tiene que haber condicionalidad. No se exigirá austeridad, pero sí reformas estructurales para la mejora de la competitividad. Según Borrell, la ayuda europea no será gratis, pues estará condicionada a que los fondos se destinen a reforzar el sistema sanitario y a la recuperación social y económica,. El Gobierno ha hecho un llamamiento al PP para que cierre files y le apoye en las negociaciones con la UE, a fin de que no haya condicionalidad e Iglesias ha calificado de “traición” que haya tal condicionalidad para la entrega de fondos europeos. Dado que ésta será inevitables, habrá que tratar de que sea lo más razonable posible. El PSOE tendrá que hibernar las propuestas económicas de Podemos, e Iglesias empieza a pasar por el haro, como prueba que haya aceptado diluir su plan de impuesto a las grandes fortunas. La aproximación entre PSOE y PP y el apoyo de éste –e incluso de Vox- a la candidatura de Calviño son una buena señal. Su eventual nombramiento fortalecerá su posición frente a Iglesias y obligará al Gobierno a seguir una política económica más acorde con las directrices de la Comisión Europea. Madrid, 27 de junio de 2020

¿Quo vadis, Ciudadanos?

¿QUO VADIS , CIUDADANOS? Durante muchos años, tanto UCD y el PP, como el PSOE, cuando no conseguían obtener mayorías absolutas, solicitaban el apoyo de los partidos nacionalistas –especialmente Convergencia y Unió y el PNV- para poder gobernar en España, y dichos partidos facilitaban generosamente la gobernabilidad, a cambio del pago en especie de transferencias de competencias y otras canonjías. Estos dos partidos nacionalistas, a su vez, detentaban el monopolio del poder en sus respectivas Comunidades Autónomas. Rasgos de Ciudadanos El 8 de junio de 2006 surgió en Cataluña, bajo el título de “Ciutadans”, un partido político fundado por un grupo de intelectuales, con el primordial objetivo –como ha señalado una de sus fundadoras, Teresa Giménez Barbat- de enfrentarse al nacionalismo institucional de Jordi Pujol y al Gobierno tripartito de izquierdas que había asumido su herencia nacionalista. Según otro padre fundador, Ponç Puigdevall, pretendieron crear un partido de centro moderado, que, de un lado, impidiera los abusos del PSOE y del PP y, de otro, evitara que los partidos nacionalistas tuvieran un peso e importancia excesivos en la gobernación de España. Pusieron énfasis en cubrir el espacio del centro, pero éste es un concepto geométrico y no ideológico, y está supeditado a las oscilaciones de los bloques de derechas y de izquierdas, de los que pretendían equidistar. Ideológicamente, surgió con un doble alma -la socialdemócrata y la liberal-. pero no definió claramente cuáles eran sus principios básicos, dejándolos en una cierta ambigüedad que tenía sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Los promotores lanzaron un Manifiesto en el que hacían un llamamiento a la creación de un partido que se olvidara de los problemas identitarios y se preocupara de resolver los problemas reales de Cataluña. Cs inició un movimiento de reacción cívica contra el nacionalismo, que tuvo éxito porque atrajo al sector constitucionalista que creía que el PP catalán no les ofrecía la protección necesaria para hacer frente al trato discriminatorio que les daba el nacionalismo en el poder, que controlaba los distintos ámbitos de la sociedad catalana. En su Programa electoral, afirmaron que el partido pondría fin al procès separatista, recuperaría la normalidad y la autonomía de Cataluña, y trabajaría para restaurar la convivencia entre todos los catalanes. El partido obtuvo tres diputados en las elecciones autonómicas de 2010, nueve en las de 2012 y veinticinco en las de 2015. Aunque nació como un partido eminentemente catalán, su Presidente, Albert Rivera -un joven advenedizo con buena presencia y labia, que se hizo cargo de la dirección del partido porque ninguno de sus fundadores quiso asumir esa función- decidióextender la actuación del partido al ámbito nacional. Tras no obtener ningún diputado en las elecciones generales de 2008 y 2011, Cs consiguió 32 escaños en las de 2014. Rivera trasladó a Madrid su Estado Mayor –compuesto por José Manuel Villegas y Juan Carlos Girauta- y se centró en la acción nacional, dejando una tanto desguarnecida la casa madre catalana, que defendió bizarramente su sucesora Inés Arrimadas. Ésta ganó en 2017 las elecciones autonómicas al conseguir 37 escaños, si bien no pudo acceder al Govern por los efectos de un nuevo Pacto de Tinell, poe el que todos los partidos salvo el PPC se pusieron en su contra. Lo peor fue que ni siquiera lo intentó, dejando pasar una magnífica oportunidad para haber prentado un programa de gobierno alternativo al nacionalismo. Cs señaló en su Ideario que pretendía ocupar el espacio electoral del centro-izquierda no nacionalista y fluctuó entre el liberalismo y la socialdemocracia- Aunque se autodefinió como liberal y progresista, el electorado lo percibió como un partido de centro-derecha. Rivera se decantó por la vertiente liberal y, ya en su primer Congreso, 6 dejó de lado la socialdemócrata, lo que provocó las primeras escisiones en el partido por parte de los militantes de esa ideología. El principal acerbo de Ciudadanos es la calidad intelectual y profesional de sus militantes, por lo que –al no contar con una base programática bien definida- está expuesto a las deserciones de su socios en cuanto creen que el partido no sigue la dirección que ellos estiman correcta. Según Ignacio Martín, Cs ha se presenta como un partido de centro-centro, por creer que ésa era la mejor