ANIMOSIDAD DE LA JUSTICIA BELGA
La magistrada de la Audiencia Nacionalla
Generalitat , Carles Puigdemont y cuatro de sus antiguos Consejeros –Toni
Comín, Luis Puig, Maritxell Serret y Clara Pomnsatí- por los delitos de de sedición, prevaricación, desobediencia y
malversación. El magistrado del Tribunal Supremo que le sucedió como Instructor
del caso del 1-O, Pablo Llarena, retiró la orden y la rehizo, con el fin de
reclamarlo sólo por[1] los delitos de rebelión y
de malversación.si bien más tarde añadió el de sedición .El Tribunal competente
de Bruselas dio largas a la petición, pese a su carácter urgente, y finalmente
rechazó tramitar la orden poer razones formales, alegando que no existían
órdenes de arresto nacional válidas que se correspondieran con el contenido de
la ejecución, pese a que Llaresa le aseguró que, conforme al Derecho español,
no era necesario emitir una nueva orden de arresto, dado que seguía estando
vigente la expedida por la magistrada de la Audiencia Nacional.
Tanto el
Ministerio de Asuntos Exteriores como la Embajada de España en Bruselas enviaron sendas
Notas Verbales a la Embajada
de Bélgica en Madrid y al Ministerio belga de Asuntos Exteriores
respectivamente para protestar por la intromisión de la Justicia belga en la
jurisdicción española. En su primera comparecencia ante el Congreso, el
Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell,
aseguró que, en términos de calidad democrática, las instituciones
españolas estaban mejor valoradas que las belgas, según los principales
medidores internacionales.
Un grupo informal de cincuenta
antiguos Embajadores escribimos una carta abierta a nuestro colega belga en
España, Marc Calcoen –publicada en el “ABC”
del 22 de Mayo-, para expresarle
nuestra sorpresa, preocupación e indignación por el comportamiento que estaban
teniendo con España el Gobierno y las
autoridades judiciales de Bélgica en relación con el ex-Presidente Puigdemont y
cuatro antiguos Consejeros del Govern
prófugos de la Justicia
española. De esta proceder se deducía un alto grado de desconfianza, que no se
compadecía con el hecho de que España fuera un Estado miembro de la UE , Parte en todos los
Convenios sobre Derechos Humanos y fiel cumplidor de sus disposiciones. Le
rogábamos que hiciera llegar a su Gobierno nuestras inquietudes –compartidas
por la mayor parte de la opinión pública española- en la confianza de que
reconsiderara su inamistosa actitud hacia España, un Estado socio en el seno de
la Unión y
aliado en el marco de la OTAN. Desgraciadamente no fue así. El Embajador
ni se molestó en contestar a nuestra misiva y las autoridades belgas
continuaron su actitud hostil hacia la Justicia española.
Determinado a frenar como fuera
la acción reparadora de la
Justicia que encarnaba el magistrado Llarena. El Parlament decidió el 24 de Abril
querellarse contra el Instructor del proceso del 1-O y, el 18 de Junio, el
Presidente Torrent presentó una denuncia contra Llarena y otros tres
magistrados, por vulnerar los derechos políticos de los diputados encarcelados.
El tribunal Supremo archivó la denuncia por defectos de forma, ya que Torrent
no había recurrido a la formulación de la preceptiva querella.
Siguiendo esta misma tónica de
hostigamiento a, y descrédito de la Justicia española en el plano
internacional, Puigdemont y sus tres ex-Consejeros fugados a Bélgica
presentaron el 5 de Junio ante un juzgado de Bruselas una querella criminal
contra Llarena por vulneración de la
presunción de inocencia de los procesados y una demanda civil de reparación de
daños. La base para la querella no podía ser más superficial y frívola: unas
palabras pronunciadas por el Instructor el 22 de Febrero en Oviedo, tras la
celebración de un encuentro de penalistas:”Un
delito político son [sic] aquellos comportamientos que normalmente estarías
sancionados por el ordenamiento jurídico-penal y que, sin embargo, por una
consideración política, son perseguidos. No es el caso que estamos llevando en
el Tribunal Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en
nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido de la
motivación que haya llevado a una persona a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados”. La frase era perfectamente inocua, pero fue modificada den
su versión al francés, para hacerle decir lo que no dijo y encontrar un remoto
fundamento a la disparatada querella. En vez de traducir “et si
c´est ce qui s´est produit” por “si
es que ha sido así”, lo han traducido por “et oui. c´est ce qui s´est
produit” –“ y si, esto ha sido
así”-, lo que cambiaba completamente el sentido. El abogado español de
Puigdemont, Gonzalo Boyé trató de quitar hierro al asunto alegando que se
trataba de un simple error de traducción –“trasduttore,
traditore”-, pero la traductora dijo que ella no había hecho esa
traducción. Los tiros apuntaban hacia el propio abogado, que ha sido denunciado ante el Colegio de
Abogados por el europarlamentarrio Enrique Calvet. Boyé comentó que el
magistrados debería tener boca cerrada cuando hablabanra público sobre
la causa que estaba instruyendo y que el mero hecho de que Llarena hubiera
realizado una declaración en público sobre el caso del 1-O fuera de su
juzgado era elemento suficiente para sostener la demanda. Es cierto que el
comentario de Llarena fue inoportuno –según el refrán castellano, “en boca cerrada no entran moscas”-, pero sus palabras fueron falseadas a
sabiendas en su traducción al francés –idioma en el que se presentó la demanda-
para reforzar los argumentos de los querellantes.
