Al caos sanitario y político se suma el caos jurídico

AL CAOS SANITARIO Y POLÍTICO, SE SUMA EL CAOS JURÍDICO Al caos humanitario y políticos en que hemos estado viviendo estas últimas semanas por el Covid-19, se ha sumado el caos jurídico provocado por la injerencia del Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el proceso iniciado por el Juzgado de Instrucción no 51 de Madrid contra el Delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, por su autorización de la manifestación masiva feminista del 8-M. Caos sanitario El dúo dinámico formado por el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y su portavoz, Fernando Simón, sigue alentando la ceremonia de la confusión en relación con la contabilidad de las victimas de la pandemia y con los planes de desescalada y sus distintas fases. Respecto al recuento de fallecidos, el Ministerio ha cambiado por octava vez la forma de presentar los datos. Según Simón, se trata de una nueva propuesta con la que se busca ser más precisos, hacer limpia de datos y evitar duplicidades. Los ajustes van a continuar en los próximos días “porque todavía restan cientos que hay que ubicar en la serie y algunos se retirarán al no haberse confirmado el diagnóstico…No son valores fáciles de estimar ni tampoco válidos por sí mismos” (¿?) Sigue, pues, la danza macabra de la muerte, en la que un día desaparecen 1.918 fallecidos y al día siguiente reaparecen 287. Lo mismo ocurre con la información sobre los contagios y las hospitalizaciones. Un domingo se contabilizan 235.772 infectados y 124.845 hospitalizados y el lunes 235.400 y 122.349 respectivamente. Los fallecidos se cifran un día en 28.752 y el siguiente en 26.834, y la OMS los sitúa en 29.036. y ninguna de estas cifras son veraces. El Ministerio de Justicia ha sido incapaz de establecer el número de víctimas mortales del Covid-19 con los datos facilitados por los Registros Civiles. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las dos Castillas lo han averiguado por su cuenta y hallado que las cifras duplican a las facilitadas por Sanidad. Seguimos sin saber a qué atenernos. El inefable Simón ha afirmado que el hecho de que los datos de los Registros Civiles se hayan disparado en relación con la mortalidad no se podía achacar directamente al coronavirus y ha ligado el incremento a causas indirectas (¿?). Según el sistema de Monitorización de la Mortalidad de Instituto Carlos III, se pasó en 24 horas de 30.000 a 43.034 fallecidos en su cálculo de exceso de mortalidad desde que comenzó la crisis. Se estimaba que se iban a producir 77.817 bajas y se han contabilizado 120.851, un 67.8% más de lo previsto. Unas cifras bien reales se pueden deducir de los datos de la Seguridad Social sobre las pensiones. Por primera vez e n la Historia, se ha producido una caída del 0.27%, y se ha reducido en algo más de 45.000 personas el número de pensionistas. En marzo-abril se han iniciado 35.512 expedientes de jubilación frente a los 49.728 incoados un año antes y la reducción en el número de prestaciones es mayor en las Comunidades más afectadas por el virus. Las pérdidas de vidas humanas ha sido de especial gravedad en las residencias de ancianos, sonde se han producido auténticas masacres, llegándose en alguna de ellas a un 100% de víctimas mortales. Esto no es más que el aperitivo para el plato fuerte que nos prepara el Gobierno bipartito progresista con la Ley sobre la Eutanasia, uno de cuyos objetivos parece ser el de sanear las cuentas de la Seguridad Social a base de liquidar a improductivos ancianos, que son una carga para el Estado. Los viejos somos sujetos de riesgo no sólo por el coronavirus, sino también por las ansias eutanásicas del Gobierno. ¿Hay alguien -aparte del virus- que sea responsable de estas considerables pérdidas de vidas humanas? El 14 de marzo, el Ministro Illa dijo que el tema de las residencias de mayores pasaba a la competencia del Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, pero, el interesado –que dedica más tiempo en entrometerse en competencias ajenas que en ocuparse de las propias- se ha quitado el marrón de encima diciendo que el tema era competencia de las Comunidades Autónomas. En sus declaraciones ante la Comisión de Reconstrucción, Iglesias ha tenido la desfachatez de acusar de las muertes al PP, debido a los importantes recortes realizados en la Sanidad Pública por los Gobiernos de Mariano Rajoy. Más fino aún, el socialista Rafael Simancas ha echado la culpa de la mortalidad en España en general a Madrid, por el mero hecho de existir. Respecto a los planes de desescalada, el Ministerio de Sanidad se había negado a hacer públicos los nombres de los supuestos expertos científicos que decidían sobre el tránsito de una fase a otra y de los criterios justificativos para ello. Tras la presentación por parte de la Comunidad de Madrid de un recurso ante el Tribunal Supremo por la negativa del Ministerio, en dos ocasiones, a que la región de Madrid pasase a la fase 1, el Ministerio ha publicado los informes en cuestión. Sólo el segundo informe negativo sobre Madrid llevaba firma electrónica, colocada con posterioridad a la comunicación negativa. Los distintos informes han puesto de manifiesto la ausencia de criterios científicos y técnicos objetivos para decidir los cambios de fase y que los criterios aplicados eran de carácter político, produciéndose numerosos agravios comparativos. Como ha señalado el diario “El Mundo” en su editorial de hoy, el baile de cifras de contagios y muertes que cada día ofrece Simón –al que califica de “Tezanos de la epidiemología”-no es admisible. Sus sucesivos cambios de metodología, su inacapacidad para hacer valer el mando único en la definición de un criterio unívoco de contabilidad con las Comunidades Autonómicas, la ruptura de la serie estadística que impide valorar con rigor la evolución de la pandemia son muestra de una irritante negligencia. Sobre su pésima gestión pesa no sólop la crítica de otros científicos, sino indicios de delito por imprudencia. “Simón está al servicio de una estrategia premeditada de ocultación para escamotear a los españoles la verdadera dimensión de la pandemia”. Caos político Pablo Sánchez padeció sudores de sangre para sacar adelante la quita prórroga del estado de alarma debido a la oposición de JxC, ERC, PP y otros partidos menores. Jugó a dos bandas y consiguió el apoyo del PNV y de Ciudadanos, a cambio de una serie de concesiones, y la abstención de Bildu –que no necesitaba-, haciéndole considerables contraprestaciones. PSOE, Podemos y Bildu firmaron un acuerdo, que mantuvieron secreto hasta después de la votación en la que se decidió la prolongación. El PSOE y Ps se comprometían a derogar de forma íntegra la reforma laboral de 2012 antes de la finalización del estado de alarma. Esto produjo un “shock” en el seno del Gobierno, que no había sido informado del pacto alcanzado. La Vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, afirmó que derogación era “absurda y contraproducente“ y obligó a Sánchez a modificar su compromiso al respecto. El ^PSOE sacó a última hora de la noche un comunicado por el que corregía la redacción del texto y se incluía el lenguaje adoptado en el acuerdo de Gobierno. Se señaló que se derogarían los puntos de la reforma más lesivos para los trabajadores, incluida derogación del despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, algo que el Gobierno ya había realizado. La portavoz de Bildu, Metxe Aizpurúa, afirmó que el acuerdo seguía vigente y de igual forma se expresó Iglesias, que recurrió al aforismo “pacta sunt servanda”. La CEOE recibió muy mal el pacto, tras los acuerdos con los Sindicatos sobre los ERTE en la mesa de diálogo social, y anunció su retirada de dicha mesa. PSOE y Podemoss se comprometían asimismo a que “la capacidad de endeudamiento del País Vasco y de Navarra se establecerían exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras”, por lo que –al gozar de un régimen fiscal propio-, tendrían más capacidad para endeudarse- Se daba a las corporaciones locales, forales, y autonómicas mayor capacidad de gasto en las políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales de la crisis. Esta concesión provocó la crítica de los Presidentes de las demás Comunidades, que exigieron gozar de estos mismos beneficios. Por último, las dos formaciones darían cuenta al Grupo Parlamentario de Bildu de los avances en el desarrollo y grado de implementación de los acuerdos alcanzados. El pacto era grave no tanto por lo que establecía, sino por el hecho de que, con su firma, se blanqueaba abiertamente a un partido heredero de Batasuna/ETA que hasta entonces había sido mantenido en cuarentena. No era la primera vez que el PSOE pactaba con Bildu, que apoyó la investidura de Sánchez, los decretos-leyes abusivos y la candidatura de María Chivite a la presidencia de Navarra, a la que además aprobaron sus presupuestos. Pero hasta entonces, lo había hecho de forma vergonzante y negándolo -como Pedro al Señor- y mantuviera hipócritamente que nunca pactaría con los filoetarras. Ahora ya se le han quitado los remilgos y respalda abiertamente el blanqueo de Bildu. Arnaldo Otegui, no podía ocultar su satisfacción mientras exhibía ante las cámara el acuerdo que suponía su carta patente. Ante las dificultades que había encontrado para conseguir la quinta prórroga, Sánchez se planteó la posibilidad de renunciar a una sexta ampliación y Carmen Calvo habló de la posibilidad de un Plan B, consistente en fortalecer las normas vigentes en materia de sanidad y de seguridad. Sin embargo, ha anunciado finalmente que el Gobierno solicitará una última prórroga hasta el final de la desescalada. Sánchez tratará de aplicar su plan de simetrías variable s. Cs no parece haberse resentido de la faena que le hizo el presidente ocultándole el infame Pacto con Bildu y, aunque su portavoz, Edmundo Bal, le haya advertido de que no lo cuente como un socio, se abrió a la componenda, al ser un partido de Estado que buscaba el interés general de los españoles. No sé si eso debido a una postura consciente de nuevo equipo de Cs o a la condición de político primerizo de Bal, el partido se muestra abierto a apoyar una sexta prórroga en su obsesión por demostrar que es un partido “de centro-centro”, que deriva a babor o estribor según sople el viento. Pone como condiciones que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos y que negocie los cambios legislativos necesarios para culminar la desescalada. Bien barato se lo pone. Sánchez no está interesado en tornarse hacia el centro y sólo recurre a Cs cuando es incapaz de restaurar la unidad del Gobierno Frankenstein. De momento, después de haber flirteado con Bildu y pagado la correspondiente tarifa, le está tirando los tejos a ERC, que se deja querer y prestaría gustosa sus servicios amorosos, si no fuera por el chulo de JxC que la vigila de cerca. Por otra parte, para asegurarse el voto, siempre desinteresado del PNV, ha transferido al Gobiernos vasco las funciones y servicios que corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de Ingreso Mínimo Vital. Andoni Ortúzar lo ha considerado un primer paso y ha expresado la disposición del PNV a poyar la prórroga si el Gobierno permite al Gobierno vasco el ejercicio del 100% de sus competencias. Mientras tanto, el pirómano Iglesias juega su papel de bombero voluntario, acusa al PP de pasarse a la ultraderecha y a Vox de querer dar un golpe de Estado, aaunque no se atreva, y se erige en defensor de la Constitución y la democracia, cuando su sana intención es sabotearla desde el seno del Gobierno. El calificativo de “burro de Troya” que le ha endilgado Cayetana Álvarez de Toledo, quien no ha podido reprimir sus impulsos ante la continua provocación de Iglesias de lanzarle el dardo de Marquesa a modo de insulto. Creo que, aunque goce de atenuantes, Cayetana se equivocó al dejarse enredar en el toreo de salón del diestro “Coletas”, pues distrajo la atención de la plaza cuando Fernando Grande-Marlaska estaba a punto de recibir la puntilla. No es mi intención hacer juicio alguno sobre la conducta de Ibáñez Sr., pero –si como ha reconocido su hijo- militó en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, fue miembro de una organización terrorista. Yo mismo fui víctima y testigo de los ataques de comandos del FRAP y de los colegas del “Hombre de Paz” Otegui –otro de los aliados de Sanchezstein- contra la Embajada de España en Lisboa y la residencia de su Embajador, que fue casi derruida. A mí me tocó regresar a Portugal para recuperar lo que quedó de la quema y guardo aun en mi poder filminas en las que se pueden ver las paredes del Palacio de Palhavá ensuciadas con el anagrama del FRAP. Tras dos meses y medio de confinamiento y miles de muertos, Sánchez ha considerado que ya era hora de hacer un gesto hacia las víctimas del virus y de la incompetencia de su Gobierno y, eso sí, más rumboso que nadie, ha decretado diez días de luto nacional, la cifra más elevada en la democracia española y probablemente en las