Falta de solidaridad en la UE entre paises del norte y del sur

FALTA DE SOLIDARIDAD EN LA UE ENTRE PAISES DEL NORTE Y DEL SUR Reunión del Consejo Europeo La cumbre del Consejo Europeo que se celebró el pasado día 27 por vía telemática, con el fin de adoptar un plan de choque para luchar contra a la crisis del COVID-19, resultó un auténtico fiasco. Sobre la mesa estaban las propuestas de recurrir al fondo de rescate europeo- el Mecanismo Europeo de Estabilidad-, con las consiguientes consecuencias financieras y políticas, o emitir “coronabonos” para mutualizar la deuda. Mientras los ortodoxos países del norte –Alemania, Austria, Finlandia y Países Bajos- se inclinaban por la primera solución, otros 9 Estados del sur –entre los que se encontraban España, Francia, Italia y Portugal- optaban por la segunda. Ante la falta de acuerdo, el Presidente del Consejo, Charles Michel, presentó un inocuo texto de que no decía nada y dejaba la cuestión en el aire, pero Italia y España lo rechazaron y exigieron una acción conjunta y decidida de todos los Estados miembros para mitigar las gravísismas consecuencias económicas del coronavirus. Como señaló Pedro Sánchez, “si no proponemos ahora una respuesta unificada, potente y eficaz a esta crisis económica, no sólo el impacto será más duro, sino que sus efectos durarán más tiempo, y estaremos poniendo el peligro todo el proyecto europeo”. Pidió que no se repitieran los errores de 2008, que “sembraron la semilla de desafección y división con el proyecto europeo”. Emmanuel Macron afirmó que no quería una Europa egoísta y dividida e hizo un llamamiento a la solidaridad europea. ¿Deseaba la UE a reducir la institución monetaria a su mínima expresión y a unas reglas que permitiertan a cada Estado actuar por su cuenta, o se optaba por una actuación conjunta para financiar los gastos y las necesidades en una crisis vital? Él se pronunciaba a favor de la completa solidaridad mediante una capacidad común por el crecimiento del presupuesto de la Unión que facilitara un apoyo real a los países más afectados por la crisis. Angela Merkel mantuvo, en cambio, que la mutualización de la deuda no estaba en la agenda de Alemania y que cada Estado debería responder por su propia deuda pública. El Primer Ministro holandés, Mark Rutte, apoyó la posición alemana y se opuso de forma taxativa a la emisión de coronabonos por parte de la UE. La reunión –que fue tensa y se prolongó hasta la madrugada- llegó a la solución de no pronunciarse sobre el fondo del asunto y pasar la cuestón al Eurogrupo, al invitarlo a “presentar propuestas en dos semanas. Estas propuestas deberán tener en cuenta la naturaleza sin precedentes del choque del COVID-19, que afecta a todos nuestros países”. En realidad no se hacía una encomienda a los Ministros de Hacienda, sino a un Grupo de Trabajo formado por representantes del Eurogrupo, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Banco Central Europeo. Metedura de pata del Ministro de Hacienda holandés En el curso de los debates, el Ministro de Hacienda de los Países Bajos, Wopke Hoekstra, tuvo una muy desafortunada intervención, al pedir a la Comisión Europea que investigara a los Estados que –pese el crecimiento económico de la eurozona en los últimos siete años- no dispusieran de margen presupuestario suficiente para hacer frente al impacto económico de la crisis, y le instó a que presentara un informe sobre los Estados de la UE que habían establecido amortiguadores financieros –las hormigas buenas-, y que se destacara las lecciones que cabía deducir de los errores cometidos por los países que no disponían de esos “financial buffers”-las cigarras malas-. Era una reacción típica de la idiosincrasia holandesa heredada del calvinismo. Les encanta dar lecciones de moralidad en el ámbito que sea, porque son tan perfectos que se creen obligados a impartir consejos a los pobres que no saben lo que hacen. Su oposición a asumir responsabilidades compartidas es comprensible porque la llevan impresa en su ADN. Es lo que popularmente se conoce con el dicho “going Dutch”, conforme al cual, cuando unos amigos salen a tomar unas copas, cada uno paga su consumición. El conservadurismo fiscal germano-holandés tiene su raíz en la tradición protestante, que vincula la deuda con el pecado. El vocablo “schuldenschuld” –culpa de deuda- sólo existe en los idiomas alemán y neerlandés. Aunque no mencionó expresamente a ningún país, sus dardos iban obviamente dirigidos a España y a Italia. La reacción ante esta impertinencia no provino, sin embargo, de los señalados, sino del Primer Ministro portugués, Antonio Costa, quien comentó que el discurso había sido “repugnante” y lo calificó de “absoluta inconsciencia” y “mezquindad recurrente”, ya que “no fue España la que creó o importó el virus”. Semejante postura minaba completamente el espíritu de la UE y era una amenaza para el futuro de la Unión. Añadió que, ”si no nos respetamos los unos a los otros y no comprendemos que ante un desafío común, tenemos que tener la capacidad de responder en común, entonces nadie entendió nada de lo que es la UE”. Interrogado por los periodistas sobre si había ido demasiado lejos en sus críticas, contestó que quien había ido lejos había sido el Ministro holandés, que se había extralimitado. No sólo no rectificó, sino que redobló sus críticas y afirmó que, si la UE no hacía lo que era necesario, sería su fin. Más diplomática, la Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González, le dijo a Hoekstra que todos estábamos en el mismo barco europeo y corríamos el mismo riesgo ante el iceberg que se nos venía encima, por lo que no había tiempo para discusiones sobre supuesto pasajeros de primera o de segunda clase. ”No es el momento de defraudar a nuestros ciudadanos”. Es digno de agradecimiento el gesto de solidaridad ibérica que Costa ha tenido con su vecino español. Sangrando por la herida abierta, Costa afirmó que no estaba dispuesto a volver a escuchar a Ministros de Hacienda holandeses,- como hicieron en 2008 y años sucesivos-que provocaron el traumático rescate Portugal por parte de la UE. Se refería a las declaraciones de Jeroen Disselbloem de que Países Bajos no estaba dispuestos a aportar fondos a los países que no hiciera los deberes, porque nadie prestaría a quienes se gastaran el dinero en alcohol y mujeres. Era una manifestación más de la moralina holandesa. Supongo que no se refería a los miles de holandeses que desfilan ante los escaparates de Amsterdamen los que se exhiben provocadoras hetairas y disfrutan de sus servicios, mientras alivian el gaznate con generosos tragos de “oude geneve”.Los comentarios de Hoekstra no eran fruto de un arrebato del momento, sino que tenían por objetivo condicionar la emisión de eurobonos a que se hubiera comprobado si los distintos Estados de la Unión habían cumplido sus obligaciones financieras, lo que supondría remitir el debate de la cuestión “ad calendas grecas” o neerlandesas. Según José María de Areilza, los Países Bajos y Alemania se han equivocado de crisis y elegido vivir mentalmente en el pasado. Sus dirigentes no han entendido que la pandemia es un desafío a la propia supervivencia de la UE, muy distinto a la crisis económico- financiera de 2008. Se aferran a una división controvertida entre países acreedores y deudores, buenos y malos, como si la amenaza global del coronavirus se pudiera confinar en delimitaciones nacionales y gestionar con negociaciones plagadas de vetos. Piden reformas estructurales a los países que más sufren la crisis y los animan a endeudarse sin la posibilidad de mutualizar la deuda y abaratar los costes a través de un instrumento fiscal europeo. Los denostados coronabonos no sólo tendrían un impacto económico positivo, sino que serían una señal política fundamental de que la UE movilizaba todos sus recursos, y permitía salir rápido de la parálisis económica con las capacidades productivas lo más intactas posible y evitar derivas políticas peligrosas. Insuficiencias de la Unión Económica y Monetaria de la UE Alemanes y holandeses han acusados a los Estados sureños de aprovecharse de la crisis del COVID-19 para replantear el tema de la emisión de eurobonos, que no es cierto. Con el Tratado de Maastricht de 1992 se dieron los primeros pasos para la creación en 1998 de la Unión Económica y Monetario, que dio un paso muy importante con la creación del euro como moneda única en 2002. La UEM nació, sin embargo, un tanto coja, porque los países más ricos del norte pretendían –de conformidad con el dicho anglosajón “to have their cake and eat it” y gozar –como ha observado Guillermo Íñiguez- de todas las ventajas de una moneda única sin soltar ni un euro en favor de los despilfarradores Estados del sur. Se basaban en una filosofía económica absurda de exaltación de la estabilidad financiera y del déficit cero, que no han dudado en ignorar cuando les ha convenido, como acaba de hacer Alemania. La UEM quedo a medio hacer por la renuencia de los ortodoxos norteños, que se han negado a completar el entramado de la Unión, para lo que economistas y políticos han señalado que era necesario dotarla de un pilar fiscal y de capacidad para hacer frente a las crisis económico-financieras, revisar las reglas fiscales del euro y flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para tener en cuenta las necesidades de desarrollo de todos los países, especialmente los menos desarrollados dentro de la UE. Era conveniente convertir el MEDE en un auténtico Fondo Monetario Europeo, establecer un presupuesto para la Unión y un Ministerio de Economía. También se necesitaba garantizar los depósitos, crear un Fondo de transferencias entre Estados miembros –un “Rainy Day Fund”-, que se adaptase a las fases de los ciclos económicos y tuviera un carácter estabilizador, unificar los regímenes fiscales para evitar el “dumping” irlandés o el ventajismo luxemburgués, y –sobre todo- mutualizar la deuda mediante la emisión de eurobonos u otros instrumentos similares. Alemania y Países Bajos se opusieron rotundamente a estas propuestas, especialmente a la última, llegando Merkel a decir de forma terminante que los eurobonos no se expedirían en la UE mientras ella estuviera con vida. Boris Johnson ha imitado este modelo chulesco cuando declaró que antes quedaría muerto en una cuneta que permitir prorrogar la fecha de la salida de Gran Bretaña de la UE. Si se pide a la Unión que expida eurobonos no es para salvar a los incompetentes Gobiernos del sur y solucionar el problema de su fenomenal deuda, sino para permitir que puedan acceder a los mercados en mejores condiciones. Es una medida solidarias que no sólo beneficia a España o a Italia, sino también a todos los Estados de la Unión. Merkel impuso a sangre y fuego a sus socios los dogmas sacrosantos de la estabilidad, la prohibición del déficit y la austeridad, pero, en cuanto le han venido mal dadas, ha autorizado en horas 24 que Alemania -¡Oh cielos!- incurra en déficit. Esta muestra de pragmatismo debería extenderla igualmente al ámbito de la UE. La grave crisis del COBIB-19 no ha hecho sino añadir urgencia a la necesidad de completar cuanto antes la UEM. Pueden incluir en el pacto todas la condiciones que estimen necesarias y requerir las garantías necesarias para evitar posible abusos, pero que se aplique de una vez, “bitte”- el principio de solidaridad inherente a cualquier Unión. Igual ocurre en el ámbito judicial con las Órdenes Europeas de Detención y Entrega, basadas en el principios de que los estándares de los sistemas judiciales de los Estados miembros son homologables. No cabe -como han hecho los Tribunales belgas- negarse a ejecutar una OEDE so pretexto de que no se fían de la Justicia de España. O los Estados confían en sus socios y tramitan las órdenes, –salvo en los casos excepcionales incluidos en la normativa comunitaria- o, de no hacerlo, deberían salirse del régimen de las OEDE. Lo mismo ocurre con la UEM. O los Estados se fían de los demás miembros de la Unión y actuar en consecuencia, o no se fían, en cuyo caso, deberían salirse de ella. Haya que estar a las duras y a las maduras. No cabe aprovecharse de las ventajas de la unión monetaria y del euro y negarse de forma sistemática o boicotear que se complete la UEM. Costa insistió en que era necesario que todos los Estados de la UE actuaran de consuno frente a una crisis que alcanzaba a sus 27 miembros de forma simétrica y con una mayor dimensión que las otras crisis hasta ahora vividas en la Unión. Si nos mantenemos en las divisiones que ya bloquearon importantes decisiones en 2008, Europa sufrirá mucho con este tsunami. Consideraba absolutamente fundamental realizar la emisión de deuda conjunta para conseguir mejores condiciones de financiación para todos. Merkel y Rutte siguen en sus trece y, aunque sin tanta contundencia, se oponen a la mutualización de la deuda. Los halcones del euro se niegan a compartir riesgos financieros con sus socios del sur y exigen que cualquier ayuda comunitaria requiera a cambio un plan de ajuste. Rutte –que es el mamporrero de Merkel- ha dicho que no puede prever bajo ninguna circunstancia que Países Bajos acepten los eurobonos porque iban contra el diseño de la UEM.