manera de ampliar su base electoral. De ahí su ambigüedad ideológica y su caracterización como un partido “atápalotodo”, que aspiraba a atraer votantes de ideología diversa. Como ha señalado Javier Redondo, Cs pretende ser lo que la izquierda no le deja y buena parte de sus votantes no quieren. Actuación de Ciudadanos a nivel nacional Rivera se obnubiló con el éxito de sus 55 escaños y las predicciones de algunos sondeos que pronosticaban el “sorpasso” al PP y le permitirían erigirse en el líder de la oposición. Se escoró hacía la derecha, renegó de su acuerdo programático con el PSOE y renunció a co-gobernar con Pedro Sánchez –que tampoco parecía muy dispuesto a colaborar con él- y, entre galgos y podencos, perdieron la oportunidad de formar un sólido Gobierno de centro-izquierda. Se tuvieron que repetir las elecciones, y Cs pujó alto, negó cualquier posible colaboración con el PSOE y recibió el castigo de su deletéreo electorado, que redujo a diez el número de diputados del partido, lo que provocó la dimisión de Rivera por vergüenza torera. Su sucesora Inés Arrimadas ha hecho de la necesidad virtud y está tratando de sacar el máximo rendimiento a su escuálida tropa, siguiendo el modelo oportunista del PNV, aunque carece de su marrullería y tacticismo, con el que consigue réditos incalculables de sus magros recursos e incluso llegar a comer en dos platos distintos al mismo tiempo. Cs, en cambio, vende su apoyo a precio de saldo. Tras la debacle electoral, volvió a su naturaleza de partido-bisagra y pactó a babor y a estribor. Por la derecha, pasó a co-gobernar las Comunidades de Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla/León y, por la izquierda, facilitó gobiernos socialistas en varios municipios. Para justificar su centro-centrismos, ha arremetido contra sus dos adversarios y puesto en pie de igualdad a PSOE/Ps y al PP/Vox, acusándoles de fomentar la bronca permanente y el guerra-civilismo. El actual portavoz –inexperto Edmundo Bal- ha presumido de hacer “política últil” y de tomar decisiones con la cabeza y en vez de con las tripas, como hacen otros partidos que han rechazado el estado de alarma y no han aportado nada. Ha criticado las artimañas y prepotencia de Sánchez por negociar con los independentistas, pero lo ha apoyado y blanqueado a pesar de sus “liaisons dangereuses”, porque es un partido de Estado, valiente y útil, que sólo busca el interés general de los españoles. ¿Nos lo creemos? Como el cuco, Cs canta en un lado y, en otro, pone el huevo. Acercamiento de Ciudadanos al PSOE Cs inició su labor de cirineo al respaldar la cuarta prórroga –sobre la que el PP se abstuvo-, a cambio de que se separaran los subsidios a trabajadores y autónomos del mantenimiento del estado de alarma, algo que Sánchez había negado a Casado. Respaldó la quinta prórroga so pretexto de que había conseguido que el Gobierno no sucumbiera al chantaje de los independentistas, mientras aquél negociaba a sus espaldas con Bildu y se comprometía a derogar íntegramente la reforma laboral. Apoyó la sexta prolongación del estado de alarma, pese que el Gobierno había pactado con ERC su abstención a cambio de que se reanudaran las negociaciones bilaterales en la Mesa del Diálogo con la Generalitat. Sánchez ha seguido su coqueteo con el sustituto de Arrimadas durante su periodo de baja por maternidad, para practicar su táctica de geometría variable y jugar con Cs como el gato con el ratón. Como ha señalado César Antonio Molina, se trata de un juego político del que se beneficia Sánchez para dar celos a la novia oficial y luego volver a ella con más amor. Cs ha apoyado el nuevo Decreto que sustituirá al estado de alarma a cambio de concesiones menores, como la reducción en 50 cms de la cifra de “distanciación social”, el apoyo al teletrabajo, el levantamiento de la prohibición de usar mascarillas al hacer deporte, y una mayor colaboración con la Comunidades Autónomas en la realización de la desescalada. El acercamiento de los nuevos amantes de Teruel se ha formalizado con una reunión al más alto nivel en casa de la novia, la Moncloa. El siguiente paso en el noviazgo será la aprobación de la dote de los presupuestos generales del Estado, a la que el novio se ha mostrado propicio, eso sí, dejando constancia del que el bipartito no era su novia formal y que seguía siendo libre para seguir cortejando a las damas de su entorno. El momento clave se producirá cuando se firmen las capitulaciones matrimoniales, pues la suegra -la Comisión Europea- exige unas condiciones a las que una parte del Gobierno bifronte, Podemos (Ps), se resiste a aceptar el régimen de la dote e insiste en que se fije el de comunidad de bienes, pero bajo la exclusiva administración de la novia. Últimamente, ésta se ha mostrado sensible a los requerimientos del novio y de la suegra, y declarado que está dispuesta a dialogar e incluso a aceptar algunas de las propuestas del cuñado -el PP-. Veremos en que termina este vodevil pre-nupcial y si el Gobierno accede a poner en el congelador los aspectos económicos de su pacto con Ps, y a presentar un Plan Nacional de reformas que sea aceptable para la Comisión Europea, para poder acceder a los citados subsidios y préstamos. Critica a la actuación de Pedro Sánchez El Plan de estatalización de la economía española presentado por Pablo Iglesias para salir de la pandemia económica va en la dirección contraria a lo que necesita España en estos momentos. El Ministro-Director General de Consumo, Alberto Garzón, lo ha reiterado al afirmar que “el comunismo es un movimiento político y