Según Francisco Pascual, aunque
la querella iba dirigida formalmente contra Llarena, emn realidad se trataba de
una crítica feroz contra el Estado español,
del que cuestionaba la independencia judicial y el adecuado
funcionamiento de la justicia. En efecto, en ella se afirmaba que España era un
lugar donde se perseguía a las minoría
por su ideología nacionalista y sus simpatizantes sufrían violaciones
sistemáticas de los derechos humanos. La Justicia había sido incapaz de abordar la
cuestión catalana de manera imparcial,
lo que llevaba a jueces y fiscales a vulnerar la presunción de inocencia. Uno
de los máximos exponentes de este sistema era Llarena, que había dictado
múltiples decisiones que habían demostrado claramente su falta de
imparcialidad, amén de otras violaciones
de los derechos fundamentales universales. El magistrado recibiría una
compensación adecuada en el momento oportuno. El tenor de la denuncia estaba casi
íntegramente dedicado a describir al Estado español como una especie de tiranía
en la que la independencia judicial era inexistente. Situaba a España junto a
Kazajstán entre los Estados delincuentes que se negaban a someterse a los principios
que regían la comunidad internacional.
Por otra parte, Puigdemont y sus
cuatro Consejeros mantuvieron que, con sus palabras, Llarena había ofendido su
honor e integridad política y moral y había mostrado una falta de imparcialidad
que lo inhabilitaba para continuar con la instrucción del caso. Por ello presentaron al mismo tiempo una
acción civil para resarcimiento de daños, en la que pidieron una indemnización
simbólica de un euro. Los fundamentos de la demanda eran aún más disparatados
que los de la querella. Se basaba en un Reglamento de la UE relativo a la competencia
judicial en materia civil y mercan, que permitía reclamar responsabilidad civil
por hechos dañosos en el lugar donde se
produjeran los efecto del daño. Según Nicolás González Cuéllar, el Reglamento
en cuestión no era obviamente de aplicación al caso, dado que los daños
producidos por el funcionamiento anormal de la jurisdicción española no podían
verse resarcidos mediante acciones civiles ni mercantiles y, por otra parte, no
correspondía su enjuiciamiento a ninguna jurisdicción distinta a la española,
salvo en el caso de intervención de tribunales internacionales. Los autores de
esta farsa procesal no reclamaban por un supuesto perjuicio derivado de una
palabras pronunciadas en un ámbito
particular y sacadas de su contexto, sino por la actuación `procesal del magistrado
Llarena. Tales palabras se encontraban referidas a su desempeño judicial y
carecían de relevancia jurídica por sí
mismas .Eran palabras de una neutralidad exquisita, pero –aún en el supuesto
hipotético de que alguna expresión hubiera
supuesto una falta de neutralidad* las consecuencias legales que de ello se
derivarían, tampoco correspondía dilucidarlas la jurisdicción belga.
Se acusaba al Ministerio de
Justicia de estar en connivencia con el magistrado para deslegitimar a los
líderes independentista. Llarena era como una especie de agente del Estado cuya
única intención era extinguir o mitigar su acción penal contra los procesados,
si éstos renunciaban a su proyecto político independentista. El Ministerio
estaba en el ajo de la operación, como demostraba el hecho de que publicara
sistemáticamente sus decisiones . El volumen de búsquedas del CGPJ no registraba menos de 307 entradas a su
nombre.
