AL GOBIERNO LE CUESTA SUDORES DE SANGRE APLICAR EL
ARTÍCULO
115 DE LA CONSTITUCIÓN EN
De mi época de
estudiante en Inglaterra recuerdo haber visto en una iglesia de
Walshingam una vieja
estufa del siglo XIX, en cuya tapadera había esculpida la imagen de una tortuga
bajo l cual había la siguiente inscripción: “Lenta, pero segura”. De la Justicia cabe decir lo
mismo. La tortuga de marras se ha puesto parsimoniosamente en marcha y va a
acabar por adelantar a Aquiles-Puigdemont y sus maratonianos colegas en la
carrera filosófica de la conquista del espacio y del tiempo políticos imaginada
por Zenón de Elea. A diferencia del ritmo cansino del quelonio, los
acontecimientos en Cataluña se han desarrollado últimamente con una celeridad
inusitada y se ha llegado a lo que apenas nadie –incluidos muchos
independentistas- creía que llegaría nunca a suceder: la declaración unilateral
de la independencia de Cataluña (DUI), la destitución del Presidente y de los
miembros del Govern, la suspensión
del Parlament, la convocatoria de
elecciones autonómicas el 21 de Diciembre, la “espantá” del ex-Honorable y cuatro de los miembros de su Gobierno a
Bélgica , el encarcelamiento del Vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de otros siete
antiguos miembros del Govern y de los
Presidentes de la Asamblea Nacionalla Presidenta del Parlament Carme Forcadell.
En opinión de Arcadi Espada, el
Estado se equivocó gravemente al considerar que los políticos nacionalistas
nunca serían capaces de llegar hasta donde han llegado, pero lo mismo les ha
ocurrido a ellos, ya que creían que el Estado tampoco llegaría hasta donde ha
llegado, y ahora se encuentran en la cárcel o camino de ella. Estos políticos y
la extrema izquierda se han mostrado atónitos e indignados por las últimas decisiones
de la Audiencia Nacional
Auto de la Magistrado de la Audiencia Nacional
Carmen Lamela
Tras su comparecencia en el Juzgado
número 3 de la Audiencia Nacionalla Magistrada Carmen
Lamela, condenó a prisión provisional incondicional a Junqueras y a los
antiguos Consejeros de la
Generalitat Jordi
Turull,, Raul Romera, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquín Forn, Meritxel Borrás y
Carles Mundó, por la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y
malversación de caudales públicos. Al Consejero Santiago Vila –que dimitió
antes de que se aprobara la DUI-
le impuso la pena de prisión con fianza de €50.000, por lo que –una vez abonada
ésta- quedó en libertad.
El auto de la Magistrada ha sido
calificado por el Embajador Melitón Cardona de equilibrado, fundamentado y bien
redactado. Está perfectamente motivado en lo jurídico y redactado en un
castellano legible, fluido e impecable. Su decisión ha cumplido con los
requisitos fijados por el Tribunal Constitucional (TC) para la adopción de una
medida tan gravemente restrictiva como la privación de libertad. Ha constatado
que se han producido hechos que presentan caracteres de delitos muy graves, que
existen motivos suficientes para estimar criminalmente responsables a los
querellados, y que la posible pena a aplicar supera los dos años. Ha desgranado
sus conductas destinadas a lograr la independencia de Cataluña y analizado con
detalle el documento “Enfocat”, que propuso la estrategia para lograr tal fin,
que se ha correspondido con los pasos dados por el Govern en los últimos dos años. Se trata de “una estrategia de todo el movimiento secesionista perfectamente
organizada, con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, las
parlamentarias y las asociativas (ANC y
Omnium Cultural), que conduciría a la celebración de un referéndum
ilegal el 1 de Octubre y a la declaración de independencia aprobada en el
Parlamento el 27 de Octubre”.
El auto
describe la desobediencia al TC a través de medidas “que pretendieron dar apariencia de legalidad a las distintas etapas del
proceso de desconexión, mediante la actuación a través de movimientos populares
encaminados a crear en los ciudadanos un sentimiento de rechazo hacia las
instituciones españolas y los poderes del Estado”. Para la consecución de
este fin secesionista, los querellados “se
valieron de la población alentando actos de insurrección pública”. Su actuación “fue meditada y perfectamente
preparada y organizada, reiterando durante más de dos años el
incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional en pro de la independencia”.
Según la Magistrada , “la planificación, organización de la
convocatoria y celebración del referéndum del 1 de Octubre fueron financiadas
con fondos públicos”. Los querellados han hecho posible la realización de
pagos “para llevar a cabo un acto, no ya
contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto que vulnerador de de
la declaración explícita de anticonstitucionalidad”. Cobra especial importancia el papel que todos
ellos protagonizaron desde sus cargos públicos, sin el cual el proceso
independentista no habría podido impulsarse.