social de transformación de la realidad, que sigue teniendo vigencia y, sin él, no habría democracia en España, porque está en el ADN de la tradición de este país”(¿?). La reducción del déficit deberá llevarse a cabo no por la vía del recorte de gastos, sino por la del aumento de los ingresos. ”Hay que mejorar la capacidad recaudatoria para el cambio de modelo”. Ya sabemos lo que esto significa si prevalece la tesis podemita: la adopción de planes quinquenales para la intervención de la economía por el Estado a fin de seguir los exitosos modelos de Corea del Norte, Cuba y Venezuela. En su impactante artículo “Un gran fracaso colectivo”, el ex–Ministro socialista de Cultura, Molina, ha señalado que lo que buscan Iglesias y sus secuaces es la creación de una legión de piqueteros que, o bien votan y hacen votar mediante consignas, o salen a la calle a amenazar o agredir a quienes no compartan sus ideas “La presencia en el Gobierno de Iglesias, su mujer y sus adláteres es un cáncer para nuestro país y hay que echarlos. Y el Presidente tiene que hacerlo antes de que se le eche a él mismo”. Molina no exime a Sánchez de sus descalificaciones del Gobierno, al afirmar que “ha jugado todas las cartas de la irresponsabilidad y la ignominia, apoyándose en su diabólica corte celestial, pero el país se sigue hundiendo y nuestro prestigio también”. Ha señalado que, cuando debería existir una gran unidad política, sanitaria y económica, estamos viviendo los momentos más peligrosos para nuestra todavía joven e inexperta democracia, que pueden llevar al extremismo confrontacional en las calles. “Esta situación de caos político, moral, económico y social no es la mejor carta de presentación para Europa”. ¿Agradará a Angela Merkel –que vivió la Alemania comunista- ver en el Gobierno español a los hijos y los nietos de quienes la amordazaron?. “¿Van a poner su dinero en manos de un fanático, sectario y arribista como Iglesias? Yo no lo haría”. Según la OCDE, España es el país miembro de la Organización que sufrirá el peor desplome de su economía. En el peor de los escenarios que se manejan, su PIB se reducirá este año en un 14.4%, el paro superará el 20% y el nivel de deuda pública rondará el 130%. En el mejor de los casos, el PIB caerá un 11.1%, el paro ascenderá al 18% y el déficit se disparará entre un 10.3 y un 12.5%. La Organización ha hecho un llamamiento al Gobierno para que acuerde con la oposición pactos de Estado para la reconstrucción del país, pero Iglesias se ha mostrado partidario de abordar la crisis económica sólo con los partidos de la izquierda, como Esquerra y Bildu. Esta grave amenaza es la que me ha llevado a enviar el pasado día 9 sendas cartas a los Presidentes del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeos, que han sido respaldadas por 118 personas, que representan la diversidad social española -22 profesores, 14 diplomáticos, 9 juristass y economistas, 7 periodistas, miembros del personal sanitario y estudiantes, 6 amas de casa, 4 generales, ingenieros y artistas…-. En ellas he pedido a los altos dirigentes de las instituciones europeas que intervengan en la medida de lo posible para paliar la desastrosa situación de la economía española, dentro de los límites de la no injerencia en los asuntos políticos de España. Asimismo he pedido a la Comisión que sea firme con el Gobierno español y le haga cumplir los compromisos asumidos, para poder disfrutar de las subvenciones y créditos del futuro Fondo de Recuperación contra los efectos de la pandemia del Covid-19, y ayude de esta forma al pueblo español. Colaboración de Ciudadanos con el Gobierno Sánchez se ha mostrado sensible por una vez a la gravedad de la coyuntura económica y al hecho de que no podemos salir de ella sólo por nuestros propios medios. Ya desde antes de la pandemia, el Presidente se había negado a mantener cualquier tipo de diálogo con la oposición. Pese a que el PP votara incondicionalmente a favor de la declaración del estado de alarma y sus tres primeras prolongaciones, y se abstuviera en la cuarta, Sánchez lo ninguneó, lo criticó acerbamente y ni siquiera le informaba de las medidas que iba a adoptar , si bien esperaba su apoyo “gratis et amore”. El miedo a perder las votaciones en las dos últimas prórrogas del estado de alarma le llevó a un acercamiento zigzagueante a Cs para conseguir su voto, lo que ha sido criticado por sus aliados naturales, PNV, ERC y Bildu. El portavoz vasco. Aitor Esteban, ha señalado que, si la nueva relación de Cs con el Gobierno “se convierte en algo más”, complicará mucho las cosas, porque los planteamientos de Cs chocan directamente con los del PNV. ERC ha pedido a Ps que se posicione al respecto como socio del Gobierno, pues –según Gabriel Rufián- pactar con un partido de derechas “que estaba en la foto de Colón” era incompatible con Esquerra. Casado propuesto al Gobierno firmar pactos de Estado en materia sanitaria y económica para luchar contra los estragos causados por el coronavirus y, por primera vez, Sánchez no lo ha rechazado de plano. El Presidente defendió ayer en el Senado la interlocución con Cs, aunque ello supusiera rebajar el contenido del pacto con Ps, y afirmó que, para salir de la crisis y sacar adelante la reconstrucción del país, era preciso el acuerdo de todos los partidos, por lo que se mostró dispuesto a hablar, a dialogar y a llegar a acuerdos con el PP en los ámbitos económico, sanitario y social. La Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, trató de nadar y guardar la ropa, al afirmar que no se trataba de modificar el pacto de