Actitud insolidaria
del Gobierno de Sánchez con Llarena
La titular
del juzgado de Bruselas, Anne Dessy, admitió a trámite la querella contra
Llarena y lo citó para que declarara ante el Tribunal bruselense el 4 de Septiembre. El magistrado –que
consideraba que la juez carecía de competencia- pidióel 15 de Agosto amparo al
CGPD, que se le concedió al instante por considerar que la querella suponía una
flagrante y burda ofensiva y un ataque
planificado de Puigdemont contra la independencia de la Justicia española, con
el objetivo de desacreditar ante la opinión pública internacional la
instrucción del proceso penal instruido contra él y sus colegas del Govern.
El Consejo requirió a los Ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores
que tomara las medidas necesarias para “asegurar
la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los Tribunales del
Reino de Bélgica”. El Servicio
Jurídico del Estado informó de que era
necesario contratar un abogado en Bélgica a la mayor brevedad, ya que
concurrían los requisitos previstos para que el Estado asumiera la defensa de
Llarena en Bruselas y la Fiscal General, Consuelo Castro, afirmó que el magistrado había sido demandado por el
legítimo ejercicio de instructor de un procedimiento penal que se seguía en l
Tribunal Supremo.
El
ministerio de Justicia, sin embargo, publicó un comunicado en el que decía que no defendería en ningún caso a Llarena
por los actos privados que se le atribuían, pues ello supondría defender a un
particular por afirmaciones de carácter privado ajenas a su función judicial, y
sólo se personaría en el proceso si, en el momento de admitir a trámite la
querella, las autoridades judiciales belgas mencionaban, entre sus argumentos,
hechos o datos de la causa penal seguida contra los demandantes. La Vicepresidenta
Carmen Calvo rehusó dar el
respaldo del Gobierno a Llarena y afirmó que el amparo legal y el apoyo al magistrado
correspondía al Poder Judicial y que el Ejecutivo se limitaría a defender la soberanía de la jurisdicción
española.
Según Ignacio
Camacho, los golpistas fugados querían desacreditar la imparcialidad de un
miembro del Tribunal Supremo a escala europea y el Ministerio de Justicia
entendía que la cuestión no le afectaba. El Estado al que Llarena representaba
y defendía le había mostrado la palangana de Pilatos, pero si la querella de
los prófugos tenía éxito en la muy proclive justicia belga, las
salpicaduras de esa simbólica jofaina mojarían a la nación entera. Para
Salvador Sostres, Llarena importaba por lo que era, pero sobre todo por lo que
representaba. Su instrucción contra el golpe de Estado que se había producido
en Cataluña era mucho más que un auto
judicial, pues constituía la respuesta de un Estado de Derecho al intento de
ser derrocado por una minoría rebelde. Era sólo un juez, pero encarnaba el
concepto de Justicia y de Democracia en el que se basaban los países libres. “El Mundo” observó que la querella perseguía la
inhabilitación de Llarena por su afirmación de que en España no había presos
políticos. Que la Justicia belga creyera lo contrario o que la Ministra
española de Justicia escamoteara el respaldo oficial del Gobierno al Juez
Instructor como si su afirmación fuera
una cuestión personal resultaba
patético. La querella era jurídicamente infumables y los pretextos formales de
Dolores Delgado insostenibles.
El hecho de que el Gobierno no
viera en la querelladle Puigdemont “et all” un ataque a la justicia y a la
democracia española en su conjunto .
tenía atónitos a los miembros de la comunidad judicial., que no
comprendían que el Gobierno considerara
el asunto como una cuestión particular
de Llarena, cuando era evidente que éste actuaba como representante del Estado y que una actuación de este tipo nunca podía ser
considerada como privada El presidente de la Asociación Profesional de Jueces,
Manuel Almenar, comento que el Gobierno debería actuar sin reserva, porque se trataba de defender, no sólo a Llarena, sino también a la
soberanía española. La afirmación gecha por el magistrado de que los querellantes
no eran presos políticos no vulneraba ninguna presunción de inocencia, sino que
suponía la defensa del Estado democrático español ante quienes ante quienes lo cuestionaban en el extranjero.
La querella no era más que un pretexto
para cuestionar la instrucción de la
causa y la función jurisdiccional de los Tribunales españoles y someterse a la jurisdicción de los
Tribunales de otro país. Tal era la pretensión de los prófugos y, frente a
ella, la única postura lógica del Estado era adoptar las medidas jurídicas
adecuadas para defender la independencia de los jueces españoles y la soberanía
jurisdiccional del Estado español. Por su parte, el Presidente de la Asociación
Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, señaló que no tenía sentido que
un juez que instruía un proceso en un Estado miembro de la UE fuera demandado
en otro Estado miembro en el ejercicio de su función jurisdiccional. Para el CGPJ, el único fin de la querella era
condicionar e influir en futuras resoluciones judiciales que pudieran
adoptarse. La demanda transcendía una cuestión privada , pues Llarena había
sido demandado por su papel jurisdiccional en la instrucción de la causa y la
alusión a su comentario sobre la inexistencia de presos políticos en España no
era más que un pretexto para poner en tela de juicio la imparcialidad del
magistrado durante la instrucción. Todas
las asociaciones de jueces y fiscales -a
excepción de la Asociación de Jueces para la Democracia- pidieron al Gobierno
que defendiera a Llarena, incluida la Unión Progresista de Fiscales de la que formaba parte la Ministra Delgado -a la que recriminó su
proceder-, porque la querella de los
líderes independentistas suponía un grave atentado contra la soberanía del
estado y contra la independencia de los
órganos jurisdiccionales españoles.