del resto del mundo. Las banderas ondearán a media asta, salvo en una determinada zona de Galapagar en la que, por exigencias del Vicepresidente, no puede haber ninguna bandera que comporte una ideología y, en su docta opinión, la rojigualda la tiene. Quizás actuaría de forma distinta si se tratara de la tricolor, que además cuenta con una franja del color de su partido/a. Por cierto, se ha encontrado recientemente una carta del General Vicente Rojo, Jefe del Estado Mayor del Ejército de la II República, en la que critica acerbamente al Gobierno republicanos por haber cambiado indebidamente la bandera rojigualda por la tricolor, al no tratarse de una enseña real, sino de la bandera nacional, creada en 1785 y aceptada en las Cortes de Cádiz. Caos jurídico Aunque los caos sanitario y políticos sean serios, han quedado eclipsados por el caos jurídico provocado por Marlaska, un juez otrora modelo para mayor inri. Todo parte de la celebración el 8 de marzo de una serie manifestaciones feministas multitudinarias en toda España, cuando hacía meses que se había conocido la implosión en China de la pandemia del coronavirus, se había extendido a Italia con gravísimas consecuencias y empezaban a sentirse sus efectos a nuestro país. Una persona presentó una querella contra el Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber incurrido en el delito de prevaricación, al haber autorizado la celebración de la citada manifestación, que puso en peligro la salud y la vida de muchos españoles- La titular de del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, admitió a trámite la querella y pidió a la Guardia Civil del destacamento de Tres Cantos, erigida en Policía Judicial, que investigara la actuación del Delegado. Los agentes elaboraron un informe en el que estimaban que había sobrados indicios de que la actuación de Franco pudiera ser constitutiva de delito. En consecuencia, la juez instructora abrió un procedimiento penal y ha citado a Franco a que comparezca ante el Juzgado en concepto de investigado. Como ha manifestado al Vicepresidenta 1ª, Carmen Calvo, el 7 de enero tuvo noticias “nada preocupantes” de lo que estaba ocurriendo en Wuhan e informó de ello a las Comunidades Autónomas para que se prepararan. Poco después se creó un Comité de Seguimiento en continuo contacto con las Comunidades, que temía transferidas las competencias en materia de sanidad. El 30 de este mes, la Organización Mundial de la Salud avisó de que era muy probable que se llegara a una situación de emergencia. Según ha reconocido el Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, desde el 2 de febrero, técnicos de su Departamento habían celebrado reuniones con científicos para analizar la situación. El día 4, la OMS anunció ya que se estaba en una situación de emergencia sanitaria y el Gobierno creó una Comisión Interministerial para hacer frente a la epidemia. El Ministerio de Ciencia propuso la adopción de una serie de medidas preventivas, pero -aunque el gobierno era consciente de la peligrosidad de la situación, el Gobierno no quiso tomar ninguna medida restrictiva para hacer frente a la pandemia, condicionado por las macro-manifestaciones convocadas en toda España para el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer y, hasta el día 14, no declaró el estado de alarma con el apoyo de casi todos los partidos políticos. El 3 de marzo, la Secretaría General de Sanidad elaboró un informe sobre “Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19”, que fue remitido a los Consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas. En él se recomendaba que los eventos de categoría de competición profesional en los que se esperara una alta presencia de aficionados se desarrollaran a puerta cerrada y sin público, y que las competiciones que no fueran profesionales se aplazasen o suspendiesen. Asimismo se instaba a las Comunidades Autónomas a que no organizasen en esos días congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de los profesionales sanitarios con el objeto de garantizar la disponibilidad de este colectivo y evitar que pudieran actuar como transmisores de la enfermedad. Como señaló el Ministro Illa en rueda de prensa, tales decisiones eran un paso más para evitar concentraciones de contingentes importantes de personas que procedieran de zonas de riesgo, que pudieran contribuir a la expansión del virus. El día 5, Illa y Simón se reunieron con los dirigentes de la Iglesia Evangélica en España para disuadirles de que celebraran en Madrid una Asamblea Internacional de su Iglesia por el riesgo del coronavirus. Simón les explicó la grave crisis sanitaria que atravesaba España –donde ya se conocían 22 casos de contagio- por lo que de ninguna manera podía celebrarse la Asamblea por los riesgos que provocarían la movilidad de los participantes y las concentraciones que se producirían, y la reunión no llegó a celebrarse. El día 6, la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio, emitió un comunicado en el que manifestaba que “los eventos multitudinarios de cualquier tipo con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado la transmisión del virus SARS-Cov-2 se consideran eventos de riesgo para la transmisión de este patógeno, y suponen un riesgo para la salud de la población”. Aparicio recomendaba el aplazamiento o suspensión de tales eventos hasta que se hubiera verificado por la autoridad sanitaria el control de la transmisión de la enfermedad y del riesgo asociado. Pese a todas estas razonables advertencias, el día 7, el Ministerio de Sanidad autorizó la celebración de las manifestaciones masivas convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Parece ser que Duque recomendó que no se celebraran, pero Sánchez no le hizo caso. Simón quitó importancia a las posibles consecuencias de las concentraciones en las manifestaciones y afirmó que no tendría inconveniente en que su hijo participara en ellas. El Gobierno no sólo no prohibió las macro-manifestaciones del 8-M, sino que alentó a la población a qué participase en ellas y estuvo representado al más alto nivel, pues –como pontificó la Vicepresidenta Calvo con premonitoria lucidez- las mujeres tenían que asistir porque en ello les iba la vida. Bueno, que se conozca, de las personalidades que encabezaban la manifestación, sólo resultaron infectadas por el virus machista la propia Calvo, las Ministras de Igualdad y de Administración Territorial, y la esposa y la madre del Presidente del Gobierno. Por mucho que en las pancartas que enarbolaban las alegres comadres de Madrid se dijera que el patriarcado mataba más que el virus, no parece que en siglos de Historia el machismo heterosexual haya matado tantos miles de españoles como el corona virus en dos meses y medio. Incluso después de su lamentable celebración, el gurú sanitario del Gobierno afirmó que, si las manifestaciones del 8-M habían tenido algún efecto sobre la evolución de la pandemia, había sido marginal. Al mismo tiempo –y contradiciéndose a sí mismo- había advertido que una pequeña fiesta familiar podría causar una onda epidémica nacional. Como le ha contestado en twitter una persona bajo las siglas @janogarcia, fiestas con 30 personas podían producir efectos desastrosos, pero concentraciones de 100.000 manifestantes no, porque las fiestas feministas no producían contagios. Para saber lo realmente ocurrido en esos días de primeros de marzo, la juez Rodríguez-Medel ordenó a unos guardias civiles en funciones de Policía Judicial que examinaran la actuación del Delegado del Gobierno. Entre otras cosas, les pidió que investigaran el recorrido que había tenido las actuaciones del Ministerio de Sanidad, como el documento sobre “Reconocimiento de medidas”, el comunicado de la Directora General de Salud Pública o las decisiones de Simón, así como sobre quiénes habían decidido suspender una serie de eventos multitudinarios de diverso tipo. Los agentes presentaron a la juez un informe en el que se indicaba que había indicios incriminatorios sobre el proceder de Franco en los días de marras. Este informe secreto ha sido filtrado a los medios de comunicación y es de dominio público, pero –antes de ello- el Ministro del Interior y la Directora General de la Guardia Civil quisieron conocer su contenido, pues –como reconoció cándidamente María Gámez -que por ser neófita en las lides políticas no tiene aún el colmillo suficientemente retorcido- se trataba de una información delicada para el Gobierno y había que conocer lo que los agentes habían comunicado a la juez instructora. En consecuencia, el general Berrocal, el Jefe del Mando de Operaciones, Fernando Santafé y la Directora General pidieron al Coronel Javier Pérez de los Cobos, Comandante de la Comunidad de Madrid y jefe de los agentes autores del informe que les revelara su contenido. El Coronel les contestó que no lo conocía y que, aunque lo conociera- no se los podría revelar sin la autorización de la juez instructora. La fundada negativa de Pérez de los Cobos irritó sobremanera al Ministro, que -olvidando que había sido juez antes que fraile- decidió la su fulminante destitución. Gámez le informó por teléfono de su destitución por no haber informado a sus superiores sobre el informe. Marlaska atribuyó en un primer momento el cese a la “pérdida de confianza”, pero, más tarde, lo calificó de decisión rutinaria de cambios de puestos, que había sido decidida con anterioridad al incidente. La autoritaria e injustificada decisión de Marlaska ha sido criticada por las asociaciones judiciales y profesionales de la Guardia Civil y por los partidos políticos y medios de comunicación no “apesebrados”. La Asociación pro Guardia Civil ha afirmado que Pérez de los Cobos había sido cesado por cumplir las órdenes de la juez, y la distintas Asociaciones Profesionales han exigido explicaciones urgentes al Ministro de Interior. Los números 2 y 3 de la Benemérita, los tenientes generales Laurentino Ceña y Fernado Santafé, han dimitido por desacuerdo con la decisión del Ministro. La Asociación Profesional de la Magistratura ha señalado que Marlaska ha podido infringir hasta ocho disposiciones de la Constitución, de la Ley de Fuerzas y Seguridad del Estado y el Real Decreto que regula la Policía Judicial. El artículo 126 de la Constitución establece que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Los agentes de la Policía Judicial dependerán orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de la autoridad judicial que esté conociendo del asunto objeto de la investigación. Se atendrán a las órdenes y directrices que hubieren recibido, sin que las instrucciones de carácter técnico de sus superiores jerárquicos puedan contradecirlas, e informarán del resultado de sus investigaciones a la autoridad judicial. Deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultados de su investigación y no podrán ser removidos de sus puestos ni apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado hasta que finalice la misma o la juez competente adopte una decisión al respecto. La Asociación ha solicitado a Marlaska que restituya en el mando a Pérez de los Cobos hasta que finalice la instrucción del caso investigado. Según la Asociación Francisco de Vitoria ha habido un intento de del Gobierno de obtener información sobre un informe de la Policía Judicial, y la Asociación de Fiscales ha hablado de intromisión ilegítima del poder ejecutivo en el judicial. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha acusado a Marlaska de desviación de poder al destituir a Pérez de los Cobos por no haber revelado al Gobierno datos averiguados por la Policía Judicial en una investigación criminal. Los partidos de la oposición exigieron la comparecencia del Ministro del Interior en el Congreso para que explicara su decisión y Marlaska fue asaeteado por las críticas de muchos diputados, que lo dejaron K.O. Especialmente incisivas fueron las preguntas acusadoras de la diputada de Vox, Macarena Olona, que le recordó que, en sus tiempos de juez de la Audiencia Nacional, había ordenado a los agentes de la Policía Judicial que investigaban el “Caso Faisán” que sólo le informaran a él del resultado de sus investigaciones y no a sus superiores. Olona anunció que Vox presentaría una querella contra la Directora General de la Guardia Civil y contra el Secretario de Estado de Seguridad, y aseguró al Ministro que caería con la caída de sus subordinados, y pidió su dimisión. Voz ha presentado una proposición no de ley para pedir la reprobación de Marlaska por el Congreso y que el Gobierno lo destituya. Marlaska, hundido en la miseria, mintió como un bellaco, balbuceó explicaciones confusas y poco convincentes, y no contestó a ninguna de las preguntas concretas que se le formularon.. Como ha comentado Jorge Bustos, nunca nadie mintió tanto, ni se defendió tan mal, ni dio tanta pena por comparación de la imagen de juez íntegro que le devolvía el espejo, antes de venderse a un aventurero sin honor por unos años de cartera. Si aún le quedara un resto de dignidad y de autoestima, ya debería haber presentado su dimisión y, si no lo hace y el Presidente no lo destituye, el problema de Marlaska –como ha dicho Pedro J. Ramírez- se convertirá en el problema de Sánchez. La destitución de Pérez de los Cobos ha sido acogida con regocijo por los independentistas catalanes, que le habían cogido la matrícula por su actuación durante los disturbios del 1-0 y por su impecable declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio contra sus responsables. Gabriel Rufían comentó que no debía ser destituido, sino juzgado por su actuación, Jaume Asens que debería ser Pérez de los Cobos y no Trapero el que estuviera esperando sentencia, y la ANC que, en un país plenamente democrático, debería haber sido juzgado por la represión ejercida sobre el pueblo de Cataluña. Los medios de comunicación afines al Gobierno –como “El País”-, se han lanzado en tromba para tratar de desprestigiar el informe de la Policía Judicial con titulares como “El informe de la Guardia Civil está plagado de errores. Omite datos importantes y fechas claves. Se hace eco de noticias falsas” o “el informe contiene especulaciones y medias verdades”. Pero, lo especialmente grave, ha sido el lanzamiento de la Abogacía del Estado por el Gobierno contra la juez Rodríguez-Medel al presentar un recurso contra su auto de procesamiento, con unas malas formas que no son de recibo. Rosa María Seoane se ha ofrecido de nuevo para realizar la labor sórdida de zapa, al acusar a la juez de iniciar un proceso penal sin tener indicios, sobre la base de sospechas e hipótesis, y de abrir una causa general y prospectiva contra el Gobierno. Ha afirmado que era notorio que, hasta el 14 de marzo, no había resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria que limitara las concentraciones de personas y de que, de los hechos denunciados, no se desprendía ninguno de los elementos constitutivos de los delitos de prevaricación o de lesiones imprudentes. Tanto Seoane, como su jefa, Consuelo Castro, deberían haber seguido el ejemplo de los altos mandos de la Guardia Civil -que han presentado dignamente su dimisión- y no ensuciarse las manos como abogadas, no del Estado, sino de un Gobierno difícilmente defendible. La Asociación contra la Gestión del Coronavirus ha ampliado la acusación a Franco por un delito contra las libertades, y pedido a la juez instructora que investigue a Fernando Simón por los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, por haber cometido una flagrante dejación de funciones y puesto en peligro la salud pública. Por otra parte, Rodríguez-Medel ha enviado un recado al Secretario de Estado de Seguridad para recordarle que la Policía Judicial dependía exclusivamente de los jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal. Según Rafa Latorre, el Gobierno está incurriendo en una degradación imparable y no queda una sola institución que no haya sido sacrificada a la pervivencia de Sánchez en el Gobierno, ya sea el Centro de Investigaciones Sociológicas, la Abogacía del Estado, la Guardia Civil o, últimamente, la institución judicial. El Gobierno ha lanzado una campaña triunfalista, cuyo lema ha sido que de la crisis sanitaria “salimos más fuertes”. Para David Jiménez Torres, esto no es cierto, pues las estructuras del Estado han sufrido un fuerte desgaste y ha aumentado el recelo de buena parte de los gobernados contra los gobernantes, de lo que dan testimonio las caceroladas. Hoy estamos más traumatizados y empobrecidos y con menos fe en el Gobierno y en las instituciones. Madrid, 29 de mayo de 2020

¿Estado de alarma o estado de excepción encubierto?

¿ESTADO DE ALARMA O ESTADO DE EXCEPCIÓN ENCUBIERTO? Pese a sus disparatada actuación para hacer frente a la pandemia del Coviv-19, el Gobierno de Pedro Sánchez contó desde el principio con el leal apoyo de la oposición pese a sus desconsideración hacia ella. Vox fue el primero en desmarcarse y unirse a PEdeCAT en su negativa a respaldar la actuación del Gobierno. A ellos se sumó ERC, que votó en contra de la cuarta prórroga del estado de alarma y el PP que se abstuvo. El Gobierno ha criticado acerbamente esta abstención, mientras obvió cualquier crítica a su aliado ERC. La actitud de Casado fue lógica y coherente. “Tantas veces va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe”. Había advertido a Sánchez de que su actuación no era correcta y le pidió que negociara con la oposición la adopción de las medidas requeridas para luchar eficazmente contra el coronavirus, pero éste lo ignoró y se negó, no ya a negociar, sino ni siquiera a informarle de las medidas que su Gobierno iba adoptando. Sánchez tuvo que recurrir por primera vez a negociar con la oposición y se aprovechó de la mano tendida de Ciudadanos. Curiosamente concedió a Inés Arrimadas lo que había estado negando a Casado: la separación de los aspectos socioeconómicos de la crisis de la prórroga del estado de alarma, cosa que hasta entonces había mantenido que no era posible. Por razones de responsabilidad y utilidad, Cs aceptó la teoría del “mal menor”, desoyendo la advertencia de Hanna Arendt de que “la aceptación del mal menor se utiliza conscientemente para condicionar a los funcionarios del Gobierno y a la población en general para que acepten el mal como tal”. Como ha observado Francisco Rosell, “la incompetencia y negligencia del Gobierno para atajar la epidemia que dejó propagar criminosamente para atender a su agenda ideológica que tenía su jalón el 8-M, cuando estaba informado de la eclosión de la enfermedad, les sirve de justificación para prorrogar la anomalía democrática de un estado de alarma que deriva en arbitrariedad”. Es lo que el ex –miembro del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, ha calificado de “dictadura constitucional”. Jose Antonio Marina se ha permitido corregir al profesor de Derecho Constitucional y se ha sorprendido de que un experto utilice una expresión tan ambigua y ha afirmado que “sólo se puede hablar de dictadura constitucional si la constitución es dictatorial, no si es democrática”. Marina será muy ducho en filosofía y pedagogía, pero sabe bien poco de derecho. Una Constitución democrática –como la española- puede otorgar amplios poderes al Gobierno en casos de emergencia, pero éste puede abusar de esos poderes y realizar actos que no sean constitucionales. En tal caso, el Gobierno tendría “legitimidad de origen”, pero no “legitimidad de ejercicio”. La Constitución permite al Gobierno declarar el estado de alarma con la autorización del Congreso, pero ello no supone la concesión de un cheque en blanco. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1981 sobre estado de alarma, excepción y sitio, procede la declaración del estado de alarma cuando circunstancias extraordinarias hicieren imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes. Las medidas a adoptar, así como la duración de dicho estado, serán las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se hará de forma proporcionada a las circunstancias. Dicha declaración no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado . El Gobierno ha ignorado todas estas cautelas y contrapeso, y recurrido a estas medidas extraordinarios cuando cuenta en la legislación ordinaria con instrumentos para hacer frente a la pandemia –Leyes de Sanidad y de Seguridad Nacional-, adoptado medidas que no son “estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad”, tomado otras que no son “proporcionadas a las circunstancias” e interrumpido el “normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado”, como ha ocurrido con las Cortes, que han sido hibernadas. Como ha señalado la fiscal del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, se ha producido una apropiación ilícita de poder y privado a los ciudadanos de libertades bajo una coerción policial innecesaria. Aunque el estado de alarma imponga como regla general la liberrtad y su restricción sólo como una excepción temporal, el Gobierno ha restringido severamente los derechos fundamentales de los españoles bajo la cobertura del estado de alarma, incluso en materias que no guardan relación alguna con las razones sanitarias que lo justificaron . Lo que –conforme a la Ley 4/981- permite una restricción de los derechos ha sido utilizada abusivamente por el Estado para suspender los mismos. Como ha observado el profesor Carlos Flores, estamos ante una suspensión generalizada de derechos, no en una modulación de su ejercicio, pues –desde el primer momento- se han suspendido derechos fundamentales. Según el profesor Xavier Arbós, con el estado de alarma estamos ante una suspensión y no ante una limitación de derechos. Este abuso de derecho se puede apreciar en relación con tres de las libertades fundamentales suspendidas: Las de expresión, manifestación y circulación. El Gobierno ha coartado la libertad de expresión, pues -como puso cándidamente de manifiesto el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago-, se había instruido a la benemérita para que rastreara y localizara a las personas que hacían críticas al Gobierno. Según manifestó la Ministra de Educación Isabel Celáa, las críticas al Gobierno eran una muestra de deslealtad, en unos momentos en que todos los ciudadanos tenían que apoyar al Gobierno. Por otra parte, se restauró la censura en las ruedas de prensa de “Aló Presidente”, en las que el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver –en su función de Gran Inquisidor- seleccionaba a los periodistas que podían intervenir y filtraba –e incluso modificaba- las preguntas que pudieran resultar molestas a Pedro Sánchez. Se ha prohibido la libertad de manifestación, decisión que ha sido condonada por el Tribunal Constitucional en un controvertido auto –adoptada gracias al voto de calidad del Presidente del Tribunal, Juan José González Rivas- que avaló la prohibición de las manifestaciones con motivo del 1 de mayo. Al profesor Nicolás González Cuéllar le ha parecido inconcebible que en un Estado de derecho se restingiera el derecho de manifestación y, para el profesor Flores, el TC hizo un ejercicio de funambulismo y se escapó por la tangente, pues debería haber hecho una valoración para tratar de compatibilizar los derechos a la salud y a la manifestación, y ver si había alguna manera de manifestarse sin poner en riesgo la salud de los demás. El antiguo Presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Ramón Trillo, ha concordado con la opinión del TC de que, si bien durante el estado de alarma seguía vigente el derecho de manifestación, su vigencia no excluía que hubiera que ponderar los intereses en juego, dando prevalencia en ese caso al derecho a la salud, a la sanidad y a la vida. Sin embargo –como ha observado el profesor Julio Banacloche-, en otros países se está permitiendo que se celebren manifestaciones, siempre que se cumplan ciertos requisitos mínimos de protección frente al virus. . Dando una vez más prueba del doble estándar que aplica el Gobierno según su conveniencia, el Delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, autorizó una manifestación de filoetarras en Pamplona para solidarizarse con Patxi Ruiz, asesino del concejal Tomás Caballero, que se ha puesto en huelga de hambre. El Delegado ha dado una justificación impecable, que está en contradicción con lo dicho por el TC y lo mantenido hasta ahora por el Gobierno. Según Arasti, el derecho de manifestación sigue vigente durante el estado de alarma, porque “constituye una manifestación colectiva del derecho de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas”. Tan sólo ha pedido a los organizadores que respeten las medidas de seguridad e higiene establecidas y mantenga una distancia mínima de seguridad. Como ha señalado la diputada Ana Beltrán, Presidente del PP en Navarra, “cuando las concentraciones piden la dimisión de Pedro Sánchez, la vara de medir es una, pero cuando reclaman la impunidad para terroristas, el Gobierno mira para otro lado”. En efecto, se ha producido una situación peculiar con las manifestaciones espontáneas de crítica al Gobierno que se han iniciado en el Barrio Salamanca y se están extendiendo a otros distritos de Madrid y al resto de España. No se trata formalmente de manifestaciones, pues no hay nadie que las organice y no se presenta a las autoridades una solicitud de autorización, pero el Gobierno ha reaccionado al límite como si se tratara de ataques terroristas, contra a unas pacíficas personas que están hartas del Gobierno y le expresan su desaprobación. En la manifestación de Pamplona no se veía ningún policía, pero en la calle Núñez de Balboa se ven cada día cientos de ellos, que tienen instrucciones de impedir que se extienda la protesta. Se ha llegado al extremo –reflejado en un video que se ha hecho viral en las redes- de unos policías que intentaron detener en su domicilio a un ciudadano por el grave delito de haber puesto a todo volumen un disco con el himno nacional de España. La Generalitat exige ahora al Gobierno que autorice la celebración de manifestaciones durante el estado de alarma para permitir que