l PSOE con Ps –que seguía siendo la “hoja de ruta” del Gobierno-, sino de reorientarlo, modularlo, adaptarlo a las exigencias y circunstancias de la coyuntura causada por la pandemia, y cambiar las prioridades si fuera preciso, con el fin de sumar a otros grupos políticos y encarar eficazmente la reconstrucción de España. Señaló que el Gobierno no podía aceptar los vetos cruzados entre ERC y Cs. Sánchez ha asegurado, sin embargo, que sus pactos con ERC siguen en pie y que en julio reanudará su labores la Mesa de Diálogo. El portavoz de Ps. Pablo Echenique, contestó que el pacto estaba bien adaptado y había que cumplirlo, si bien su partido estaba dispuesto a mostrar flexibilidad. Creo que Iglesias y su consorte mostrarán la flexibilidad que sea necesaria para no romper con Sánchez y perder su paraíso terrenal, pues –tras haber tratado de asaltar los cielos- se encuentran ahora con que de ellos bajan un legión de ángeles y arcángeles vestidos de verde, dirigido por un Grande querubín, que protegen sus sueño y sus oídos de la contaminación acústica causada por las caceroladas de los fachas galapagareños. La portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo señaló que, para forjar un gran acuerdo sobre unos presupuestos de reconstrucción era necesario que el PSOE abandonara su deriva podemita, pues “intentar cuadrar a Frankenstein es misión imposible”. Ha sonado una música nueva procedente del Gobierno que no estamos acostumbrados a oír, y habrá que ver hasta donde llega la sintonía, pero, esen todo caso, sin duda, una buena noticia. Caambio de estrategia de Ciudadanos Cs está haciendo todos los esfuerzos posibles “à la recherche du centre perdu”. Preguntado Jorge San Miguel –en un entrevista de Josep Maria Francàs- si se iba hacia una sustitución paulatina de Ps por Cs, el politólogo naranja dio una respuesta negativa, porque no daban los números. La gente de Cs sabe que con Sánchez no se puede ir “ni a heredar”. Intentan que la sociedad perciba que Cs es un partido constructivo y útil para sacar adelante medidas requeridas en una situación de emergencia, y habrá que ver si el electorado comprende bien este nuevo papel. Los votantes de Cs no constituyen un cuerpo único con ideas coherentes. En abril de 2019 lo premiaron por decir NO a Sánchez y en noviembre de ese mismo años lo castigaron por decir lo mismo. La vieja guardia del partido no entiende cómo Cs sigue sacando las castañas del fuego al Gobierno, pese a su sumisión a Ps, sus trapicheos con los independentistas catalanes y sus pactos con Bildu. No parece que saque rendimiento a su cambio de estrategia. Según el último sondeo de NC Reports para “La Razón” –que es bien diferente de los sesgados del CIS-, Cs perdería en unas elecciones generales el 30% de sus votantes –la mitad de los cuales se pasarían al PP- y entre uno a tres escaños. También perderían votos el PSOE, Ps y Vox, y se llegaría a un empate a 111 escaños entre el PSOE y el PP. Los votos obtenidos por los partidos de la derecha -45.5%- superarían a los conseguidos por los partidos de izquierda -38.1%- y, una vez más, los partidos nacionalistas serían decisivos para la formación de un Gobierno. Según Lucía Méndez, este cambio ha supuesto un balón de oxígeno para el Gobierno. Para Francisco Rosell, la solidificación del frente común entre ente Cs y el PSOE supone la cuadratura del círculo, pues Sánchez puede seguir con sus planes de legislatura con sus aliados independentistas, mientras sube a Cs al pescante del coche oficial. Nacido en Cataluña para combatir el nacionalismo, Cs no ha tenido inconveniente en sumarse a un heterogéneo cortejo presidencial en el que pululan los independentistas. El acercamiento al PSOE propugnado por Arrimadas implica reducir a la oposición a la impotencia, al permitir a Sánchez arrinconar al PP, presentándolo como un anejo a Vox, y utilizar a éste como señuelo para cohesionar y movilizar a los votantes de izquierda al grito de “¡que viene el lobo!”. Según “El Mundo”, la baza del partido naranja permite a Sánchez explorar alternativas en su táctica de geometría variable. Para Cs supone la profundización en su estrategia de posicionarse en el centro y mostrar la utilidad de sus diez escaños en la conformación de pactos transversales. Arrimadas y Bal no pueden llamarse a engaño a estas alturas respecto a Sánchez, que ha demostrado reiteradamente el nulo valor de su palabra. A nadie se le oculta que el Presidente pretende el aislamiento del PP a fin de caricaturizarlo con Vox y, para esa espúrea operación, Arrimadas no debería servir de compañera de viaje. El acercamiento a Sánchez es una operación arriesgada, no tanto por las buenas intenciones de Cs, como por disponerse a negociar con un personaje que ha demostrado no tener principios, ni respetar lealtad alguna. Como ha commentado Santiago Gozñales, con Sñanchez y su tropa no ha posibilidad de diálogo. Arrimadas debe ser prudente para evitar morir por el abrazo del oso socialista. ¿Merece la pena pagar ese precio para que la izquierda, monopolizadora de la superioridad moral, saque a Cs del “trifachito” y le conceda la vitola de partido democrático? Habrá que abrir un compás de espera para ver si la influencia benéfica de Cs induce al PSOE a distanciarse de Ps –lo que parece poco probable- y adoptar una política tendente a concertar pactos de Estado con los partidos constitucionalistas de la oposición. De no ser éste el caso, Cs habrá desempeñado el triste papel de “tonto útil” o de compañero de viaje del socialismo. ¿Quo vadis, Ciudadanos? Madrid, 17 de junio de 2020 .