El encendido clamor judicial
cruzó el Atlántico y llegó a los oídos de Pedro Sánchez , que estaba de gira
por Iberoamérica, y el Presidente del Gobierno desautorizó a su Vicepresidenta
y a su Ministra de Justicia y dio en el tema un giro de 180 grados., El
Ministerio de Justicia aseguró con el
mayor desparpajo que el ejecutivo había atendido a todas las indicaciones del
CGPJ y defendido los intereses de España, conforme a las normas del ordenamiento interno y del
derecho europeos. Desde el principio había dado una respuesta positiva al CG,PJ y actuado con total diligencia en el
asunto, y que seguiría atendiendo las
peticiones que el futuro le hiciera el Poder Judicial. Señaló que, desde hacía
días, había iniciado los mecanismos para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del juez Llarena.
ERC, PDseCAT y Unidos/Podemos
criticaron el cambio de actitud del Gobierno y su asunción de la defensa de
Llarena ante los tribunales belgas. Así, Gabriel Rufián manifestó que ello
mostraba la poca o nula separación de poderes en el Estado español y censuró al
Gobierno que hubiera asumnido la defensa de un juez que “se ha mostrado lacayo de según que despachos de Génova 13” . El Presidente del PP, Pablo Casado, reprochó al Gobierno sus bandazos en relación con una
demanda que era una afrenta a todo el Poder Judicial español y pidió a la
Fiscal General que estudiara la
posibilidad de quie el Gobierno se querellara contra la juez belga.
El Gobierno contrató los servicios del bufete Liederkerke
/Wolster /Waelbroek /Kirpatricks por un precio global de 595.000 euros para que
defendiera a Llarena y al Estado español en Bélgica. El Ministerio de Justicia
no pudo resistir la mezquina
tentación de filtrar a los medios de
comunicación esta suma ´-no desembolsada aún- , para que se supiera lo que
Llarena costaba al erarios público, sin explicar que se trataba de una
cantidad presupuestada que sería
utilizada en función de las horas de trabajo que dedicaran al caso los abogados
del bufete.
La primera sesión en el Juzgado de
primera instancia bruselense se celebró el
4 de Septiembre y en ella estuvo presente el abogado de España, Hakim
Boulabah., quien solicitó un aplazamiento de la sesión con el fin de tener más
tiempo para preparar la defensa de Llarena
y solicitó que el caso fuera
resulto por un tribunal de tres jueces, en vez de uno uninominal. No se entró
en el fondo del asunto, pero avanzó que la defensa cuedtionaría la competencia
de los Tribunales belgas para juzgar el caso. Las juez Dessy acordó aplazar la sesión hasta
el 15 de Septiembre.
La plataformas de juristas
Movimiento 24Dos había anunciado que si la juez bruselense decidía iniciar el
proceso se querellaría contra ella ante los Tribunales españoles. Tras la
celebración de la primera vista, el Movimiento –al que se ha sumado Vox-
presentó en la Audiencia Nacional una querella contra Dessy por prevaricación
judicial y usurpación de funciones, al no haber rechazado de plano la querella
y haber citado a las Partes a otra actuación procesal. Asimismo
demandaron a Puiggdemont, a los cuatro ex–Consejeros prófugos y la traductora,
por falso testimonio y por falsedad documental. Según la querella, la juez
belga trataba de quebrantar la jurisdicción española, amedrentar al magistrado
y perjudicar el desarrollo de la causa principal.
Como
señaló el Presidente del Movimiento, González-Cuéllar, los autores de la demanda
pretendían –además de entorpecer la labor de Llarena- dañar la imagen de España
en el extranjero, presentarse como víctimas de un Estado tiránico, disculparse
ante sus correligionarios por su cobarde huidas a la acción de la justicia y
colocar a Puigdemont en la primeras línea de la actualidad mediática.
