Justicia popular es a justicia lo que democracia popular es a democracia

JUSTICIA POPULAR ES A JUSTICIA LO QUE DEMOCRACIA POPULAR ES A DEMCRACIA

Últimamente anda algo alborotado el gallinero judicial, tanto en la esfera de los Fiscales como en la de los Jueces. El normal relevo en la Jefatura del Ministerio Fiscal en las llamadas "colinas" de la cordillera judicial -la Audiencia Nacional y la Sección Anticorrupción- no ha sido pacífica y ha dado lugar a numerosas críticas desde dentro de la Carrera y desde las Asociaciaciones de Fiscales, e incluso a reclamaciones y demandas de amparo ante el Consejo Fiscal. En el ámbito judicial, el Juez-estrella Eloy Velasco -tras una serie de actuaciones controvertidas en el caso "Lezo", no tanto por el fondo como por la forma- ha declarado al diario "El Mundo" que "los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gentes del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalco como los perdonábamos antes...Vamos creando nuevas necesidades que responden a que el pueblo las quiere y, por lo tanto, los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual".

Revuelo fiscal

Al igual que sus "hermanos separados" los Jueces, los Fiscales también tienen sus "estrellas" -que lucen a veces más de la cuenta- en la galaxia judicial: Javier Zaragoza, Ignacio Gordillo, Manuel Moix, Luis Navajas, Carlos Bautista, Alejandro Luzón...La renovación de la cúpula fiscal está siendo tempestuosa y controvertida, empezando por la designación del Fiscal General del Estado. Pese a que la anterior Fiscal General, Consuelo Madrigal, llevaba tan sólo dos años en el puesto y su actuación había sido destacada, no fue reelegida para el cargo al parecer por discrepancias con el Ministro de Justicia, Rafael Catalá sobre la renovación de los altos cargos de la Fiscalía. Fue designado José Manuel Maza y el hecho de que fuera Magistrado provocó un malestar corporativo por no haberse cubierto la vacante con un Fiscal de carrera. Maza ha sido acusado de estar al servicio del Gobierno, como si los anteriores Fiscales Generales no lo hubieran etado. Baste recordar los nombres de destacados militantes o simpatizantes socialistas como Javier Moscoso, Leopoldo Torres, Eligio Hernández o Cándido Conde-Pumpido. Se está mirando con lupa sus nombramientos y sus actuaciones, sin apenas haberle dado tiempo a asentarse en el puesto. La progresía fiscal le ha echado en cara su voto disidente en la sentencia del Tribunal Supremo que exoneró a Baltasar Garzón del delito de prevaricación en el caso de las Víctimas del Franquismo, en el que afirmó taxativamente que "pocas veces se habrá visto un caso más claro de lo que es una prevaricación judicial".

En relación con la Audiencia Nacional, los sectores progresistas pretendían la renovación como Fiscal-Jefe de Javier Zaragoza, pese a llevar 10 años ejerciendo ese puesto, pero fue promovido su segundo de a bordo Jesús Alonso. En la Sección Anti-Corrupción, El Fiscal-Jefe, Antonio Salinas, -con 13 años en el puesto- fue sustituido por el antiguo Jefe de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix. En el proyecto con el que se postuló para el puesto -limitación de las investigaciones, mayor control personal de documentos y actuaciones, y reducción de la influencia de las fuerzas de seguridad en la instrucción de las causas- acrecentó el malestar de los Fiscales. Cuando Moix puso algunos obstáculos técnicos a la investigación del ex-Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzáles, los Fiscales tomaron la insólita e inhabitual decisión de llevar sus discrepancias a la Junta de Fiscales y la maoría de sus miembros se pronunció en contra de la tesis del Fiscal-Jefe, quien dio marcha atrás y renunció a imponer su criterio. Otras dos decisiones de Moix han sido rechazadas por los Fiscales afectados. De un lado, el cese de los Fiscales que llevan el caso de la supuesta financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña -"Comisiones del 3%"-, Fernando Bermejo  José Grinda, y sus sustitución por Fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los interesados objetaron la medida y plantearon el caso ante el Consejo Fiscal. En la reunión del Consejo del pasado día 4, Maza decidió aplazar su decisión, seguir estudiando los argumento en pro y en contra de la propuesta de cese  mantener en el ínterin a los Fiscales en sus funciones.