¡Será caradura!. Querrá decir contra su diseño. Como ha señalado Íñiguez, una Europa del siglo XXI no puede ser gobernada por el moralismo calvinista, sino que debe guiarse por la solidaridad. Conducta errática del Gobierno de Sánchez El Gobierno de Sánchez –o, más bien, el mini-Gobierno de los coordinadores del Plan de Alarma- siguen con su política errática y poco acertada para hacer frente a la crisis del COBIB-19. Se ha puesto de manifiesto que el Gobierno conocía la letalidad de la pandemia desde el mes de enero y tardó más de 40 días y 40 noches en tomar las primeras medidas para enfrentarse a ella, empezando por aprovisionarse con antelación del material sanitario requerido. Según ha señalado Daniel Lacalle, ésta no es una crisis de falta de gasto sanitario, sino de falta de previsión y gestión, sobre todo en relación con el fallo en el suministro de material de protección frente al contagio. Como ha reconocido el Director Adjunto Operativo de la Policía, José Ángel González, en rueda de prensa del equipo coordinador, llevaban tres meses pidiendo, sin éxito, material de protección para sus miembros. El Secretario de Estado de Comunicación y censor de periodistas en las ruedas de prensa, Miguel Ángel Oliver, lo corrigió sobre la marcha diciendo que se trataba de tres semanas, pero González mantuvo su afirmación. Ya veremos cuánto dura en su puesto. El culmen del descrédito del Gobierno y de sus gestión centralizada de la crisis ha sido la farsa de la adquisición a bombo y platillo en China de 640.000 “tests” de pruebas rápidas –otras fuentes hablan de 340.000 unidades-, que han salido defectuosos y la Embajada de China en España ha declarado que la empresa suministradora no contaba con la debida licencia gubernamental. Por razones inexplicables, el Gobierno se ha negado a revelar quien ha sido el intermediario, ha devuelto el material defectuoso y le ha encargado al mismo intermediario que gestione el envío de” tests” homologados y eficaces. Según “El Mundo”, se trata del paradigma de una gestión deficiente y un completo ridículo, que ha afectado gravemente a la credibilidad del Gobierno. Éste ha creado un órgano de gestión formado por personas de buena voluntad pero carentes de experiencia, que se encuentran desbordados, especialmente el titular de Sanidad, Salvador Illa, y su portavoz, Fernando Simón, que podrá ser un excelente epidemiólogo –cosa que algunos dudan por sus imprevisiones, titubeos y contradicciones-, pero un mal político. En cualquier caso, es un prueba de cómo la ciencia puesta incondicionalmente al servicio del Gobierno de turno se desprestigia. Fernando Lozano ha constatado que la gente se está calentando por la mala gestión y las medidas erráticas de un Gobierno moribundo, que no da pie con bola, sigue instalado en la mentira y nos trata como a tontos. Para Cristian Campos, todo el esfuerzo del Gobierno está centrado en mantenerse en el poder y todas sus decisiones tienen como principal objetivo minimizar el daño a su imagen. La culpa es de todo el mundo, menos del Gobierno. Según Alberto Gibánez, no pasaría nada si el Gobierno pidiera perdón por los muchos errores cometido y planteara una política adecuada que permitiera que todos arrimaran el hombre, pero ni Pablo Iglesias ni Iván Redondo lo perrmitirían. Sánchez es rehén de sus propias contradicciones y, al final, va a ser devorado por la crisis. El resultado es que, a día de hoy, hay 78.797 contagiados -9.994 de ellos miembros del personal sanitario, el porcentaje más elevado en Europa-, 4.957 ingresados en las UCI y 14.709 pacientes curados, y han muerto 6.528 personas -838 en un solo día-. Ante esta situación, Sánchez acaba de anunciar que en un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará mañana domingo, se decidirá paralizar, a partir del lunes y hasta el 9 de abril, todas las actividades que no sean esenciales, debiendo permanecer los trabajadores confinados en sus casas durante 15 días. El Presidente vasco, Íñigo Urkullu, ha propuesto que sean las Comunidades Autónomas las que decidan qué actividades deban parar, en función de la especificidad productiva de cada una de ellas. Se ha quejado de no haber sido previamente informado de la intención del Gobierno. Una vez más, Sánchez ha recurrido a la táctica inapropiada de lanzar globos-sonda ,al anunciar la adopción de medidas antes de tomarlas. Falta de solidaridad de la UE El Gobierno español tiene mermada su autoridad ante la UE por la insolvente política económica que viene aplicando últimamente. El propio Banco de España ha criticado al Gobierno por no haberse proporcionado en tiempos de bonanza un colchón presupuestario. Pese ser el caballo de Troya eurócrata en el seno del Gobierno, la Vicepresidenta, Nadia Calviño, se siente incapaz de imponer un política económica coherente con los directrices de la Unión, al contar con la oposición interna del socio podemita –que propugna una política populista estrafalaria- y de un sector del “sanchismo” radical, que aún cree en la revolución pendiente. Sánchez no sabe, no contesta y da continuos bandazos según siga la opinión de Calviño o de Ibáñez. La UE se juega su ser o no ser en esta crisis global que, para salir de ella, exige la unidad de acción de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros. Según ha editorializado “El Mundo”, no cabe el “¡Sálvese el que pueda!” –como hasta ahora se ha venido haciendo-, porque lo más probable es que no se salve nadie. Es cierto que la Unión carece de competencias en matería de sanidad, que está en manos de los Estados miembros, pero si cuenta con amplias facultades en el ámbito económico. Debería prestar atención a la demanda de su miembros del sur de que se adopte con urgencia una especie de “Plan Marshall” de reactivación económica, que pase por la murtualización de la deuda pública. Según Luigi Ferrajoli, la UE se debería haber hecho cargo desde el principio de la crisis del coronavirus, de conformidad con el artículo 168 de su Tratado de Funcionamiento, que –tras afirmar que la Unión “fomentará un amplio grado de salud humana”- establece que los Estados miembros, en colaboración con la Comisión Europea, coordinarán sus políticas al efecto, y con el artículo 222, que prevé que “actuarán conjuntamente y con espíritu de solidaridad”, cuando un Estado miembro sea víctima de una catástrofe natural. Pero, a pesar de estos mandatos, cada uno de los 27 Estados miembros va por su lado y basa su estrategia en la demagógica defensa de una insensata soberanía nacional. “Bastará con que uno de ellos adopte, en uso de su soberanía nacional, una medida inadecuada para generar un riesgo de contagio a los demás”. La Comisión Europea todavía está a tiempo de coordinar las estrategias de los distintos países. Si no lo hiciera, mostraría su ineptitud como institución, capaz de imponer sacrificios para garantizar de la estabilidad presupuestaria, pero no la salud y la vida de los ciudadanos. Es de agradecer que la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, haya mostrado su simpatía hacía los españoles, que les diga que no están solos y que su portavoz recite el “Caminante, no hay camino” de Antonio Machado tras una comparecencia. Pero reducir la contribución de la UE al suministro dentro de unas semanas de unas pocas mascarillas y guantes es casi un insulto. “Too little, too late”. La UE podría y debería hacer mucho más, como introducir la mutualización de la deuda en el marco de la UEM. Como ha observado Íñiguez, los eurobonos seguidos de un Plan Marshall europeo podrían salvar vidas que la Unión necesita desesperadamente. Una combinación de recursos por parte del Consejo Europeo en forma de mutualización de la deuda puede allanar el camino hacia una mayor integración económica y una mayor solidaridad en toda la UE. La Presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dado su visto bueno a esta propuesta y von der Leyen parece ser sensible a ella, cuando ha comentado que hay que evitar que el COVIC-19 divida la Unión entre Estados ricos y pobres. Según comentó en su día el patriarca Jacques Delors, el clima que reinaba entre los Jefes de Estado y de Gobierno era el de falta de solidaridad europea, lo que hacía correr un peligro mortal a la UE. La situación se repite hoy día y hay que impedir por todos los medios que el virus calvinista de la insolidaridad contamine a la Unión, si queremos ser fieles al espíritu solidario que inspiró a los padres fundadores. Madrid, 28 de marzo de 2020

La pandemia del Coviv-1: Responsabilidad del Gobierno y deslealtad del nacionalismo

LA PANDEMIA DEL COVID-19: IRRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO Y DESLEALTAD DEL NACIONALISMO El coronavirus se propaga cada día más en España como una plaga de Egipto y el Gobierno bipartito -que cuenta con el apoyo exterior de los distintos nacionalismos, que en esta ocasión se han revuelto contra él para convertirlo en el chivo expiatorio- no ha estado a la altura de las circunstancias y al tremendo reto que supone la pandemia. Sí, ya sé que se me va a decir que, en estos momentos de grave crisis, hay que poner de lado las críticas y respaldar ante todo la acción del Gobierno para hacer frente al virus: que –como ha señalado Fernando Grande-Marlaska- ya habrá momentos para estudiar y analizar las actitudes de todos: del Gobierno, de la Oposiciñon, de los Gobiernos autonómicos y locales, y de todos los que tengan responsabilidades, pero éste no es ese momento. A ello cabe contestar que, en efecto, todos debemos apoyar al Gobierno en todo lo apoyable, pero que ello no es óbice para que se formulen las críticas debidas por los errores cometidos por el Gobierno, algunos de ellos a sabiendas de sus consecuencias, como al alentar las multitudinarias manifestaciones del 8-M. No es coincidencia que la pandemia haya empezado a expandirse de forma exponencial a las dos semanas de estas concentraciones, que causaron bajas notorias en el feminismo nacional, como las de la Ministra de Igualdad y consorte del Vicepresidente 2º del Gobierno, la Ministra de Administración Territorial y la esposa del Presidente del Gobierno. A ello cabe añadir la asimismo irresponsable celebración en espacio cerrado de la Asamblea de Vox, que provocó la infección de la plana mayor del partido. Cabe examinar lo ocurrido antes, durante y después de estos acontecimientos Antes de conocerse la expansión del coronavirus El Gobierno era plenamente consciente de la creciente expansión del virus, no ya en la China lejana geográfica, política y socialmente, sino en la cercana Italia, hermana latina, no sólo en convicciones políticas, sino también en hábitos sociales. La Agencia de Salud Pública Europea había desaconsejado la celebración de estas manifestaciones –que tuvieron lugar en toda España-, pero el Gobierno hizo caso omiso, anteponiendo el rédito que obtendría con la exaltación de la ideología feminista al bienestar sanitario de los ciudadanos. Pedro Sánchez y sus mariachis podemitas no sólo no prohibieron la realización de estas marchas multitudinarias, sino que las alentaron y participaron en ellas al más alto nivel: dos Vicepresidentas, varias Ministras y algún Ministro, “altas cargas” de los dos partidos gubernamentales, y la esposa del Presidente del Gobierno,. Pese a conocer las recomendaciones de la UE contrarias a la celebración de esas manifestaciones, el responsable del Centro de Coordinación de Emergencias y Alerta Sanitarias, Fernando Simón, quitó importancia a la participación en las concentraciones y manifestó que no tendría inconveniente en que su hijo participara en ella. Asimismo ha justificado la presencia en el Consejo de Ministros de Pablo Iglesias, auto-sometido a cuarentena, y de Pedro Sánchez, que debería haberlo estado, por los contagios de sus respectivas parejas, alegando que había situaciones en las que, por múltiples razones, estaba justificado saltarse algunas medidas precautorias. Como ha señalado Josu de Miguel, el espectáculo de ver a miembros del Gobierno manifestándose en la calle y gritando proclamas contra la sociedad pasaría a la historia de los desatinos morales de España, al producirse una alteración del orden lógico, ya que eran los gobernantes los que protestaban contrala sociedad y no a la inversa. Era ésta un consecuencia lógica de la influencia de Podemos que pretende tener un pie en el Gobierno y otro en la Oposición, y ser a la vez sistema y antisistema. En cuanto a la celebración de la Asamblea de Vox en Vistalegre, con plétora de besos y abrazos, el partido ha alegado que había decidido mantener la reunión porque el Gobierno no les había advertido de la peligrosidad de la situación. Esa wexcusa podría ser considerada como una circunstancia atenuante, pero en ningún caso eximente. Constituía una prueba más de que Vox es un partido inmaduro por su bisoñez y que aún le queda mucho que aprender para codearse con los partidos de más solera. Sánchez se ha mostrado inseguro ante el vendaval que se le vino encima e indeciso a la hora de tomar decisiones. Incluso cuando no tuvo más remedio que tomarlas, perdió varios preciosos días en amagar y no dar, anunciando la adopción de ciertas medidas que afectarían seriamente a la ciudadanía, pero sin acabar de adoptarlas. Según ha reconocido el Ministros de Investigación, Pedro Duque, ya el dos de febrero se celebraron reuniones de trabajo con científicos españoles y se fueron elaborando las medidas que se plasmaron en la Declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo. Resulta poco responsable por parte de los políticos y científicos que dejaran transcurrir cuarenta días –una auténtica cuarentena- antes de que el Gobierno adoptara las decisiones que con urgencia se requerían. Cuando se produjo pocos años antes la crisis del ébola –en la que sólo se infectó una enfermera española, que afortunadamente se recuperó tras el debido confinamiento-, el líder de la Oposición –a la sazón Pedro Sánchez- calificó de “desgobierno e incompetencia” la actuación de Mariano Rajoy -al que obligó a comparecer- y lo tildó de “responsable criminal” por haber permitido la celebración de unas modestas manifestaciones religiosas para imprecar por la lluvia en unos momentos de pertinaz sequía ¿Algún paralelismo con la situación actual? Hay que reconocer que la Oposición, quizás acomplejada por la supuesta superioridad moral de la izquierda, pero -en cualquier caso- dando muestra de sentido de Estado, ha adoptado una actitud diferente y sido más leal a Sánchez que su propio socio en el Gobierno. Como ha dicho Pablo Casado, éste es momento de respaldar al Estado y ya habrá tiempo cuando se supere la crisis para –como ha sugerido el Ministro del Interior-investigar lo ocurrido y exigir responsabilidades a quien corresponda. Sánchez, no ha hecho el menor gesto de autocrítica y dado largas para eludir su responsabilidad. Ha culpado de la situación a los recortes en sanidad hechos por los Gobiernos del PP e incluso extendido el cargo de culpa al propio Francisco Franco, que –desahuciado de su tumba por los enemigos de los desahucios- sigue desde su nueva morada en el cementerio de El Pardo, perdiendo o ganando -según se mire- batallas después de muerto, como el Cid Campeador. Este síndrome del franquismo ha infestado como un virus hasta al sesudo “New York Times”, que -en un reportaje sobre el Museo de El Prado- mencionaba cinco veces a Franco, una a Velázquez y ninguna a Goya. Durante la expansión del COVID-19 Nada más filtrase la noticia de que el Consejo de Ministros extraordinario que se iba a celebrar el pasado día 14 decretaría el Estado de Alarma y centralizaría en el Gobierno de la Nación todas las competencias en materia de sanidad, seguridad y transporte, las Comunidades catalana y vasca lanzaron toda su artillería pesada contra Sánchez, con la invaluable ayuda de su testaferro Iglesias, para impedir que se adoptara semejante decisión o que –en el caso de adoptarse- se les eximiera de su aplicación. La reunión del Consejo tuvo tintes surrealistas con la irrupción en la reunión de Iglesias cuando nadie lo esperaba, pues había declarado su auto-cuarentena “urbi et orbe” tras el contagio de su pareja. Sánchez no pudo impugnar su presencia porque se encontraba en la misma situación, ya que su consorte también estaba infestada -aunque muy cucamente hubíese ocultado este hecho a la opinión pública- y, si lo hubiera excluido, también él se habría tenido que ausentar de la reunión. El Vicepresidente 2º se presentó para dificultar la adopción del texto que habían preparado los Ministros socialdemócrata bajo la égida de la Vicepresidenta 3º, Nada Calviño. Iglesias pretendía aprovechar la ocasión para arrimar el ascua a su sardina populista y conseguir la intervención del Estado