los cachorros de ERC y de la CUP, y los CDR y demás “tsunamitas” puedan seguir practicando la kale barroka, y la ANC organice una Diada reivindicativa de la independencia de la República, bajo el lema “España nos contagia”. Como ha declarado su Presidenta, Elisenda Paluzie, “la crisis ha evidenciado que en Cataluña no tenemos las herramientas para hacer frente a una crisis de esta magnitud, porque no somos un Estado. Por tanto, reivindicaremos la independencia como una necesidad”. El Ministro de Interior, Fernando Grande-Maslaska –que es juez, aunque no lo parezca- ha reiterado que el estado de alarma limita la libertad de circulación y ha dado órdenes a los policías nacionales, autonómicos y locales para que vigilen el puntual y estricto cumplimiento de las medidas limitativas a la libertad de circulación en las provincis que se encuentre en la fase cero o de preparación de las desescalada –léase, Madrid-. Se denuncia la grave infracción de Mariano Rajoy por hacer una carrera alrededor del edificio donde reside, pero el Ministro del interior condona la multa a un diputado de Bildu que rompe el confinamiento y se traslada a su casa a cientos de kilómetros de su residencia. Se ha llegado a extremos ridículos, como se refleja en una anécdota personal. Desde el 19 de marzo, mi mujer y yo estamos confinados en nuestro domicilio y una vez a la semana nuestro hijo nos trae las provisiones necesarias para nuestra subsistencia. Ha sido parado en diversas ocasiones y, en una de ellas, la policía le dijo que no podía ir a nuestra casa hasta que no mostrara una copia de mi DNI o una nota escrita en la que le autorizara a hacer el traslado, bajo amenaza de multa si no los presentaba.. Según la Ley 4/1981, las autoridades podrán “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados” (artículo 11), pero no le da derecho a prohibir la circulación de forma absoluta. Otra muestra de doble estándar ha sido la reacción ante la opinión expresada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla/León, José Luis Concepción, quien –en unas declaraciones a Onda Cero y un artículo en “El Mundo”- ha señalado que en –según los datos facilitados por los Registros Civiles- se habían producido 3.6777 fallecimientos a causa del Covid-19, pero el Gobierno había dado la cifra de sólo 1.700, y que los ciudadanos tenían derecho a saber la verdad sobre el número de contagios y muertes producidos. Expresó su sorpresa con el alargamiento de un confinamiento en el que se utilizaba el estado de alarma para fines distintos a los de salvar la vida de las personas. Los miembros progresistas de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial pidieron que se abriera un expediente Concepción, mientras que otros magistrados se opusieron por estimar que se trataba del ejercicio de su derecho de libre expresión. El Presidente del Consejo, Carlos Lesmes, optó por una solución intermedia y le ha enviado una carta en la que le recordaba la disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíbe a los jueces dirigir a las autoridades felicitaciones o censuras, y le pedía moderación, prudencia, mesura y responsabilidad, en su calidad de máximo representante del Poder Judicial en Castilla y León. Puede que esta advertencia esté formalmente justificada, pero apenas se recurre a ella a pesar de las múltiples ocasiones en que se incumple dicha disposición. El Gobierno cuenta con tres jueces entre sus ministros y el Senado con una Presidenta que también es juez, y el PSOE y Podemos cuentan en sus filas con varios jueces que continuamente están expresando su opinión normalmente con el botafumeiro en ristre. Sólo Concepción se merece esta amonestación pública por decir las verdades del barquero, que el Rey está desnudo –el profesor Andrés Betancur dixit-. El Gobierno ha iniciado su política de desconfinamiento sin establecer unos criterios claros y objetivos, y aplicado criterios políticos discriminatorios, amparados en supuestos criterios científicos. Como ha comentado Francisco Pascual, la ciencia sirve hoy en España para justificar cualquier medida política, pero no hay que afanarse en buscar el nombre de l científicos. Los laboratorios decisivos están en la Moncloa y en la sede del PNV. Lo que diga la ciencia, o incluso la economía, queda siempre por debajo de lo que decida la política. El Gobierno se ha negado a revelar el nombre de los supuestos asesores científicos, pese a que las leyes sanitarias le obliguen a ello. Resulta claro que han puesto como excusa la opinión de estos supuestos expertos para negar el paso a la fase 1 de provincias como Málaga, Granada o Madrid por motivos políticos, pese a ofrecer mejores condiciones que Vizcaya, por ejemplo. El caso de la negativa a la promoción de las provincias de la Comunidad Valenciana regidas por la coalición PSOE-Comprormís está menos claro. Podría suponer dar un toque a Compromís o simplemente buscar una coartada para mostrar que el Gobierno no actuaba por motivaciones políticas, como probaba el hecho de que rechazara la petición de una Comunidad gobernada por su partido. De todas formas, ha tardado pocos días en dar la venia al paso adelante de la Comunidad Valenciana, mientras ha seguido negando su autorización a Madrid. El Gobierno sólo ha presentado el informe técnico justificativo de su negativa tras haber sido amenazado por el Gobierno madrileño de llevarlo a los tribunales. La negativa, en todo caso, se había decidido antes de elaborar dicho informe. El Gobierno ha aceptado las exigencias de los nacionalistas de realizar el desconfinamiento por territorios y con simetrías variables en el espacio y en el tiempo, lo que le permite recurrir a criterios políticos para premiar a los buenos y castigar a los malos, de los que Madrid es el malo por antonomasia. El Gobierno no sólo regatea a Madrid el pase de una fase a otra –con las consecuencias económicas que de ello se derivan-, sino que ha lanzado por tierra, mar y aire, una campaña descalificadora de la Presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Así, el diputado Rafael Simancas, Secretario General del Grupo Parlamentario Socialista, ha llegado hasta el increíble extremos de afirmar que en España tiene tantos muertos por el Covid-19 porque existe la Comunidad de Madrid, y ha acusado a su Presidenta de moverse en “engaños, mentiras, presuntas corruptelas y confusión entre intereses públicos y privados”. Nadie en el PSOE o en el Gobierno ha tenido la decencia de excusarse por semejante rebuzno del diputado. Con miras a la próxima prórroga del estado de alarma, Sánchez ha hecho saber que pedirá una ampliación de no menos de un mes, con el fin de librarse de las pejigueras de la negociación y llegar con sus poderes absolutos al 25 de junio, a unos días para que la Cortes se vaya de vacaciones, con lo que seguiría evitando cualquier posible control de su política por parte de las Cámaras. La reacción a esta sorprendente propuesta ha sido en general negativa, salvo para los incondicionales. Cs, cisne blanco que salvó la cara de Sánchez en la última prórroga, ha mostrado su rechazo a la propuesta y su portavoz, Edmundo Val, ha emplazado a Sánchez a que elija entre Cs y ERC, y calificado de vergüenza vincular la votación del estado de alarma con la reunión de la mesa de diálogo para solucionar el conflicto de Cataluña, porque “ni salva vidas, ni salva empleos, que es lo que ahora debería ser una prioridad para todos”. De ahí que el PSOE se haya tornado hacia ERC para tratar de que vuelva al redil. Los republicanos –conscientes de la debilidad de Sánchez- están subiendo las apuestas y reclaman como contrapartida para su abstención el fin del mando único, la devolución de competencias a la Generalitat, la competencia de ésta para decidir por sí sola sobre el pase de fases y la fijación de una fecha para la reanudación de los trabajos de la mesa de diálogo Gobierno- Generalitat. En cuanto al PNV, también se deja querer y, amén de la exigencia de devolución de competencias, reclama una serie de ventajas económicas. Sánchez cederá una vez más al chantaje vasco y el PNV sumará a última hora su apoyo a la propuesta de prórroga del estado de alarma por un mes. ¿Es legal una prórroga por un plazo de un mes? Los expertos están divididos , si bien la mayoría –a los que me sumo- se pronuncia por la negativa. Según el artículo 2 de la Ley 4/1981, “en el Decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de 15 días. Sólo se podrá prorrogar por autorización expresa del Congreso de los Diputados que, en este caso, podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga”. No es obra del azar que, en la segunda parte del artículo, no se mencione, como en la primera, la “duración”, por la razón evidente de que ésta ya ha quedado establecida y no puede exceder de dos semanas. Como ha observado Banacloche, hay que tener un prejuicio contrario a cualquier actuación expansiva del estado de alarma porque supone una ausencia de normalidad y una restricción de derechos y libertades. No parece constitucionalmente posible una ampliación superior a 15 días porque la prórroga de un plazo no puede ser superior al propio plazo que prorroga. Así se dice expresamente en el estado de excepción y debe ser igual para cualquier caso análogo. Si permanecieran las circunstancias que justificaron la declaración, cabría que se aprobaran prórrogas sucesivas, pero siempre con el límite temporal que marca la Constitución de 15 día para la duración inicial. Si se aceptase una ampliación por 30 días, ¿por qué no por tres meses, seis meses o un año? Sería una cuestión de conveniencia política y no de exigencia constitucional. Supondría una prolongación “sine die” de unas restricciones de derechos al margen de cualquier proporcionalidad, que resultaría del todo inaceptable.. El hecho de que el Gobierno se haya limitado hasta ahora a solicitar prórrogas de 15 días en los momentos de mayor apogeo de la pandemia refuerza este planteamiento, dado que lo que podría haber estado justificado entones, ha dejado de estarlo ahora que ha empezado la desescalada. Por mucho que el Gobierno procure una prórroga amplia que le evite tener que negociar cada 15 días una mayoría parlamentaria, por encima está el derecho de sus ciudadanos a que sus representantes valoren si sigue estando justificadaa o no las restricciones. Arbós entiende que es posible la extensión por un mes porque el único plazo fijado por la Ley de 15 días sólo se refiere a la iniciación del estado de alarma y no a su prórroga. Trillo parece compartir esta opinión cuando señala que la limitación de 15 días va dirigida al poder ejecutivo y no al legislativo, por lo que éste no está vinculado por él. No me parece válido este argumento porque sólo el Gobierno es competente para proponer la declaración del estado de alarma, mientras que el Parlamento no puede hacerlo “motu proprio”, limitándose su competencia a autorizar o denegar la petición del ejecutivo, y si éste no está autorizado a proponer un plazo mayor, con menor razón lo estarían las Cortes. Según González Cuéllar, el principio de la proporcionalidad impide la prórroga de un mes o más. Existe un principio general del derecho que implica que “la limitación de derechos fundamentales se haga tan sólo en la medida que sea indispensable” –según el artículo 1-2 de l Ley-, y una generalización y extensión del estado de alarma incumpliría este principio al haber otros instrumentos legales, como la legislación en materia sanitaria o de protección civil. Es llamativo –a juicio de Flores- que el Gobierno haya pedido cuatro prórrogas de 15 días en los momentos en que era previsible que necesitaría más tiempo “ ¿Qué sentido tiene que ahora pida 30, si no es político?”. Tras conocer los resultados provisionales del estudio de seroprevalencia, a ese “caballero de la triste figura” que el es Ministro de Sanidad, Salvador Illa, parecía alegrársele las pajarillas y rezumar euforia contenida cuando anunció que “no hay ni habrá inmunidad de rebaño” . El miedo guarda la viña y, ante el temor al contagio, la población seguirá aceptando las restricciones de sus derechos que se le impongan. Tenemos, pues, para rato estado de alarma, que es el único existente, según Sánchez, para hacer frente a la pandemia.. Y no se trata de un estado de alarma tal y como está configurado en la Constitución y en la Ley, sino de un estado de excepción encubierto. Como ha señalado el diario “El Mundo” en un editorial, alargar el estado de alarma hasta finales de junio equivale a saltarse el control parlamentario. “Esta burda artimaña muestra la parálisis de un Gobierno incapaz de controlar la epidemia y dispuesto a seguir castigando a algunos territorios, como la Comunidad de Madrid, por razones políticas y sin atender a los criterios de transparencia y rigor. La legislación vigente contempla alternativas a la excepcionalidad constitucional para mantener medidas de protección sanitaria. Que Sánchez no quiera hacer uso de ellas revela su deriva hacia una conducta cesarista” Madrid, 19 de mayo de 2020

¡A por la cuarta!