De otro, la tramitación de unas denuncias por coacción formuladas por un investigado en la "Operación Emperador", Rafael Pallardó contra los dos Fiscales mencionados y contra Juan José Rosa, al estimar Moix que "los hechos descritos podrían suponer delitos de coacciones y contra la administración de justicia". Los afectados alegaron que las denuncias estaban exclusivamente dirigidas a menoscabar el imparcial ejercicio de sus funciones e inquietar la labor que realizaban, y pidieron amparo al Consejo Fiscal, para lo que contaron con el apoyo de otro 21 Fiscales de la Sección, pero el Consejo rechazó por amplia mayoría la concesión de amparo. Los tres miembros del Consejo propuestos por la Unión Progresista de Fiscales pidieron la destitución de Moix, "cuya credibilidad y, por ende, la de la Fiscalía Anti-Corrupción se ha visto seriamente comprometida ante buena parte de los ciudadanos", pero Maza rechazó la propuesta. ¡La guerra civil en la Fiscalía Anti-Corrupción esta servida!. Pese a su reconocida competencia técnica, Moix ha cometido errores de apreciación, se ha enfrentado con sus subordinados y ha perdido credibilidad, por lo que se ha convertido en un juguete roto objeto de reprobación.

Revuelo judicial

Eloy Velasco es un "Juez-estrella", bien preparado y trabajador. Es Doctor en Derecho y autor de libros como "Ejecución de sentencias penales" o "Cuestiones prácticas sobre responsabilidad penal y compliance", este último al alimón con su esposa  Beatriz Saura. Ejerció como político y fue, entre 1995 y 2003, Director General de Justicia en la Generalidad de Valencia. Fue destituido por sus enfrentamientos con el Secretario Autonómico de Justicia y Administraciones Públicas, el también Juez Fernando de Rosa, y recurrió a las "puertas giratorias". Esperando obtener compensación por los servicios prestado, trató de volver a la judicatura por la puerta grande del Tribunal Supremo, pero el Consejo General del Poder Judicial rechazó su petición porque  no había dictado en su vida una sentencia y "al Supremo no se podía llegar sin poner sentencias". Regresó a su casa judicial por la puerta pequeña y, tras ejercer como Juez Instructor en los Juzgados de Valencia y de Madrid, recaló en 2006 en el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, en la que está instruyendo los casos "Púnica" -trama de corrupción en la Comunidad de Madrid- y "Lezo" -desviación de caudales financieros del Canal de Isabel II, que ha llevado a la trena al antiguo Presidente de la empresa y de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Entre sus trofeos cinegético-judiciales se encuentra la cabeza del Presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Hallábase éste defendiéndose "como gato panza arriba" de acusaciones por haber la comisión de diversos delitos con ocasión de la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras -con la ayuda del PP y de la Fiscalía General- cuando Velasco le dio la puntilla al acusarlo de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por el presunto uso de caudales públicos para financiar una campaña de imagen en su época de Consejero de Educación de la Comunidad de Murcia, y forzó con ello su dimisión.

Diversas facetas del controvertido Juez Velasco

Se ha criticado a Velasco por forzar la investigación en el caso "Púnica" y abusar del recurso a las grabaciones, incluso en espacios privados. Como ha observado Cayetana Álvarez de Toledo, la colocación de micrófonos ocultos es una medida excepcional y poco ortodoxa, restrictiva de los derechos fundamentales de las personas en cuanto que afecta a su intimidad. La reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la autorizó, aunque de forma condicionada. Para instalar un dispositivo clandestino de este tipo en una vivienda o una oficina, el Juez deberá autorizarla mediante un auto en el que precise su objetivo y su alcance. No puede autorizar dicha colocación "como el que tiende una red en el mar a ver lo que se pesca". A la espera de conocer como motivó Velasco su decisión, la instrucción del caso "Lezo" es todo un síntoma. "Estamos asistiendo a una garzonización del proceso penal en España: Grabaciones al por mayor, instrucciones chapuceras, atestado policiales convertidos automáticamente en autos -sin el filtro crítico que todo Juez debe al investigado y a sí mismo-, registros 'a posteriori' y para la galería, autos difundidos vía tuit antes de notificarlos a las partes, prisiones provisionales de 30 meses, festival de filtraciones...En definitiva, el abuso de la excepcionalidad en un clima de alarma social". Añadió que la equiparación de la investigación de los casos de corrupción con los de terrorismo exige asumir las premisas de que "la corrupción pone en jaque el orden constitucional, la paz pública o la seguridad nacional", y de que "su persecución justifica la limitación de garantías básicas de un Estado de Derecho". En su opinión, aquí es dónde se percibe la hipcresía de un sector de la izquierda. Los mismos que claman contra la aplicación de medidas excepcionales a los terroristas, jalean ahora la excepcionalidad frente a los presuntos corruptos. "Se ve que el terrorismo tiene razones que la corrupción desconoce", con independencia de que ésta sea "una sórdida desviación de la política".