en el sector eléctrico y en los medios de comunicación, aumentar el régimen de protección de los trabajadores afectados por los ERE o los ERTE, incluir a algún Ministro de Podemos en el equipo coordinador del Plan de Alarma y excluir a Cataluña y al País Vasco de la aplicación de dicho Plan. Iglesias se lenfrentó con Calviño, a cuyo equipo, el neo-estatalinista Ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusó de “neoliberal” y aquélla, exasperada, le dijo al Presidente que o dimitía Iglesias o se marchaba ella, porque los dos no cabían en el Gobierno. Sánchez no tuvo más remedio que escoger y, por una vez, no cedió al influjo maléfico de su Vicepresidente, aunque, para calmarlo, cometió la cacicada de incluir en el Decreto sobre la Declaración de Alarma una disposición final por la que blindaba la presencia de Iglesias en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. Semejante concesión ha sido un auténtico disparate, tanto por motivos de forma como de fondo. No hay justificación alguna para modificar la composición de la citada Comisión aprovechando la adopción de un Decreto-Ley de la transcendencia del adoptado para declarar el Estado de Alarma y no existe la menor urgencia para incrustar con fórceps a Iglesias en la citada Comisión. En cuanto al fondo, el desaguisado es aún mayor. Es público y notorio que Iglesias es contario a la OTAN y a la colaboración militar con Estados Unidos y mantiene “laisons dangereuses” con los impresentables regímenes que prevalecen en Caracas y en Teherán, así como que ha afirmado en diversas ocasiones su deseo de controlar el CNI. Es harto improbable que la CIA o el Mossad compartan con el CNI información sensible sobre Venezuela o Israel. que pueda llegar –vía Podemos- a los dirigentes de estos Estados “gamberros”. Al acceder al capricho de Iglesias, Sánchez está poniendo en peligro la seguridad nacional. Como ha señalado Rodrígo Vázquez de Prada,la Declaración del Estado de Alarma ha hecho saltar por los aires la pretendida unidad de criterio del autodenominado Gobierno de progreso y puesto sobre el tapete la inconsistencia de su alianza contra natura con el secesionismo catalán y vasco. Sánchez ha venido gobernando a trompicones con demagogia y continuas concesiones a los separatistas. Su marcha triunfal del brazo de sus aliados tiene los días contados. Manuel Marín acaba de publicar en “ABC” un interesante artículo sobre “Crisis de Gobierno con ceses en diferido”, en el que afirma que Sánchez está calibrando hasta dónde son capaces de llegar Iglesias y el separatismo, al tensar la cuerda de la gobernabilidad condicionada por una incertidumbre social y económica acuciante. Sánchez se impuso, por una vez, a Iglesias, ignoró sus propuestas radicales y lo excluyó del puente de mando del equipo coordinador del Plan de Alarma, compuesto por los Ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes, sin la participación de ninguno de sus cuatro Vicepresidentes. De ellos, tan sólo Margarita Robles está dando la talla y se ha enfrentado con firmeza a las incesantes provocaciones de Torra y ha afirmado que si alguien no está dispuesto a colaborar para hacer frente a la pandemia, “tiene que quedar al margen de la vida pública”. Su colega de profesión, Grande-Marlaska, cada día se parece menos al gran juez que fue y más al mediocre político que es. Está totalmente entregado a su jefe de filas –en una breve alocución, llegó a citar hasta cuatro veces, “como bien ha dicho el Presidente del Gobierno”- y es de los ingenuos que cree que Torra es recuperable y espera que se suba a la barca común y reme junto con todos los españoles. El nombramiento de Salvador Illa responde al pgco de la cuota que Sánchez ha tenido que conceder al sector nacionalista del PSC. Cabría preguntarle qué hace un filósofo como él en un Ministerio de Sanidad como éste, en un caótico momento de pandemia vírica. Pues lo que es lo suyo, filosofar y repetir generalidades y banalidades en su diaria rueda de prensa informativa –. En cuanto a José Luis Ábalos –otrora un de los puntales del sanchismo- sigue aún algo sonado como consecuencia de sus aventuras nocturnas con Delcy Rodríguez. Como responsable de Trasportes y Movilidad, su misión consiste en reducir al máximo el transporte y la movilidad, lo que no está haciendo del todo mal. En su egotismo narcisista, Iglesias es incapaz de renunciar a su protagonismo y no puede renunciar a las cámaras y a los micrófonos y, aún menos, asumir en el guion un papel de actor secundario. Se ha autoimpuesto como coordinador de las medidas socio-laborales del Plan de Acción y reclamado el monopolio del “escudo social”. Ha aprovechado la ocasión para, desde el seno del Gobierno, cumplir con su obsesión de liquidar la monarquía y el régimen de 1978. Ha utilizado el atril de la Moncloa para impulsar una orquestada campaña de caceroladas contra el Rey Felipe VI, a espaldas de Sánchez, aunque éste nunca ha destacado por su defensa de la institución y de su representante. Disfruta lanzando grandilocuentes mensajes como el de “hay que politizar el dolor;. que el dolor se convierta en políticas para cambiar la realidad” –es lo que hacía ETA, por lo que “nihil novo sub sole”-. Su pareja sentimental y Ministra de Igualdad está pletórica con su papel de primera mártir del feminismo y ha lanzado, desde su muñido confinamiento, un mensaje de apoyo al personal sanitario. “Gracias, Sanidad pública”- Eso sí, teniendo a la puerta de su mansión una ambulancia con dos desfibriladores a su completa disposición. Sólo le falta afirmar que el COFID-19 es un virus machista y homófobo. Al fin y al cabo, su pareja ya ha acusado a su colega el Ministro de Justicia de “machista frustrado”. Cuando en una entrevista, Ana Pastor le preguntó de si debían arrepentirnse de no haber suspendido las marchas del 8-M, Montero le contestó recurriendo al método Olendorf:”Nadie duda de que la gestión que se está haciendo es la adecuada”. Los nacionalismos han seguido su labor de zapa contra el Plan de Alarma porque limita temporalmente sus competencias, discretamente los vascos y más abiertamente los catalanes. Aunque tanto Torra como Urkullu participaron por primera vez en la Conferencia –celebrada vía telemática- de los Presidentes Autonómicos, pero Torra –a diferencia de Urkullu- se negó a firmar el comunicado conjunto adoptado para hacer frente a la pandemia, y está actuando al margen de, y con oposición a, las directrices del Estado, al que ha exigido el cierre del acceso a Cataluña. En su obsesión nacionalista, Torra se preocupa por el riesgo de contaminación de las tierras del Ampurdan o del delta del Ebro, pero no por la salud de sus habitantes. La situación en Cataluña es dramática, tanto en el plano sanitario como en el político. En el primero, la actuación de la Consejera de Sanidad, Alba Vergés (ERC), y de su Secretario de Salud Pública, Sergio Guix, ha sido lamentable, como ha puesto de manifiesto “Dolça Catalunya” en un video que produce vergüenza ajena, pues ha estado repleta de improvisaciones, malas apreciaciones y contradicciones: aquí no pasa nada, los virus que infectan Igualada son distintos a los del resto de España, la situación está controlada, la culpa es de “Madrit”, Cataluña no tiene por qué seguir las directrices del gobierno central...La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, no ha dudado en recurrir a la calumnia, al declarar que ”las fuerzas policiales estatales están requisando material sanitario destinado a los hospitales catalanes”. El Presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha afirmado que, por culpa del Decreto del Estado de Alarma aprobado por el Gobierno español, el material no estaba llegando a los centros sanitarios de Cataluña. Este ambiente antiespañol se ha trasladado a la calle, especialmente a raíz de las declaraciones del Consejero de Interior, Miquel Buj, de que no hacñia falta que se desplegara el Ejército en Cataluña, porque ya se encargaban los Mossos de multar y sancionar a los que estuvieran en la calle. Un concejal de la CUP ha recomendado a los ciudadanos que tosan en la cara de los militares para que no vuelvan más por Catalunya, y un antiguo colaborador de TV3 –Ramón Peris- se ha preguntado si lo que rociaron las unidades de la UME en el aeropuerto del Prat era un contaminante, pues había estrategias y técnicas modernas para diezmar al enemigo sin bombardearlo. España no tenía compasión ni decencia con los habitantes de Castaluña y “nos roba el dinero y la vida”- Así, se ha pasado en la agitprop nacionalista de eslogan “España nos roba” al de “España nos mata”. La oposición del PNV ha sido más matizada. El lehendakari se ha negado al despliegue de unidades de la UME en el País Vasco y a que éstas monten un hospital de campaña en el edificio de la Feria de Bilbao, pero Urkullu firmó –un tanto a regañadientes- el comunicado conjunto de la Conferencia de Presidentes Autonómicos y ha mostrado su disposición a colaborar con el Gobierno central. Después de la Declaración del Estado de Alarma Cristian Campos ha resumido como sigue la evolución de la situación sanitaria de los últimos días. Con la ayuda del coronavirus, Sánchez ha conseguido en los últimos 15 días lo que no logró ninguno de sus predecesores: que los ciudadanos españoles fueran una nación unida bajo un Gobierno único y unos derechos y una obligaciones iguales en todo el territorio nacional. Sánchez formuló una Declaración de Alarma que habrían firmado sin reparos Casado o Arrimadas, e incluso Abascal. Partiendo de la base de que el virus no entendía de ideologías ni de territorios, puso el interés nacional por encima de los chantajes de los nacionalistas y de las presiones de su caballo de Troya en el Gobierno que no era otro que Podemos. La respuesta del Presidente ha facilitado la lucha contra la pandemia, pero va a dificultar sobremanera la continuidad del actual Gobierno. Podemos ha quedado desautorizado y ninguno de sus Ministros forma parte del sanedrín coordinador, habiéndose reducido “de facto” el Gobierno a Sánchez y a los Ministros de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes. El Real Decreto equivale un artículo 155 mucho más duro que el que aplicó Rajoy en 2017 y permite el despliegue del Ejército en todo el territorio nacional. No ha llegado a formarse un Gobierno de concentración nacional –con PSOE, PP y Ciudadanos-, pero quizás se consiga dentro de unos meses. La opinión pública expresada a través de las redes sociales cree que la coherencia del Presidente dura 24 horas y que, pese a haber sufrido en sus propias carnes la deslealtad de su socio y sus aliados, no ha aprendido la lección. Campos se ha preguntado si lo ocurrido estos últimos días podría abrir el camino de Sánchez hacia la adquisición de un sentido de Estado. Yo creo que es posible, siempre que la actual Oposición le garantice su permanencia en el Gobierno, pues Sánchez no tiene ideología ni principios y -siendo su objetivo primordial conservar el poder, está dispuesto para ello a pactar hasta con Vox. Queda por librar la batalla de las medidas económicas a adoptar para superar la situación actual y Podemos hará todos sus esfuerzos para –aprovechando la coyuntura excepcional- imponer sus disparatadas tesis económicas. No creo que lo logre, porque tiene en contra la globalización, la UE, los mercados internacionales, el sentido común y la opinión de la mayoría de los españoles. España no puede ganar la batalla del COVID-19 y perder la del bolivarismo económico de Iglesias. Cuando compareció ante las Cortes, Sánchez volvió a las andadas y, tras recibir el apoyo desinteresado de los miembros de la Oposición, en vez de aceptarlo y tender con ellos puentes de diálogo, les exigió que, por patriotismo -¿sabe realmente lo que es eso?- votaran sus presupuestos bolivarianos, que son justamente lo contario de lo que España necesita en esta coyuntura. Sufre el síndrome del escorpión que le lleva clavar su aguijón en la rana que generosamente le ayuda a cruzar el vado. En su comparecencia institucional en TVE, Sánchez estuvo más comedido y adoptó una actitud de estadista, ofreciendo colaboración a todas las fuerzas políticas y afirmando con gesto grave que lo peor estaba aún por llegar, lo que “pondrá al límite nuestra capacidades materiales y morales, y nuestro temple como sociedad”. En la última de sus comparecencias ha adoptado una actitud franciscana, al instar a mantener la unidad entre todas las fuerzas políticas: ”Si alguien marca distancias con respecto al Gobierno, nosotros nos acercaremos a ellos con mayor disposición; si alguien elude sus responsabilidades, nosotros nos esforzaremos en asumirla aunque no nos correspondan; si alguien polemiza, nosotros conciliaremos”. El problema es que el Presidente del Gobierno suele mentir sin el menor pudor y tiene su credibilidad por los suelos. Una muestra de ello es que, -en estos momentos de hondas preocupaciones por razones sanitarias y económicas-, ha tenido tiempo para dictar una resolución para facilitar la tramitación de indultos ya iniciados o de los que “vayan a iniciarse”. La situación actual en España es que se han producido 1.725 muertes, hay 28.573 infestados por el coronavirus -1.785 en la UCI- y 2.575 curados. Sánchez acaba de decretar la extensión del Estado de Alarma por otros 15 días, decisión que tendrá que ser avalada por el Congreso. A pesar de ello, José Antonio Zarzalejos ha presentado un panorama optimista. El nacionalismo –pese a las estridencias de Torra acusando al Gobierno en la “BBC” y, por carta, a los líderes de la UE de todo género de maldades-, el nacionalismo ha quedado pulverizado por la envergadura global de la pandemia y por el peligro devastador de sus posible consecuencias. “Estamos en un trance de supervivencia en el que se priman el sentido de solidaridad, el espíritu de colaboración, la cercanía con los vulnerables, el civismo y el ejercicio de la ciudadanía. Quien se aparte de esa línea de conducta, se quedará en la cuneta y no será escuchado ni considerado”. La pandemia demuestra que la globalización ha derrotado al nacionalismo y, seguramente, también al populismo, y que estamos entrando en una nueva era de universalización de conductas. El actual Gobierno no es ya de coalición progresista, sino de gestión y de salvación nacional. Ha aplazado todos sus planes y abandonado todos los programas, salvo el de la reconstrucción. La épica de hace unos meses no está ya vigente, ni volverá a estarlo. No hay mística en el ensimismamiento, sino en la solidaridad. “No hay más patria que la pertenencia a la humanidad herida”. Ya no habrá reuniones de Sánchez con Torra tras su descalificación sin matices por Margarita Robles, “expresamente pactada con la Moncloa”. El Presidente de la Generalitat ha traspasado todos los límite e ido más allá de todas las decencias políticas. Como ha observado Steven Forti, Torra necesita sobreactuar para intentar devolver a JxC a la centralidad. El independentismo lo