¡A POR LA CUARTA! Las sevillanas constan de cuatro pases de bailes diferenciados. Cuando se danza el cuarto, se concluye la sevillana. Se pueden volver a bailar, pero no hay una quinta, sino que se vuelve a repetir el ciclo empezando por la primera. Al grito de, “¡Vamos niños, a por la cuarta, que si no viene el caos!”, Pedro Sánchez y su cohorte de Ábalos y Lastras han conseguido con dificultad obtener del Congreso la cuarta ampliación del estado de alarma. Negociaciones del Gobierno para lograr la extensión del estado de alarma El Gobierno ha recurrido al burdo chantaje de amenazar con el caos –como si ya no existiera con anterioridad desde hace algún tiempo- si no se aprobaba la prórroga. y culpado de antemano al principal partido de la oposición por la infinidad de muertes que se producirían –como si no se hubieran producido ya suficientes-, si impedía que se mantuviera el estado de alarma. Afirmó que no había Plan B y llegó a la falacia de afirmar que, de no haber renovación, cesarían las ayudas a los trabajadores –especialmente los sometidos a un ERTE- y a los autónomos, como si la cuestiones sanitarias y las socio-laborales no fueran separables y estas últimas no pudieran ser trasladadas a un Decreto “ad hoc”. Toda la furia del averno se desencadenó sobre la cabeza de Pablo Casado por decir que el PP apoyaría la propuesta de extensión, mientras que el Gobierno no hizo el menor reproche a partidos –como el camaleónico PNV- que anunciaron igualmente su abstención, ni –lo que tiene aún más inri- a su infiel aliado ERC, que anunció que votaría en contra. Sánchez sólo tenía tres años en 1975, por lo que no creo que leyera la magistral viñeta publicada por el humorista Ramón en el semanario satírico “Hermano Lobo”. Se veía a un preboste de la época dirigiendo a la muchedumbre la siguiente pregunta “¿O nosotros o el caos?”. La multitud contestaba: “¡¡El casos, el caos!!”, a lo que el personaje replicaba: ”Es igual. También somos nosotros”. El Presidente del Gobierno se ha sentido identificado, sin saberlo, con el tenor de la viñeta y podría emular a Luis XIV diciendo. “Le chaos, c´est moi”. Tras verle los dientes al lobo, Sánchez tuvo que cambiar de táctica y hacer lo que hasta entonces nunca había hecho: negociar de forma trepidante –no con el PP, por supuesto- con Ciudadanos (10 escaños) y el PNV (6) y, además, hacer algunas concesiones, que se plasmaron por escrito en el texto del Decreto o quedaron flotando en el reino de las promesas. Así, Sánchez aceptó todas las exigencias de Íñigo Urkullu para devolver al País Vasco las competencias para la desescalada, mientras que a Inés Arrimadas sólo le dio buenas palabras y ¿qué valor tiene la palabra de Pedro Sánchez? En los “rankings nacionales e internacionales está al nivel del bono basura. En la sesión del Congreso, ni siquiera agradeció a Cs su apoyo y la portavoz-sabueso socialista, Adriana Lastra, incluso la atacó. Una de las peticiones de Arrimadas había sido la de que no se produjera un quinta prórroga y Sánchez la puso en evidencia cuando, pese a sus vanas promesas, comentó que las dos semanas que le votaba serían seis o más. Como ha observado Carlos Vidal, el PNV ha descafeinado con sus enmiendas el texto del Decreto, que equivale a regresar a la normalidad bajo una situación excepcional de anormalidad. Cambio de táctica de Ciudadanos Creo que Arrimadas ha hecho un pan como unas tortas al cambiar de táctica. Para corregir el error de Albert Rivera –que le costó el abandono de la vida política y la jibarización de su partido- Arrimadas ha incurrido en otro error similar, aunque de signo contrario. En su ambición por convertirse en el líder den centro-derecha, Rivera se negó a negociar con el PSOE de Sánchez –y viceversa- la formación de un Gobierno socialdemócrata, que a la sazón resultaba viable, como demostró el hecho de que hubieran podido firmar una programa de Gobierno bastante completo. Ahora la situación es bien distinta porque, a las dificultades de convivir con el bonapartismo de Sánchez, se añade la presencia de un tercero en discordia: un Pablo Iglesias, que sabe muy bien lo que quiere y está determinado a conseguirlo desde el Gobierno. En su desesperada búsqueda del centro perdido, Cs está dando, “gratis et amore”, cobertura a un Gobierno socialista-comunistas que está en sus antípodas y que se está aprovechando de los poderes excepcionales que le concede el estado de alarma para ir preparando un cambio en el ordenamiento jurídico establecido por la Constitución de 1978 e imponer una “nueva normalidad”.Como ha señalado el diario “El Mundo”, una cosa es seguir una política útil y otra servir de compañero de viaje a políticos sin escrúpulos Para demostrar su centro-centrismo, Cs está incluso abierto a aprobar los Presupuestos para 2021, que son delirantes y difícilmente ayudarán a la reconstrucción de España. El Presidente del Grupo Parlamentario, Carlos Carrizosa, ha declarado que el partido estaba dispuesto a apoyar el presupuesto de Sánchez-Ibáñez siempre que hiciera frente a la pandemia y a la angustiosa situación económica. Ello no suponía un cambio en las alianza establecidas en diversas Comunidades y Municipios, sino una muestra de responsabilidad política. Este giro ha sido acogido con entusiasmo por el sector crítico del partido, que defiende un alejamiento del PP y un acercamiento al PSOE, que podrían llevar acarreados cambios en los Gobiernos autonómicos de coalición. Espero que Inés Arrimadas no llegue a este extremo, pero personajes como Ignacio Aguado, Francisco Igea o Juan Marín son poco de fiar. Abusos de poder del Gobierno durante el estado de alarma Cs ha dado aliento a un Gobierno que, aprovechándose del estado de alarma, está siguiendo una lamentable política, que ha sido magníficamente descrita por la Fiscal del Tribunal Supremo y antigua Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. El más sucio de los negocios que ha realizado el Gobierno ha sido –a su juicio- la apropiación ilícita de poder, que se aprovecha del miedo, del cautiverio y de la postración de la sociedad. ”Padecemos el tardío abordaje de una crisis sanitaria –que no de orden público- mediante la privación de libertad bajo una coerción policial innecesaria sobre una ciudadanía mayoritariamente responsable. Padecemos la exasperación de esas medidas en contra de la propia ley del estado de alarma, que como regla general impone la libertad y sólo como excepción temporal su restricción”. Constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta y sin el control interno y europeo de un auténtico estado de excepción, en el que se han restringido severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma. Ante una sociedad cautiva, se han dictado órdenes ministeriales de inmenso calado económico y fuerte compromiso sobre los derechos y un sinfín de decretos-leyes restrictivos de los derechos fundamentales sobre materias que poca o ninguna relación guardan con las razones sanitarias y de orden público que demandaron el establecimiento del estado de alarma. La sociedad española ha asistido atónita al cierre del portal de transparencia del Gobierno, a la imposición de filtros a las preguntas de la prensa, a la financiación pública de medios de comunicación vasallos, a la restricción en la difusión de mensajes y a la evaluación de la verdad o falsedad de las noticias.. Siempre hay que frenar la ilegítima apropiación de poder por parte de los Gobierno legítimamente constituidos. “. Asumen acríticamente que la salud y la seguridad exigen la restricción de nuestras libertades o minimizan su importancia, sin pensar que las amplias facultades ya acordadas son peligrosas, pueden ser utilizadas equivocadamente y quizás ya lo están siendo, Los poderes del Estado deben gestionar la crisis y su recuperación, sí, pero han de hacerlo bajo estricto control de las instituciones democráticas, apoyadas por una ciudadanía activa, cuya acción crítica –a riesgo de introducir malestar y tensión- contribuya a la construcción de la ética pública”. Ha mostrado falta de credibilidad un sistema que dejó atrás a los mayores de 80 años, en domicilios privados y en residencias, y les negó hospitalización, tratamiento y pruebas diagnósticas; que mantiene en primera línea sin protección a los profesionales de la salud y del orden público –cuyo heroico esfuerzo es, en si mismo, el más elocuente reproche-; que sigue sin ofrecer tests a los profesionales, a los enfermos y a la población confinada, y que no reconoce las espeluznantes cifras de fallecimiento. “Ningún sacrificio más podrá exigirse, nada será posible sin un reconocimiento público de la magnitud de la tragedia, sin el duelo, la memoria y la honra de sus víctimas, sin un análisis serio de todas sus causas, de las acciones y omisiones concurrentes en cada caso, sin la investigación y evaluación de la imprevisión y las dejaciones, de las probables imprudencias y de los posibles fraudes, sin la exigencia de las responsabilidades que en su caso resulten, sin la pronta rectificación de los errores, la reparación de los daños y la compensación del sufrimiento. Es lo mínimo que debe ofrecerse a ciudadanos libres dispuestos a asumir esfuerzos”. El uso del término “nueva normalidaad” como objetivo al alcanzar es revelador de las intenciones del Gobierno, como ha puesto de manifiesto Jorge Vilches en un excelente artículo publicado en “Voz Pópuli”. No se trata de volver a la normalidad vigente con anterioridad al estallido de la pandemia, sino de establecer otra nueva pilotada por Iglesias, que tiene un plan para acaparar poderes, eludir el control parlamentario, modelar la opinión pública y transformar el sistema establecido en 1978 para adaptarlo a sus ideas políticas. La deriva autoritaria del Gobierno amenaza la democracia liberal, suspende las libertades para establecer un orden jurídico diferente y supone un grave riesgo de involución. Impone una nueva normalidad que “somete al país a la subvención y a la autorización gubernamental arbitraria”. Implica “un PER permanente que consiga la obediencia y el silencio del subsidiado”, que persigue la creación de una sociedad “sin libertad de información ni de opinión, con una oposición deslegitimizada y unos ciudadanos dependientes de las concesiones gubernamentales”. El Gobierno ha aprovechado la ocasión no sólo para tomar medidas sanitarias, sino también otras que afectan a la economía, a las relaciones laborales o a la propia concepción del Estado, ajenas al sentido del Decreto-ley sobre el estado de alarma, como el propio blindaje de la presencia de Iglesias en la Comisión controladora del CESID. España se ha convertido en un laboratorio para desarrollar las pretensiones autoritarias de un Pedro Sánchez, que se ha entregado en cuerpo y alma al populismo comunista de Ps. A sanchistas y podemistas. les interesa prolongar al máximo la hibernación económica para que se destruya la estructura productiva privada y se agigante la mano de un Estado paternalista y protector. ”Cuanto más tiempo se alargue un estado de alarma inútil., mas peligro correremos de que lo que tangamos que reconstruir con el tiempo sea la propia democracia”. Tras los juegos de artificio propagandísticos de unos nuevos Pactos de la Moncloa –“made in Ivan Redondodo´s studies”-, el Gobierno decidió crear en el Congreso una rimbombante Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país, que se acaba de constituir con malos augurios. El PSOE ha impuesto su concepción de la Comisión –formación de cuatro Grupos de Trabajo sobre sanidad y salud pública, reactivación económica y modernización del sistema productivo, políticas sociales y sistemas de cuidados y Unión Europea- y sentado en la presidencia a Pachi López, que fue efímero lendakari del País Vasco gracias a la generosidad del PP, al que no le dio ni agua y ni siquiera las gracias. Los socialistas han rechazado la propuesta del PP de establecer un Grupo sobre libertades democráticas y López ya ha lanzado un aviso a navegantes de que “ni se nos ocurra por cuestiones partidarias deslizarnos hacia el desacuerdo”. Sin embargo, figura ya en el Orden del día de una Mesa controlada por el PSOE, con la presencia testimonial de sólo el PP. Supondría la cuadratura del círculo casar las tesis económicas liberales reivindicadas por la oposición democrática y por el sector razonable del Gobierno, y las teorías estatalistas auspiciadas por Iglesias. Actitud de Países Bajos El Gobierno español ha presentado a la Comisión Europea un Plan voluntarista e irreal que prevé un déficit superior a €100.000 millones -un 10.