Mala conciencia de la UE sobre refugiados e inmigranntes

MALA CONCIENCIA DE LA UE SOBRE  REFUGIADOS E INMIGRANTES

Mientras los satisfechos ciudadanos de la Unión Europea disfrutan de unas merecidas vacaciones en las deliciosas playas del Mediterráneo, miles de personas extra-comunitarias arriesgan sus vidas al intentar cruzar sus aguas en búsqueda de la feliz Arcadia europea. Más de 3.000 personas han perecido en el intento en lo que va de año ante la indiferencia de las instituciones comunitarias y los Estados miembros de la UE. La Unión creía haber resuelto el problema de los refugiados sirios con su  Acuerdo con Turquía y, si bien ha conseguido disminuir considerablemente el flujo de inmigrantes a Grecia vía Turquía, ha provocado el desviar el tráfico a otras rutas, especialmente la que va de Libia a Italia. Numerosos inmigrantes han podido ser salvados de la muerte gracias a la actuación de buques de la propia Italia y de España y, sobre todos, de las ONG humanitarias.

El Gobierno italiano –que no cuenta con la debida solidaridad de sus socios de la Unión y de la Comisión Europea- se encuentra desbordado a la vez que dividido pues, mientras el Ministerio del Interior ha impuesto un “Código de Conducta” que obliga a llevar personal armado a bordo de los buques de rescate y es partidario de prohibir el trasbordo de náufragos a otras embarcaciones e incluso su desembarco en Italia, el de Transportes propugna priorizar la aplicación de las normas internacionales de salvamento marítimo. Una muestra del caos existente es lo ocurrido al barco “Golfo Azurro” de la ONG española “Preactiva Openarms” que, tras haber rescatado a tres náufragos libios a petición de las autoridades italianas, ha encontrado la oposición de éstas a que sean desembarcados en su territorio. El barco “Iuventa” de la ONG alemana “Jugend Rettet” fue confiscado por Italia bajo la acusación de negarse a aceptar el “Código de Conducta” y “favorecer la inmigración clandestina”. Esta opinión es compartida por muchos en Italia y en el resto de la UE , por estimar que los rescates producen un “efecto llamada” y hace el juego a las mafias de traficantes, al permitir que un alto porcentaje de los inmigrantes que arrojan al mar en condiciones deplorables sean rescatados de la muerte  puedan llegar a su destino europeo. La Organización xenófoba “Generación Identitaria” ha fletado el buque “C-Star” para obstaculizar las actividades salvadoras de las ONG. Las patrulleras libias –financiadas con fondos comunitarios- disparan –de momento al aire- sobre los navíos de las ONG para dificultar su actuación humanitaria con total impunidad ante la pasividad de la Unión. En vez de actuar eficazmente contra las mafias traficantes, permiten que se hostigue a los buques humanitarios, ponen obstáculos a la admisión de los rescatados e incumplen sus normas y directrices sobre admisión de refugiados.

Refugiados políticos y económicos

            Los medios de comunicación y la opinión pública suelen confundir en un “totum revolutum” variantes de emigrantes muy distintas: refugiados, personas acreedoras a “protección subsidiaria” y emigrantes por motivos económicos o de índole no política. Según la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, por tales se entiende a las persona que -debido a fundados temores a ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual- se encuentren fuera del país de su nacionalidad y  no puedan o no quieran acogerse a la protección de tal país, o que –careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes hubieran tenido su residencia habitual- no puedan o quieran regresar a él. La Directiva 2004/83 de la Comunidad Europea sobre Refugiados y Personas Necesitadas de Protección Internacional requiere que dichas personas no estén incursas en causas de exclusión, denegación o revocación de asilo. Quedan excluidas las personas que hubieran cometido delitos contra la paz, crímenes de guerra o de lesa humanidad u otros delitos graves, o realizado actos contrarios a los principios de la ONU, o que constituyan un peligro para la seguridad interior o exterior del Estado de acogida. La Directiva incluye asimismo el supuesto de personas acreedoras de “protección subsidiaria”: a saber, los extranjeros o apátridas que –sin reunir los requisitos para obtener asilo o ser considerados como refugiados- se enfrenten a un riesgo real de sufrir daños en casos de regresar a sus países de origen. Tales daños podrían derivar de una condena a muerte, de torturas o tratos degradantes, o de amenazas graves contra su vida o integridad física, motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de de conflicto interno o internacional.

            Existe, por último, la categoría de personas que abandonan sus países y se trasladan a otros –legal o ilegalmente-, con el  loable objetivo de salir de la pobreza o de mejorar su nivel de vida. Éstos son  que son calificados de “emigrantes económicos” y no gozan de ningún estatuto especial de conformidad con el Derecho Internacional o Comunitario. Como ha señalado –por una vez con razón- Donald Trump, la emigración no es un derecho, sino un privilegio. Los Estados, en el ejercicio de su soberanía, se pueden negar a acoger a emigrantes o condicionar su acceso al territorio nacional al cumplimiento de determinados requisitos.

            Es un grave error mezclar estos conceptos y pretender tratar a todos los emigrantes con el mismo patrón, de lo que salen perjudicados los refugiados y las personas dignas de protección subsidiaría, que –por encontrase en una situación de vulnerabilidad- requieren un tratamiento especial por parte de la comunidad internacional. Tal no es el caso de los subsaharianos y nacionales de países en desarrollo que tratan de alcanzar Italia o España desde las costas norteafricanas en pateras, o de saltar las vallas que separan Marruecos de las ciudades españolas de Ceuta o Melilla. Se criticó en su día la afirmación del entonces Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de que quienes cruzaran ilegalmente la frontera en estos territorios no serían considerados refugiados y podrían ser devueltos a su lugar de procedencia sin aplicar el proceso legal individualizado que requieren la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, y la Ley 12/2009 Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria. Por mucho que nos duela la lamentable situación en que se encuentran los subsaharianos que pretenden entrar por la fuerza en nuestras plazas de soberanía, la opinión del Ministro es jurídicamente impecable. España está en su derecho a negarse a recibir emigrantes extra-comunitarios y a poner requisitos a la entrada de éstos en su territorio mediante la exigencia de visados. Es no sólo un derecho sino también un deber, pues –como miembro de la UE y parte en el Acuerdo de Schengen, está obligada a impedir intrusiones ilegales de terceros a través de sus fronteras, que forman parte de las fronteras exteriores de la Unión. Cuestión bien distinta es el tratamiento dado a los refugiados y a las personas acreedoras de protección subsidiaria, con respecto a los que la UE no ha estado a la altura de sus compromisos y ha incumplido –y sigue incumpliendo- sus propias normas y decisiones en la materia.

Incumplimiento por parte de la UE de sus propias normas y decisiones

            La UE dispone de un amplia y adecuada normativa para hacer frente al problema de los refugiados. En la Cumbre de Tampere de 1999, decidió crear un sistema común europeo de asilo, basado en la Convención de Ginebra de 1951, con el fin de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia a abierto a los que –impulsados por las circunstancias- busquen legítimamente protección, así como un régimen capaz de responder de forma solidaria a sus necesidades de tipo humanitario, reconoció su derecho a solicitar asilo y garantizó la no devolución del solicitante a un país en el que sufriera persecución. Amén de la citada Directiva 2004/83, la Unión dictó las Directivas 2005/85 sobre Procedimiento para Conceder o Retirar la Condición de Refugiado y 2003/86 sobre Reagrupación Familiar. Asimismo adoptó en 2004 el Programa de La Haya sobre Protección Internacional. Pese a las bellas palabras consagradas en estos textos, los Estados miembros de la Unión no han establecido un política común en materia de emigración y de asilo,  y –ante el éxodo a Europa de refugiados- han actuado de forma unilateral e insolidaria, haciendo caso omiso de las normas comunitarias y de las recomendaciones de sus órganos rectores. Así, la Comisión Europea adoptó en 2015 un Plan de Acogida que preveía la reubicación en su territorios de 160.000 refugiados que habían llegado a Grecia y a Italia, pero los Estados miembros no sólo no cumplieron con las cuotas que les habían sido adjudicadas, sino que algunos de ellos –como Hungría, Polonia, la República Checa o Austria- tomaron medidas unilaterales contra los refugiados en violación de las normas internacionales y comunitarias. Alemania –cuyo partido de Gobierno sufrió adversos resultados electorales como consecuencia de la generosidad de la Canciller Angela Merkel al acoger a casi un millón de refugiados- aceptó en 2016 a 1.403 refugiados, Países Bajos a 673, Francia a 522, Suecia a 278, Finlandia a 248, Italia a 112, Bélgica a 102, Luxemburgo a 98, España a 57, Lituania a 25, Estonia a 20, Portugal a 12, Lituania a 10 y el resto a 0.