Madrid, June 9th, 2020 Frau Ursula von der Leyen President of the European Commission EC-PRESIDENT-VDL@ec.europa.eu BRUSSELS/BELGIUM Dear Frau President, First of all, I want to thank the European Union and you personally, as President of the European Commission, for the generosity of the assistance to be provided to the EU member States more affected by the coronavirus pandemic. I am sending you a copy of the article “Intervenidnos, por favor”, published yesterday in the digital newspaper “Sevillainfo”, in which I beg the European institutions to intervene as much as possible to alleviate the disastrous situation of the Spanish economy, within the limits of non-interference in the political affairs of Spain. According to the latest foresights of the Banco de España, the Spanish GDP will fall this year up to 15% and public debt will reach 120%. What does the Spanish Government intend to do to face this economic pandemic? According to the Vice-president of the Government, the Marxist-populist, Pablo Iglesias, it will foster State intervention in the economy, nationalize industries, expand public expenditure, raise existing taxes and create new ones, intervene in the housing market, provide social and economic assistance without limit to those in need, abolish fully the 2012 labour reform…It is just the opposite to what Spain needs at the present time. Precisely, the labour reform was the last structural reform undertaken by any Spanish Government. The Government will try to use freely the important sums of money to be provided by the European institutions eluding any EU control, in order to take advantage of them to win favours and votes and increase its political clientele. As Commissioner Johannes Hahn has stated, States receiving the money from the Recovery Fund will have to comply with their duties and undertake the structural reforms recommended by the European Commission. I hope that the Commission will be firm with the Spanish Government and make it to comply duly with its obligation, if it wants to enjoy the financial manna coming from Brussels. I hope that the Commission will be up to its responsibility in order to help the Spanish people and prevent malpractices by their Government. Thank you very much for your kind cooperation. Mit besten Wünschen Dr. José Antonio de Yturriaga Ambassador of Spain

Intervenidnos, por favor

INTERVENIDNOS, POR FAVOR La situación económica de España tras la crisis causada por la pandemia del Covid-19 no puede ser más calamitosa. El pasado año, cuando la situación económica era aún de bonanza dado que España era el país con mayor grado de crecimiento en Europa, concluyó con un déficit de €36.160 millones -2.8% del PIB- el límite de gasto público pasó del 2.7% al 3.2% del PIB y la deuda pública ascendió al 65.9% del PIB, un 0.40% más de lo previsto. Para 2020, las previsiones son aún mucho más desastrosas. En el primer trimestre del año, el PIB ha caído un 5.2% y, para el segundo y sucesivos semestres la caída se disparará aún más. Para la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIREF), la caída alcanzará el 12%, para el Banco de España el 13% y para el Banco Central Europeo el 15%. Se prevé que el paro afectará a 6.500.000 personas. Las previsiones del Gobierno han quedado desfasadas, pues –según la AIREF- el déficit será €30.000 millones superior a los datos facilitados por el Gobierno a la Comisión Europea. La recaudación de impuestos será inferior a lo comunicado, pues –al disminuir las rentas de personas y empresas- se reducirá la actividad económica. Los gastos, por el contrario, crecerán de forma exponencial, debido especialmente a las subvenciones a los trabajadores y autónomos afectados por los ERTE y a la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según Manuel Lagares, el IMV es un instrumento imprescindible para evitar una catástrofe social, pero no debería tener carácter permanente -como pretende Pablo Iglesias-, sino coyuntural, y permanecer tan sólo mientras duren los efectos de la pandemia, por el peligro de que tenga efectos negativos sobre el empleo, si los beneficiarios se acostumbran al maná estatal, se despreocupan de encontrar trabajo y realizan labores en el ámbito de la economía sumergida, como ha ocurrido en Andalucía. Viene a cuento lo que me comentó una amiga sevillana cuando se interesó por cómo le iba al marido de su asistenta, y ésta le contestó que le iba muy bien porque “trabajaba” en el PER y, con la ayuda de alguna chapucilla y de su salario, se las apañaban la mar de bien. Sanchistas y podemitas quieren establecer una especie de PER nacional para ganar votos y voluntades, y establecer una red clientelar como la del PSOE en Andalucia o la antigua Convergencia pujolista en Cataluña. Para que los ingresos fiscales vía impuestos ordinarios o extraordinarios recuperen el nivel actual se necesitará, por lo menos, que transcurran dos años, mientras que los gastos siguen disparándose con la actitud demagógica y oportunista del Gobierno socio-marxista de expandir el gasto público para fomentar el clientelismo caciquil, por lo que no cabe más solución que reducirlos de forma drástica. De no ser así –como ha señalado Daniel Lacalle-, España seguirá endeudándose para poder hacer frente a las obligaciones de un Estado que no para de engordar. Endeudarse resulta fácil en los actuales momentos, pero la deuda no lo arregla todo porque nunca sale gratis. Según Josep Borrell, los costes de coma inducido que hemos tenido que aplicar al sistema económico para hacer frente a la pandemia del coronavirus han sido enormes y los Estados más afectados –como España- no pueden asumir por si solos Hcer frente a su endeudamiento. Para su financiación –estima Lagares- resulta indispensable la ayuda de la Comisión Europea y del BCE, que no dejarán de imponer a cambio sus condiciones de política