% de su PIB-, cifras que han sido cuestionadas por el Servicio de Estadísticas de la Comisión y por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). España va a necesitar la ayuda financiera de las instituciones de la Unión para hacer frente a las desastrosas consecuencias de la pandemia del Coviv-19 y actualmente está en discusión la forma de actuación de los distintos mecanismos previstos al efecto –MEDE, Fondo de Recuperación, propuesta SURE, ayuda del Banco Europeo de Inversiones…-, y en el curso de los debates, ha vuelto a surgir la vieja polémica entre los Estados-hormigas del norte y los Estados-cigarras del sur. En este punto, quiero dedicar una mención especial a la actitud de los Países Bajos. Pasé cuatro veranos de mi juventud universitaria en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y he apreciado el carácter emprendedor de los holandeses y su capacidad de gestión política y económica. Al mismo tiempo, me ha irritado sobremanera la cínica disposición de los holandeses a dar lecciones de moralidad a todo bicho viviente –sean personas o naciones-, especialmente en los ámbitos de la gobernación y el comercio internacional. Pasan por alto el pasado pirata de su desarrollo inicial como Estado, con la práctica de la trata de esclavos o la explotación de sus colonias a través de las grandes Compañías de Indias. Pese a sus reiteradas admoniciones a todas las naciones, especialmente a las manirrotas del sur de Europa, sigue con sus prácticas piratescas en su política financiera y fiscal, hasta el punto de facilitar que las grandes empresas multinacionales defrauden €20.000 millones al año –un 15% de la evasión fiscal global- a los distintos Estados del mundo mediante sus mecanismos al efecto. El sistema ha sido descrito por el profesor de la Universidad de Tillburg, Arjan Lejour. Paises Bajos prevé para las empresas establecidas en su territorio unos impuestos inferiores a los habituales en los demás Estados miembros de la UE. No es mera coincidencia que hayan establecido su sede en el país empresas como Ikea, Shell o Unilever. La normativa holandesa ha provocado el establecimiento de 15.000 “instituciones financieras especiales”, empresas pantallas o buzón, sin oficinas, empleados ni actividad comercial, cuyo único objetivo es permitir a las empresas multinacionales evadir el pago de impuestos. .Me recuerda el fiasco que sufrí cuando visité por primera vez el puerto de Monrovia para ver las oficinas de las empresas navieras del país que poseía el mayor tonelaje de buques mercante del mundo, Liberia, y me encontré con una serie de chamizos con grandes carteles en los que figuraban números de teléfono de Nueva York, Londres o El Pireo. Estas empresas crean filiales ficticias en Holanda y derivan hacia ellas los beneficios obtenidos en otros países. Las empresas encuentran toda clase de facilidades en un país que, desde 1954, goza de una infraestructura financiera sumamente opaca: bajos impuestos, no imposición a los dividendos, ausencia de retenciones, y red de tratados bilaterales en los que se crean “nominatim” condiciones especiales para las multinacionales. El Gobierno holandés cobra tan sólo una modesta comisión por su desinteresada prestación de servicios –unos €2.000 millones al año-. Las principales beneficiadas son las empresas multinacionales –como Ikea, empresas constructoras de automóviles como FIAT o Ferrari, compañías petroleras como Shell…-, que, una vez blanqueados sus beneficios a bajo coste, envían sus ganancias a los denostados paraísos fiscales del Caribe o a los chiringuitos financieros de Luxemburgo, Malta, Chipre o las Islas del canal de la Mancha. Otra fórmula evasora requiere la colaboración de un tercer Estado que practique el “dumping” fiscal, como Irlanda. Por ejemplo, Google –que tiene su sede en Dublín- crea una filial en Amsterdam. Los beneficios obtenidos en Europa se canalizan a la filial holandesa y, una vez blanqueados, pueden ser transferidos a otra filial irlandesa en Bermudas o las islas Caimán. Según OXFAM, en 2014 Google desvió €11.000 millones a Bermudas a través de Países Bajos, pagando unos impuestos ridículos. La ONG califica a este país de paraíso fiscal, pero los Ministros de Hacienda de los Estados miembros de la UE no la incluyen en la oprobiosa lista de este tipo de paraísos, porque el dinero –una vez blanqueado- no se queda en Holanda, sino que emigra a reconocidos paraísos fiscales en los que no existe el menor control. Así salva Países Bajos hipócritamente, su respetabilidad moral y su honorabilidad de Estado modelo y, encima, se permite el lujo de sermonear a los demás Estados y tirar piedras sobre sus tejados, sin ser consciente de que el suyo es de cristal. El profesor holandés de la Universidad Autónoma de Madrid, Marcel Jansen, ha tratado de explicar y -hasta cierto punt-, justificar la actitud de su país. España se presenta a los ojos de los holandeses como un país irresponsable que gasta más de lo que ingresa. Este sentimiento se reflejó en el insultante comentario de su Ministro de Hacienda, Wopke Hoekstra, o en el pulgar hacia arriba del Primer Ministro, Mark Rutte, tras el comentario de un camionero holandés de que no había que dar dinero a los italianos y los españoles, remedo de su propia frase durante la crisis financiera de 2008, de “ni un euro más a los griegos”-. En un plano más general, Países Bajos ha pasado de una concepción federalista, al inicio de la creación de la CECA y de la CEE, a otra mercantilista, similar a la de Gran Bretaña. No espera nada de la UE –salvo que salvaguarde las cuatro libertades y el mercado único-, ni cree que deba ayudar a los Estados que lo necesiten, especialmente si no han hecho sus deberes. El Gobierno holandés se ve muy presionado por los partidos populistas de derechas -que fomentan los prejuicios contra los Estados del sur- y por la opinión prevaleciente en el pueblo llano. Países Bajos redujo en 15 puntos su deuda entre 2014 y 2020, mientras que España la aumento hasta cerca del 100%, en unos años en que era el Estado que más crecía en el seno de la UE. Pese a estar altamente endeudada, no hizo nada para corregir la situación en períodos de bonanza y ahora pide árnica a la UE. Sánchez no puede decir que, o se emiten eurobonos o la UE será un proyecto fallido, ni acudir a Europa a pedir ayuda y generar a la vez un clima antieuropeo si la Unión no le da todo lo que solicita.. La pandemia ha afectado a todos, los Estados, pero unos están en mejores condiciones que otros para hacer frente a sus consecuencias en función de las políticas seguidas con anterioridad a la crisis. Países Bajos también ha sufrido los efectos negativos de la pandemia, pues ha incurrido en un déficit de €90.000 millones –l2% de su PIB- y tendrá que apretarse el cinturón. En estas condiciones, estiman que es más justo gastar el dinero en beneficio de los holandeses que dárselo a los españoles o a los italianos. Jansen deja en el aire la pregunta de, si Países Bajos fuera el país más afectado por la pandemia, ¿acudiría Sánchez a Bruselas a ofrecerle dinero? Ampliando su consideración a los Estados afluentes del norte de Europa, Jansen –que firmó junto a otros 80 economistas una carta al Gobierno holandés pidiendo una respuesta europea solidaria a la crisis del coronavirus- estima que estos países tienen una concepción subsidiaria de la UE y consideran que la principal responsabilidad recae sobre los Estados, especialmente cuando la Sanidad no figura entre las competencias de la Unión. España e Italia están exigiendo una solidaridad ante la pandemia que estos países no parecen dispuestos a dar. La idea de una deuda perpetua de los sureños que se pague a través de transferencias de la UE y sus Estados miembros es difícil de digerir. Estos Estados, incumplidores de sus compromisos, invocan una concepción federal –- mutualización de la deuda, emisión de eurobonos o creación de un Ministerio de Hacienda comunitario y un presupuesto común de la UE- que repugna a estos países. . Se han creado unas expectativas exageradas y los Estados del sur, pese a ser lo más afectados por la pandemia, no van a recibir tanto dinero como esperan. No comprenden que el Gobierno español pretenda derogar una reforma laboral que le ha otorgado importantes beneficios con un 14% de paro o mantener por ley el valor adquisitivo de las pensiones con un déficit estructural del la Seguridad Social de 1.8% del PIB, beneficio del que, por otra parte, los ciudadanos de estos países no disfrutan. Aquí creo que el Gobierno español debería hacer autocrítica y reflexionar si no está yendo demasiado al condesecender con una política populista y demagógica. No se puede acudir como un pobre vergonzante a un comedor de Cáritas y pedir un menú especial con unas copas de vino de Rioja de reserva. ¿Está España en condiciones de costear una renta mínima vital, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, aumentar el número y el volumen de las pensiones no contributivas, garantizar durante largo tiempo el pago de los ERTE y de las subvenciones a los autónomos o aumentar el importante déficit para permitir el lucimiento de Iglesias ante los parias de la tierra? Aunque sea meramente anecdótico, ¿no se la cae la cara de vergüenza a Sánchez de pasar el platillo para pedir dinero a la UE con el Gobierno que tiene más miembros de Europa, 4 vicepresidentes y 22 Ministros 22, algunos con las competencias de un Director General? Sin inmutarse, Sánchez ha declarado que todos y cada uno de los Ministros tenían el respaldo de su Presidente. Una cura de adelgazamiento del Gabinete –exigido por razones de pura eficacia- apenas tendría consecuencias económicas, pero es una cuestión de decoro y de vergüenza ajena., Como ha observado el Ministro de Hacienda alemán. Olaf Scholz, el que pide dinero deberá atenerse a las reglas de control presupuestario comunes. La propia Ministra de Hacienda, María Jesús Montero –que ha sido cocinera antes que fraila en la Junta de Andalucía- ha afirmado que, aunque el Fondo especial de €16.000 millones ofrecido por el Gobierno a las Comunidades Autónomas para ayudarlas a hacer frente a las consecuencias de la pandemia se ofrecerá sin condiciones, ello no significa que “desaparezca la correspondiente corresponsabilidad fiscal” . No sé si se ha debido a los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán, que ha considerado inconstitucional la adquisición de deuda pública por parte del Banco Central Europeo y arbitraria e insostenible la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2018 sobre el tema, pero el hecho es que ayer el Eurogrupo aprobó con inusitada rapidez las reglas para el acceso de los Estados miembros al Plan de Apoyo de la UE, hasta