Las Idus de Septiembre en Cataluña

LAS IDUS DE SEPTIEMBRE EN CATALUÑA (7-IX-2015) Como vengo haciendo desde 1974, he pasado las vacaciones veraniegas con la familia en la deliciosa. Playa de los Eucaliptus en el Delta del Ebro y he observado más banderas estrelladas en los balcones y percibido un difuso ambiente de exaltación secesionista y de animadversión hacia España, alentado por la “Brunete mediática” de la Generalidad –liderada por TV-3- y por los medios autonómicos de comunicación privados. He seguido de cerca el absurdo proceso hacia la independencia de Cataluña protagonizado por Artur Mas, que –pese a no haber sido nunca independentista, ni incluido Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) la secesión de España en su programa-,se ha visto -como el aprendiz de brujo- arrastrado por la fuerza que él mismo desencadenó tras haberle negado el Gobierno de Mariano Rajoy el Pacto Fiscal a la vasca que exigía. Ni siquiera es un converso de última hora al estilo paulino, sino que se ha visto obligado a envolverse en la bandera estrellada en una fuga hacia delante, para tapar la labor de su ineficiente Gobierno y las acusaciones de corrupción de CDC y de su persona, en cuanto hereu de Jordi Pujol. Ha entrado en la dinámica de una fuga-saga, en la que ha engañado a todos y de la que ha sido incapaz de liberarse a medida que aumentaba su envite. He reflejado esta evolución en mis artículos en las páginas digitales de “Voz Pópuli”, desde “Deslealtad institucional de Artur Mas” en 2012, a “A la búsqueda de la negociación perdida” en el presente año. Continuada deslealtad institucional de la Generalitat y de su Presidente Según Arcadi Espada, el único hecho diferencial que ni la Constitución ni la realidad reconocen es la escalada de deslealtad a la democracia y a sus instituciones emprendida por el Gobierno de la Generalitat. Ni el pacto de la transición, ni la letra o el espíritu de la Constitución, son responsables, ni por activa ni por pasiva, del secesionismo. La principal responsabilidad corresponde obviamente a los desleales, entre los que figura por antonomasia Artur Mas, que navega a todo trapo hacia la soñada independencia desde su mullida poltrona del poder autonómico otorgado por una Constitución que trata de sabotear desde dentro con flagrante deslealtad institucional. Como ha señalado Alfonso Guerra en un artículo en “Tiempo”, la responsabilidad del proceso de desnaturalización de la democracia recae en los nacionalistas y sus adláteres, pero la izquierda también tiene su parte de responsabilidad, pues no se ha atrevido a parar un programa que representa el viejo proyecto de la burguesía catalana, lo que hubiera hecho aún más evidente la ilegitimidad del mismo. Mas ha desafiado abiertamente al Estado al negarse a acatar y a cumplir las leyes nacionales y las sentencias de los Tribunales Supremo y Constitucional (TC) y ha iniciado un camino sin retorno hacia la independencia, jalonado por la Declaración del Parlamento de 23 de Enero de 2013 sobre la Soberanía y el Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña , la concentración masiva de partidarios de dicho derecho en la Diada de ese año y el adelanto de las elecciones autonómicas –en las que CDC sufrió un varapalo-, el anuncio de la celebración de un referéndum de autodeterminación –transformado en un “proceso participativo” tras las desautorizaciones del TC-, la celebración de un paripé de referéndum ilegal el 9 de Noviembre de 2014, la nueva disolución del Parlamento y la convocatoria para el 27 de Septiembre de 2015 de elecciones autonómicas de carácter plebiscitario, la imposición de una coalición CDC-ERC con una lista única, en la que Artur Mas –candidato una vez más a la Presidencia- aparece emboscado en el 4º lugar de dicha lista y Oriol Junqueras en el 5º-, y el compromiso de proceder a una Declaración Unilateral de Independencia si la coalición y sus aliados secesionistas de la CUP obtuvieran el mayor número de diputados. Como ha destacado Guerra, Mas evita así rendir cuentas de su pésima gestión como gobernante. Rotas las leyes con el “caso Pujol” y embargadas todas las sedes de su partido por corrupción, ha dado un salto en el vacío, con la imperdonable consecuencia de lanzar al precipicio a todo el pueblo catalán. Estamos –ha escrito- ante el anuncio de un verdadero “golpe de Estado a cámara lenta” para desgajar una parte de la Nación, con la complicidad de los partidos políticos, los medios de comunicación, los sindicatos y la patronal, y hasta alguna entidad deportiva, un “verdadero monumento a la cobardía”. No obstante, políticos