            El principal problema lo planteaba Siria en la que –como consecuencia de la sangrienta guerra civil, la conducta genocida de Bashar al-Asad, el apoyo incondicional de Rusia e Irán, la radicalización de los rebeldes apoyados por los países árabes sunitas, la política inefectiva de Estados Unidos y la impotencia de la UE- la mitad de su población se ha visto obligada a desplazamientos internos o externos, tres millones han pasado a Turquía y un millón a Líbano. Una buena parte de los sirios trasladados a Turquía ha intentado llegar a Europa y, ante esta afluencia, se ha producido un rechazo xenófobo, especialmente en los países del Este europeo. Para hacer frente a esta grave situación, Alemania y la Comisión Europea buscaron la solución provisional y de emergencia de externalizar el control del flujo de ciudadanos sirios mediante la firma en 2016 de un Acuerdo con Turquía. A cambio de una suculenta suma de dinero -€6.000 millones hasta 2018- y promesas de eximir a los ciudadanos turcos de visado y reactivar las negociaciones para la adhesión de Turquía a la Unión, aquélla se ha comprometido a aceptar la devolución de los emigrantes irregulares que lleguen a Grecia y a tomar medidas para impedir que se abran nuevas rutas para la inmigración ilegal hacia la UE.

            El Acuerdo –que sólo afecta a los refugiados sirios e ignora a contingentes importantes de afganos, iraquíes, pakistaníes o eritreos- es una chapuza vergonzante que viola el Derecho Internacional y el propio Derecho comunitario, al permitir deportaciones colectivas de refugiados irregulares y su entrega a un país “no seguro” como. Turquía. Tras el último referéndum, su democracia ha pasado a ser meramente formal, ya que la intensificación del autoritarismo, el continuo acoso a la oposición, la denegación de la libertad de información y la sistemática violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales han convertido el país en una autocracia personalista de Tayip Erdogan. El Gobierno soporta bien el considerable número del refugiados sirios que acoge, fácilmente asimilables, y los utiliza como medio de presión ante la UE, a la que amenaza de dejarlos seguir su camino hacia Europa so pretexto de que la Unión está incumpliendo el Acuerdo.Asimismo puede trasladar a parte de este contingente al Kurdistán turco para diluir la  población kurda. La supresión de visados es poco probable mientras Turquía no cumpla con los requisitos requeridos y su creciente inclinación hacia la autocracia dificulta la reanudación de las negociaciones con vistas a su integración en la UE, que aparece cada día más lejana. Las autoridades comunitarias muestran su satisfacción por la notable disminución del flujo de refugiados  y del número de muertos entre los refugiados procedentes de Turquía –que ha pasado de 1.740 por día en 2015 a 47 en 2016-, pero, al dificultarse esa ruta, las mafias de traficantes la han desviado hacia Italia a partir del Norte de África –especialmente desde Libia-, lo que ha aumentado la mortalidad. En lo que va de años, unas 59.135 personas han llegado a Europa a través del Mediterráneo.

            Paliado a corto plazo el problema de los refugiados sirios, la UE ha centrado sus esfuerzos en tratar de resolver el no menos peliagudo problema de la presencia de innumerables inmigrantes económicos irregulares en la Unión. Estas personas son vistas como “oportunistas” más que como “víctimas, a pesar de su vulnerabilidad que los hace sujetos de explotación y de abuso. Como el tema no es competencia comunitaria sino de los Estados miembros, la Comisión Europea les ha recomendado que actúen con mayor contundencia y celeridad para expulsar a los inmigrantes “sin papeles”, aumenten el número de detenciones previas a la expulsión y amplíen el tiempo de estancia en los centros de detención. No deja de ser paradójico que los bienpensantes europeos condenen a Trump por querer levantar un muro en la frontera con Méjico y negarse a recibir a nacionales de ciertos países musulmanes, mientras que pasan por alto que algunos Estados miembros –como Hungría o Austria- erijan vallas en sus fronteras y otros –como Polonia o Croacia se nieguen a recibir musulmanes en sus territorios

Globalización del problema de los refugiados y de los emigrantes

            El problema excede del ámbito europeo y ha alcanzado nivel global En 2015 hubo 244 millones de emigrantes 21 millones de refugiados y 40 millones de desplazados. La ONU viene examinando conjuntamente el problema de los refugiados y los emigrantes ante la gravedad del problema con más buena intención que éxito. La Asamblea General adoptó en 2016 la “Declaración de Nueva York”, que –al ser una resolución- no tienen carácter vinculante. Los Estados se comprometieron a proteger los derechos humanos de todos los refugiados y emigrantes cualquiera que fuere su “status” y reconocieron que era responsabilidad de todos ellos abordar el problema de unos y otros “de forma humana, sensible, compasiva y centrada en las personas” (artículo 1). Es una mera declaración y los Estados son libres de cumplirla o no, pero menos da una piedra en cuanto a la concienciación global del problema. Lo más positivo de la reunión fue la decisión de incorporar la Organización Internacional para las Migraciones al sistema de la ONU. La Asamblea instó a los Estados –especialmente a los destinatarios del grueso de las migraciones- a ser Partes en la Convención de 1990 sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Emigrantes y de sus Familias.

            En la última reunión del G-77, Italia trató en vano de que su Declaración final mencionara la “movilidad humana”, reconociera los beneficios de las migraciones a los países de acogida y recordara la necesidad de proteger a los refugiados. La Declaración se limitó a reafirmar “el derecho soberano de los Estados, individual y colectivamente, a controlar sus fronteras y establecer políticas de acuerdos con sus intereses y seguridad nacionales”.

            Como ha señalado Anna Terrón, la llegada a territorio europeo de los que huyen de la guerra de Siria y de los distintos conflictos de Oriente Medio y en África han puesto en evidencia la fragilidad del Sistema Europeo Común de Asilo y la necesidad de modificarlo. La Comisión Europea propuso hace un año una reforma que pretende reforzar las normas comunes y garantizar su cumplimiento, mediante la adopción de reglamentos que eliminen las diferencias entre los sistemas nacionales de asilo, equiparen los estándares de acogida y aseguren decisiones uniformes sobre la concesión de protección internacional. Hay que evitar procedimientos prolongados, agilizar las decisiones, garantizar las salidas en caso de rechazo de las peticiones de asilo, reforzar la dimensión exterior del sistema y crear medios seguros de llegada y de acceso a los territorios de los Estados miembros de la UE. Debería establecerse un sistema común garantista pero ágil, que determine cuándo un solicitante debe ser acogido en la Unión y, en caso afirmativo, dónde debería hacerse efectiva su acogida. Según el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, la propuesta se dirige a redistribuir automáticamente a los solicitantes que dirigen sus peticiones a determinados países –como Alemania- y homogeneizar en toda la Unión los criterios de concesión de asilo. Una respuesta seria exige una estrategia europea general que aborde los problemas de raíz y no se limite a gestionar las emergencias. Para Blanca Garcés, la alternativa al Convenio de Dublín de 1990 –que establecer que las peticiones de asilo deben presentarse en el primer país de la UE al que acceda el solicitante- no es una nueva revisión de la normativa, sino la construcción de una verdadera política común de asilo.

            El Tribunal de Justicia de la UE ha echado un jarro de agua fría sobre los partidarios de favorecer el estatuto de los solicitantes de asilo al afirmar que los Estados no están obligados a conceder visados humanitarios, ni siquiera cuando los solicitantes corran riesgo real y probado de persecución, malos tratos o incluso muerte. Una pareja cristiana siria con tres hijos –que sufrían persecución en su país- solicitó en la Embajada belga en Líbano un “visado de validez territorial limitada” para poder ir a Bruselas y solicitar asilo. El Gobierno belga rechazó la petición alegando que no estaba obligado “a admitir en su territorio a un nacional de un tercer país, siendo su única obligación a este respecto la de no devolver a ese nacional”. Añadió que los Convenios en vigor –la Convención de Ginebra de 1951, el Convenio Europeo de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y las Directivas de la CE 2004/83 y 2005/85- no le obligaban a admitir en su territorio a “ personas que vivan en situación catastrófica”. El TJUE ha dado lamentablemente la razón a Bélgica.