banaliza todo, incluso una pandemia, con el objetivo de mantener, no perder o recuperar la hegemonía política a nivel autonómico. Según Fernando García Romanillos, Torra lleva días soltando las peores barbaridades que puedan salir de boca de un representante político. Juan Manuel de Faramiñán ha observado que hay momentos en la Historia en que se producen giros que pueden actuar como goznes que cambian el sentido de la vida y éste es uno de ellos- La pandemia del COVID-19 va a generar seguramente un cambio en nuestras costumbres. La extensión del virus ha demostrado que las fronteras no existen y que la pandemia se extiende sin consideraciones geográficas, culturales o sociales. El virus ha puesto de manifiesto que no se pude jugar con las leyes de la naturaleza y nos ha enseñado que debemos aprender a cuidar y respetar el planeta en el que vivimos. En nuestro encierro nos hemos percatado de cosas que hemos perdido, como los contactos humanos. Cuando la crisis pase, deberemos desarrollar lazos más fraternos y ampliar nuestro concepto de alteridad, pues todos necesitamos de todos en un mundo colectivo que se apoya en la aldea global. El virus también nos ha enseñado que deberíamos generar una responsabilidad individual y colectiva que nos recuerde que el bien de otro es también nuestro propio bien. El dolor tiene que ser un vehículo de conciencia para darnos cuenta de que “todos somos uno” y de que el dolor de otro es también nuestro dolor. Vamos a tener que desarrollar en el futuro una conciencia de co-responsabilidad que nos permita trabajar codo con codo. Minuto a minuto podremos ir comprendiendo el valor de nuestras horas y la importancia de viajar juntos con el resto de lo seres humanos en la sugestiva e interesante experiencia de este “viaje de la vida”. Coincido con Josu de Miguel en que es importante desarrollar en el corazón de los ciudadanos el principio de la responsabilidad. Los ciudadanos deben mostrarse responsables de sus actos y participar activamente en el Estado a través de las tareas cívicas que la comunidad política les demande. A lo mejor con esta crisis descubrimos que necesitamos una nación y que, no solo tenemos derechos, sino también deberes importantes que no podemos soslayar. El Gobierno y su Presidente también tienen que asumir sus responsabilidades, y los partidos nacionalistas mostrar su lealtad institucional al Estado del que sus Comunidades forman parte. Madrid, 22 de marzo de 2020

PNV: El nacionalismo "bueno"

PNV: EL NACIONALISMO “BUENO” El País Vasco siempre ha sido tratado de forma privilegiada por parte de los Gobiernos de España a lo largo de la Historia. Buena prueba de ello ha sido el tratamiento preferente que recibió en la Constitución de 1978, Constitución y Estatuto de Autonomía de Guernica Pese a que los diputados del PNV apenas participaron en sus trabajos preparatorios y no participaron en la ponencia constitucional, se le concedió -junto a Navarra- el privilegio del reconocimiento de sus derechos históricos, que -a excepción del caso de Álava- le fueron retirados por el Gobierno nacional tras la Guerra Civil. Así, en su disposición adicional primera, la carta Magna “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”. También obtuvo parcial satisfacción a sus tradicionales anhelos de anexionar Navarra a Euskadi, al incluirse en el texto constitucional una disposición transitoria en la que se preveía que, a los efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico que lo sustituyera, la iniciativa para llevarla a cabo correspondía al órgano foral competente, cuya decisión debería ser ratificada por un referéndum expresamente convocado al afecto y aprobado por la mayoría de votos emitidos. A pesar de estas notables concesiones, el pueblo vasco no votó a favor de la Constitución. Sí apoyó un año más tarde el Estatuto de Autonomía adoptado `por Ley Orgánica de 18 de diciembre de 1979, inspirado en el texto constitucional, aunque arrimando el ascua a su sardina de Santurce, ya que interpretó sus disposiciones de forma harto extensiva. Valgan algunos ejemplos. El País Vasco quedará integrado por las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como la de Navarra –que tiene derecho a formar parte de la Comunidad-, en el supuesto de que ésta decidiera su incorporación al País Vasco (artículo 2). Para curarse en salud, el Estatuto incluye una disposición adicional conforme a la cual, la aceptación del régimen autonómico por parte del Gobierno de Euskadi no implica la renuncia del pueblo vasco a los derechos que, como tal, le hubieran podido corresponder en virtud de su Historia. El texto desarrolla la sucinta disposición constitucional y establece que las relaciones de orden tributario entre el Estado español y el País Vasco serán reguladas mediante el sistema foral tradicional del Concierto Económico. La aportación vasca al Estado consistiría en un cupo global correspondiente a cada uno de sus territorios históricos, como contribución a las cargas del Estado que no asumiera la Comunidad Autónoma. El Cupo se establecería por ley tras acuerdo entre las dos partes, se actualizaría anualmente y estaría basado en el principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español (artículo 41). Aunque el artículo 138 prevé que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades no implicarían, en ningún caso, privilegios económicos o sociales, el hecho es que el Cupo resulta favorable a Euskadi, que goza de una situación privilegiada con respecto a las demás Comunidades. Incluso en negociaciones adicionales, el Gobierno vasco consigue que el Gobierno central le haga rebajas de fin de temporada a cambio de su desinteresada colaboración a la gobernabilidad. Así, el Cupo para 2017 se fijó en €1.500 millones. El Gobierno vasco consiguió reducirlo con Cristóbal Montoro a €1.300 y últimamente, con María Jesús Montero, ha quedado en €1.240 millones ¿Hay quién dé menos? Urkullu sigue haciendo caja en sus relaciones con el Gobierno de Sánchez. De las 39 competencias exclusivas previstas en la Constitución para las Autonomías, el Estatuto pasa a 36 y amplía su ámbito. Así, afirma la competencia del Gobierno Vasco sobre ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, puertos, helipuertos, aeropuertos y servicio meteorológico (artículo 11-22) , mientras que la Constitución sólo habla de “ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolla íntegramente en el territorio de la Comunidad”, así como de puertos de refugio y puertos y aeropuertos deportivos, y los que no desarrollan actividades comerciales (párrafos 5 y 6 del artículo 148). Pese a que la Constitución considera como competencia exclusiva del Estado la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social (artículo 149-17), el Estatuto considera competencia de la Comunidad “la gestión del régimen económico de la Seguridad Social” (artículo 18). La Comisión Mixta de Transferencias establecerá los convenios mediante los cuales la Comunidad asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad (disposición adicional sexta). El PNV, según Andoni Ortúzar El Presidente del PNV hizo el 9 de marzo a “El Mundo” unas declaraciones sumamente significativas para entender lo que son el País Vasco y el PNV. Según Andoni Ortúzar, el ordenamiento jurídico ha reconocido que Euskadi es una nación, lo cual es falso puesto que -conforme al artículo 1 del Estatuto- “el pueblo vasco o Euskal Herría, como expresión de su nacionalidad, se constituye en comunidad autónoma dentro del Estado español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Los padres de la Constitución hicieron encaje de bolillos para tratar de resolver el problema de la Comunidades históricas y encontró la fórmula -un tanto chapucera- del Estado de las Autonomías, que contemplaba dos vías diferentes de acceso a la autonomía y distinguía -en función del modo de acceso- entre “nacionalidades” y “regiones”. El hábil artilugio se fue al traste cuando el pueblo andaluz decidió, mediante un referéndum, que -no siendo menos que el vasco, el catalán o el gallego- accedería a la autonomía por la vía del artículo 143, reservada a las Comunidades históricas. Por otra parte, la Constitución rompió su esquema de federalismo vergonzante, al introducir un elemento confederal y concederles al País Vasco y a Navarra un régimen especial derivado del reconocimiento de sus derechos históricos. Euskadi encuentra su mejor expresión en el PNV, que –según Ortúzar- tiene como objetivo final la creación de un Estado soberano vasco, aunque “sin desconocer la realidad social y el entorno de cada momento en el que nos movemos”. De ahí que Haya graduado sus reivindicaciones en función de las circunstancias. El PNV fue fundado en 1895 por Sabino Arana bajo el lema de “Dios y leyes viejas”. Era un partido nacionalista vasco, democristiano-liberal, xenófobo –casi racista- y anti-español. Se ha autodefinido en sus estatutos como “vasco, democrático, aconfesional, humanista y abierto al progreso y a todos los avances de la civilización que redunden en beneficio del ser humano”- Como afirmó en 2008 el Presidente del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, “el futuro común de los vascos se ha de configurar en torno a un proyecto libre y democráticamente compartido”. Es una institución conservadora de centro-derecha, pero se considera de centro-izquierda. Según Iñaki Soto, el PNV ha abandonado sus posturas cristianodemócratas y reaccionarias hacia perspectivas socialdemócratas y –para Iker Armentia- flirtea con la socialdemocracia, siguiendo las posiciones mayoritarias de la sociedad vasca en los últimos años. En sus inicios, estuvo integrado en la Internacional Demócrata Cristiana, de la que fue expulsado en el 2000 y actualmente forma parte del Partido Demócrata Europeo. En el PNV coexisten dos almas: la radical de la ortodoxia “sabiniana” y la liberal del posibilismo, y -según prevalezca una u otra- queda condicionada su trayectoria política. Según Gorka Maneiro, el principal objetivo del PNV es mantenerse en el poder y, para ello, unas veces es independentista, otras autonomistas y otras casi españolista. Es una maquinaria casi perfecta, que se mueve al unísono con la sociedad vasca. Supera todas las crisis y, cuando hay que pedir perdón, parece un cura. Le votan hombres y mujeres, jóvenes y viejos, gentes de derechas y de izquierdas, independentistas, autonomistas y españolistas. , y -elección tras elección- cada vez consigue más votos. Surge Podemos en el País Vasco y ni se despeina, aparecen Ciudadanos y Vox y no les quitan ni un voto, y siempre acaba por gobernar. Nadie le tose y encima tiene el dinero aportado por las Diputaciones, por lo que puede aplicar en Euskadi políticas sociales muy generosas. No es un partido, sino un movimiento. Dentro de 50 años, el lehendakari seguirá siendo del PNV. En efecto, el PNV se confunde con el paisaje del País Vasco es el `partido más representativo de su sociedad. Gracias a su control de la bolsa de los ingresos del País Vasco, ha tenido oportunidad de distribuir privilegios y sinecuras entre sus simpatizantes y creado una agradecida y rentable red clientelar, similar a la cfreada por Convergencia en Cataluá y por el PSOE en Andalucía. Ha sabido, además, ganarse una no siempre justificada vitola de honradez y de eficacia en la gestión gubernamental, como se ha puesto de manifiesto recientemente con el desastre del vertedero del Zaldíbar o con las condenas por corrupción del dirigentes del partido en Álava, Alfredo de Miguel. Según un twitter de “una persona de orden” publicado ayer en Internet, los principios del PNV están en la traición, que debe estar en su RH: traición a la República en la Guerra Civil, cesión de espacio político a ETA, traición a Mariano Rajoy siete días después de apoyar sus presupuestos…. Sin llegar a tales extremos, creo que son rasgos característicos del PNV la hipocresía, la prepotencia y el complejo de superioridad, que se pone de manifiesto en la historieta del vasco que comentaba: ”Mira si era humilde Nuestro Señor Jesucristo que, pudiendo haber nacido en Baracaldo, decidió hacerlo en Belén”. Siempre ha puesto cara de niño bueno y condenado de palabra la violencia etarra, pero se ha aprovechado descaradamente de ella. Lo reconoció el propio Xavier Arzallús con su cándido cinismo jesuítico: “Unos mueven el árbol y otros recogen los frutos”. Mientras ETA asesinaba indiscriminadamente a quienes no compartían sus ideas y provocaba el éxodo de unas 200.000 personas, en un proceso de limpieza étnico-política comparable al producido en la antigua Yugoslavia. Como denunció Antonio Basagoiti, el PNV calló ante semejante injusticia y miró para otro lado, mientras ETA filtraba el censo vasco en su beneficio. Según el artículo 7 del Estatuto, los vascos residentes en el extranjero y sus descendientes gozarán de los mismos derechos políticos que los residentes en el País Vasco, si hubieran tenido su última vecindad administrativa en España. Así, el nieto de un exilado en Venezuela -que ni siquiera sabe dónde están Loyola o Guernica- e incluso un extranjero que participó con las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil, podrán votar en las elecciones vascas, pero no podrán hacerlo los ciudadanos vascos que tuvieron que refugiarse en otros lugares de España para huir de los atentados y chantajes de ETA. Cuando el Gobierno del PP trató de subsanar esta omisión, el PNV se opuso escandalizado y Urkullu lo calificó de “error histórico en forma de pucherazo electoral”, por lo que el Gobierno se achantó y dejó las cosas como estaban. El PNV adoptó una postura ambigua sobre ETA pues, si bien condenaba sus atentados, no la perseguía e incluso daba cobertura a sus representantes políticos, como en los casos de Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Bildu o Sortu. No había diferencias entre uno y otros partidos sobre los fines, sino sólo en cuanto los medios, dado que el PNV rechazaba el recurso a la violencia. En 1998, firmó -junto con Eusko Alkartasuna- un acuerdo secreto con ETA sobre un alto el fuego. Lo acordado se plasmó poco después en el Pacto de Estella, que firmaron Herri Batasuna, el sindicato abertzale LAB, Jarrai, las Gestoras pro Amnistía y la Asociación de Familiares de Presos de ETA. Por él se abría un proceso de diálogo y negociación para poner fin al terrorismo etarra. El PNV facilitó el recorrido hacia la legalidad de los partidos filo-etarras y presionó al Gobierno central y al Tribunal Constitucional para que los legalizara. El Gobierno vasco nunca abandonó su objetivo final de independencia. El lehendakari Juan José Ibarretxe presentó en 2003 un plan para un nuevo Estatuto, que fue aprobado por el Parlamento vasco, pero rechazado en 2005 en las Cortes por amplísima mayoría. El Plan reconocía el derecho a la libre determinación de los habitantes no sólo de Euskadi, sino también de Navarra y de Iparralde. Establecía un Estado confederal en el que el