Tampoco los Fiscales acaban de encontrar su sitio en una nueva España justiciera.Son "personajes en busca de autor" que quieren ser instructores libres como el Juez Velasco. A juicio de Álvarez de Toledo, a este problema identitario se añade el malentendido de que muchos Fiscales confunden la búsqueda de la verdad con la búsqueda de la culpabilidad. El Fiscal no tiene siempre por qué acusar, sino buscar la verdad en defensa del principio de la legalidad. Según el Estatuto Fiscal, ha de actuar "ejercitando en su caso las acciones que procedan u oponiéndose a las que indebidamente se promuevan". Hay inclusos casos en los que la normativa altera la carga de la prueba, como por ejemplo en la Ley de la Comunidad de Madrid contra la LGTBfobia y discriminación por orientación sexual. "Cuando la acusación se convierte en prueba de inocencia, el derecho acaba del revés". Al insoportable drama de la politización de la justicia se suma el "sálvese el que pueda, mediante el acúsese sin pruebas". Hemos llegado a un punto de pérdida de la autoridad moral del Estado, "resultado de la convergencia de los manotazos del Gobierno con el populismo judicial y la tiranía del share".

Uno de los temas más debatidos en los ámbitos forenses es precisamente el de qué autoridad debería llevar a cabo la instrucción de los procesos penales, tras la intención expresada por el Ministro de Justicia de quitársela a los Jueces y encomendársela a los Fiscales. Velasco se ha manifestado a favor de mantener el statu quo actual. En las declaraciones anteriormente citadas ha afirmado que "los fiscales son estupendos profesionales que, en el 99% de los casos, harán la instrucción igual que los jueces, pero hay un 1%
de ellos que pueden recibir instrucciones de sus superiores. Yo no, porque no tengo superior. Me siento más independiente que los fiscales, también en esos casos en los que el Fiscal General -que es elegido por el Gobierno- puede dar una instrucción". La opinión generalizada es que cualquiera de estos profesionales está capacitado para realizar la instrucción, pero son muchos los que piensan que no puede ser encomendada al Ministerio Fiscal si no se garantiza suficientemente la autonomía de los Fiscales frente a las posible presiones del Gobierno.