económica. Para eso, la política fiscal del Gobierno deberá abordar una estricta y profunda remodelación del gasto público, que permita ahorrar muchas sumas que hoy se ocultan en tareas improductivas o en partidas de eficiencia dudosa, y otras que son meramente simbólicas, aunque significativas, como las producidas por una estructura gubernamental elefantiásica, pero el Gobierno no parece estar por la labor. Tanto la Comisión Europea como el BCE se han mostrado dispuestos a echar una mano solidaria para ayudar a sus socios más necesitados, pero habrá que ver si éstos se dejan ayudar. El Plan de la Comisión deberá ser aprobado por el Consejo Europeo, para lo que se requiere un voto unánime. Pese al numantinismo de los frugales halcones, cabe esperar que no impongan su criterio frente a las cuatro mayores economía de la UE, la Comisión y el BCE. Países Bajos se encuentra algo tocado por las acusaciones formuladas últimamente de ayuda a la evasión fiscal, en Austria, los europeístas verdes contrarrestan el euroescepticismo del partido conservador, Dinamarca ha dado muestras de su tradicional pactismo y Suecia ni siquiera es miembro del euro. Como ha observado Joaquín Almunia, aunque no sea exactamente en la forma presentada por la Comisión, al final se logrará un compromiso satisfactorio En Cuanto al BCE, no se ha visto afectado por el palo entre las ruedas introducido por la sentencia del Tribunal Constitucional alemán y Cristine Lagarde ha demostrado que no se había sentido concernida por ella. Siguiendo los hechos a las palabras, ha anunciado que el Banco va a ampliar con €600.000 millones el Programa de Compras de Emergencia para Pandemias y prorrogado las compras hasta 2021. Los pagos de capital de los valores adquiridos bajo dicho Plan se reinvertirán hasta finales de 2022. Como consecuencia de ello, la prima de riesgo ha bajado a 87 puntos en España, 169 en Grecia y 170 en Italia. Lagarde sigue el camino de Draghi de hacer desde el Banco todo lo que sea posible para salvaguardar el euro. Interventores A juicio de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, la escena política, social y económica se puede volver apocalíptica si no se produce una intervención financiera masiva que evite el resquebrajamiento definitivo de la UE, que volvió a las fronteras nacionales nada más llegar la pandemia. La Comisión ha aprendido la lección de la crisis financiera de 2008 y procurado soslayar los excesos estabilizadores impuestos a los Estados auxiliados y el abusivo control de la Troika y de los “hombres de negro”. Por primera vez en su historia, la Comisión ha propuesto que se ofrezcan ayudas con más bases en los subsidios que en los créditos. Para ello, ha sido esencial la flexibilización de la posición de Alemania, la hasta ahora gran sacerdotisa de la estabilidad financiera y el déficit cero. En las negociaciones previas, se ha reproducido el tradicional enfrentamiento norte-sur, en la que los frugales halcones –Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia-. que se siguen oponiendo a la mutualización de la deuda y a los subsidios y mantienen que sólo deben concederse préstamos, y los despilfarradores latinos –España, Francia. Grecia, Italia y Portugal-, que requieren una mayor solidaridad comunitaria y algún tipo de mutualización de la deuda provocada por el Covid-19. Angela Merkel se ha descolgado un tanto de los halcones y ha acordado con Emmanuel Macron una fórmula mixta, en la que se introducía un cierto grado de mutualización coyuntural. Como ha señalado Philippe Legrain –antiguo asesor de José Manuel Durao Barroso- la propuesta suponía un gran paso, porque implicaba dinero real, y no humo, que se obtendría con la emisión de cantidades significativas para proporcionar transferencias basadas en la necesidad. Tras la aprobación por parte del Consejo y del Parlamento Europeo de la creación de un Fondo de Recuperación y Resistencia, se encomendó a la Comisión la elaboración y presentación de una propuesta al respecto. La Comisión ha propuesto que el nuevo Fondo emita €750.000millones de deuda en nombre de la UE y con el respaldo de sus Estados miembros, para apoyar, vía transferencias presupuestarias y créditos a muy largo plazo, a los Estados más afectados por la pandemia. €55.000 millones serían en forma de subvenciones y 250.000 en forma de préstamos para financiar la recuperación nacional en forma proporcional a las consecuencias de la crisis. Esto constituye –a juicio de Borrell – un salto cualitativo en la organización de la solidaridad europea, ya que hasta ahora la ayuda se efectuaba únicamente dando créditos a los países o facilitando su acceso a los mercados financieros, lo que aumentaba su endeudamiento. La amortización de la deuda y el pago de los intereses se haría a través del presupuesto comunitario a muy largo plazo, con la contribución de los Estados miembros y con recursos propios de la Unión –tasa de carbono, derechos de emisión, tasa digital e impuestos a las grandes corporaciones-. Von der Leyen ha prresntado un presupuesto para el período 2021-20027 de €1.1 billones. La mayor parte de los recursos se dedicarán a un programa para apoyar las inversiones las y reformas necesarias para la recuperación económica, que estarán vinculadas a las prioridades de la UE, básicamente, la transición ecológica y la transformación digital. Esta emisión de deuda conjunta lanzaría un mensaje a los mercados de que los Estados miembros de la Unión están dispuestos a actuar unidos para “hacer frente a la mayor crisis de la historia de la UE y para defender a Europa como proyecto político”. Según Johannes Hahn, Comisario de Presupuesto, el Fondo es algo positivo que ofrece incentivos para construir una UE más resistente y oportunidades para que los Estados miembros aborden sus deficiencias y debilidades estructurales. Cada Gobierno deberá remitir