Actitud de España

            A diferencia de otros Estados miembros de la UE, en España no se ha producido un rechazo frontal a la acogida de refugiados, entre otras razones porque España ha sido tradicionalmente un país de emigración. El 82% de los españoles es favorable a una Política Europea Común de Migraciones. En Marzo de 1917 se celebraron en toda España manifestaciones para exigir el Gobierno que cumpliera sus obligaciones con los refugiados y los inmigrantes, respetara las cuotas de reubicación de refugiados procedentes de Grecia e Italia y garantizaran el derecho de asilo facilitando vías seguras de acceso y procedimientos justos y acordes con el Derecho Internacional, así como una acogida digna.

            El Gobierno español recibió en 2016 17.155 solicitudes de asilo –tan sólo el 1.2% de las solicitadas en la UE- y resolvió 10.250 expedientes. Aprobó el 67% de las peticiones de protección internacional, pero sólo reconoció “status” de refugiado a 355 personas. Por otra parte, de los 17.317 refugiados que le adjudicó la Comisión Europea en 2015 sólo ha acogido a 1.136. Pese a sus buenas intenciones y a  los carteles acogedores como los instalados en la fachada del Ayuntamiento de Madrid, España está muy por debajo de sus compromisos comunitarios.

            La Ley 12/2009 está inspirada en la Convención de Ginebra y en las Directivas de la CE, e incluso va más allá en algunos puntos. Su puesta en práctica, sin embargo, deja bastante que desear. El principal problema radica en que, para solicitar asilo, hay que hacerlo desde España y no resulta fácil acceder a ella a los ciudadanos de países a los que se requiere visado. Como ha observado Garcés, para los que vienen del Sur implica trepar las vallas de Ceuta o Melilla o lanzarse al Mar Mediterráneo en las condiciones precarias impuestas por las mafias de traficantes. En 2015, el Gobierno estableció sendas Oficinas de Asilo en las dos ciudades, pero para llegar a ellas hay que pasar los controles de las autoridades fronterizas de Marruecos, que suelen facilitar el paso a los árabes, pero no a los subsaharianos, de modo que éstos se ven forzados a acceder a deichas ciudades de forma irregular y, en frecuentes ocasiones, por medios violentos. En estos casos se produce una situación que me parece surrealista. Cuando consiguen superar los obstáculos y entrar en el recinto de las ciudades, ocurre como en el juego de “pilla-pilla” de mi niñez, en el que, una vez que se llegaba a “casa”, el corredor era intocable. Los violadores de la soberanía española son de hecho libres de hacer lo que les plazca, desde abandonar los Centros de Internamiento Temporal de Inmigrantes a trasladarse ilegalmente a la península. Resulta chocante que, cuando se produce un asalto a la valla –con o sin éxito-, los medios de comunicación y la opinión pública se pongan de parte de los asaltantes y denigren a los miembros de las fuerzas de seguridad –a veces lesionados como consecuencia de  la violencia de los inmigrantes- que cumplen con su deber de defender la santidad de las fronteras hispanas y comunitarias, que, incluso en alguna ocasión, han sido llevados ante los tribunales por repeler a los intrusos. En lo que va de año se han producido 5.266 intentos de asalto  y 10.751 entradas irregulares, un tercio de las cuales se han realizado a través de Ceuta o de Melilla. Más de 1.500 inmigrantes se encuentran concertados en los bosques marroquíes cercanos a la linde con Ceuta esperando una oportunidad y, ante la disminución de la intervención de las fuerzas de seguridad de Marruecos, la Delegación del Gobierno en Ceuta decidió el pasado día 9 a cerrar el tráfico de mercancías por el paso fronterizo del Tarajal.

            Los inmigrantes que accedan legal o ilegalmente a territorio español y presenten su demanda de asilo, aunque tengan en principio derecho a circular libremente, deberán aguardar a recibir la respuesta de las autoridades españolas, que suele tardar entre año y medio y dos años. En 2015, el 70% de las repuestas fueron negativas, por lo que la mayoría de los solicitantes quedan “sin papeles” y no tienen permiso de residencia ni de trabajo, por lo que –ante la dificultad de expulsarlos- se convierten en carne de explotación y son proclives a la delincuencia. El Gobierno de España –país que tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y necesita de la inmigración para mantener el equilibrio poblacional y hacer posible el mantenimiento del régimen de pensiones en el futuro-, aún manteniéndole principio de integridad de sus fronteras y de respeto a la legalidad para impedir la inmigración ilegal, debería revisar los métodos de aplicación de su,  en teoría, adecuada normativa, acelerar la tramitación de los expedientes y ser más generoso en la concesión de asilo o en la dispensa de protección internacional.

Necesidad de solidaridad entre los Estados miembros de la UE

            Las fuerzas de orden españolas –como las italianas o las griegas- no pueden afrontar en solitario el problema de la creciente inmigración y se requiere una mayor implicación solidaria de todos los miembros de la UE. Como ha editorializado el periódico “El Mundo”, “carece de toda lógica que, habiendo eliminado las fronteras interiores, la UE no haya reforzado las exteriores y deje que cada país actúe de la forma que crea más conveniente o le permitan sus recursos para hacer frente a la llegada de inmigrantes. Es necesarios que los países comunitarios tomen conciencia de que no se trata de un problema que afecta solamente a los países del Sur, sino que es una cuestión que pone en riesgo la estabilidad y seguridad de toda la Unión”.  Pese a la actitud hasta ahora renuente de Alemania -más interesada por el Este que por el Sur-, la Canciller Merkel ha acabado por reconocer que Siria es un “vecino” de la Unión y que todos los Estados miembros de la Unión deben implicarse en la protección de sus fronteras exteriores. Asimismo ha afirmado que “la inmigración debe ser gestionada luchando contra el tráfico de personas y teniendo en cuenta, sobre todo, a los refugiados, ayudándoles a que puedan  llevar una vida digna dondequiera que estén”.

Según Taviani, la imagen que está dando la UE es la de una Europa impotente e incluso indiferente ante la tragedia de la inmigración y ante los recelos y los miedos crecientes de los ciudadanos. Las sirenas populistas apelan a la indignación, creando la ilusión de que se pueden cerrar muros y fronteras  dejar los problemas fuera. Debería reforzar los controles en las fronteras exteriores, destinando más medios y recursos a la Guardia Europea de Fronteras y Costas, y establecer una nueva asociación con África que tenga en cuenta no sólo los desafíos, sino también las oportunidades. Habría que partir de una sólida diplomacia económica con más inversiones en infraestructuras, transferencia de tecnología y eficiencia de los recursos y conocimientos técnicos industriales, trabajar en la formación y la movilidad legal, y establecer cuotas para estudiantes, investigadores y trabajadores africanos. Se pueden adoptar Acuerdos de repatriación más eficaces y crear centros de acogida que garanticen la seguridad, la asistencia médica, el suministro de alimentos y la aplicación de las normas relativas al derecho de asilo. Ya es hora –ha concluido el Presidente del Parlamento Europeo- “de tomar decisiones que den respuesta a nuestros ciudadanos, que piden una Unión capaz de protegerles y de reafirmar sus propios valores”. La UE debe superar su mala conciencia por su inaceptable actuación frente a refugiados e inmigrantes de todo tipo y volver a los principios enunciados en la Cumbre de Tampere, pues –como ha dicho el Papa Francisco- “la UE sólo tendrá éxito si se mantiene durante su existencia fiel al espíritu de solidaridad  europea que la creó”.

Playa de Amposta,  10 de Agosto de 2017

Atracción fatal hacia el abismo de los políticos catalanes

ATRACCIÓN FATAL HACIA EL ABISMO DE LOS POLÍTICOS CATALANES

            Carles Puigdemont sigue inexorable su alocada carrera hacia el precipicio en el que se precipitará Cataluña el 1 de Octubre con fatales consecuencias para su partido, para la Comunidad y para España en su conjunto. Con determinación digna de mejor causa ha adoptado en los últimos días una serie decisiones, a cual más provocadora y  desacertada, que revelan su talante autocrático y antidemocrático, y que harán inevitable el enfrentamiento de las instituciones catalanas con el Estado.