Concluye advirtiendo sobre “la
alta probabilidad de ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba,
así como el alto riesgo de reiteración delictiva”, y destaca el elevado
poder adquisitivo de los investigados,
que les permitiría fácilmente “abandonar
el territorio español y subsistir en el extranjero”.
Los
nacionalistas, como era de esperar, se han rasgado las vestiduras. Puigdemont
ha enviado un mensaje a la opinión pública –transmitido por TV-3 (¿?)- en el
que denunció la decisión de Lamela de encarcelar a los miembros de su Gobierno
-que calificó de muy grave error y de “atentado
gravísimo contra la democracia, que rompe con sus principios básicos”- y
exigió su libertad, porque habían sido privados de ella por cumplir con su
programa aprobado en el Parlament.
Semejante decisión suponía un ataque a las elecciones del 21 de Diciembre, “que se van a celebrar en un clima de
represión y encarcelamientos de políticos sin precedentes”. Artur Mas ha
señalado que se trata de un “abuso de
derecho” y Joan Tardá que habían sido víctimas de un juicio político. A
ellos se ha unido la extrema izquierda, tanto regional como nacional. Así, la Alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, ha acusado a Lamela de actuar con espíritu de venganza y propuesto
la creación de un frente común para conseguir la liberación de los “presos políticos”. Pablo Iglesias, en
paralelo, ha afirmado:”Me avergüenzo de
que en mi país se encarcele a opositores, No queremos la independencia de
Cataluña, pero hoy decimos,¡Libertad
para los presos políticos!”. Los partidos de ambos –fundidos en una
candidatura común para las elecciones autonómicas- han acordado incluir en su
programa electoral la exigencia de amnistía para todas las personas inmersas en
procesos judiciales por desafiar a la Justicia con sus actos en
pro de la independencia. De los partidos constitucionalistas sólo Ciudadanos ha
mostrado su satisfacción por el auto. Miguel Iceta ha declarado que el PSC
acataba la decisión judicial –lo cual resulta positivo, pues el Presidente de la Geeralitat José
Según Raúl
del Pozo, el nacionalismo necesita perseguidos y, si es posible, mártires, y ya
los tiene. El mártir por antonomasia debería haber sido el President Puigdemont, pero le han fallado sus impulsos heroicos y
ha preferido tomar las de Villadiego y cederle generosamente la palma del
martirio a su hermano separado Oriol Junqueras. Éste no se ha mostrado entusiasmado
con la cesión de derechos y ha decidido poner fin a la coyunda de Junts pelSí y recorrer la
Vía Dolorosala República
de Cataluña y crear una estructura estable que organice la resistencia de los
catalanes contra la opresión del Estado español. El Gobierno español han
emitido una euro-orden solicitando la detención y extradición de los prófugos y
el asunto está en manos de las autoridades judiciales belgas, que les han
prohibido que abandonen el país hasta que tomen una decisión. Cambiando su
decisión de no presentarse a las elecciones, Puigdemont se ha sacrificado y
ofrecido encabezar una lista única de todas las fuerzas separatistas, pero ERC
–que según los sondeos va a ganar las elecciones- no ha accedido a su propuesta
y ha decidido presentar una lista propia encabezada por Junqueras y en la que
se incluyen todos los antiguos Consejeros del Partido encarcelados o prófugos.
Auto del Instructor
del Tribunal Supremo Pablo Llarena
El mismo día en que Junqueras y
Cía comparecieron ante la Audiencia Nacionalla Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los
miembros de la Mesa ,
dada la condición de aforados de todos ellos. Los Abogados de los acusados solicitaron más
tiempo para preparar sus defensas, y el Magistrado Instructor, Pablo Llarena,
les dio una semana adicional de plazo, pese a que la Fiscalía había pedido que
fueran interrogados con urgencia. Parece ser que el Magistrado comentó a los
Abogados, de forma un tanto displicente, que el TS no era la Audiencia Nacional.
Esta
decisión fue distinta a la adoptada por la Audiencia Nacionalla Magistrado Lamelala Democracia ha comentado
que “resulta difícil de explicar la
diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos” y criticado a Lamela porque la prisión debería
ser la excepción y no la regla general.
Es cierto, pero no es menos cierto que el cumplimiento de la ley debería ser la
regla general y los políticos nacionalista catalanas lo han convertido en la
excepción. En cuanto al fondo, la
diferencia no ha sido tan grande. Llarena ha estimado que se cumplen los requisitos para
considerar que han cometido un delito y aceptado iniciar la investigación.