un Plan Nacional de Recuperación y Resistencia que se base en las recomendaciones de la Comisión, la cual lo evaluará y dará su dictamen en un plazo máximo de 4 meses. La Comisión presentará un informe anual de seguimiento y, si las recomendaciones no se han respetado y las reformas sugeridas no han sido ejecutadas, los desembolsos futuros podrían verse condicionados. No se trata de forzar a ningún Estado a realizar reformas no deseadas o de exigirle que no derogue otras, pero el que pida ayuda deberá hacer sus deberes. Para el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, el Fondo no va de condicionalidad ni de intrusión, sino que se trata de que los Estados miembros se apropien de su propio crecimiento y tejido social, y que lo haga de forma coherente con las provisiones de la Comisión. Los Estados beneficiarios deberían elaborar un diseño que pueda ser aceptado por todos los socios de la UE y no se realizarían transferencias para financiar comportamientos oportunistas, sino para que se hiciera buen uso de ellos. El Fondo adquiriría deuda pública de los Estados a cambio de fijar condiciones de reformas que potencien la lucha contra el déficit y la competitividad de la economía. Según la Comisión, el fuerte crecimiento de los Estados intervenidos –como Italia, Irlanda, Grecia e incluso España- tuvieron un mayor crecimiento tras la crisis de 2008, como consecuencia de la ejecución de programas de reformas estructurales que permitieron corregir sus desequilibrios económicos. Según un informe del Servicio de Estudios del Banco de España, dirigido por Óscar Arce, resulta lógica una condicionalidad en el uso de los recursos ligada a los propios objetivos de la estrategia de recuperación, con especial énfasis en la potenciación de las palancas de crecimiento, una de las cuales es la flexibilidad laboral. Es razonable que la UE reclame un cambio de paradigma hacia un mayor compartimiento de los recursos fiscales de la Unión, lo que requiere un alto grado de responsabilidad fiscal y un compromiso con la estabilidad macroeconómica a escala nacional. Esto pasa por avanzar en una agenda ambiciosa de reformas estructurales que permita retomar la senda de la convergencia real con las economías más desarrolladas de la Unión. Intervenidos El intervenido es obviamente el Gobierno español. El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido en el Congreso sobre la profunda y extrema gravedad de la crisis y la imperativa necesidad de desarrollar plenamente la fase de consolidación fiscal y de reformas estructurales, lo que requeriría un acuerdo político a lo largo de varias legislaturas. La Presidenta de las AIREF, Cristina Herrero, ha señalado que es tal la magnitud del problema al que hay que enfrentarse, que es precisa una hoja de ruta que goce del máximo consenso político. Dando muestra de la insensibilidad del Gobierno antes estas pertinentes admoniciones, 48 horas después, el PSOE y Podemos firmaban con Bildu, a espaldas del propio Gobierno, un vergonzoso acuerdo por el que se comprometían a derogar la reforma laboral en su integridad, lo que provocó los comentarios críticos de la Vicepresidenta responsable de la Economía, Nadia Calviño y la retirada de la CEOE de la mesa de diálogo social. La reforma laboral de 20l2 fue precisamente la última reforma estructural emprendida por un Gobierno. El Vicepresidente Pablo Iglesias, ideólogo del bi-Gobierno de Pedro Sánchez, ha mostrado sus poderes al sabotear la Comisión de Recuperación Nacional, en la que acusó al PP de la muerte de Manolete, afirmó que Vox pretendía dar un golpe de Estado pero no se atrevía y expuso su receta sobre la forma cómo el Gobierno debería superar la crisis económica: Un plan de nacionalizaciones para garantizar el auto-abastecimiento en caso de que se produjera una nueva pandemia, intervención del mercado de la vivienda, subida de impuestos e introducción de un gravamen a las grandes fortunas y una tasa de reestructuración, expansión del gasto con grandes inversiones públicas, una mayor intervención del Estado en la economía, contrarreforma laboral para reconstruir los derechos de los trabajadores…En definitiva, un conjunto de medidas que es justo lo contrario de lo que necesita España en estos momentos y de lo que recomendará sin duda la UE para facilitar su ayuda económica. El Ministro de Transportes, José Luía Ábalos, no ha ido a la zaga, al afirmar que el Gobierno intervendrá en la economía sin contemplaciones en lo que fuera preciso, “pues no hay lugar para las ortodoxias idelógicas” (¿?). La crisis exigía que los Gobiernos asumieran un papel más activo en la economía. El Gobierno ha hecho gala de su ineficacia en casos como el cierre de Nissam o la recuperación del turismo. Tras reunirse en Davos con los máximos dirigentes de la empresa japonesa, Sánchez manifestó que el empleo en la planta de la Zona Franca de Barcelona estaba asegurado y se durmió en los laureles. Ahora, la empresa ha manifestado que no había futuro posible y ha salido de España, y optado por mantener su factoría en Gran Bretaña a pesar del Brexit. A ello han contribuido la inestabilidad política y la incertidumbre jurídica en Cataluña, la obsesión de Joaquín Torra en centrar toda la actividad de la Generalitat en el logro de la independencia y las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y de su concejal de Ecología, Janet Sanz, de que “ahora o nunca se debe reconvertir el sector del automóvil y evitar que se reactive”, y se reduzca la contaminación en la ciudad . Sus deseos se han visto cumplidos y Nissam ha reconvertido el sector marchándose de Barcelona. El turismo es el sector más importante de la economía española, que supone el 12% del PIB y aporta el 15% del empleo. Sin embargo, para el Ministro-Director General de Consumo, Alfonso Garzón –criado en Rincón de la Victoria, un municipio