Provocadoras medidas adoptadas por el Parlament y por el Govern

            El Parlament adoptó una resolución por la que instaba al Govern a que garantizara que los medios de comunicación que accedieran a subvenciones o a publicidad institucional de la Generalitat se comprometieran a “aceptar todas las campañas que lleve a cabo el Govern , incluidas las relacionadas con comunicar todo aquello que sea  necesario para el buen funcionamiento del referéndum del próximo 1 de Octubre”.  Continuando con la línea ya adoptada con motivo del seudo-referéndum del 9-N, la Generalitat está presionando de forma inaudita a los medios privados para que emitan o publiquen anuncios sobre el referéndum. En 2016, “La Vanguardia” recibió €760.000 y “El Periódico de Catalunya” €445.000.

            Tras la destitución fulminante del Consejero David Baiget por expresar dudas sobre la celebración del referéndum, el President optó por depurar su Gobierno de miembros no suficientemente fiables –como los Consejeros de Presidencia, Neus Munté, de Interior, Jordi Jané, y de Educación, Meritxell Ruiz, y el Secretario del Govern, Joan Vidal- y substituirlos por independentistas incondicionales como Jordi Turull en Presidencia, Joaquim Forn en Interior, Clara Ponsatí en Educación y Victor Culell en la Secretaría. Como ha observado Mariano Rajoy, después de presionar a los medios, a la oposición, a los funcionarios y a los alcaldes, ahora presiona a su propio Gobierno. Además ha transferido al Vicepresidente Oriol Junqueras las competencias para la organización del referéndum. Éste se ha mostrado dispuesto a asumir la responsabilidad correspondiente, especialmente para la adquisición de las urnas y del material requeridos para la votación, pero su osadía no se plasma en la realidad, pues no firma ni el recibí de una carta certificada de un pariente, “por si las moscas”.

Pero el más grave ha sido el nombramiento como Director de los “Mossos de Escuadra”, de Pere Soler, un despendolado y xenófobo independentista que ha manifestado:”Vayámonos ya. Me dais  pena todos los españoles”.. En el colmo de la desvergüenza, Turull ha afirmado que estas palabras eran una suerte de mensaje oculto de fraternidad entre los pueblos, pues “se refería a que, como los catalanes tenemos un proyecto para no depender de un Estado que ya vemos cómo nos trata, en los ciudadanos españoles, que tienen toda nuestra estima y aprecio, este proyecto no se ve”. Es como poner al zorro al cuidado del gallinas. Como ha observado Gregorio Morán, quien controlará a los Mossos “es un tipo dentro de toda sospecha, que no cumplirá la legalidad que no le exijan los ilegales”. Para que no quede la menor duda  sobre la intención de la Generalitat, Forn ha afirmado en su primera rueda de prensa que los Mossos permitirán que los catalanes puedan votar libremente en el referéndum del 1-O. El nombramiento de Soler es una prueba de que no se trata de una bravata más, pues, e n menos de una semana, la cúpula de los Mossos ha sido cercenada y sustituida por políticos dispuestos a llegar hasta el final  con la celebración del referéndum. Toda la reacción del Gobierno en su adanismo se ha reflejado en las palabras ingenuas del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido: ”Espero que a nadie se le pase por la cabeza que [los Mossos] puedan ser condicionados u obligados a hacer una cosa distinta de la que la ley les obliga”. Mucho me temo que semejante pensamiento si haya pasado por la mente de Puigdemont, Forn, Soler y Cia.

Descalificación por el Letrado Mayor del Parlament de la actuación del Govern

El Letrado Mayor del Parlament, Antoni Bayona, ha publicado en la “Revista Catalana de Derecho Público” un excelente artículo sobre “El futuro político de Cataluña: el papel del Parlament”, en el que ha cantado las verdades del barquero, lo que es de especial relevancia por venir de quien viene: el máximo exponte jurídico de la Cámara autonómica. Ha afirmado que la vía unilateral escogida por el Govern supone “llevar el conflicto existente con el Estado y con el Tribunal Constitucional a una nueva dimensión política y jurídica de resultados inciertos”, ya que implica “una ruptura del marco político y social en el que se fundamenta el Estado”. Ha considerado que es arriesgada “la vía unilateral en una peculiar lectura y comprensión de del principio democrático y de la relación de éste con el principio de la legalidad”,  y que recuperar esta unilateralidad, tras no poder convocar o celebrar el referéndum de autodeterminación sin un mínimo de garantías, “puede tener el efecto paradójico de debilitar una decisión que sólo estaría fundada en los resultados electorales del 27 de Septiembre de 2015, que no dejaron de ser unas elecciones al Parlament de Catalunya,  pese a que le quisieron dar un carácter plebiscitario”, y que “no dieron mayoría a Junts pel Sí”e hicieron necesaria su alianza con los antisistema de la CUP, “que llevó a enfatizar el carácter unilateral del proces”. De la vía de desconexión fundamentada en las elecciones de 2015, que preveían la ruta soberanista aprobada el siguiente 9-N, “se ha pasado a un nuevo escenario en la que esta consulta parece constituir un elemento determinante”. El referéndum anunciado no es más que “un movimiento táctico que tiene como último objetivo político reforzar la legitimidad de la vía unilateral” y resulta evidente que “no se podrán cumplir los requisitos y estándares mínimos exigibles a un proceso participativo como éste”. Esta opción ofrece además “las incertidumbres que suponen una convocatoria que se enfrenta a la oposición del Estado y a una jurisprudencia constitucional contraria a un referéndum que tenga como objetivo preguntar a los ciudadanos si están a favor o en contra de la independencia de Cataluña”. Semejante vía ha sido “prematura y poco realista”, porque no se sabe si hay “una mayoría social favorable a la independencia”. Ha recordado  “la capacidad de reacción del Estado” para frenar el proces y “la escasa receptividad hacia la causa catalana que ha mostrado hasta ahora la comunidad internacional”. Ha censurado “la contraposición del principio democrático y del principio de legalidad” que establece el independentismo para avalar la unilateralidad, y que sólo podría tener justificación en caso de “una ruptura de las reglas por parte de un Estado autoritario”, lo que “relativiza las reglas del sistema constitucional”. Mantener este mantra significa que el Estado español mantiene formas autoritarias heredadas del franquismo que lo convertirían en o democrático, y eso “puede suponer un grave error de apreciación política y, sobre todo, jurídica”

La bien fundada opinión de Bayona no debería haber sido incluida en el artículo de una revista sino en un informe oficial del Parlamento. Esta circunstancia ha permitido a Puigdemont restar importancia al pronunciamiento del letrado mayor. Claro que el President -que es un corredor a piñón fijo- también ha ignorado el informe del Consejo de Garantías Estatutarias -principal institución jurídica de Cataluña- en el que ha calificado de inconstitucional tanto el procés como el referéndum.

Tibia reacción del Gobierno Central

Genio y figura, Rajoy ha afirmado con convicción que el referéndum ilegal de autodeterminación no se va a celebrar, pero apenas ha hecho nada para impedirlo, en una pasividad  rayana con la negligencia. También aseguró que el “proceso consultivo” del 9-N no se iba a celebrar, pero se celebró, aunque fuera en clave de farsa. Si espera a actuar a que se adopte la Ley para el Referéndum, podría ser demasiado tarde, ya que los dirigentes catalanes –maestros en las malas artes del trapicheo- aprobarán la ley unas horas antes de que amanezca el 1-O.  Resulta increíble que la Fiscalía no se inmutara tras las declaraciones del Consejero de Interior Forn de que los Mossos incumplirían las leyes del Estado y. no sólo no impedirían la celebración del referéndum ilegal, sino que darían todas las facilidades posibles para que los catalanes participaran en la votación. No puede haber un caso más claro desobediencia al TC, desacato a la ley y prevaricación. Como ha señalado “El Mundo”, e n cualquier país democrático, un responsable de Interior que anunciara a bombo y platillo que las fuerzas de seguridad no iban a cumplir la ley sería relevado inmediatamente. Lo normal en este caso habría sido que el Ministerio Fiscal  hubiera denunciad a Forn por esos delitos y solicitado su inhabilitación.

Ahora el Gobierno empieza a salir de su somnolencia porque ha descubierto de repente que la Generalitat le engañaba con otra –una tal Miss Independencia- y que había desviado la importante suma de €6.150 de las partida de los Presupuestos correspondiente a “Organización, Gestión y Seguimiento de Procesos Electorales”. ¡Menudo descubrimiento!. El Govern lleva años engañándolo, utilizando los fondos que el Gobierno generosamente le facilita libres de intereses a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en actividades correctas y recurriendo a sus fondos propios –amén de los “fondos de reptiles”- para financiar el proceso independentista –establecimiento de las estructuras de un Estado soberano, creación de una red de “misiones diplomáticas”, financiación de entidades extranjeras que ayudan a la expansión del catalán…etc-. El Gobierno ha consentido las irregularidades de la esposa infiel y, lejos de apretarle los cordones de la bolsa, la ha colmado de dádivas. Desde 2012, Cataluña ha recibido del FLA €68.000 millones y, en lo que llevamos de 20117, se ha embolado unos €3.600 millones.