Fraudulenta y falsaria, la demanda constituía un claro ejemplo de maniobra
torticera. Aunque formalmente dirigida contra el magistrado, materialmente
perseguía violar la integridad y la dignidad de la Justicia española. Con base
en un relato inventado de los hechos, esperpénticos juicios de valor y la
manipulación de una traducción, pedían a una juez belga que revisara la
actuación procesal de un magistrado español.
La juez belga
no debería haber abierto la vía al examen del fondo de una demanda a todas
luces extemporánea y tenía que haberla descartado de raíz desde el principio,
dada su manifiesta incompetencia. Su actuación ha supuesto la intrusión
antijurídica de una juez extranjera en la jurisdicción española, pues –como
señaló el Presidente del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso- en ningún
caso puede ni debe ser fiscalizada la jurisdicción española por los tribunales
de un tercer Estado.
Caso Valtòncyc
Una muestra
más de la inamistosa actitud de la
Justicia belga hacia España se podía apreciar en el “Caso Valtòncyc”. Josep Miquel Arenas, a) Valtòncyc es un
“rapero” mallorquín autor de canciones en las que se ataca a la Corona y se
ensalza el terrorismo. Contienen frases como “la bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto patrol
de la guardia civil”, “que explote un
bus del PP con nitroglicerina cargado”, “el rey tiene una cita en la plaza del pueblo con una soga al cuello y
que caiga sobre él el peso de la ley” o “dicen que pronto se traspasará la cloaca de Ortega Lara y muchos
rumorean que Rubalcaba merece probarla”.
El cantautor
fue condenado por la Audiencia Nacional en 2017 por apología del terrorismo,
amenazas e injurias a la Corona a tres años y medio de cárcel, pero en Mayo de
este año huyó a Bélgica. La Audiencia cursó el 5 de Julio una OEDE a los
tribunales belgas solicitando la entrega de Valtòncyc. Un juez de primera
instancia de Gante examinó la orden el 21 de Agosto y decidió posponer su
decisión y concederle la libertad
provisional por estimar que no había riego de fuga. Según el abogado de
Arenas, Paul Bekaert –defensor de Puigdemont y asesor de los etarras refugiados
en Bélgica-, el juez había tomado esa decisión por “tratarse de un tema de principios
importantes, como la libertad de expresión, y no contar la Fiscalía con
información suficiente”. Arenas aseguró que no se arrepentía del contenido
de sus canciones, denigró a España y a sus tribunales, y se felicitó de tener
un juicio justo en Bélgica, a diferencia de “Alfons, los chicos de Alsasua o los ex-consellers que permanecen en
prisión en España”. Participó en la triunfal acogida a Puigdemont a su
regreso a Bruselas tras su exoneración del delito de rebelión por la Audiencia
Twerritorial de Schleswig-Holstein, y ha participado activamente en todos los
saraos organizados por los independentistas en Bélgica.
La Audiencia Nacional informó que el juez belga había cometido un error en la transcripción de los delitos por los que Oportunidad de Retiro del Terrorismo, como un desajuste entre los delitos vigentes en 2012. Uno de sus abogados, Simon Bekaert, señaló que el caso era importante para marcar el límite entre lo que era aceptable entre los Estados miembros de la UE y lo que no, y que la OEDE estaba siendo utilizada para juicios políticos. Se mostró optimista porque dijo que no había doble incriminación, por lo que no se daban las condiciones para su entrega a los tribunales españoles. Otro de los abogados, Gonzalo Boye, que la Audiencia Nacional había incluido en la orden el delito de terrorismo para llevar a cabo el procedimiento por la vía exprés, sin constatar que no había doble incriminación. Se había acreditado que no se trataba de un delito de terrorismo y de este tipo de delitos no entran en las OEDE.
El 3 de Septiembre, el juez belga volvió a subir al día 17 del mismo mes su decisión sobre la OEDE relativa a Valtòncyc. Este Afirmo Que ESTABA satisfecho por La Retirada de la Referencia al Terrorismo y confiaba En que no se produjera su Entrega por los Delitos de injurias a la Corona o enaltecimiento del Terrorismo. ¿Por qué? Pidió la disolución de la Audiencia Nacional por " ser un grupo de extrema derecha ". Habrá que esperar a la resolución del juez, pero los antecedentes de la conducta de los tribunales son más recientes entrega por considerar que el reclamado no recibiría un juicio justo en España. La conducta de los tribunales belgas y su desconfianza de, y menosprecio a, la Justicia española resulta incomprensible, afecta a un Estado que es socio de Bélgica en el seno de la UE y es del todo inaceptable
.
Madrid, 9 de Septiembre de 2018