malagueño que depende casi al 100% del turismo-, éste apenas aporta valor añadido y sólo crea empleo precario. Para añadir obstáculos a su urgente recuperación, ha amenazado a las aerolíneas –absolutamente hundidas como consecuencia de la interrupción del transporte aéreo- con severas sanciones si no devuelven de inmediato el importe de los billetes a sus clientes por la anulación de los vuelos. A la labor de zapa de esta lumbrera -con dudas existenciales sobre por qué es comunista estalinista-, se ha unido el propio Sánchez, que –pese a las reservas de la Ministra del ramo, Reyes Maroto- estableció una cuarentena de dos semanas a las personas que lleguen a España del extranjero y se ha negado a abrir las fronteras al turismo hasta el 1º de julio, cuando la inmensa mayoría de socios de la UE van a hacerlo el 15 de junio y algunos, como Italia, ya lo han hecho. Alemania ha excluido a España en las recomendaciones a sus nacionales sobre vacaciones en el extranjero. Este incomprensible lapso de 15 días supone un regalo a nuestros competidores, que están dando toda suerte de facilidades para atraer al incipiente y disputado turismo internacional. Ello parece deberse al cumplimiento del principal objetivo de Sánchez, la imagen y la propaganda -¿tú quoque, Iván Redondo?-. El Gobierno pretende encubrir su incompetencia en el tratamiento de la crisis sanitaria, atribuyéndola a la exposición de España al turismo –el primer infestado fue un turista alemán en Canarias- y, como muestra de preocupación por el bienestar de los españoles, mantiene la cuarentena el tiempo que sea necesario. La Ministra del trabajo, Yolanda Díaz, está determinada a llevar a infeliz término la derogación de la reforma laboral y a librarnos de las garras del capitalismo explotador, denigrando a los empresarios... Podríamos seguir pasando revista a los componentes del nutrido Gabinete, pero no merece la pena. Como ha observado Emilia Landaluce, el Ministro de Consumo no quiere que se consuma, la Ministra de Igualdad no quiere que seamos iguales y la Ministro de Trabajo nos va a mandar a todos al paro. Ante esta perspectiva, ¿qué insensato va a invertir un euro en España? No sólo no van a arriesgar su dinero en nuestro país, sino que algunos están retirando sus inversiones, como en los casos de Nissam y Alcoa, y posiblemente con las empresas automotoras francesas. Imperativa necesidad de que la UE intervenga a España ¿Quíen va a asumir el coste de los gastos de recuperación de la moribunda economía española? La UE se ha ofrecido generosamente a hacerlo. En la tómbola de las ayudas comunitarias del Fondo de Recuperación, la Comisión Europea ha reservado a España €140.000 millones, 77.000 en subsidios y 63.000 en préstamos a largo plazo y bajo interés. Como ha señalado Luis Garicano, los populistas aspiran a retirar estas sumas sin restricciones, como si se tratara de un cajero automático, y utilizarlas a su antojo, pero no será así porque el Gobierno tendrá que presentar un Plan de Recuperación que contenga propuestas sobre reformas estructurales. Según el eurodiputado de Ciudadanos, estas reformas deberían cubrir priotitariamente los siguientes ámbitos: 1) Empleo: Acelerar la robotización de los trabajos rutinarios y formar a los trabajadores en el uso de las tecnologías informáticas; 2) Educación: Educar a las nuevas generaciones en las técnicas de la digitalización y en el manejo de la informática; 3) Reforma de la Administración Pública, especialmente de la Justicia, para digitalizar su funcionamiento y permitir el teletrabajo desde casa; 4) Sanidad: Invertir lo suficiente para evitar que el sistema sanitario vuelva a colapsarse en caso de una nueva pandemia, aumentando la capacidad de los hospitales y de las UCI; 5) Cambio climático: Modernizar el tejido industrial y fomentar las industrias “environment-friendy”, modernizar la construcción, rehabilitar las viviendas y desarrollar un turismo seguro y sostenible. Con su asistencia, la UE ofrece una magnífica oportunidad para hacer las reformas necesarias para que funcionen adecuadamente la Administración y la economía. Se debe impulsar la confianza de los españoles en sí mismos y la de los Estados y los inversores internacionales en España. Como reza el aforismo anglosajón, “there is no free lunch” y debemos estar dispuestos a pagar el coste del almuerzo. Como ha señalado el Comisario Hahn, no se trata de una imposición, sino de un diálogo, pero ha lanzado el aviso a navegantes de que las disposición fe fondos podría verse afectada en caso de que no se respetaran las condiciones y no se ejecutaran las reformas. Si, pero no; no pero sí. Dialoguemos, pues, y cumplamos los compromisos asumidos. ¿Van a aceptar Iglesias y sus podemitas las condiciones impuestas por las instituciones europeas? ¿Es posible que alguien dome al “burro de Troya” y lo convierta en un disciplinado alazán de la Escuela Española de Equitación de Viena? Confiemos que el Gobierno no tenga más remedio que aceptar las condiciones comunitarias y que la eurócrata Calviño –a la que, parafraseando a Pedro Almodóvar, cabría preguntarle ¿que hace una chica como tú en un Gobierno como éste?- justifique su presencia en el Gabinete y actúe como agente de “liaison” con dichas instituciones. Durante la crisis de 2008, el Gobierno de España y la sociedad española trató por todos los medios de evitar el oprobioso rescate de la troika del Eurogrupo, del BCE y del FMI, y el control de los siniestros “hombres de negro”, pero ahora las circunstancias han cambiado dramáticamente, por lo que estamos dispuestos a darles la bienvenida, siempre que dejen el frac en casa y vengan con una sonrisa de circunstancias en los labios. Por eso, aspiramos a que la UE nos intervenga de la forma más amplia posible. Bruselas, “mon amour”, Francfort, “meine liebe”, ¡intervenirnos, por favor! Madrid, 7 de junio de 2020