El “pitbull” del Gobierno, Cristóbal Montoso, ladra pero no muerde y –según ha comentado Raúl del Pozo- el Gobierno también debería gobernar en Cataluña y dejar de enseñar los dientes de goma que no pueden morder. Tras la “penúltima” provocación de la Gobern -con ellos nunca cabe hablar de la última-, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha decidido que todos los organismos de la Generalitat tendrán que remitir semanalmente al Ministerio de Hacienda un informe de gastos y pagos, a fin de garantizar que no se ha tramitado ningún expediente para financiar la consulta secesionista, y ha reclamado que se le faciliten los nombres de los interventores y responsables del sector público catalán, a los que advertirá de posible responsabilidades administrativas, contables e incluso penales si mienten, se equivocan o se retrasan en facilitar la información solicitada. El incumplimiento de estas obligaciones podría llevar aparejada la suspensión de la financiación del FLA. El Gobierno espera que, estas advertencias basten para evitar cualquier gasto ilegal y no sea necesario llegar al extremo de cortar la financiación.

El Gobierno parece empezar a darse cuenta de la conveniencia de recurrir a medidas económicas sancionadoras a las que son harto sensibles los políticos catalanes, como puso de manifiesto el ex–Consejero David Baiget- cuando afirmó que podría soportar ir a la cárcel, pero no que se viera adversamente afectado el patrimonio de su familia. La Presidenta del Departamento de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Margarita Mariscal de Gante, ha afirmado en un auto  que, con el pago por el Govern de los gastos generados para pagar la celebración de la consulta del 9-N, “existe un posible menoscabo del erario debido a la adopción de decisiones de gasto y pago que pudieran haber carecido de suficiente respaldo normativo”,

y ha solicitado el nombramiento de un instructor para que requiera a los investigados por responsabilidad contable –Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs- el depósito de una fianza acorde con el dinero que deberán devolver -€5.12 millones-o se expongan a sufrir el embargo de sus bienes. La Generalitat ha tratado de escudarse en los interventores para eludir las responsabilidades contables de sus antiguos políticos, lo que podría generar un enorme problema para los  funcionarios, pero esta vergonzosa actitud –aparte de indignar a los funcionarios- no parece que resulte aceptable para el Tribunal de Cuentas. Puede que la exigencia de responsabilidad económica que se cierne sobre los políticos catalanes haya influido en la destitución/dimisión de los tres últimos Consejeros a los que la Generalitat ha agradecido los servicios prestados.

Reciente actitud de la Generalitat

            Tas tratar de pasarle el marrón a sus funcionarios, la Generalitat ha cambiado últimamente de táctica y el Consejero de Presidencia Turull  le ha soltado de forma arrogante y chulesca al Gobierno central lo que sigue: ”Si se quiere encontrar a los responsables del 1-O, somos los miembros del Gobierno de Cataluña, de manera conjunta y solidaria”. Si el Gobierno quiere identificar los nombres y las caras de los responsables de cualquier decisión o cualquier gasto, directo o indirecto, sobre el referéndum, lo que debe hacer es “ mirar una foto del Govern, porque el Presidente, el Vicepresidente y todos los Consellers asumirán toda la responsabilidad de manera conjunta”.  Claro que lo mismo dijo Artur Mas tras el 9-N y luego, cuando compareció ante los Tribunales, se escondió cobardemente detrás de los voluntarios.

            El Govern ha mostrado sorpresa e incredulidad ante las lógicas y razonables decisiones del Gobierno, pues estaba acostumbrado a su cautela y pasividad. Se ha rasgado las vestiduras y le hanadvertido –a través de Turull- que si Cataluña se hunde porque el Gobierno no la siga financiando, España también se hundirá. ¿Se atreverá el Gobierno de Rajoy a cortar o limitar la financiación del FLA si la Generalitat sigue adelante con su desafío independentista y celebra el 1-O un referéndum ilegal?. Mucho me temo que no, sobre todo tras sólo ha obtenido el respaldo de Ciudadanos. El PSOE se ha desmarcado de la medida por estimar que no sirve para resolver el conflicto, ya que no ofrece soluciones políticas. Xavier Doménech de Podemos ha calificado esta medidas de “agresión intolerable”. Desde el Ministerio de Hacienda han hecho saber que no se llegará en ningún caso a cerrar el grifo del FLA a Cataluña. Viene a cuento la anécdota atribuida al torero Rafael “El Gallo”. Al pasar en la estación de Atocha junto a la máquina del tren que lo había traído de Sevilla, la locomotora le soltó una ruidosa bocanada de vapor. El diestro se dirigió al maquinista y le dijo:”Estos c….en Despeñaperros”. El Gobierno debe mostrar por una vez en Cataluña la fortaleza de un Estado de Derecho.

Actitud sectaria del PSOE

Pese a sus reiteradas proclamas de respaldo a la legalidad  y su oposición a la celebración de un referéndum ilegal, el PSOE de Pedro Sánchez no está ayudando al Gobierno en este trascendental problema de Estado, antes al contrario. Ha rescatado las tesis pseudonacionalistas del PSC, lo que supone una malhadada manera de hacer frente común con el Gobierno ante el desafío soberanista. Sánchez ha descubierto la pócima milagrosa del plurinacionalismo e incurrido en el error de identificar nación con sentimiento, de lo que se aprovecha el nacionalismo. Ignacio Gómez Liaño se ha planteado la razón de adoptar el plurinacionalismo porque haya un 8% de ciudadanos que sean nacionalistas en toda España .La fórmula de la plurinacionalidad –aparte su insuficiente base jurídica- no sirve para solucionar el problema político de Cataluña y puede crear conflictos adicionales, porque  pone sobre el tapete el debate territorial desde una perspectiva que interesa exclusivamente a los nacionalistas. Según Luis Miguel Fuentes, Sánchez nos devuelve a la asimetría, a las soluciones ad hoc, al federalismo y al confederalismo en la misma ponchera, a la falacia de la bilateralidad y a lo del apaciguamiento y el maná. ¿Qué naciones conformarían la plurinacionalidad de España?. ¿El Valle de Arán, Tortosa o Batea son naciones y pueden ejercer el derecho a la libre determinación?. Tras el reconocimiento de Cataluña, Sánchez ha concedido este honroso marchamo al País Vasco, mientras el Congreso del PSOE Balear ha decidido constituir la Comunidad como una “federación de islas”, auténticos “mini-Estados”, con todos los derechos propios de las entidades estatales.

Por si no fuera suficiente su absurda y confusa deriva constitucional, Sánchez y su Secretario de Organización, José Luis Abalos, se han mostrado partidarios de recurrir a la “política de la chequera”, seguida por Arabia Saudita para hacerse perdonar sus muchas culpas. No sólo el Estado tendría que invertir en Cataluña el mismo porcentaje que representa su peso en el PIB nacional en detrimento de las demás Comunidades –lo que supondría aumentar en un 70% la inversión realizada el pasado año-, sino que debería exonerarla de buena parte de su deuda en premio a su deslealtad institucional y a su desastrosa gestión económica. “Hay una deuda importante –ha observado Avalos- que el Estado deberá intentar contribuir a resolver porque es una deuda que se va acumulando y nos tendremos que plantear algún tipo de quita para que no se colapse la institucionalidad de Cataluña”. Es un mensaje a las pobres Comunidades Autónomas a los que Sánchez no ha reconocido aún el rango de naciones. Si queréis obtener más fondos del Gobierno central, haced como Cartagena y Jumilla en la I República y declaraos independientes.