País Vasco se integraba como un Estado libre asociado. Tras este fiasco, el Gobierno vasco adoptó una política más pragmática y posibilista, y bajó el diapasón, tratando de modificar el Estatuto de 1979 y presionar sobre el Gobierno para que la transfiriera mayor número de competencias. El PNV ha presidido los Gobiernos en el País Vasco desde 1980 hasta nuestros días, salvo el paréntesis entre 2009 y 20122 en que gobernó el socialista Pachi López con el apoyo desinteresado del PP. Aunque suele ser el partido más votado, nunca ha conseguido una mayoría absoluta –debido a la fragmentación del voto nacionalista, especialmente desde la escisión de EA en 1986-, por lo que siempre ha gobernado en coalición, especialmente con el Partido Socialista de Euskadi. En las elecciones autonómicas de 2016 obtuvo 298,168 votos -37.36% y 28 diputados- y, en 2109, consiguió en las elecciones municipales 403.874 votos -36.01%, 1.050 concejales y 130 alcaldes-, en las generales 379.002 votos -1.57%, 6 diputados y 9 senadores-, y en las europeas 380.577 votos -27.96% y un eurodiputado-. Asimismo, de los 51 escaños 1ue cuentan cada una de las Juntas Generales, dispone de 25 en Vizcaya, 20 en Guipúzcoa y 17 en Álava, lo que le permite presidir las tres diputaciones, disponer a su antojo de los recursos financieros de Euskadi y crear una red clientelar muy rentable. Al margen de Euskadi, la filial del PNV en Navarra, Geroa Bai, obtuvo 3n 1025 9 escaños en el Parlamento navarro y, su líder, Uxue Barkos, presidió el Gobierno Foral entre 2015 y 2919, en coalición con EH Bildu, Podemos y Ezquerra. Barkos siguió una activa política de “euskaldunización” de Navarra e impuso la enseñanza del euskera en toda la Comunidad. En 2019, Geroa Bai volvió a obtener 9 diputados, pero –al bajar los resultados de su socios de coalición- no pudo renovar el Gobierno cuadripartito. No obstante, ha prestado su apoyo al Partido Socialista de Navarra y ha pasado a formar parte de un nuevo Gobierno cuadripartito presidido por la socialista María Chivite, en coalición con Podemos y Ezquerra, y con el apoyo exterior de Bildu, frente a Navarra Summa, el partido más votado con 20 escaños.. El Gobierno de coalición de Chivitesigue la misma orientación vasquista de su predecesor, en abierta contradicción con lo que defendía el PSN cuando estaba en la Oposición. Nuevo Estatuto de Autonomía El PNV llegó a un acuerdo con EH Bildu para elaborar un nuevo Estatuto que reconociera el derecho a decidir del pueblo vasco. Los dos partidos, con el apoyo del PSE, han redactado un proyecto de Estatuto que, en algunos aspectos, es peor que el Plan Ibarretxe. Reconoce el derecho de los ciudadanos vascos a decidir libre y democráticamente su futuro, “siendo su ejercicio pactado con el Estado”-principal contribución del PSE al texto-. Según Ortúzar, para la adopción del nuevo Estatuto no haría falta reformar la Constitución, dado que el Estatuto de Guernica ya reconoce que Euskadi es una nación. Como he dicho con anterioridad, ello no es cierto y su aceptación iría contra la esencia de la Constitución, que sólo reconoce a la Nación española. Al ser Euskadi una nación, es natural que se distinga entre los “nacionales” –que tienen una identidad nacional- y los demás ciudadanos vasco y, al distinguir entre nacionales y ciudadanos, se rompe el concepto de soberanía nacional, ya que hace a los nacionales vascos sujetos políticos ajenos a l resto de los españoles. Aunque el PNV mantiene que se trata de un texto federal, es más bien confederal. Rompe además con el principio básico del federalismo de que todos los Estados federado son iguales y que en caso de conflicto, la norma federal prevalecerá sobre la federada. Asimismo invierte el principio de superioridad jerárquica del Estado federal, al conceder las competencias a la Junta del País Vasco con carácter general y al Estado español sólo con carácter residual. Establece, por otra parte, la prevalencia del derecho vasco sobre el español, que sólo tendría carácter supletorio. Según el artículo 21 del vigente Estatuto de Guernica, es aplicable con preferencia a cualquier otro el derecho emanado del País Vasco “en las materias de su competencia exclusiva”. Antes de modificar el nuevo Estatuto, el Gobierno vasco publicó el pasado año un Decreto sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones y locales de Euskadi. Pese a lo que pudiera deducirse de su título, se trata de una norma destinada a blindar el uso del euskera en las distintas instituciones vascas y a darle prioridad sobre el castellano, pese a que el Estatuto de Guernica establece que “el euskera, lengua propia del País Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y a usar amblas lenguas”. El Decreto no contienen ni una sola disposición relativa al castellano y se guardan las formas al prever que, aunque tenga preferencia el euskera, se ofrecerán traducciones al castellano. Pese a que la fórmula que se utiliza es potestativa – los documentos y actuaciones “podrán” ser redactados, expresados. o desarrollados en euskera-, el carácter potestativo se convertirá en la práctica en imperativo, como ha ocurrido en Cataluña. El anteproyecto de Estatuto –que será aprobado por el Parlamento vasco- tiene más posibilidades de ser adoptado por las Cortes, dado que goza del apoyo del PSE y, en consecuencia, del PSOE. Ortúzar se queja la falta de un sistema justo de garantías en los casos de conflictos de competencias y de que Euskadi se siente maltratada al no existir un órgano neutral,, porque el Tribunal Constitucional “siempre ha mirado hacia Madrid y no hacia las autonomías”. Mi impresión es más bien la contraria, pues creo que el Tribunal ha sido excesivamente complaciente con el País Vasco en la mayoría de los casos que se le han planteado, siguiendo el tenor de la Constitución de hacer concesiones a los territorios forales y mantener sus privilegios históricos, Así, fue muy generoso con la apertura por parte del Gobierno vasco de una delegación permanente ante la UE en Bruselas, precedente en el que se ha basado la Generalitat para establecer una nutrida red de delegaciones con pretensiones de auténticas embajadas. En 2011, el Tribunal Constitucional revocó la sentencia del Tribunal Supremo que había negado la participación de Bildu –coalición formada por los partidos EA y Alternativa con antiguos miembros de la prohibida Herri Batasuna- en las elecciones autonómica de ese año. El Presidente Urkullu declaró que el Constitucional había enmendado el intento del Supremo de condicionar el mapa público de Euskadi. Aunque no estoy de acuerdo con esta decisión, cabe señalar en descargo del Tribunal que dos de los partidos de la coalición de Bildu eran legales y no deberían, por tanto, ser privados de su derecho a participar en unas elecciones. Un año más tarde, el Tribunal Constitucional casó otra sentencia del Supremo que había declarado ilegal la constitución del partido abertzale Sortu. El Constitucional incurrió, en mi opinión, en defectos tanto formales como sustantivos. Respecto a la forma, en vez de limitarse a examinar si el auto recurrido había vulnerado el derecho fundamental de los promotores de inscribir un partido político, el Constitucional entró a examinar el fondo del asunto, lo que excedía del ámbito de sus competencias jurisdiccionales. En cuanto al fondo, el Constitucional rechazó los bien fundados argumentos incriminatorios del Supremo sin apenas motivarlos y se basó en el examen del texto de los Estatutos de Sortu y no en la conducta de sus militantes para exonerarlos. La decisión fue bien recibida por el PNV, que estaba en vías de blanquear a los partidos filoetarras y a su jefe de filas, el “hombre de paz” Arnaldo Otegui. Ventajas para el PNV Al margen de lo que suceda con el proyecto de Estatuto, el PNV ha seguido con su táctica de ofrecer su apoyo al Gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a cambio de una contrapartida sustancial en especie, mediante la transferencia de competencias propias del Estado. El partido mostró sin el menor pudor su doblez cuando -en el escaso margen de unos días- apoyó los presupuestos del Gobierno del PP, votó una moción de censura contra Mariano Rajoy y apoyó la investidura de Pedro Sánchez, con un programa político radicalmente contrario al de su predecesor. Por supuesto que a cambio de una sustancial tajada, que recibió de los Gobiernos de los dos partidos en contrapartida a su desinteresada actuación. Urkullu ha seguido con su táctica chantajista de bajo perfil para recibir nuevas competencias a cambio del respaldo de los escasos pero productivos diputados peneuvistas a la segunda investidura de Sánchez. Entre ellas figuran las competencias en materia penitenciaria, en un momento en que ha aumentado la exigencia de acercar los presos etarras a las cárceles vascas y en el que se ha visto el juego que estas competencias proporcionan a las autoridades catalanas en relación con sus presos de lujo. También ha conseguido la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que podría acarrear el fraccionamiento de la Caja Única de las Pensiones. Urkullu pretende jugar el papel de nacionalista bueno frente al nacionalista malo encarnado por Joaquim Torra, ya que –aunque ambos persigan los mismos objetivos soberanistas- el lehendakari sabe administrar los tiempos y guardar las formas, sin perder sus sonrisa satisfecha de estadista de bolsillo. Se le ha visto un poco el plumero con la recentísima crisis del coronavirus. Tras anunciar Sánchez que su Gobierno declararía el Estado de Alarma y filtrarse que el correspondiente decreto trasladaría temporalmente al Gobierno central las competencias en materia de sanidad y de seguridad, Urkullu y Torras presionaron al Consejo de Ministros que se estaba celebrando ayer para que no se menoscabaran sus competencias exclusivas en la materia. Tuvieron tiempo sobrado para hacerlo porque el Consejo -que debería haber concluido a las 15 horas- no terminó su sesión hasta las 21 horas, debido a las presiones internas de su socio podemita de gobierno, que exigía la nacionalización de las industrias eléctricas, el control de la sanidad privada y de los medios de comunicación, mayor protección para los trabajadores en paro, exclusión de Cataluña y del País Vasco de las medidas del Plan de Alarma y presencia de alguien de Podemos en el equipo de dirección para su aplicación. La situación llegó a tal grado de tensión con Pablo Iglesias, que –según Isabel Acosta y Carmen Obregón de “elEconomista”- Nadia Calviño se plantó y dijo a un compungido Sánchez: ”O él dimite o nos vamos nosotros”. Por una vez, Sánchez no dio su brazo a torcer ante Iglesias y el Consejo aprobó la Declaración propuesta por los Ministros del PSOE. Se produjo de un espectáculo esperpéntico fruto de la constitución de un Gobierno imposible, ya que, por mucha voluntad que haya –y no la hay- no se `pueden mezclar el agua y el aceite. Como ha señalado “El Mundo” en su editorial de hoy, la estructura ministerial de un Gobierno pensado para el eslogan, pero no para la gestión, dificulta la toma de decisiones. España sabrá sobreponerse a los efectos del coronavirus, tanto en el ámbito sanitario como en el económico, pero “no lo hará gracias a un ejecutivo roto e inoperante, sino por la capacidad de superación y la unidad de una nación, que saca lo mejor de sí misma en las peores circunstancias” Siempre discreto, Urkullu ha dejado al portavoz del PNV que exprese sus objeciones al Plan del Gobierno. Según Josu Erkoreka, tras su conversación telefónica con Sánchez, Urkullu había interpretado que aquél apostaría por la coordinación con el Gobierno vasco y no asumiría en exclusiva el control de la Erzaintza o de los servicios sanitarios de Euskadi. Se trataría de una aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución y “sería un sorpresa –concluía Erkoreka- que el Gobierno anulara las competencias autonómicas en materia de seguridad y salud, y que abocara para sí todas las atribuciones”. Torra declaró que, tanto él como Urkullu, no podían aceptar que se confiscaran las competencias en materia de salud, seguridad y transportes Tras conocerse el texto de la Declaración del Estado de Alarma, Urkullu -auún mostrando su desacuerdo con algunos de sus puntos- se mostró cauto y declaró que, dada la gravedad de la situación, no haría una valoración de las decisiones adoptadas por el Gobierno español, a diferencia de Torra que se rasgó sus vestiduras cuadribarradas,, rechazó por completo el plan de acción y exigió el confinamiento de Cataluña y de la Comunidad se Madrid. Tanto el uno como el otro participaron por primera vez en la Reunión de los Presidentes de las Comunidades Autónomas con el Gobierno. La Conferencia acordó adoptar un comunicado conjunto desde la unidad de acción, basado en los principios de “coordinación, colaboración y solidaridad”. Todos los Presidentes decidieron firmar el comunicado, salvo Torra, que declaró que tomaría las medidas que considerara oportunas aal margen del Gobierno. Ante esta actitud de insumisión, ya va siendo hora de que se aparte a Torra de la presidencia de la Generalitat, tras su inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de que el Tribunal Supremo confirme esta decisión. En cualquier caso, esta en vigor la Ley Orgánica de 1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sito, cuyo artículo 10 prevé que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad serán sancionados de conformidad con las leyes y que, si fueran cometidos por autoridades, las facultades de éstas que fueran necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas en el ejercicio de la Declaración del estado de alarma, podrían ser asumidas por la Autoridad competente durante su vigencia. Tras la rebeldía –una más- de Torra ante la ley, la Ministra de Defensa, Margarita Robles –la única que parece estar plenamente a la altura de las circunstancia en el equipo cuadripartito coordinador del Plan de acción- ha afirmado que, si hay algún responsable público que haga un planteamiento político de una situación de alarma sanitaria y se opone a trabajar conjuntamente, no merece ser llamado responsable político. “No concibo ese posicionamiento y, si se diera, ese alguien tiene que quedar al margen de la vida pública”. ¡Impecable aserto! Ahora, a ver si el Gobierno de Sánchez no se achanta ante las provocaciones continuas del separatismo catalán y de su más cualificado representante y se atreve a remover de su puesto a un auténtico peligro para la seguridad nacional y para la salud de todos los españoles. Pese a sus reticencias, por considerar el Plan del Alarma como una invasión de las competencias de Euskadi, Urkullu –a diferencia de Torra- sí ha apuesto su firma en el documento, señalando que no iba a contribuir a una “ceremonia de desacuerdo”. Es la diferencia entre el nacionalista bueno y el nacionalista malo, pero, aunque Urkullu se vista de seda, nacionalista se queda. Madrid, 15 de marzo de 2020.