el 2% de su PIB, en relación con los €540.000 del fondo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). No se requieren condiciones de ajustes, ni se se prevé la actuación de los “hombres de negro”, bastando como único requisito que los Estados se comprometan a utilizar las líneas de crédito del MEDE para apoyar la financiación interna y los costes indirectos de la actuación sanitaria, cura y prevención debidas a la crisis del Coviv-19. La decisión del Eurogrupo incluye la siguiente cláusula un tanto sibilina: ”El monitoreo y la vigilancia deben ser proporcionales a la naturaleza del shock simétrico causado por el Coviv-19 y a las características y al uso del apoyo a la crisis pandémica en línea con el marco de la UE y la directriz relevante del MEDE” .El Tribunal alemán pretendía obstaculizar la adopción del Plan de Ayuda, pero le ha salido el tiro por la culata y -como ha señalado Teresa Freixes-, al final el Tribunal de Karlsruhe nos habrá hecho un favor. La Comisión para la Recuperación Social y Económica y el proceso para la concesión de ayuda solidaria europea ya se han puesto en marcha y el Gobierno tendrá que ponerse las pilas para obtener la parte del botín que le corresponda. A tales efectos, tendrá que meter en el congelador a Iglesias y a sus muchachos de las Juventudes comunistas y esforzarse por convencer a los mercados de que, en cuanto se supere la crisis, tomará las medidas oportunas para reducir su ingente deuda. Asimismo deberá renunciar a sus exigencias de nuevas prórrogas del estado de alarma, ya que cuenta en la legislación ordinaría con instrumentos -como las Leyes de Seguridad Nacional, de medidas Especiales en Materia de Seguridad Pública o General de Salud Pública- que le permiten llevar a cabo el proceso de desescalada, sin necesidad de violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Rafael Jiménez Asenso se ha preguntado si serán capaces nuestros políticos de acordar leal y cooperativamente esta desescalada sin necesidad de un mando único, mediante unas directrices comunes pactadas horizontalmente con las Comunidades Autónomas o sólo cabe seguir recurriendo a fórmulas excepcionales para volver a recuperar la normalidad perdida, y no a establecer una nueva e imprecisa normalidad. Yo creo que sí. En todo caso –como en el chiste- hay que dar a la Montse una oportunidad. Esperemos que la cuarta sevillana sea realmente la última. Madrid, 9 de mayo de 2020

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTIUCIONAL ALEMÁN:”DEUTSCHLAND “UBER ALLES” Éramos pocos y parió la abuela del Tribunal Constitucional Alemán, (TC), que se descolgó ayer con una controvertida sentencia en la que ha considerado que el programa del Banco Central Europeo (BCE) de compra de bonos de Estado (PSPP) era “parcialmente inconstitucional”, y que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el tema, de 11 de diciembre de 2018, era “objetivamente arbitraria” e “insostenible desde una perspectiva metodológica“. El propio Presidente del Tribunal, Andreas Vosskhule, ha reconocido que en el fallo se han introducido algunas consideraciones de tipo político.. Supuestos de hecho Ante la pavorosa crisis financiera que se extendió por todo el mundo en 2012, el entonces Presidente del BCE, Mario Draghi, afirmó de forma categórica que el Banco haría “todo lo que fuera necesario” para salvar al euro. En 2015, el BCE lanzó el PSPP para adquirir bonos de Estado e instrumentos de deuda negociable similares, emitidos por las administraciones centrales de los Estados miembros de la Eurozona, Organizaciones Internacionales y organismos internacionales de desarrollo. A 8 de noviembre de 2019, el BCE había adquirido 2.557.800 millones de euros, de los que 2.088.100 millones correspondían al PSPP. Unos 1.750 ciudadanos alemanes acudieron a los tribunales por estimar que el PSPP había violado el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), que prohíbe la financiación monetaria pública, y el artículo 5 del Tratado de la UE (TUE), que establece el principio de proporcionalidad. Según el artículo 123 del TFUE, “queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo o por los bancos centrales nacionales en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión,. Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, los organismos de Derecho Público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales”. Conforme al artículo 5 del TUE, la delimitación de las competencias de la Unión se rige por los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad. En virtud del principio de apropiación., la UE actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados y, en función de principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. El 18 de julio de 2017, el TC planteo una cuestión prejudicial ante el TJUE, para que se pronunciara sobre si el BCE había excedido su mandato y usurpado competencias que no le correspondían, al llevar a cabo el PSPP. Le instaba a hacer un examen en profundidad de las actuaciones del BCE y, en caso de que hubiera ido más allá de sus competencias, anulara dichas actuaciones. El TJUE declinó hacer una revisión exhaustiva del caso y, se limitó a enjuiciar los elementos formales de la actuación del BCE, sin analizar de manera pormenorizada los efectos de la misma. En su sentencia de 11 de diciembre, estimó que el BCE no había sobrepasado su mandato, ni había violado la prohibición de financiación del presupuesto monetario. Para lograr volver a tasas de inflación del orden del 2%, el BCE puso en marcha un programa de coparas masivas de deuda, que favoreció la bajada de los tipos de interés y la expansión del crédito. Excluir la posibilidad de que se adoptaran tales medidas, impediría al Banco utilizar los medios que le reconocían los Tratados para alcanzar sus objetivos de política monetaria. Supuestos de derecho Según el TC, el BCE tiene competencia para comprar deuda soberana siempre que justifique de manera suficiente que existe una relación de proporcionalidad entre las medidas monetarias y sus efectos económicos, lo que implicaba que las condiciones generales de los programas de adquisición de deuda deberían estar predefinidos de antemano y no quedar abiertos de forma flexible para permitir su adaptación en función de la evolución de las circunstancias. Según el TC, tanto el BCE como el TJUE actuaron fuera del marco de sus competencias. El Tribunal no ha acusado al BCE de financiar directamente a los Estados –lo que está prohibido en los Tratados-, pero le ha exigido que pruebe que ha actuado de forma proporcionada, diferenciando la política monetaria de la económica y fiscal.. El TC tenía que responder a las demandas presentadas por los ciudadanos por que –como ha señalado Carlos Vidal- incidía sobre competencias nacionales, aunque el tema fuera fundamentalmente de Derecho comunitario. Lo que no podía hacer era que prevaleciera su ley doméstica sobre la comunitaria. Según la jurisprudencia del TC, éste debía perseguir las denuncias motivadas sobre actuaciones “ultra vires” de las instituciones europeas y, en el presente caso, el Tribunal ha estimado que tanto el BCE como el TJUE habían realizado actuaciones de este tipo. No estoy de acuerdo con esta interpretación pues, en el caso de que se produzcan actuaciones “ultra vires” por parte de organismos comunitarios, el responsable para enjuiciar tales actuaciones sería el TJUE y no los Tribunales nacionales. Según el artículo 203 del TFUE, el TJUE controlará la legalidad de los actos del BCE. Según el TC, la decisión del TJUE de considerar al PSPP incluido en el mandato del BCE no reconocía la importancia y el alcance del principio de proporcionalidad, debido a que la exclusión completa de los efectos reales del programa en la política económica no lo hacía justificable. La decisión del TJUE de hacer caso omiso de los efectos reales de la prueba de proporcionalidad y no tener una visión global evolutiva no cumplía los requisitos para una verificación adecuada del cumplimiento del mandato de la política monetaria. Con este enfoque, el principio de proporcionalidad no podía cumplir su función correctiva.de protección de las competencias de los Estados miembros, lo que dejaba sin efecto el principio de la autorización individual limitada. La exclusión completa de todos los efectos de la política económica también contradecía el enfoque del TJUE en los demás ámbitos del ordenamiento jurídico de la Unión y no hacía justicia a la función interfaz del principio de atribución.. No incluía una previsión de las repercusiones del PSPP en la política económica, ni eran proporcionales a los beneficios de la política monetaria llevada a cabo. Los efectos negativos del programa aumentaban con la duración de su puesta en práctica. El alcance y duración del PSPP podían hacer que los efectos que cumplían con el derecho primario se volvieran desproporcionados Éstas y otras importantes consecuencia de la política económica deberían haber sido ponderadas por el BCE en relación con los beneficios previstos para el logro de los objetivos de política monetaria definidos por el Banco, pero no se produjo tal equilibrio. Sin disponer de la documentación sobre qué y cómo este equilibrio había tenido lugar, el cumplimiento legal del mandato del BCE no podía ser controlado efectivamente por los tribunales. De nuevo se producía una intromisión del nacionalismo judicial, en un terreno que no le correspondía porque el único tribunal competente para realizar dicho control era el TJUE. El TC ha estimado que no podía apreciarse que el BCE hubiera violado de forma manifiesta del artículo 123 del TFUE, ni la identidad constitucional de la Ley Fundamental alemana, por lo que el TC centró su acusación en e l incumplimiento del principio de proporcionalidad previsto en el artículo 5 del TUE. El Gobierno federal y el Bundestag –criticados por el Tribunal por no haber logrado que cesara la aplicación del PSPP- están obligados a oponerse a la forma en que se está aplicando el programa. Como las autoridades y los tribunales no pueden participar en la ejecución o aplicación de actos “ultra vires”, el TC ha prohíbido al Bundesbank –que cubre el 26% del capital del BCE- que participe en la aplicación o ejecución de las decisiones que son objeto del presente procedimiento. a menos que, tras un plazo máximo de tres meses, “el Consejo de Gobierno del BCE demuestre en una nueva decisión que los objetivos de política monetaria que se persiguen con el PSPP no son desproporcionados con respecto a las consecuencias de las políticas económica y fiscales asociadas”. Con esta decisión unilateral, el TC invierte ilegalmente la carga de la prueba. Existe una presunción “iuris tantun” en favor de la actuación legal del BCE, por lo que corresponde a quienes impugnen la actuación del Banco probar la supuesta actuación “ultra vires,” y no al acusado demostrar su inocencia. La parte más grave de la sentencia es la crítica y la descalificación de la sentencia del TJUE y la pretensión del TC de hacer prevalecer su criterio sobre el del TJUE, pese a que los artículos 19 del TUE y 267 del TFUE establecen que el TJUE garantizará el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados, y se pronunciará de conformidad con los mismos y –con carácter prejudicial y a petición de los órganos jurisdiccionales nacionales- sobre la interpretación y la aplicación del derecho de la Unión , así como sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones. El TC ha reconocido en la sentencia que la interpretación y aplicación del derecho de la Unión es ante todo una tarea del TJUE, que se encarga de velar por el respeto