    Cataluña tiene una deuda de €75.000 millones de euros, 67.1% de la cual es con la Hacienda Pública española. La Generalitat lleva desde 2012 sin poder salir a los mercados porque –al ser sus bonos calificados de “basura” por las empresas calificadoras internacionales- los costes de financiación serían inasumibles sin el respaldo del Estado español, que le ha aportado €68.000 millones de liquidez. Carlos Cuesta se ha preguntado si es un fin loable destinar  el IRPF de un año de todos los españoles para salvar de la bancarrota a una Comunidad que está enfrentada al Estado y prepara un golpe contra la Constitución?. Por otra parte, señores de PSOE, ¿qué les hace pensar que estas cesiones aliviarían el separatismo?.  En opinión de Javier Oms, esa largueza no va a mover a los golpistas a reconsiderar su actitud. Si su disparate tiene premio, se sentirán incentivados para intentarlo de nuevo. La normalización en Cataluña pasa también porque los socialistas recapaciten y vuelvan a sus principios.

Últimos desafueros de la Generalitat

La situación en Cataluña ha llegado a unos extremos intolerables. El Consejero de Interior Forn ha declarado a “El Punt” que ignorarán la ley española y las advertencias del TC, y que sólo respetarán la legalidad catalana, que emana del Parlament. Por consiguiente, los Mossos no sólo no impedirán la celebración del referéndum, sino que lo facilitarán. Puigdemont ha afirmado que, en caso de ser inhabilitado por los Tribunales, no haría el menor caso. ¿Puede soportar un Estado de Derecho semejantes desafíos sin inmutarse?. La mezcla de arrogancia y victimismo de los secesionistas se ha manifestado en la lacimógena declaración del hombre fuerte del Govern, Oriol Junqueras, cuando –ante la eventualidad de una posible intervención de las fuerzas de seguridad- dijo a un periodista:”¿Vd. cree que la sociedad catalana del siglo XXI permitirá que cojan a mis hijos, que tiene cuatro y dos años, y los echen a la calle?”.

En un artículo titulado “Los medios del Movimiento Nacional”, que no ha llegado a ser publicado en “La Vanguardia” por haber sido censurado -¡Ay la democracia de un futuro Estado independiente en Cataluña con los medios del Movimiento Nacional, no de Arias-Salgado, sino de Goebbels!-, Gregorio Morán ha afirmado que el conflicto anunciado para el 1-O no se trata de un choque de trenes, sino del enfrentamiento entre un expreso antiguo y apolillado y un tranvía conducido por reclutas del Servicio de Transportes. “Abandonemos de una maldita vez el pujolismo de los delincuentes de altura y admitamos que somos un tranvía con aspiraciones de tren bala japonés”.  Estamos en manos de un personal que bordea la ley y que lo hace con el ánimo no sólo de incumplirla, sino de imponer la suya, que no es otra que ir a la ruptura y provocar un conflicto no sólo cívico, sino también violento. Necesitan de algún muerto que sirva de símbolo a la asonada. “¡Un muerto salvaría a Cataluña!, es el lema escondido entre los conspiradores de esta farsa”.

A juicio de Jorge Bustos, lo que eleva una ópera bufa a la categoría de drama épico es la intervención del hecho trágico, pero “¿qué tanque vas a mandar contra Turull, por el amor de Dios?. No merecen ni aquel madrugón en Perejil”.  Basta y sobra con un pelotón de contables como ha digo Ignacio Camacho. La atracción por el abismo priva a los separatistas catalanes del más elemental sentido del ridículo.

Madrid, 24 de Julio de 2017

.

Vampirismo del PSOE por el PSC

NEFASTO VAMPIRISMO DEL PSC SOBRE EL PSOE

            Los principales  responsables de la catastrófica situación en Cataluña aon obviamente los nacionalistas, pero también han contribuido otros partidos como el PSOE, que -a través de su filial el Partido Socialista de Cataluña (PSC)- fue durante muchos años el más votado en Cataluña, llegó a presidir dos Gobiernos autónomicos en una desafortunada alianza tripartita con Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Izquierda Unida-los Verdes, y  ha controlado hasta ahora los grandes municipios catalanes. Por pretender ser más nacionalista que los nacionalistas genuinos de ERC y de Convergencia i Unió, -hoy Partido Democrático de Cataluña (PDCAT)- el PSC inició un proceso gradual y continuado de decadencia, que la ha hecho descender al 5º puesto en el escalafón de partidos autonómicos.

Proceso de crisis del PSC

            El PSOE nacional ha dado de siempre amplio margen de autonomía a su filial catalana, aunque el PSC debería respetar las líneas directrices establecidas por la casa-madre, aunque no siempre ha sido así en las cuestiones que afectaban a Cataluña, en la que la madre ha ido a remolque del hijo pródigo y de sus veleidades nacionalistas, cercanas al secesionismo. El punto de partida del proceso de implosión se inició cuando el Presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero -para congraciarse con los nacionalistas- tuvo la genial idea de afirmar que “nación” era un término discutible y discutido, y que su Gobierno aceptaría cualquier reforma del Estatuto que propusiera el Parlament. Los hechos son bien conocidos. El texto elaborado por la cámara catalana y  aprobado en referéndum tuvo que ser corregido en las Cortes para tratar de adaptarlo a la Constitución. El PP lo denunció ante el Tribunal Constitucional (TC), el cual anuló algunas de sus disposiciones básicas y aceptó otras dando una “ interpretación conforme” de las mismas, que no convenció ni a tirios ni a troyanos.

            En su libro “Maquiavelo para el siglo XXI”,  Ferrán Caballero ha dado una original e interesante versión del proceso de crisis del PSOE y de su filial catalana. Una vez que ganaron el poder en Cataluña, los socialistas no supieron ganarse el favor de los medios más poderosos que no tenían tradicionalmente a su favor y, al promover una reforma de tanto calado como la del Estatuto, dieron a la oposición muchas oportunidades de acrecentar su poder e influencia y a los otros miembros del Gobierno la oportunidad de marcar perfil propio. Engañaron, y finalmente despreciaron, al pueblo y a las instituciones de Cataluña, y dejaron coger prestigio a los partidarios de la independencia. Porque los socialistas fueron incapaces de hacer lo que deberían hacer todos los gobernantes serios, que no sólo miran las alteraciones del presente, sino que también han de prever las futuras y evitarlas después con todos los medios. Queriendo gobernar y no teniendo otra alternativa para formar Gobierno, tuvieron que hacer las alianzas que pudieron. Pero no ver de lejos las dificultades que traía consigo elaborar un Estatut con los nacionalistas catalanes y prometer apoyo incondicional al texto resultante no las pudieron remediar y las dejaron crecer para evitar el conflicto y mantener el poder, olvidado que el conflicto no se evita, sino que se difiere con ventaja para los otros. Por ello, prefirieron aplazar el conflicto enmendando en texto en el Congreso y entrando en guerra con el PP en Madrid para no tener que pelearse con los nacionalistas en Barcelona. Habrían podido ahorrarse ambas, pero no supieron cómo y acabaron divididos y derrotados.

            Se ha planteado Caballero si el PSOE podría haber mantenido su reputación en Cataluña si hubiera asegurado y defendido los intereses de sus votantes tradicionales, los cuales –por ser muchos y fieles, y miedosos unos de la derecha y otros del nacionalismo- siempre necesitaron estar con él. Pero, tan pronto consiguió el Gobierno del Estado, hizo lo contrario. Mantuvo su alianza con los nacionalistas y -al mismo tiempo- traicionó las promesas que les había hecho en la tramitación del Estatut en el Congreso, y no se dio cuenta de que, con esta decisión, se debilitaba y perdía el apoyo de aquellos que se habían recogido en su regazo y, a la vez, engrandecía al PP, que veía reforzado su papel de partido de Estado frente a los amigos de los separatistas. Y, cometido el primer error, fue obligado a continuar como ha venido haciendo hasta hoy día. Por desear gobernar tanto Cataluña como el Estado al precio que fuese, no sólo perdió el poder en ambos lados, sino también –lo que es peor- la identidad y la unidad.

            El PSOE cometió una serie de errores: desautorizó a sus propios líderes, aumentó el poder de la izquierda nacionalista, hizo hueco en el centro para su gran adversario –Convergencia- y provocó el surgimiento de Ciudadanos y de Podemos en su mismo espacio electoral. Para colmo, negó la crisis económica y fue incapaz de liderar la respuesta que ésta demandaba y hacer las reformas que el tiempo y la situación exigían. Los socialistas perdieron el poder y la credibilidad por no comportarse como debían. Concluía Caballero afirmando que “si los populares no dominan la cuestión territorial, lo socialistas no dominan los asuntos de Estado,  porque,  si lo hubiesen hecho, no habrían dejado deteriorarse la situación de la economía ni la situación de Cataluña. Y de esta experiencia se ve claro que ni fueron los primeros, ni serán los últimos que, teniendo que elegir entre el poder  los principios, sacrificaron los principios y perdieron el poder”.