Carta abierta de un católico al Presidente de la Conferencia Episcopal Española

CARTA ABIERTA DE UN CATÓLICO AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EPISCOPAL ESPAÑOLA Su Eminencia Reverendísima Don Juan José Omella y Omella Cardenal Arzobispo de Barcelona Presidente de la Conferencia Episcopal Española Añostro, 1 28033-MADRID Estimado Sr. Presidente: Le envío mi más cordial enhorabuena por su elección como Presidente de la Conferencia Episcopall Española y le deseo todo género de éxitos en su labor pastoral a nivel nacional. Como católico practicante, me pongo a su entera disposición en lo que haya menester. Su nombramiento me ha suscitado, sin embargo, una serie de interrogantes, que le planteo con el mayor respeto y consideración. Soy consciente de que no le ha sido nada fácil ser admitido como Pastor por el sector más nacionalista de su sede barcelonense y ha tenido que hacerse perdonar por no llamarse Joan-Josep, haber nacido a unos pocos kilómetros aquende la línea divisoria entre Aragón y Cataluña –hasta el momento sin rango de frontera- y no ser catalano-parlante de nacimiento. Estoy seguro que tendrá muchas menos dificultades en ser aceptado por los fieles de España. Me satisface oírle decir que ama profundamente a Barcelona y a Cataluña, pero que también ama a España, noble sentimiento que, lamentablemente, no es compartido por algunos de sus colegas en el episcopado catalán., proclives al nacionalismo e incluso al independentismo. El 10 de Octubre de 1987, la Conferencia Episcopal Española publicó una Nota Pastoral, en la que afirmaba que, cuando el nacionalismo no respetaba el bien común de todos los ciudadanos y los valores nacidos de la convivencia, degeneraba en “una ideología y un proyecto político excluyente , incapaz de reconocer y proteger los derechos de los ciudadanos”, y que el nacionalismo totalitario era contrario a la doctrina católica, por poner en peligro la convivencia de los españoles, al negar unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que dicha negativa podría acarrear, por lo que resultaría inaceptable. La Constitución era el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia entre los españoles, y pretender alterar unilateralmente ese ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder resultaba inadmisible. Era preciso “respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria”. El 23 de noviembre de 2006, la Conferencia publicó unas “Orientaciones morales sobre la situación actual de España”, en las que –pese a reconocer la legitimidad de las posturas nacionalistas- hacía un llamamiento a la responsabilidad respecto al bien común de toda España, y afirmaba que las propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de una unidad forjada a lo largo de la Historia les causaba una gran inquietud. “No puede ser –se afirmaba- que una parte de la ciudadanía de una parte del Estado legítimamente constituido quiera romper unilateralmente la unidad de la Comunidad política”, que era considerada como “un bien moral”. La nota obtuvo 25 votos en contra de los Obispos vascos y catalanes, entre los que no sé si figuraba el suyo. El 20 de septiembre de 2017 –en vísperas de la celebración del ilegal referéndum del 1-O- la Conferencia Episcopal Tarraconense hizo un llamamiento a la sensatez y a la fraternidad, para “avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, y del respeto a a los derechos y a las instituciones, y no a la confrontación”. Una semana más tarde, en su “Declaración institucional sobre la situación que vive actualmente Cataluña –en cuya redacción, a parecer, participó Vd. muy activamente- la Conferencia Episcopal Española apelaba al diálogo y a la salvaguardia de “los bienes comunes de siglos y de los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado”. La Conferencia ofrecía su colaboración para el diálogo y a favor de una pacífica y libre convivencia entre todos, para lo que era preciso recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en ls instituciones, en el marco del “respeto a los cauces y principios que el pueblo sancionado en la Constitución”. Vd mismo ha reconocido que medió, a petición de Oriol Junqueras, con Mariano Rajoy –“hice lo que pude hablando con unos y otros”-, pero la Santa Sede, al parecer, no dio su venia a tal mediación y el Papa Francisco dejo translucir su desacuerdo por el desarrollo del proceso separatista. Ya en 2014, el Papa había declarado a “La Vanguardia” que “la secesión de una nación –sin un antecedente de unidad forzosa- hay que tomarlo con muchas pinzas”, y posteriormente condenó sin paliativos los abusos y los excesos de los nacionalismos populistas demagógicos. Sería deseable que la Iglesia española –y especialmente la catalana- siguieran los criterios del Papa. Tras la celebración del referéndum de 1-O, la Conferencia Episcopal Tarraconense deploró la situación de violencia que vivía Cataluña y estimó que había que acabar con los enfrentamientos y encontrar una solución pacífica y democrática. En 2018, hizo un llamamiento a rehacer la confianza mutua y buscar una solución justa a la situación que fuera aceptable para todos, un consenso mínimo “a través del diálogo desde la verdad, con generosidad y en búsqueda del bien común”. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los autores del referéndum del 1-O, los prelados catalanes pidieron que se respetase a dicha sentencia y se desactivaran las tensiones acumuladas desde 2017, y retornar al único camino posible: ”un serio camino de diálogo entre los Gobiernos español y el catalán, que permita ir encontrando una solución política adecuada”. Vd. ha dicho que quiere ser un hombre de comunión y no de confrontación, un hombre de entendimientos y de pactos. Sería muy bueno no mirar a los demás como enemigos y le ha pedido al Señor que no permita que “caigamos en la tentación de la división, de la confrontación, y de la imposición de nuestras maneras de ver y de construir el mundo”. Todos tienen que trabajar por el “bien común” y buscar fraternidad y puentes, porque, “si tenemos la voluntad de caminar juntos, podemos conseguirlo”. Prácticamente todos los pronunciamientos se centran en dos palabras mágicas: “bien común” y “diálogo·. Respecto al primero ¿cree Vd., realmente, Sr. Presidente, que las autoridades separatistas catalanas buscan el bien común de España? Yo tengo serias duda al respecto, porque sólo persiguen el bien del independentismo y la separación de Cataluña de España, ignorando no sólo a la inmensa mayoría del pueblo español, sino también a la mayoría del pueblo catalán que no comulga con el separatismo. También ha dicho que había que colaborar con el Estado. porque “estamos al servicio del bien común y necesitamos diálogo para colaborar”. Mas, ¿qué pasa cuando un Gobierno no está al servicio del bien común, sino sólo a favor de los intereses particulares se su Presidente? En relación con el diálogo, se trata de un absoluto “must”, que todos preconizan, pero muy pocos practican. No es un fin en sí mismo y, si no se le llena de contenido, se convierte en una cáscara vacía. En cualquier diálogo, hay que saber con quién, qué y cómo se dialoga. Sobre el quién, no se puede dialogar sobre el futuro de Cataluña y de España –como está haciendo el actual Gobierno en su supuesta “Mesa del Diálogo”- sin contar con la mitad de los ciudadanos de Cataluña que no son separatistas, ni con la mitad de los ciudadanos españoles que están en la Oposición al Gobierno. En la mesa del diálogo impuesta por ERC se sientan un Presidente de la Generalitat condenado por desobediencia e inhabilitado por los tribunales, un procesado, tres estrechos asociados del prófugo Puigdemont, tres partidarios del derecho a decidir y un soberanista. ¿Son estas personas representativas de España y de Cataluña? Como ha observado el ex –Ministro socialista de Cultura, César Antonio Molina, este Gobierno ya no defiende ni a los catalanes constitucionalistas, ni a millones de españoles, porque está con la gente que odia a España y a su Constitución. La profesora Teresa Freixes se ha preguntado si se puede dialogar con quienes quieren separar en vez de unir o defienden que sólo aplicarán las leyes que ellos consideren justas, o si se puede llegar a acuerdos con quienes desprecian los procedimientos legales y quieren imponer los que les parezcan adecuados, sin respetar las garantías propias de una toma de decisión democrática, que no puede ser otra que la preestablecida por la ley ¿Es legítimo pactar con quienes desnaturalizan las instituciones jurídicas tergiversando los conceptos y pretendiendo hacer creer a los ciudadanos que sería legal el ejercicio del mal llamado derecho a decidir, que encubre un derecho de autodeterminación que los Secretarios Generales de la ONU han declarado que no es aplicable en las relaciones entre Cataluña y el resto de España? Sobre el qué, es obvio que no se puede negociar sobre lo que pretenden los separatistas: la concesión de una amnistía o un indulto a los políticos condenados por el Tribunal Supremo, la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación o la declaración de la independencia de la República de Cataluña. Incluso si llegaran en el seno de la Mesa a un acuerdo, no tendría fuerza vinculante, pues habría sido adoptado por un órgano carente seguridad jurídica y de legitimidad democrática, que ha usurpado las funciones de las Cortes y del Parlament, órganos que han sido elegidos democráticamente por el pueblo. En cuanto al cómo, para poder dialogar se requieren una serie de condiciones mínimas como son el respeto mutuo, la buena fe, el no recurso a la mentira, la lealtad constitucional, el cumplimiento de la ley y el espíritu de compromiso. En el presente caso, no creo que se cumpla ni uno solo de estos requisitos. El más graves de los agravios es, sin duda, la ignorancia –cuando la violación- de la Constitución, que –por imposición de la parte separatista- ni siquiera se menciona en la convocatoria de la Mesa, haciéndose una vaga referencia al “marco de la seguridad jurídica”, en el que –en opinión de los independentistas- no se encuentra comprendida, por haber quedado superada y –según las Leyes de desconexión- dejado de tener vigor en Cataluña. Vd ha afirmado que la Iglesia camina con el pueblo y traicionaría sus raíces si no hiciera caso a lo que el pueblo dice. Aquí habría que determinar qué se entiende por pueblo. ¿Acaso hay un sole poble” encarnado por los catalanes independentistas? ¿Los catalanes que se consideran españoles –que siguen siendo mayoría en Cataluña- no forman parte del pueblo? ¿Está excluida la grey constitucionalista del rebaño catalán? Vd., como buen pastor, ¿sólo debe cuidar las ovejas separatistas y expulsa del aprisco a las constitucionalistas? Por otra parte, un pastor responsable no puede seguir lo que diga el pueblo cuando ello sea inviable o ilícito. El pueblo no puede cuestionar el teorema de Pitágoras o la ley de la gravedad, ni impulsar acciones ilícitas, como la restauración de la esclavitud. En este sentido, el pueblo catalán no puede pronunciarse por sí solo sobre el futuro de España o decidir sobre su desintegración, ni tampoco puede negar los derechos de, o menospreciar a, los catalanes que no sean independentistas. A finales de de octubre de 2017, Vd. afirmó que, como pastor de Barcelona, compartía el dolor y sufrimiento de la gente. No especificó por qué gente lloraba su corazón, pero me temo que fuera en sentido único. Me gustaría conocer su opinión sobre las afirmaciones del Cardenal Antonio Cañízares de que la unidad de España era un bien superior que había que defender porque de ello dependía credibilidad social de la propia Iglesia, o del Cardenal Antonio María Rouco de que un cristiano debía seguir las exigencias de su conciencia moral y no romper unilateralmente la unidad de España, lo que no era compatible con una conciencia católica correctamente formada. En el otro extremo, ¿qué opina Vd. sobre el Obispo de Solsona, que invocó a la Virgen María para justificar la independencia de Cataluña?. Mons. Xavier Nonell afirmó en 2016 que “la Virgen del Claustro se dio cuenta de que muchas banderas adornan los balcones de Solsona. y va a sorprenderse de ver tantas esteladas. María del Claustro, nacida en un país ocupado y oprimido, que ha conocido la persecución y el exilio, y ha sufrido la condena injusta de Jesús a muerte, sabe bien lo que significan estas banderas ¿Qué le debemos explicar nosotros de deseos nobles y justos de independencia de un pueblo?. Pasado mañana en Barcelona una gran manifestación reclamará la independencia de Cataluña, próximo Estado de Europa. Ante estos hechos puede preguntarse cuál es la postura de la Iglesia. La Iglesia no es ajena a los gozos y las esperanzas, los llantos y las angustias de los hombres contemporáneos, Más aún, no hay nada verdaderamente humano que no resuene en mi corazón. La Iglesia reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación”. .El