El auto
apunta a la posible comisión de un delito de rebelión consumada y no de simple
conspiración para la realización de la misma. El artículo 472 del Código Penal
considera reos de rebelión a los que “se
alzaren violenta y públicamente” para lograr objetivos tales como “derogar, suspender o modificar total o
parcialmente la
Constitución ” o “declarar
la independencia de una parte del territorio nacional”.El problema que se
ha planteado la doctrina y la jurisprudencia es qué grado de violencia ce necesita
para que se produzca el delito. Llarena estima que el alzamiento es violento “cuando se orienta de modo inequívoco a
intimidar a los poderes legalmente constituidos, bien mediante el ejercicio
activo de una fuerza incluso incruenta, bien mediante la exteriorización
pública y patente de estar dispuesto a su utilización, por existir una
determinación de alcanzar a todo trance los fines que contempla”. La
referencia a la violencia no quiere decir que “para que el alzamiento público sea violento resulte exigible que
incorpore hechos lesivos o dañosos contra personas o bienes”. En cualquier
caso, el Instructor enumera una lista de episodios de violencia real como el
apedreamiento de de agentes el 1-O, el asedio a
sus hoteles, el entorpecimiento de registros policiales, las amenazas a
empresarios, los cortes de carreteras o la erección de “murallas humanas”, que defendían de manera activa los centros de
votación empleando la fuerza. “Todos
estos comportamientos expresan el violento germen que arraigaba expandirse” y
constituyen “una clara y plural expresión
de esta violencia”.
El auto contempla la posibilidad
que se haya cometido la variante agravada del delito de rebelión. Ello se
produce cuando va acompañada de circunstancias tales como que se hayan detraído
caudales públicos de su legítima inversión. Mientras la Fiscalía consideraba
estos hechos como un delito separado de malversación, Llarena los estima como
una circunstancia agravante del delito de rebelión que supone un endurecimiento
de la pena. Señala que –dado que durante
el 1-O se realizaron votaciones- seróa lógico pensar que tuvo que haber algún gasto de dinero
público, pero la Fiscalía
no ha aportado indicios de ello y, en consecuencia, rechazó imponer a los
querellados una fianza de €6.2 millones por responsabilidad civil.
Pese a la contundencia de los
argumentos expuestos en el auto, el Instructor rechazó dictar prisión
incondicional contra los encausados y decretó prisión eludible mediante fianza
de €150.000 para Forcadell y de €25.000 para los demás componentes de la Mesa salvo Joan Josep Nuet,
que –al demostrar que no había votado a favor de admitir a trámite la propuesta
sobre la independencia- quedó en libertad sin fianza. Los motivos que llevaron
a Llarena a tomar semejante decisión fueron que los querellados habían aceptado
la legalidad constitucional, tenían arraigo y habían comparecido cuando había
sido citados, y no existía riesgo de reiteración delictiva o huida del país. Ha
supuesto la rendición innoble de quien, no ha mucho, alardeó de que jamás daría
un paso atrás, y ahora ha dado, no ya uno, sino tres: aceptación de la
aplicación del artículo 155 de la Constitución , renuncia a la secesión al afirmar
que la DUI había
sido solamente simbólica y compromiso de no actuar fuera del marco de la Constitución y del
Estatuto. Rafael Moyano lo ha expuesto irónicamente es estos términos:”Que lo de la declaración de independencia
era broma, tontos, y que lo del 155 no está tan mal y además no tengo intención
de seguir en la política, pero –aunque siguiera- ni se me ocurriría hacer nada
fuera del marco constitucional”. A juicio de “El Mundo”, en los Tribunales no se dirimen hechos simbólicos,
expresiones sentimentales o debates ideológicos, sino la responsabilidad penal
y el riesgo de reiteración delictiva de unos políticos que se sirvieron del
poder para pisotear la ley.