Apoyo del PSC al “derecho a decidir”

            El PSC tiene dos almas: la de la burguesía escorada a la izquierda afín al nacionalismo y la obrera de los inmigrados de otras partes de España, que se aposentaron en los “cinturones rojos” de las grandes urbes, especialmente Barcelona. El problema es que muchos “charnegos”, por complejo de inferioridad o para hacer méritos, se han hecho más nacionalistas que Companys hasta el punto de avergonzarse de sus regiones de origen. Un ejemplo claro es el Alcalde de Blanes, Miguel Lupiáñez, nacido en un pueblo granadino, que ha denigrado a su región y afirmado que en Cataluña se vive de otra manera, e igual ocurre en Dinamarca con respecto al Magreb.

            El PSC ha defendido el “derecho a decidir” e incluso lo incluyó en su programa electoral, pero tuvo que retirarlo por presión de la ejecutiva del PSOE, aunque siga defendiéndolo “soto voce” y algunos de sus dirigentes de forma abierta. El conjunto del PSOE ha tratado de contentar a su díscolo miembro y en la “Declaración de Granada” se incluyeron algunas concesiones que el PSC no consideró suficientes. El. PSC es autónomo, especialmente en lo relativo a las cuestiones que afectan específicamente a Cataluña, pero debe acatar las líneas directrices marcadas por el PSOE a nivel nacional. Está en el mejor de los mundos. Pues tiene representantes en la Ejecutiva Nacional del PSOE y participa en la elección de su Secretario General, pero no admite a miembros del PSOE en su Ejecutiva Regional y no permite que los miembros del aquél participen en la elección del Secretario General del PSC. El momento de mayor enfrentamiento se produjo cuando éste se negó a acatar en 2016 la decisión de la Gestora Nacional del PSOE de abstenerse en la elección de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno y todos sus diputados en el Congreso votaron en contra. Hubo una ola de indignación en el PSOE nacional por la deslealtad de su asociado y muchas voces se alzaron para proponer una modificación de las relaciones entre los dos partidos, pero la sangre no llegó al Llobregat y la situación privilegiada del PSC se mantuvo como estaba. Con el rereso a la Secretaría General del PSOE de Pedro Sánchez –que contó con el apoyo incondicional del PSC-, el nuevo líder se ha mostrado aún más inclinado a favorecer s su asociado catalán. Esto se ha puesto de manifiesto con la reciente adopción de la “Declaración de Barcelona: Por el Catalanismo y la Reforma Federal”.

Defensa de Pedro Sánchez de un confuso y peligroso “plurinacionalismo”

            Al igual que Rodríguez Zapatero quiso mostrar su amor a Cataluña prometiendo “el oro y el moro”  para la adopción del nuevo Estatut –“de aquellos polvos nacen los actuales lodos”-, Sánchez ha incluido en su declaración de amor a la Comunidad el reconocimiento del “plurinacionalismo”, plasmado en la afirmación de  que España es una “Nación de Naciones”, entre las que se incluye Catalunya. Como ya apuntó el experto del PSOE en cuestiones autonómicas, Pachi López –antes delparto, por supuesto-, Sánchez no tiene ni pajolera idea de lo que es una “Nación” y se permite enzaarzarse en especulaciones e hipótesis sumamente peligrosas.

            Según Santiago Muñoz Machado, unos ofrecen interpretaciones de la Constitución tan imaginativas como carentes de fundamento y otros consideran que ésta ha de dejar paso a la “democracia reconstituyente” para que los pueblos que forman España elijan separadamente su destino. Las ansias de poder pierden a unos y las perversas ideología nacionalistas a otros, y el resultado es que nos inunda un torrente de despropósitos. En nuestra tradición constitucional, la Nación como titular de la soberanía coincide con las nociones del pueblo y del Estado español. La Constitución de 1812 afirma que la soberanía reside en la Nación y similar es el criterio establecidas en las Constituciones de 1837, 1969, 1931 y 1978. Según los artículos 1 y 2 de la Carta Magna, la soberanía nacional reside en el pueblo español y la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación, a la par que “reconoce y garantíza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. El único sujeto constituyente es España y a las nacionalidades no se les reconoce el menor residuo de poder constituyente. Se fundamentan y tiene su apoyo exclusivo en la Constitución misma y no pueden subvertirla. La concepción de  Sánchez de una “Nación de naciones” sólo puede materializarse por medio de una Confederación. Según Sánchez, “la España nación de naciones va a llegar”, porque el centralismo representa al pasado y deja pudrir los problemas en el presente, como está haciendo el Gobierno del PP con el conflicto catalán.  Se trata, sin embargo, de una propuesta sin sentido ni porvenir y los promotores del alboroto plurinacionalista no se han parado un minuto a pensar en lo que han dicho, pues no se han tomado en serio la Constitución.

 Para tratar de bordear el abismo de una España confederal –que no federal, como Sánchez  dice ansiar- matiza que se trata de “naciones culturales”, ignorando en su supina ignorancia jurídica que –como ha señalado el TC- lo fundamental es el sentido jurídico del término.  Reconocer a Cataluña como Nación. llevaría aparejados su derecho a decidir, el ejercicio de la libre determinación y su eventual opción por la independencia. Como ha observado Muñoz Machado, siguiendo a Ernest Renan –autor del libro “¿Qué es una nación?-, cualquier provincia española puede ser una “nación en sentido cultural”, pues cuentan con un territorio, una historia, costumbres comunes y voluntad de convivir. Ni siquiera necesitan contar con una lengua propia, pues lo esencial es que “la colectividad conjugue un proyecto de vida en común”.  Sánchez, que sigue erre que erre con su melopea del plurinacionalismo cultural, pero éste es del todo inútil para montar soluciones duraderas y eficientes de organización del Estado. Los supuestos beneficiarios -los nacionalistas- no están dispuestos a comprarle la burra tuerta, pues lo que quieren no es una “nación cultural” –de la que ya disfrutan gracias los ahora denostados Constitución y Estatuto-, sino una “nación a secas”, en su sentido político-jurídico, que les permita acceder a la independencia.

Sánchez ha encontrado una cierta complicidad intelectual en el Catedrático de Filosofía Política y Social de la Universidad del País Vasco, Daniel Innerarity, quien ha afirmado,-de forma un tanto confusa- que las tensiones que sufre España describen un Estado poliárquico muy diferenciado, que califica de “plurinacionalidad” y que equivale a “articular la diversidad en una cierta uniformidad”. Ha afirmado que en España seguimos pensando que a una  nación le corresponde un Estado y que ese Estado ha de tener un poder soberano, pero nos equivocamos. Aunque la nación es un principio político, no significa que conduzca a la consecución de un Estado. En el pluralismo constitucional del Estado español hay elementos centralistas, autonómicos, federalizantes y confederales, pues tanto el País Vasco como Navarra ya se rigen “de facto” por un principio confederal. No estoy de acuerdo con la opinión de Innerarity, que carece de fundamento jurídico. Como señaló el TC dejó en su controvertida sentencia de 2010, “nación” es un término proteico que puede reflejar una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológic e incluso religiosa, pero lo más relevante era su sentido jurídico-constitucional y, en este sentido, la Constitución no reconoce otra Nación que la española y el término no puede referirse a otro conjunto que no sea el pueblo español, titular único de la soberanía nacional. El Estatuto no habla del pueblo catalán como titular de la soberanía nacional, porque reconoce que ésta sólo compete al pueblo español. Se fundamenta y tiene su razón de ser en la Constitución  y sus normas no pueden desconocer ni inducir al equívoco en cuanto a  a la indisoluble unidad de la Nación española. Las palabras no son inocentes y las jurídicas aún menos. Aunque sea mucho pedir, convendría que Sánchez se dejase aconsejar por los López, los Jáuregui y de los buenos juristas del PSOE y dejar de decir necedades “urbi et orbe”, de las que luego será difícil desdecirse y podrían causar graves perjuicios a España y al propio PSOE. Baste recordar las promesas de Felipe González –“OTAN: de entrada NO”- o las ya citadas de Rodríguez Zapatero sobre el Estatut.  Según Javier Redondo, cuando el PSOE coquetea con el término “plurinacionalidad”, emplea,-consciente o inconscientemente- tesis separatistas, e ignora que la nación delimita el sujeto de la soberanía. Con su concepción de la plurinacionalidad, el PSOE avanza inexorablemente hacia el “derecho a decidir” y, con su desorden conceptual, nos aproxima al caos.