Cardenal emérito Lluis María Martínez Sistach ha dicho que el catalán era un pueblo “con la voluntad de mantener sus esencias como nación”, el Arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, que debía encontrar el “camino de la afirmación nacional”, y el Abad de Montserrat, Josep Maria Soler, que “Cataluña es una nación evidentemente y, si lo es, tiene derecho a decidir su futuro”. Vd. mismo, en el sermón de la misa de San Jordi de 2017, re refirió a Cataluña -probablemente debido a la presión ambiental- como “una nación a cuyo pueblo comenzaba a conocer y a querer”. Semejante aserto no era una mera “technicality” o un problema de lenguaje, sino que implicaba serias consecuencias jurídicas y políticas. Toda nación tiene derecho a un Estado y, si Cataluña es una nación, llevaría razón el Abad Soler cuando decía que tenía “derecho a decidir” y, en consecuencia, a proclamar unilateralmente su independencia. ¿Cree Vd. que España es una Nación de Naciones –como mantienen el PSOE, inducido por el PSC- y que Cataluña es una de esas Naciones, con todas sus consecuencias que de ello se derivan? Se ha ofrecido Vd. a rezar por el Gobierno socialista-comunista, con incrustaciones separatistas, que padecemos los españoles por nuestros muchos pecados. Yo, aunque procuro ser un buen cristiano, no he llegado a ese grado de virtud heroica y me limitaré a rezar por Vd. y por el pueblo catalán, especialmente por los catalanes constitucionalistas, que necesitan la ayuda divina, porque la humana ya se la han negado las autoridades independentistas de Cataluña. Como fiel católico, creo que su elección a la jefatura del Episcopado español ha sido un acierto; como ciudadano, no me atrevo a decir lo mismo. En cualquier caso, le doy el beneficio de la duda, a la espera de ver cómo actúa Vd. desde su nuevo puesto. Reciba, Sr. Presidente, un cordial y respetuoso saludo de su hermano en Cristo José Antonio de Yturriaga Barberán Embajador de España

La telaraña catalana sigue extendiéndose y el golpe continúa

LA “TELARAÑA” CATALANA SIGUE EXTENDIÉNDOSE Y EL GOLPE CONTINÚA El pasado día 27 asistí a la presentación en Madrid del excelente libro “La telaraña: La trama exterior del procés” –Ariel-, escrito del periodista catalán Juan Pablo Cardenal, un riguroso trabajo de investigación tras haber realizado más de 200 entrevistas en Cataluña, el resto de España y el extranjero. A mí me entrevistó el año pasado cuando fui a Barcelona a presentar mi libro “Cataluña vista desde fuera". El acto fue presentado por Ignacio Torreblabca y Cayetana Álvarez de Toledo. Formación de la telaraña El libro describe cómo el separatismo catalán ha construido un lobby político, académico y mediático en el extranjero y cómo las entidades y personas que lo integran han moldeado la opinión pública internacional sobre lo que ocurre en Cataluña, e influido sobre las coberturas periodísticas internacionales de estos sucesos. Pone de manifiesto la tupida red de instituciones públicas, entidades sociales –como “Omniun Cultural” o la Asamblea Nacional Catalana-, empresas privadas e individuos que impulsan en sus respectivos ámbitos la independencia de Cataluña. Estas instituciones prosperaron al calor de la Administración autonómica gracias a las subvenciones directas o los contratos concedidos por la Generalitat a cambio de ciertas contrapartidas, el famoso 3% asumido como lo más normal del mundo y que hasta ahora no ha causado perjuicio algunos a sus autores. La red comprende los medios de comunicación públicos o privados subvencionados por el régimen, el mundo educativo y universitario –especialmente en el extranjero-, los 200.000 funcionarios catalanes en nómina –muchos de ellos designados a dedo por sus convicciones nacionalistas, especialmente en el sector educativo- y los 100.000 proveedores. Todos ellos se benefician del dinero público aportado por los contribuyentes de Cataluña y del resto de España. Estos grupos están dirigidos por entusiastas personas de contrastado pedigrí catalanista, que Cardenal califica de auténticos “monjes guerreros”, dotados de fe y de recursos. El procés no ha surgdo espontáneamente, sino que ha sido planificado hasta el milímetro durante muchos años, a partir del “Programa 2000” elaborado por Jordi Pujol, ideólogo y principal responsable intelectual de la gradual rebelión institucional de la Generalitat de Cataluña contra el Estado español: afirmación del “fet diferencial”, catalanización de la sociedad, imposición de una política lingüística de promoción del idioma catalán y abandono delo bilingüismo, inmersión escolar y adoctrinamiento, control de les medios de comunicación, intento de integración de los inmigrantes, establecimiento de la estructura de un Estado y construcción nacional. Potenció un nacionalismo exclusivista frente al resto de España, que desembocó necesariamente el el separatismo. Estratificó la sociedad catalana en una suerte de feudalismo del siglo XXI, compuesto por “la aristocracia política, la clerecía funcionarial y el vulgo español”. El procés activo la telaraña, para lo que no se escatimaron recursos humanos ni financieros. Según el Tribunal de Cuentas, en el período 2011-2017 se gastaron sólo en acción exterior 417 de euros, destinados fundamentalmente a impulsar la secesión de Cataluña en el exterior, y dar a conocer, impulsar, fomentar, publicitar y procurar el respaldo internacional del “procés”, a través del Departamento de Acción Exterior, las delegaciones en el extranjero y Diplocat. En vez de impulsar a Cataluña en los diversos ámbitos económico, cultural o social, las delegación se dedicaron casi exclusivamente a apoyar el secesionismo y hacer labor de zapa y demolición de la imagen de España, a la que se presenta como escasamente democrática y explotadora y opresora del pueblo catalán. Dedicó especial atención al mundo universitario, regando con subvenciones las universidades, especialmente del mundo anglosajón. Hasta 2017, varias universidades extranjeras de las más prestigiosas han recibido subvenciones del Govern por valor de cinco millones de euros. Gracias a la labor subterránea de profesores catalanes, los independentistas han conseguido controlar entidades financiada por el Gobierno de España o por mecenas españoles, como la Cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgestown o la Cátedra de la Fundación Cañadas en la London School of Economics. Cardenal explicó que le movió a escribir el libro la indignación que le produjo la proliferación en los medios de comunicación internacional de noticias sumamente desfavorables sobre España y su Gobierno a raíz de los incidentes del 1-O , basadas en medias verdades, “fake news” y manipulaciones, ante la pasividad y el silencio de las autoridades españolas, que renunciaron con su incomparecencia a contrarrestar las falacias propaladas por los independistas y los medios de comunicación afines y simpatizantes. Esta tormenta sin precedentes se topó con el “dontancredismo” del equipo formado por Mariano Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría, Pedro Arriola y Carmen Martínez Castro, que renunció a comparecer ante la opinión pública internacional defender su relato, para evitar que se internacionalizara el problema, según declaró la Secretaria de Estado de Comunicación al periodista cuando la entrevistó. A diferencia de la Generalitat -que mimó a los corresponsales y periodistas extranjeros, les dio todo género de facilidades y les permitió tener acceso a las más altas personalidades para recibir sus declaraciones-, el Gobierno Central ignoró a los medios de comunicación. Un miembro de la Secretaría de Estado manifestó a Cardenal que Rajoy odiaba la comunicación y despreciaba a los periodistas, y muestra de ello fue que, nada más llegar al Gobierno en 2011, suprimió la Dirección General de Comunicación Internacional. Y no sólo desentendió el Gobierno de los periodistas, sino también de los diplomáticos acreditados en España. Según me dijo el Ministro Consejero de un país miembro de la UE, tan sólo les convocó el Ministerio de Asuntos Exteriores una vez para un “briefing” y fue para soltarles una bronca por no informar adecuadamente a sus Gobiernos de lo que ocurría en Cataluña. La Generalitat, en cambio, cultivaba al Cuerpo Consular destinado en Barcelona -42 cónsules de carrera y 54 honorarios- y los trataba como si fuera el Cuerpo Diplomático de acreditado ante la República Catalana. Cardenal reconoce que la diplomacia española cumplió con la misión de evitar que ningún Estado reconociera a la flamante República virtual, pero les ha hecho algunas críticas que considero injustificadas. Los diplomáticos cumplieron las instrucciones recibidas del Gobierno –pese a la renuencia del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, enfrentado con la Vicepresidenta del Gobierno, que aspiraba a un mayor protagonismo de la diploma-, y no hizo frente a los desafíos de la opinión pública internacional. Esta labor se encomendó en exclusiva a la Secretaria de Estado de Comunicación, que no estuvo a la altura de la circunstancias. Algunos de los Embajadores que trataron de intervenir en este frente fueron llamados al orden -“surtout, pas trop de zèle”-. Los Consejeros de Información en las Embajadas –que dependen de Presidencia de Gobierno- tampoco hicieron gran cosa, pues no recibieron las instrucciones oportunas y los sesudos argumentarios que ldes llegaban de Madrid eran váidos para la comprensión de lo servicios jurídicos de las Cancillerías, pero carecían de “punch” comunicatvo. para el pueblo llano, pues estaban enfocados a marcar la estrategia diplomática de las Embajadas, y no como herramientas de comunicación. Se adoptó de una estrategia “equivocada, peligrosa y dañina”, que supuso una auténtico “suicidio” a efectos comunicativos con la opinión pública internacional. Cuando Alfonso Dastis sustituyó a García Margallo se cambió algo la tónica con la labor encomendada a “Marca España”, aunque ya era demasiado tarde, pues las posiciones ya se habían consolidado y “el pescado estaba todo vendido”. Esta política fue potenciada en la época de Josep Borrell con “España Global”, aunque éste no pudo llevar a cabo todo lo que pretendía por el marcaje a que estaba sometido por la Ministra de Política Territorial, la nacionalista del PSC Meritxell Batet. La actual Ministra de Asuntos Exteriores Arancha González, está lamentablemente desmantelando las estructura montada por su predecesor cuando empezaba a producir resultados, y ha orientado la labor de la Secretaria de Estado hacia la promoción de España en los ámbitos económico y comercial. Otro de los grandes errores del Gobierno de Rajoy –que siguió el mal ejemplo de anteriores Gobierno- fue la ausencia del Estado en Cataluña, tanto a nivel institucional como personal. El Presidente del Gobierno no se molestaba en pisar tierra hostil y, cuando no tenía más remedio que hacerlo, no pasaba del Club Ecuestre o del Salón del Automóvil. Como ha comentado José Manuel, Cansino, la del barco “^Piolín” fue la imagen de la situación cero del Estado en Cataluña. El Gobierno no se atrevió a hacer pedagogía en tierras catalanas, tan necesaria para contrarrestar la “agitprop” independentista, como para alentar a los catalanes no separatistas, que se sentían abandonados por el Estado a justo título. Cuando enviaron a Soraya como Virreina de Cataluña para que intentara solucionar el problema, Oriol Junqueras la llevó al huerto y se la pasó de pitón a pitón. La indeseada aplicación del artículo 155 de la Constitución fue un auténtico fiasco, en gran medida por culpa de las reservas del PSOE y de Ciudadanos. Sólo el discurso del Rey Felipe VI del 3-O y la masiva manifestación constitucionalista del 8-O supusieron un esperanzador rayo de luz en las tinieblas catalanas y, sobre todo, mostro a las Cancillería y a la opinión pública internacional que existía otra Cataluña distinta que pretendía representar en exclusiva el separatismo.. Una de las conclusiones que se dedujeron del debate subsiguiente a la presentación del libro fue que el PSC era uno de los principales responsables de la anómala situación del constitucionalismo en Cataluña, debido a la vampirización del PSOE por su filial catalana. El antiguo militante, Miquel Jiménez, acaba de publicar el libro titulado “PSC, historia de una traición”, en el que describe el nacimiento del partido como una mezcla ideológica entre marxismo y nacionalismo, y en el que cabía percibir un cierto menosprecio por el PSOE nacional. El nacionalismo pesaba en el partido y su objetivo era modernizar la ideología pujolista predominante, pero no sustituirla. Francesc de Carreras dijo que la izquierda había aceptado desde el priincipio al nacionalismo como una fuerza progresista por la oposición que había ofrecido al franquismo, pasando por alto su carácter supremacista y retrógrado.. El PSC tenía dos almas: la nacionalista, que prevalecía en los dirigentes –de Pasqual Maragall a Miquel Iceta- y la socialista, que predominaba en sus bases, constituida fundamentalmente por charnegos que aspiraban a ser considerados catalanes de primera división. La línea nacionalista, partidaria del derecho a decidir, se impuso no sólo en el seno del partido, sino también a nivel del PSOE nacional, que aceptó sus planteamientos en la Declaración de Barcelona de 2017. Maragall quiso demostrar que era más nacionalista que nadie y llegó a extremos a los que Pujol no se había atrevido llegar, como la implantación de la inmersión escolar y la elaboración de un nuevo Estatuto, que suponía un primer paso en el desmantelamiento de la Constitución y un conato de ruptura con España. Tras la moderada sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, el Presidente de la Gneralitat, Jose Montilla, lo desautorizó -con su brillante argumento de que ningún Tribunal podía juzgar los sentimientos de los catalanes-, lo deslegitimó e inició el pre-proceso de insumisión institucional contra el Estado. La situación se fue degradando poco a poco: adopción de las leyes de desconexión, celebración del referéndum ilegal del 1-O, Declaración unilateral de independencia, aplicación del artículo 155 de la Constitución y disolución del Govern y del Parlament, nuevas elecciones y Gobierno del xenófobo supremacista Joaquim Torra, encarcelamiento de los responsables y huida de Carles Puigdemont, y sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Y hemos llegado a una situación alarmante tras la constitución del II Gobierno de Pedro Sánchez y la formación de la “Mesa de Diálogo” entre el Gobierno Central y la Generalitat”. Como señaló Álvarez de Toledo, el PSOE ha aceptado plenamente los postulados nacionalistas del PSC y las exigencias de ERC, y se ha situado al margen de la Constitución en Cataluña. El PSC ha dejado de ser un partido constitucionalista y se ha pasado con armas y bagaje al nacionalismo. A juicio de Cardenal, el PSC ha cometido una doble traición: a los socialistas catalanes que se sienten españoles y a una izquierda que no se identifica con el supremacismo y el status privilegiado de la burguesía nacionalista. Para lograr que prosperara la moción de censura contra Rajoy y para obtener su investidura, Sánchez, necesitó del concurso de los separatistas catalanes y ahora, para conseguir que se aprueben los presupuestos generales del Estado que le permitan seguir en el poder, requiere los votos de ERC y de los nacionalistas vascos. Para ello, Sánchez se ha mostrado dispuesto a hacer las concesiones que sean necesarias y, en consecuencia, ha tenido que aceptar la “Mesa Intergubernamental del Diálogo”, calificada de “Mesa del Chantaje” por la dirigente de Ciudadanos, Lorena Roldan, y de “fraude político, embuste legal y desfalco de soberanía”, por el Presidente del PP, Pablo Casado. Según David Mejía, se están incurriendo en responsabilidad por omisión los barones y los dirigentes del PSOE, incapaces de abrir la boca contra esl plan de Sánchez de apaciguar al independentismo con nuevas concesiones, traicionando la letra y el espíritu de la Constitución. Sin embargo, el silencio de los pro-hombres socialistas es ominoso. Hasta la Gran Reserva Espiritual del partido, Felipe González, le ha quitado importancia al decir que se trata de una mera “performance”para las elecciones catalanas, y que Sánchez no ha entregado la llave de la gobernabilidad de España a un preso condenado por sedición, y que –si así fuera-, seria culpa de “las fuerzas de la centralidad” (¿?). En el comunicado final de la sesión de en la Moncloa –con todo el protocolo de una reunión entre los Gobiernos de dos Estados soberanos- se ha dejado constancia de los acuerdos de una “Mesa de diálogo, negociación y acuerdo”, que, curiosamente, no es ninguna de estas tres cosas. Hay que saber con quién se dialoga, cómo se dialoga –negociación- y para qué se dialoga –acuerdo-. Respecto al quién, el recientemente desfenestrado ex–Ministro socialista, Jordi Sevilla, ha manifestado con pertinencia que “representantes de la mitad de Cataluña se sientan a hablar con la mitad del resto de España”- En consecuencia, no puede resultar creíble una mesa de negociación sobre el futuro de Cataluña en la que estén ausentes la mitad de representantes de los catalanes constitucionalistas y los de la mitad de los españoles que están en la Oposición. Se dice que se trata de una reunión entre Gobiernos, pero la mitad de los componentes de la delegación catalana no forman parte del Govern y entre ellos se encuentran un condenado por desobediencia e inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un procesado por este Tribunal y tres estrechos colaboradores del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. Torra y su Vicepresidente, Pere Aragones, ya han exigido que formen parte de la mesa el encarcelado Oriol Junqueras y el fugado Puigdemont “¡Jó que tropa!”, que diría el Conde de Romanones.. En la delegación del Gobierno se encuentran tres partidarios del derecho a decidir y un soberanista. En cuanto al cómo, se dialoga en una mesa que carece de legitimidad alguna por no encontrarse entre las instituciones adecuadas –las Cortes y el Parlament-, y está al margen –cuando no en oposición- de la Constitución. Por imposición de los separatistas, se ha omitido en la convocatoria cualquier referencia a la Constitución, y se ha sustituido por una inocua referencia al “marco de la seguridad jurídica”. Para que al Gobierno no le quepa la menor duda, Elsa Artadi –ninfa Egeria de Puigdemont y antigua portavoz de la Generalitat- ha afirmado que la referencia a la seguridad jurídica no suponía una referencia a la actual Constitución y que los nacionalistas no compartían el criterio del Gobierno de que no se haría nada fuera de la legalidad. Como ha observado Teresa Freixes, se trata de una forma de hacer política que no tiene parangón con el constitucionalismo democrático. No hay seguridad jurídica ni legitimidad democrática en la Mesa. Se consideran inservibles las instituciones existentes y se utilizan otras nuevas carentes de representatividad, que reemplazan a las elegidas democráticamente por el pueblo. Respecto al para que, resulta obvio que el objeto de la mesa es llegar a un acuerdo que favorezca a los independentistas, aunque no está del todo claro qué es lo que se va a negociar. En toda negociación bilateral se contraponen las demandas de ambas partes. En el lado separatista, sus demandas están bien claras: amnistía o indulto para los político condenados, celebración de un referéndum de autodeterminación y eventual independencia de Cataluña. ¿Qué pide el Gobierno en contrapartida? No parece que vaya a presentar demandas tales como la igualdad de trato a todos los catalanes, el respeto a las leyes y el cumplimiento de las sentencias de los tribunales, el derecho de los estudiantes a ser escolarizados en la lengua oficial de su elección, o el fin del adoctrinamiento escolar y de la bunkerización nacionalista de las universidades- La única pretensión del Gobierno es mantener a Sánchez en la Moncloa al precio que sea. Por otra parte, los acuerdos que se pudieran alcanzar no serían vinculantes para nadie, porque derivarían de una institución que carece del marco competencial para obligar. Conclusiones del libro Cardenal llega a unas conclusiones más bien pesimistas al término de su interesante obra. Ha señalado que, si bien podemos culpar al nacionalismo que derivo en separatismo de todo lo que queramos, porque no deja de ser un un movimiento de tintes totalitarios que quiere homogeneizar a una sociedad plural, los principales responsables del lío en que estamos “hay que buscarlo sobre todo en el constitucionalismo”. Fueron las distintas instituciones del Estado que tenían la obligación de haber enfrentado el problema y de haber puesto pie en pared. ”Los principales responsables fueron todos los Gobiernos centrales, desde Felipe González a Pedro Sánchez, sin distinción ideológica”. No comparto del todo estos radicales asertos. Es cierto que todos los Gobiernos de la democracia, desde Adolfo Suárez, requirieron al apoyo de los partidos nacionalistas cuando no tenía mayoría suficiente para gobernar y éstos pasaron la correspondiente factura, pero, incluso cuando el PSOE o el PP gobernaron con mayoría absoluta, siguieron haciendo concesiones a los nacionalistas aun cuando ya no necesitaran su voto para gobernar. El PSOE se entregó al PSC y éste al nacionalismo, cometiendo una “traición estratégica”. Como ha señalado Federico Jiménez Losantos, la izquierda dobló la rodilla ante el nacionalismo, al que no combatió para mantener los equilibrios internos. El Tribunal Constitucional tumbó la LOAPA y marcó a la Generalitat la pauta sobre la autonomía con su interpretación del artículo 149 de la Constitución de forma tal que permitió la existencia de competencias compartidas y concurrentes y, al fallar en favor de no limitar el desarrollo competencias de las Autonomías, provocó un debilitamiento del Estado. A su vez el PP, tras el Pacto del Majestic en 1996, se rindió a la avidez competencial de Jordi Pujol. José María Aznar le entrego la cabeza de Alejo Vidal-Quadras en bandeja de plata, le transfirió las competencias en materia penitenciaria, desactivó la Alta Inspección Educativa del Estado e impidió que el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez Miranda, presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Política Lingüística. Las concesiones a los nacionalistas nunca les satisficieron, antes al contrario. Como su objetivo final era lograr la independencia, la reforma del Estatuto de 2005 suponía a voladura del Estado de las Autonomías, y el rechazo parcial del Tribunal Constitucional le sirvió de coartada para impulsar abiertamente la independencia. El cordón sanitario que el PSC y el PSOE establecieron contra el PP en el Pacto del Tinell en 2003 y las críticas al Tribunal Constitucional por su sentencia de 2010 sobre el Estatuto supusieron la adscripción definitiva del socialismo al régimen nacionalista- Causa estupor –afirma Cardenal- que después de dos referéndums ilegales, de la aprobación de las leyes de desconexión, de una declaración unilateral de independencia, del incendio de las calles de Barcelona y de la absoluta rebelión de la Generalitat, no parece que el Estado haya aprendido la lección, y sigue sin querer utilizar en Cataluña las herramientas que aún tiene para hacer frente a la secesión y para construir un relato internacional. Pedro Sánchez ha cerrado desesperadamente su investidura con los partidos que tienen como fin último la voladura de España. Es cierto que los Gobiernos centrales han sido co-responsables de la situación que se ha impuesto en Cataluña, pero de ahí a decir que son los principales responsables de ello hay un largo paso que no me parece correcto dar. Los principales responsables del proceso de insumisión institucional de la Generalitat y del Partlament son, sin duda alguna, los partidos políticos separatistas catalanes y las fuerzas económica y sociales que los apoyan. Actualmente, en la trinchera independentista el rumbo está claramente marcado. El “procés” les ha salido relativamente gratis a la Generalitat y a sus miembros golpistas, pues siguen en el poder hasta nueva orden gracias al voto bonificado de la Cataluña rural, y una minoría sigue atropellando a una mayoría sin que el Estado haga nada por impedir que la telaraña siga extendiéndose. A corto-medio plazo, se avecina un nuevo “round” europeo de la mano de Puigdemont y Cia en Bruselas. A medio-largo plazo, sólo tienen que esperar el tic-tac demográfico para limpiar el censo y conseguir la ansiada mayoría social que precipite la independencia “de iure” o “de facto”. Y, si todo val mal para ellos, está garantizada la consolidación de las posiciones de privilegio de los independentistas y de desigualdad para los que no lo son. Cardenal concluye su libro afirmando que resultan manifiestas las conexiones existentes entre las diversas unidades de la Generalitat y de Diplocat con las instituciones e individuos que en España y en el extranjero forman parte de la “telaraña del `procés”,una maquinaria sofisticada cuyo fin ha sido promocionar la secesión ilegal, gracias a una generosa financiación pública, con un dinero que se detrae de cobertura de las auténticas necesidades ciudadanas, particularmente reprochables en unos años de recortes en educación, sanidad y otros gastos sociales. Una auditoría de todo lo gastado por la Generalitat para promover la secesión de Cataluña elevaría la cifra a varios miles de millones de euros en los últimos años. El independentismo sigue tejiendo su telaraña a la espera de que se presente otra oportunidad, pues sus líderes ya han dicho sin el menor recato que “lo volverán a hacer”. El Gobierno no debería bajar la guardia porque la telaraña del secesionismo sigue intacta y el golpe continúa. Madrid, 29 de febrero de 2020