Este giro copernicano de 180º por
parte de Forcadell no parece que obedezca a una caída del burro –similar a la
de San Pablo del caballo- de la persona que, junto a Mas y Puigdemont, ha sido
la principal responsable del proceso hacia la DUI , pues ha desobedecido sistemáticamente las resoluciones
del TC, hecho caso omiso de los dictámenes de los juristas del Parlament y del Consejo de Garantías
Estatutarias, permitido la
tramitación de leyes ostensiblemente inconstitucionales y de la resolución
sobre la independencia de Cataluña, silenciado a la Oposición y arengado
públicamente a las masas alentándolas a la insurrección contra el Estado de
Derecho. ¿Llega la ingenuidad de Llarena a creer en las lágrimas de cocodrilo
de la antigua Presidenta de la ANC ,
principal impulsora en tal condición de las Diadas separatistas?. No parece que
así sea cuando deja caer que las promesas de Forcadell podrían ser mendaces,
pero le concede generosamente el beneficio de la duda. La aún Presidenta del Parlament no ha sufrido una conversión
paulina, sino que ha visto de cerca los dientes al lobo. La cárcel asusta –para
eso está, entre otras razones- y es humano que trate de eludirla, aunque para
ello tenga que olvidarse de su dignidad y hacer
pública abjuración de principios.
El auto de Llarena no es a la
postre tan favorable para Forcadell como pueda aparecer a primera vista, ya que
los hechos que se están investigando ya han sucedido y producido nefasta a s
consecuencias, por lo que un arrepentimiento sobrevenido -sea sincero o no- no
va a hacer que deje de existir lo que ya ha ocurrido. Podría ser considerado
como una circunstancia atenuante, pero nunca eximente. La argumentación del
Instructor, por otra parte, destroza la previsible estrategia defensora de los Abogados de que sus
defendidos actuaron siempre de forma pacífica y no realizaron actos violentos.
Una prueba de que Forcadell no ha
cambiado de opinión ha sido el mensaje –no sé si conciente o inconsciente- remitido
nada más salir de la prisión, tras haber pagado su fianza con un cheque de la ANC : ”Volvemos
a casa con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: garantizar
la libertad de expresión en el Parlament, sede de la soberanía nacional”.
En tan breve misiva cabe apreciar al menos tres falacias: La Presidenta sólo
garantizó la libertad de expresión de una mitad del Paramento y conculcó de
forma obscena la libertad de la otra mitad, la soberanía nacional no radica en
el Parlament sino en la Cortes Españolas , y -si no tenía nada que reprocharse- ¿por qué
ha tenido que ir a Canosa y hacer la palinodia de afirmar que la DUI era sólo un declaración simbólica
sin efectos jurídicos?.
Aplicación mínima del
artículo 155 por parte del Gobierno
Mariano Rajoy
se ha visto obligado a recurrir al artículo 155 muy a su pesar y está tratando
que la acción del Estado en Cataluña a través del Gobierno central se note lo
menos posible. De ahí su precipitada convocatoria de elecciones autonómicas
cuando no ha habido tiempo material para restablecer del todo el orden
constitucional en la región. El objetivo del artículo 155 no es el de convocar
elecciones, sino el de obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso
de las obligaciones que le imponen la Constitución y las
leyes, y al respeto del interés general de España. La celebración de elecciones
puede ser un medio para recuperar la normalidad constitucional, pero no es un
fin en sí mismo, y el resultado de las mismas podría llevar a que se
reprodujera la situación que prevalecía en Cataluña cuando la Generalitat y el Parlament optaron por la
DUI.
La
actuación del Gobierno se ha reducido al mínimo indispensable, que ha afectado
especialmente a los ámbitos financiero .-intervención de las cuentas y control
del presupuesto regional- y administrativo –asegurar el normal funcionamiento
de los servicios públicos-. No ha intentado abordar el tema de la enseñanza,
que es sumamente complejo y delicado, si bien el Gobierno provisional podría
haber tratado de paliar, en la medida de lo posible, la situación de discriminación escolar de los
hispanoparlantes. Otro tema urgente que se ha ignorado -auque en gran parte por
culpa del PSOE- ha sido el de la “desoberanización” de los medios públicos de
comunicación –especialmente TV-3 y Radio Catalunya-. Los socialistas obligaron
a que se omitiera del mandato del Senado la autorización para controlar los
citados medios. ¿Cómo es posible que, después de la intervención del Estado en
Cataluña, TV-3 siga con su perfil sobranista y difunda sin el menor pudor un
mensaje del prófugo Puigdemont, presentado como Presidente legítimo del
Gobierno de la Generalitat ?. Contento estará Pedro Sánchez con la
irreductible e inadmisible actitud de TV-3, que no cesa. ¿Acaso podrá
controlarla la Junta Electoral
Ni siquiera
en el ámbito de la seguridad –fundamental junto con el de la Hacienda Pública-la
Policía , regional y nacional durante la huelga general
política del día 8 permitió que unos pocos agitadores bloquearan el normal
funcionamiento de los transportes en Barcelona.
El Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, responsable
directo de los Mossos, declaró que su
actuación –o no actuación, diría yo- “fue
muy equilibrada y atendiendo a la proporcionalidad que se necesitaba”, a pesar
de que los piquetes fueron muy violentos, porque “no era el día para caer en
provocaciones”, y se ufanó de que, gracias a ello, los independentistas no
podrían quejarse de la actuación policial, ya que “no hubo ni un solo lesionado”.
Me parecen lamentables estas declaraciones de un Ministro, que –para más
“INRI”- es juez de carrera., pues ha supeditado el cumplimiento de la ley al
“contexto” y a la conveniencia política. Los Mossos han pasado de ser
criticados por el Ministerio de Interior por su inacción el 1-O a ser elogiados
como un modelo de profesionalidad.. Supongo que ahora el Gobierno tratará de
paralizar la tramitación de las diversas querellas presentadas por la inacción
de los Mossos el 1-O por lo que “no
hicieron” cuando los mandaba Josep Lluis Trapero. Entonces –se ha preguntado
Santiago González- ¿qué necesidad había de destituirlo?. Si así se aplicaba el
artículo 155, ¿por qué Forcadell no iba a acatarlo si Zoido hablaba como el
ex-Consejero Forn?. Como ha comentado Federico Jiménez Lozanitos, con su
proverbial sarcasmo, “a Papá Noel Zoido sólo le faltó llevar
porros a los piquetes y chuches a los niños”.
Otra
actitud poco comprensible del Gobierno es su renuencia a que se excluyan de las
listas electorales a prófugos y presuntos delincuentes, antes al contrario. El
Ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo ha declarado que sería bueno que
Puigdemont y los ex –Consejeros investigados participaran en las elecciones del
21.D, pues su status de presos
preventivos no se lo impedía. Sí se lo impediría si el Gobierno cumpliera con
su deber y aplicara la Ley
19/2013 sobre Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que le permite –de
oficio o a instancia de parte- inhabilitar a los autores de infracciones tales como
“incumplimiento del deber de respeto a la Constitución ” o “adopción de acuerdos manifiestamente
ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a
los ciudadanos”.El Gobierno debería haber inhabilitado a estos
desaprensivos tiempo ha, pero prefiere una vez más que el TC le saque las
castañas del fuego e inhabilite a algunos dirigentes secesionistas al amparo de
los poderes que le concede su Ley Orgánica tras la última reforma. Mas ésta es misión
del poder ejecutivo y no del judicial, y –en caso de que el Tribunal decidiera
hacerlo-, se rompería la unanimidad que hasta ahora ha prevalecido en su seno
en el tema de Cataluña y, sobre todo, supondría un desgaste innecesario y daría
argumentos a las críticas nacionalistas de falta de imparcialidad.
No es de
higiene democrática permitir, e incluso facilitar, las presencia en las listas
electorales de prófugos y presuntos delincuentes –no tan presuntos- para que
accedan al Parlament –y eventualmente
al Govern-, gracias al voto cautivo
de buena parte de la población catalana, intoxicada durante años por la agitprop soberanista. ¿Qué ocurriría si
Junqueras y sus cachorros salieran elegidos y accedieran de nuevo al Gobierno
de la Generalitat
y luego fueran condenados a largos años de cárcel por el delito de
rebelión?. Las consecuencias del encarcelamiento de unos diputados escogidos
por el pueblo serían mucho más graves que las que se producirían ahora si el
Gobierno y/o los Tribunales los inhabilitaran e impidieran su participación en
las elecciones, pues más vale prevenir que curar.
El Gobierno
yerra al dejarse engañar por los nacionalistas y mostrrarse dispuesto a hacer
concesiones en aras del apaciguamiento, que –en opinión de Álvarez de Toledo-
nunca es general, pues sólo se apacigua del lado del que no lo merece..”La mentira de la independencia low cost tiene dos padres: la
alucinación nacionalista y el apaciguamiento democrático”. El diccionario
inglés Webster define “apaciguar” como “hacer
concesiones a alguien –como un agresor o un crítico-, a menudo a costa de sacrificar
los principios”. No fue el apaciguamiento lo que ha empujado a Forcadell a
“pulverizar los límites de la dignidad,
acatar el 155 y aceptar el marco constitucional”, sino “la amenaza seca y concreta de la cárcel”.
El cambio de ciclo en Cataluña y la vuelta a la normalidad constitucional no se
conseguirá con guiños al separatismo. El Gobierno deberá abandonar sus complejos, creer en la
fortaleza que le proporciona el Estado de Derecho y hacer cumplir en Cataluña la Constitución , el Estaturo
y las leyes, sin condicionarlo al “contexto” o a las conveniencias políticas.
Madrid, 13 de Noviembre de 2017