de dicho derecho en la interpretación y en la aplicación de los Tratados. No corresponde al TC sustituir su interpretación por la del TJUE en los casos de interpretación del derecho de la UE, que puedan conducir a resultados diferentes. El TC debe respetar las decisiones del TJUE pese a que llegue a conclusione3s que puedan ser contrarrestadas con argumentos de peso. Ha afirrmado, sin embargo, que si los Estados miembros renunciaran al control de los actos "ultra“vires realizados por los órganos de la UE”, la decisión sobre los mismos se dejaría –de conformidad con los Tratado- exclusivamente “en manos de las instituciones de la UE”. Aquí cabe señalar un matiz importante, pues no se trataría de las “instituciones” de la Unión, sino de una de ellas: el TJUE. Así lo establecen los Tratados, que han sido ratificados por Alemania , por lo que su Gobierno y sus Tribunales están obligados aceptar sus disposiciones. El TC h a señalado que los Estados miembros son “los dueños de los tratados”. Así es, en efecto, y los Estados han acordado otorgar al TJUE una función predominante en la interpretación y la aplicación del derecho comunitario, por encima de los tribunales nacionales. Como dueños de los Tratados, los Estados pueden cambiarlos, pero, mientras no lo hagan, tienen que respetar sus disposiciones. El TC lleva tiempo enfrentándose al TJUE, en un intento de imponer sus decisiones a las del Tribunal europeo, pese a los compromisos asumidospor Alemania al ser parte en los Tratados de la Unión. Como ha observado Nacho Alarcón, “la sentencia es una declaración de guerra del más alto tribunal alemán al máximo órgano que interpreta el derecho de la Unión Europea”. El TC se ha auto-erigido en un Super-Tribunal de Apelación de las sentencias del TJUE, sin fundamento jurídico alguno ¿Quién esta actuando “ultra vifres”? Consecuencias de la sentencia La sentencia del TC va a traer aparejadas graves consecuencias en los ámbitos jurídico, político y económico. En el primero de ellos, supone el lanzamiento de un torpedo eala línea de flotación jurídica de la frágil embarcación de la UE, zarandeada por el tsunami de la pandemia del Coviv-19. Se trata de “fuego amigo”, procedente del Estado miembro de mayor peso dentro de la Unión. El profesor Franz Mayer ha advertido de las consecuencias que podrán acarrear el hecho insólito de que el TC de un Estado miembro de la UE enmiende la plana al TJUE, especialmente en relación con la situación en Polonia y en Hungría. El mal ejemplo alemán dará argumentos a los líderes nacionalistas de estos dos países para ignorar las sentencias que los puedan condenar por su incumplimiento de algunos de los principios básicos de la Unión. El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha reafirmado la preeminencia del Derecho de la Unión sobre los derechos nacionales, y el hecho de que las sentencias del TJUE son vinculantes para los Tribunales de todos los Estados miembros. El BCE se ha limitado a decir que “tomaba nota” de la sentencia y a recordar que el TJUE ha respaldado sus programas. En el ámbito político, la decisión del TC va a incidir negativamente en la política que adopte la Unión para hacer frente a las consecuencias sanitarias y económico-financiera del coronavirus, y en el emergente Programa comunitario para facilitar la reconstrucción los Estados miembros de la Unión (PEPP), en curso de adopción y en el que se ha producido un indeseado enfrentamiento entre los países del norte y del sur de Europa. .Como ha observado Haril Enderlain, Director del Centro Delors de Berlín, el Tribunal alemán ha apuntado al PSPP, pero ha dado en la diana del PEPP. El TC no ha mencionado este Programa en su sentencia, pero es evidente que se verá afectado, porque el “Plan Lagarde” se inspira en los mismos principios que el “Plan Draghi” . El TC se ha considerado obligado a presentar un comunicado en el que ha afirmado que la sentencia no afecta a las medidas de asistencia financiera que adopten la UE o el BCE durante la actual crisis del coronavirus . “Excusatio non petita, accusatio manifesta”.Está por ver. Según el ex –Vicepresidente del BCE, Victor Constancio, tras la respuesta dada por el TC en su sentencia, se va a producir un aluvión de recursos judiciales. Supone, en todo caso, un aviso a Christine Lagarde –cuyo margen de maniobra se reduce considerablemente- de que su PEPP será seguido muy de cerca por las autoridades y los tribunales alemanes. En lo económico, la sentencia ha derruido –en opinión de Enderlain- la piedra angular en la que se apoyaba el “Plan Draghi” de “whatever it takes” -hacer todo lo que sea necesario- . Las autoridades alemanas y el Bundesbanke harán todo lo posible para amarrar en corto a la Presidenta del BCE. El Consejo Económico de la CDU ya ha declarado que el BCE no tiene el mandato ni la legitimidad para convertir a la UE en una unión de deuda.. Fernando Lozano ha señalado que l sentencia supone asimismo un intento de frenar a cualquier iniciativa tendente a la mutualización de la deuda o a la emisión de eurobonos o coronabonos. La tensión entre Alemania y el BCE ha perjudicado a la posición de la UE y de sus Estados miembros en los mercados. Nada más conocerse la sentencia, han subido las primas de riesgo de Italia, España y Portugal. Para tratar de calmar a la opinión pública europea, el Ministro alemán Hacienda, Olof Scholf, ha afirmado que la sentencia concede al BCE el derecho a continuar con el programa de compras de deuda. La situación pone de manifiesto el espíritu supremacista de algunos sectores de la sociedad alemana. En esta ocasión, la opción de la” Europa alemana” ha prevalecido sobre la de la “Alemania europea”.. En la galaxia de Europa, no es la luna alemana la que gira en torno al sol de la UE, sino al contrario. ¡Deutschland übder Alles!” Madrid, 7 de Mayo de 2020

Caos universitario

CAOS UNIVERSITARIO La hecatombe de la pandemia del Coviv-19 ha alterado gravemente todos los ámbitos de la vida en España, incluido el ámbito de la educación, tanto escolar como universitaria. La estructura educacional del Gobierno nacional ya se había transformado formalmente antes del inicio de la crisis en el mercado persa que se produjo con motivo de la constitución del II Gobierno de Pedro Sánchez. En el intercambio de cromos ministeriales, había que ofrecer una cartera a un representante de “En común-Podemos”. La persona escogida fue el profesor de Sociología, Manuel Castell y, para hacerle un hueco en el Gobierno, se desgajó la cartera de Universidades de la de Investigación y se creó un Departamento ministerial con competencias bien exiguas. Dado que la educación “in toto” había sido transferida con anterioridad a las Comunidades Autónomas y que las Universidades gozaban de su propia autonomía, la labor del profesor Castell quedaba reducida a la expedición de tirulos universitarios con validez en todo territorio español y poco más. No sé si se ha debido a esta exigüidad en sus competencias o a la creencia de que se encontraba en un año sabático, el flamante y capitidiminuido Ministro del ramo ha estado desparecido en combate, hasta el puntos de ser considerado –según los sondeos- el miembro menos conocido del Gobierno, y mira que hay desconocidos en este macro-Gobierno de 22 lumbreras 22, que hay que recurrir a Wikidepia para saber quién es quíen. Castell se ha lavado “ponciopilatescamente” las manos y se ha desentendido del problema del cierre del curso académico en las universidades de toda España, dejándolo en las manos de cada una de las Universidades. Debería haber dictado algunos criterios orientadores y tratado de lograr un consenso con el Consejo de Rectores sobre el cierre del complicado curso académico, pero no lo ha logrado, si es que lo ha intentado. Ha concentrado toda su energía en sacar a la luz pública un proyecto de Decreto de reforma de la Universidad para incorporar a ella a las empresas, objetivo encomiable, aunque el momento no sea precisamente el más oportuno. Los estudiantes universitarios se hallas desconcertados y sumidos en la mayor incertidumbre sobre su futuro inmediato, como se ha puesto de manifiesto en una carta abierta de un estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, Alejandro Guzón, publicada en el periódico “ABC”de hoy, bajo el título de “Nos exigen más que cuando las clases eran presenciales”..Según ha señalado el corresponsal, los primeros días tras la declaración del Estado de Alarna estuvieron llenos de incertidumbre porque no sabían qué hacer y no recibían respuesta alguna de las Universidades sobre la continuación del curso. Las distintas Facultades no se lo habían puesto fácil y las medidas finalmente adoptadas resultaban asfixiantes, porque se les exigía más que cuando tenían clases presenciales, pese a que la mayoría de los profesores habían pasado a dar -por vía telemática- tan sólo una o dos clases a la semana, en vez de las tres habituales. Tenían que preparar su propio material y seguir el ritmo normal, y los profesores les encargaban cada vez más trabajos.. Pretendían dejar de dar clase en un mes y examinarlos en juni-julio de todo el programa, sin haber explicado la materia durante más de tres semanas. Puedo confirmar las legítimas inquietudes expresadas por el estudiante Guzón, en mi calidad de abuelo de sendos nietos que están estudiando en Universidades madrileñas: una en la Complutense y otro en la Autónoma. Durante largo tiempo, las Facultades respectivas no han dado señales de vida y, cuando al fin se han decidido a informar a los estudiantes por vía telemática, lo han hecho de forma incompleta e insatisfactoria. Siguiendo la socorrida práctica de pasar la “patata caliente”, el Ministro se la ha pasado al Consejo de Rectores., éste a los Decanos de las Facultades y éstos a los profesores, que han actuado –los que ha actuado, porque algunos han dado la callada por respuesta- de acuerdo a su leal saber y entender. Se han creado “reinos de Taifa” universitarios con emires autónomos que hacen o no hacen lo que les place. Algunos han dado clases teóricas vía intranet y han encargado multitud de trabajos y casos prácticos, em muchos casos sobre materias que no han sido explicadas. En fin, un auténtico caos universitario en consonancia con el caos generalizado que reina en el conjunto del Estado español. En mi calidad dde profesor universitario me siento avergozado y escandalizado, porque lo que está pasando, y lo considero muy poco serio y no concorde con la Academia. Comprendo que la situación es sumamente complicada, que ha sobrepasado a todas las instituciones y que no es de fácil solución. No se trata de dar un aprobado general, como ha solicitado el Sindicato de Estudiantes y a lo que parece sensible la Ministra de Educación, Isabel Celá, en su ámbito de educación escolar. El Ministro de Universidades, no sabe, no contesta. Hay que mantener las clases mientras sea posible y preguntar en los exámenes especialmente sobre las materias explicadas durante las clases presenciales Se ha actuado mal de forma generalizada y se ha perdido un tiempo precioso que va a resultar muy complicado recuperar. Hay que buscar fórmulas razonables que respeten el rigor y prestigio académico con el deber ético de no causar perjuicios innecesarios a los estudiantes universitarios, que están siendo los más perjudicados por la anómala situación. Ante la excepcionalidad de las circunstancias concurrentes, hay que que procurar hacer una “faena de aliño” con las garantías mínimas para salvar el prestigio del festival universitario, y dejar el grueso de la corrida para el próximo cursos, si el coronavirus lo permite. Madrid, 5 de mayo de 2020