e intelectuales se muestran más preocupados por la posible reacción del Gobierno central que por la violación constitucional, llegando en su despropósito a “negar, como acto impropio, que se pueda aplicar los preceptos de la Constitución a quien pretende romperla”. En el culmen del absurdo, el prontuario de la coalición secesionista “Juntos por el SÍ”, afirma que Mas es la máxima garantía para la lucha contra la corrupción en Cataluña. No parece, sin embargo, que el gallinero catalán esté excesivamente alborotado ante la perspectiva de ver encomendada su custodia al viejo zorro. ¿Deben ser sancionadas a las autoridades que no cumplan las sentencias del TC? Salvo la querella en trámite ante el TSJ de Cataluña por su participación en el seudo-referéndum del 9-N, Mas ha salido hasta ahora indemne de sus numerosas tropelías, ante la permisividad del Gobierno de Rajoy, que –al no atreverse a convertirlo en mártir- le ha permitido que se erija en confesor y fundador de una nueva Iglesia. Tarde y a destiempo -como es habitual en su actuación política, el Gobierno ha presentado una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del TC –a tramitar por vía de urgencia- para permitir a éste acordar la suspensión cautelar de funciones de las autoridades y funcionarios que incumplan sus resoluciones. Pese a su pertinencia y conformidad con la normativa vigente en otros países de nuestro entorno, la propuesta ha recibido la crítica generalizada de las fuerzas políticas. Es natural que CDC la haya calificado de “el mayor ataque a la democracia desde 1978”, el PNV de “chapuza” y de “disparate”, y Podemos de “aumento de la confrontación para tapar la corrupción”. No lo es tanto que el PSOE haya acusado a Rajoy de “unilateralidad” y de “legislar para la extrema derecha”, y Ciudadanos de “falta de credibilidad”. A ellos se ha sumado Felipe González , que la ha calificado de “auténtica barbaridad”. Cuando el dedo del PP señala a la luna, los partidos sólo miran al dedo, que, desde luego, podía haberse movido jurídicamente de manera más adecuada. La reforma resulta conveniente, aunque sea innecesaria, pues el Gobierno ya cuenta con suficientes medios para impedir la impunidad en caso de incumplimiento por las autoridades de las decisiones judiciales. Según el Código Penal, incurre en desobediencia la autoridad que se niegue abiertamente al debido cumplimiento de las resoluciones judiciales (artículo 410), en obstrucción a la justicia quien impida la ejecución de una resolución dictada por la autoridad judicial (artículo 508) y en usurpación de competencia quien, careciendo de ellas, dicte una disposición general (artículo 506), y prevarica la autoridad que, a sabiendas de su injusticia, dicte una resolución arbitraria (artículo 404). Todos estos delitos conllevan sanciones de prisión, pecuniarias y de inhabilitación. No es, por tanto, de recibo que las autoridades que incurran en estos delitos sigan ejerciendo normalmente sus funciones, pero hace falta voluntad política y coraje cívico para aplicar las sanciones previstas en el Código. El PSOE no parece querer contar con los medios adecuados para hacer frente a las violaciones de la ley por las autoridades autonómicas. En 1985 derogó el recurso previo de anticonstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía, lo que permitió en 2006 que se aprobara en referéndum el nuevo Estatuto Catalán de Autonomía, pese a estar impugnado su texto ante el TC, que posteriormente declaró inconstitucionales algunas de sus disposiciones. En 2005 suprimió del Código Penal los artículos que sancionaban a quienes convocaran referendums sin tener competencia para ello, por estimar que “no estaba en juego la protección del Estado de Derecho frente a amenazas secesionistas”. ¡Que Santa Lucía les conserve la vista!. La actitud del PSOE/PSC está desprovista de sentido de Estado y resulta incomprensible. Lo mismo se alía con la extrema izquierda nacionalista de ERC, “Compromís”, “Mes” o las “mareas galaicas” con tal de impedir que gobierne el PP como partido más votado, que apoya el “derecho a decidir” o la adhesión de los Ayuntamiento a las Asociación de Municipios por la Independencia. Pedro Sánchez ha adoptado una irresponsable posición equidistante entre el Gobierno central y la Generalitat, y Felipe González le ha reprochado por ello al afirmar que “no se puede adoptar una actitud de equidistancia entre los que se atienen a la ley y los que tratan de romperla”. Reacciones ante la aceleración del proceso hacia la independencia de Cataluña Ante la irreversibilidad de la conducta “kamikaze” de