Declaración de Barcelona: Por el Catalanismo y la España federal

            Las concesiones de Sánchez a la sensibilidad nacionalista del PSC se han materializado en la “Declaración de Barcelona”, que adoptaron conjuntamente el PSOE y el PSC el pasado 14 de Julio. Pedro Sánchez y Miquel Iceta –Secretario General de éste y candidato a la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas- parten de un grave error de posición, pues pretenden situarse en un punto equidistante entre dos extremos: los excesos de los independentistas –separatistas- y el inmovilismo del Gobierno de España -separadores-, dos extremos que se retroalimentan.. Semejante planteamiento es falaz, injusto y peligroso, pues no es ético ni decente poner en pie de igualdad a los que incumplen las leyes y a los que tratan de que se cumplan. Sánchez apunta un rasgo de estadista cuando afirma que apoyará al Gobierno para que se cumplan la Constitución y las leyes, porque “fuera de la ley no hay nada”, pero acto seguido deja traslucir su cariz de político oportunista e irresponsable, al ponerle al Gobierno una serie de obligaciones, algunas de ellas de imposible cumplimiento. Afirma que “con la ley no basta” y que ”falta la política”, por lo que exige al Gobierno que proponga “diálogo, acuerdo y, sobre todo, mesura”.Son palabras fáciles para sermonear, pero tendría que aclarar cómo se puede dialogar con alguien que no quiere el diálogo, cómo se puede llegar a acuerdos con quien sólo aspira a violar la Constitución y la leyes y conseguir unilateralmente la independencia, y cómo se puede ofrecer mesura a los que abusan de su mesurada pasividad del Gobierno y de la inmunidad que hasta ahora les ha concedido al consentir impasible la continuada violación de las leyes y de las sentencias de los Tribunales. Puede que tenga razón en que haga falta recurrir a la política ante un conflicto que es fundamentalmente político, pero de lo que no cabe la menor duda es que no se pude negociar políticamente con quienes violan sistemáticamente las normas del Estado pues fuera de la ley no hay nada.

            La Declaración de Barcelona es una carta a los Reyes Magos republicanos y con barretina.:Mejor reconocimiento de la pluralidad nacional de España, recuperación de parte del Estatuto aprobado en 2006, fortalecimiento del autogobierno de Cataluña y mayor traspaso de competencias, establecimiento de un Consejo General de Poder Judicial propio, reforzamiento de la identidad nacional, aumento de las inversiones del Estado, reforma de la Constitución de tipo federal y anulación de la sentencia sobre Companys. Según el dúo dinámico Sánchez-Iceta, se podrían aceptar 45 de las 46 peticiones que Carles Puigdemont planteó en su día a Mariano a Rajoy. Y todo eso ¿a cambio de qué?. ¿De que la Generalitat haga la gran concesión de renunciar, por el momento, a la independencia?. El Debe del Gobierno es sumamente amplio, mientras que el del Govern está prácticamente en blanco.

            No cabe entrar a examinar en detalle cada una de estas propuestas, pero sí  hacer una breve evaluación de cada una de ellas y de su conjunto. Sobre el reconocimiento del plurinacionalismo creo que ya he dicho bastante. Se han pronunciado por recuperar buena parte de los artículos del Estatut aprobado por el Parlament, pese a que el TC declaró inconstitucionales a  muchos de ellos y avaló otros recurriendo a benevolentes “intepretaciones conformes” de dudosa constitucionalidad. Han sugerido fortalecer el autogobierno de una de las regiones del mundo –incluidos Estados federales- que de más competencias dispone. ¿Incluye acaso la concesión de un Pacto Fiscal similar al del País Vasco y de Navarra?. Han impulsado la creación en Cataluña de un Consejo General del Poder Judicial propio, independiente del nacional y con plenas competencias, lo que supondría la ruptura de la unidad del poder judicial en España y facilitaría la “comprensión” de los Tribunales autonómicos hacia los delitos de prevaricación y corrupción de los partidos nacionalistas que han ejercido el práctico monopolio del poder en Cataluña. No es casual que la mayor parte de los artículos declarados inconstitucionales por el TC figuraban en el apartado relativo a la Administración de Justicia. Han propuesto reconocer “los elementos simbólicos referidos a la identidad y a la Historia” de Cataluña, como si ya no estuvieran suficientemente reconocidos y protegidos en la Constitución y el Estatuto. Han pretendido que la inversión del Estado en Cataluña sea equivalente a su porcentaje de participación en el PIB de España. La propuesta no puede ser más retrógrada  pues persigue dar más al que más tiene, por lo que es contraria a los principios de la Justicia distributiva e impropia de un partido que presume de socialismo. Ignoran además los derechos e intereses de las demás Comunidades al establecer el principio de bilateralidad sin tener en cuenta el interés general de la Nación.  Han propuesto iniciar de inmediato un proceso de reforma de la Constitución en clave federal –aunque sea sin la participación del partido mayoritario PP-, sin que hasta el momento hayan puesto negro sobre blanco en que disposiciones concretas se plasmaría esa reforma, limitándose hasta la fecha a vagas y etéreas declaraciones de principio. Con carácter meramente anecdótico, han prometido revisar el proceso y anular la pena  por alta traición al antiguo Presidente de la Generalitat, Lluis Companys, que fue condenado a 30 años de reclusión, no por los tribunales franquistas, sino por los de la nunca suficientemente ponderada II República de España.

            Respecto al conjunto de las propuestas, me limitaré a reproducir algunas de las consideraciones de un editorial de “El Mundo. El PSOE ha aceptado casi al completo las tesis de su partido hermano en Cataluña y Sánchez ha cometido un error al asumir el camino a ninguna parte del PSC:”primero, porque las ambigüedades y las políticas paliativas ya no sirven en  un escenario en el que está en riesgo la unidad nacional; y, segundo, porque resulta completamente estéril coquetear con el independentismo en materias tan relevantes como la descentralización de la Justicia o la mejora de la financiación para Cataluña” Sánchez está llevando al PSOE al marco político en que lo situó Rodríguez Zapatero en la aciaga aventura de la reforma del Estatuto. Entonces abrazó la tesis del PSC de Maragall y buscó la complicidad de parte del nacionalismo, pero aquella operación fue un completo fracaso y se convirtió en el origen de la deriva que ha conducido a Cataluña a una vía muerta. Sánchez ha prometido su apoyo al Gobierno para frenar el referéndum ilegal del 1 de Octubre, pero ha impuesto articular soluciones “políticas”, como una reforma de la Constitución para sustituir el Estado de las Autonomías por un Estado federal, que no han sido capaces de concretar. Plantear una reforma constitucional de este calibre sin contar con el PP es una equivocación de bulto y un brindis al sol, no sólo por aferrarse a la plurinacionalidad del Estado –un concepto que Susana Díaz ha laminado en la ponencia correspondiente para el Congreso del PSOE  andaluz-, sino por pretender volver al Estatuto de 2006 que el TC ya declaró parcialmente inconstitucional. El PSOE debería saber que “lo que se dilucida en Cataluña, al socaire del delirio independentista, no es un problema político que pueda solucionarse con ocurrencias más o menos reformistas, sino la preservación de la ley, la democracia y la soberanía nacional”.

            El PSOE se encuentra ahora más cerca que nunca del PSC y se ha dejado vampirizar por sus hábiles dirigentes, hasta el punto de reconocer las tesis de su filial sobre la calificación de Cataluña como nación y el correspondiente “derecho a decidir” del pueblo catalán, que hasta ahora se había negado a aceptar. Sánchez ha retribuido a Iceta por la aportación del 83% de los socialistas catalanes a su candidatura en las primarias - que le permitió ser nombrado de nuevo Secretario General-, aceptando las tesis del PSC en materia de organización territorial del Estado. Consagrado “a la búlgara” como candidato socialista a la Generalitat, Iceta pidió al líder del PSOE que se acabara con los cinco años de discriminación del Gobierno central hacia Cataluña y que “impulse una España distinta que respete a Cataluña en su identidad” y “un Estado que defienda los intereses de los catalanes”. El victimismo no es patrimonio exclusivo de los nacionalistas. Y después, el danzarin Miquel se marcó un “pas à deux” con su amigo Pedro en medio del entusiasmo general.

Madrid, 16 de Julio de 2017