Como la mayoría de sus colegas "estrella", Velasco es un acérrimo partidario de la jurisdicción universal "a lo bestia"., una formulación que permita a cualquier Juez ejercer su jurisdicción sobre los delitos contra el Derecho de Gentes "urbi et orbe", aunque no exista vínculo alguno del caso a juzgar con su país nacional. Para paliar las adversas consecuencias producidas por el uso y el abuso de la jurisdicción universal por parte de algunos Jueces españoles, el Gobierno del PSOE modificó en 2009 el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y requirió para el ejercicio de semejante jurisdicción que el autor o la víctima del delito fuera español, el presunto autor se encontrara en España o existiera un "vínculo relevante" con el país, siempre que otro Tribunal competente no hubiese iniciado un procedimiento que supusiera una "investigación y persecución efectivas". En 2014, el Gobierno del PP apretó algo más las clavijas y -en una nueva modificación del citado artículo 23- extendió su aplicación a las causas en trámite y requirió que los procesos fueran sobreseeídos si no se acreditaba el cumplimiento de sus normas. Eloy Velasgo fue uno de los Magistrados que se rasgó a toga y afirmó  que la nueva formulación de la LOPJ  atentaba contra la independencia del poder judicial y causaba "efectos colaterales", como la liberación de algunos buques apresados por narcotráfico. . Recientemente ha vuelto por sus fueros y aceptado la querella de una española de origen sirio contra altos mandos del ejército y de las fuerzas de seguridad de Bashar al-Asad  por delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tortura, terrorismo y desaparición forzada, cometido contra un hermano no español de la demandante. Velasco ha aceptado investigar los dos últimos delitos, pese a que la Fiscal Teresa Sandoval se había pronunciado sobre la incompetencia de los Tribunales españoles para conocer el caso al no poseer la víctima la nacionalidad española. Ha dejado constancia de su posición en los siguientes términos:"Cuando hay un procedimiento por una persona que ha sido masacrada por el régimen de Asad, hay gente sin experiencia internacional que dice que no perdamos el tiempo, porque las investigaciones nacionales están necesitados de tiempo. ¡Qué tendrá que ver una cosa con la otra!. Hay gente que no tiene empatía con crímenes contra la Humanidad que son más graves que la muerte". Pues bien, yo -que creo tener experiencia internacional y empatía con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos- me atrevo a discrepar y opinar que los abusos de la jurisdicción universal son un "brindis al sol" de escaso alcance práctico, pues uno de los principios inspiradores del Derecho Penal es el de la efectividad y difícilmente se puede culminar con éxito un proceso si el presunto delincuente no se encuentra físicamente en el territorio del Estado enjuiciador. Recordemos que la normativa española no contempla los juicios y eventuales condenas "in absentia" del reo.

El Juez Velasco se ha caracterizado en su andadura profesional por su compromiso y tenacidad, pero ahora parece dispuesto a tirar la toalla y ha declarado que se va porque está cansado  no ha nadie imprescindible. Ha pedido un puesto en la nueva Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, pero no es seguro de que se lo concedan, entre otras razones porque cinco Magistrados han presentado un recurso de reposición contra la selección de candidatos. No concuerda con la conducta seguida hasta ahora que abandone a su suerte dos casos sumamente enrevesados y complejos como "Púnica" y "Lezo" con la excusa de que está cansado.Si tal cosa sucediere, la instrucción de estos casos se alargaría varios meses al necesitar los nuevos instructores tiempo para ponerse al tanto de unos sumarios tan complicados.

¿Ha de ser popular la Justicia?

Antes de hacer mutis por el foro, Velasco ha dejado en testamento unas frases muy poco afortunadas sobre la justicia popular y la calificación de los Jueces como "hombres del pueblo". ¿En quién estaría pensando el docto Juez con su referencia a lo "popular"?. ¿En la República Popular de China de Mao Tse-tung, en la República Democrática Alemana de Walter Ulbright o en la República Popular Democrática de Corea de Kim Yong-un?. ¿En la República de Cuba de los Hermanos Castro o en la República Bolivariana de Venezuela, cuyo Presidente, Nicolás Maduro, ha afirmado dirigiéndose al pueblo, que "les entrego el poder a Vds porque el pueblo es el que decide cuál es el destino de la patria...Nosotros somos la Constitución y la legalidad"?.

Cuando se quiso falsear la Democracia manteniendo formalmente su prestigiosa denominación per vaciándola de su contenido material, se le añadió la calificación de "Orgánica" en los movimientos fascistas o de "Popular" en las tiranías comunistas, pero semejantes falacias no engañan ya a nadie. La Justicia no es popular, democrática, justiciera, catalana o mediopensionista. Es una Justicia a secas, que es ejercida por unos profesionales independientes en nombre del pueblo, pero no es dictada por el pueblo, ni mucho menos por los autócratas que lo oprimen, como Maduro, que pretendió arrebatar la función legislativa a la Asamblea Nacional de Venezuela para otorgársela a un domesticado Tribunal Supremo controlado por el poder ejecutivo. Como señala el artículo 117-1 de la Constitución, "la Justicia emana del pueblo y es ejercida en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial independiente, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". La Justicia es, pues, ejercida por unos funcionarios cuya misión es aplicar la ley a los hechos "conforme a derecho" y no "conforme al pueblo". Como ha observado Francisco Pascual, "ni el Gobierno debe controlar las togas en aras de la impunidad, ni la Justicia tiene que ser popular ni populista. Sólo justa e independiente". ¡La Justicia Popular es a la Justicia lo que la Democracia Popular es a la Democracia!.

Madrid, 7 de Mayo de 2017