Mas, han crecido la preocupación general y las admoniciones hechas fuera y dentro de Cataluña. El Ex-Presidente Felipe González envió el día 30 de Agosto, a través de “El País”, una Epístola a los Catalanes para aconsejarles que “no se dejen arrastrar a una aventura ilegal e irresponsable que pone en peligro la convivencia entre los catalanes, y entre éstos y los demás españoles”. Ha puesto de manifiesto las consecuencias funestas de la propuesta de “desconectar” a Cataluña de España hecha por Mas, que sabe que “desde el momento mismo que incumple su obligación como Presidente de la Generalitat y como primer representante del Estado en Cataluña, está violando su promesa de cumplir y hacer cumplir la ley, se coloca fuera de la legalidad, renuncia a representar a todos los catalanes y pierde la legitimidad democrática en el ejercicio de sus funciones”. Ha señalado que “cuando el Presidente de la Generalitat va de número cuatro de una lista cuyo objetivo fundamental es romper con el Estado, no pierde legitimidad como ciudadano, pero no cumple su misión de Presidente de todos los catalanes”. Mas ha incumplido sus promesas y se ha saltado la legalidad y ello es sumamente grave. González ha subrayado que lo que se necesita son “reformas pactadas que garanticen los hechos diferenciales, sin romper ni la igualdad básica de los ciudadanos, ni la soberanía de todos para decidir nuestro futuro común. También a través de “El País” le ha contestado Josep Antoni Durán, que ha destacado que la independencia sería negativa para Cataluña, para España y para la UE y que había que llegar a formas pactadas que garanticen los hechos diferenciales, para lo que se requiere diálogo, pacto y transacción. El Secretario General del PSC, Miquel Iceta, ha mostrado su acuerdo con González y afirmado que la independencia es un proyecto perjudicial para Cataluña y “un riesgo que no nos podemos permitir”. En su deseo de congraciarse con los catalanes, Felipe González ha hecho unas declaraciones a “La Vanguardia” en las que creo que ha metido el cuezo y hecho un flaco servicio a la unidad nacional que pretende preservar. A la pregunta de si estaba dispuesto a aceptar que la Constitución reconociera a Cataluña como nación, ha contestado: “Categóricamente Sí”. Ha afirmado que no tenía ningún problema en reconocer la identidad nacional catalana a través de una disposición adicional y añadido: “La cuestión de la identidad está fundamentalmente ligada a la lengua y a la cultura. Eso es inexorable. Deberían ser realidades intocables, pero hay que ir más allá”. Ha mostrado su apoyo a la propuesta hecha en 2014 por el antiguo ponente constitucional Miguel Herrero de incluir en la Constitución una cláusula adicional que reconozca a Cataluña como “realidad nacional”. Aunque este término sea un tanto ambiguo, supone un eufemismo que encubre el concepto de “nación”, que los nacionalistas catalanes exigen que se reconozca a su Comunidad. Este término, sin embargo, no es inocuo y tiene un sentido jurídico que va más allá de su carácter simbólico, como puse de manifiesto en mi artículo sobre “Las patas del separatismo catalán”. Como señaló el TC en su sentencia de 2010, la Constitución ya reconoce suficientemente la singularidad de Cataluña en relación con el derecho civil, la lengua, la cultura y la proyección de éstas en el ámbito de la educación. El empleo de dicho término conlleva unas consecuencias jurídicas específicas. El Estatuto elaborado en 2006 por el Parlament afirmaba que Cataluña era una nación, que ejercía su derecho inalienable al auto-gobierno por medio de instituciones propias y su soberanía emanaba del pueblo catalán. El TC destacó que –aunque el término tuviera diversas acepciones- lo relevante era su sentido jurídico-constitucional, ya que la Carta Magna no reconocía más nación que la española, por lo que el término “nacional” sólo podía referirse al pueblo español, único titular de la soberanía. Pese a ser Licenciado en Derecho, el ex-Presidente del Gobierno ha caído en la trampa nacionalista y, una vez que la Constitución reconozca a Cataluña como nación, de ello se derivará su derecho a decidir y a declararse independiente. La declaración de González ha sido acogida con reticencia por algunos dirigentes socialistas. Así, el Presidente de Castilla/La Mancha, Emiliano García Page, ha comentado que “si es necesarios que la Constitución actualice las relaciones entre Cataluña y España, de acuerdo, pero creo que la gran nación que tenemos es la española, en la que cabe incluso toda la gente que considera que su región pueda considerarse nación o nacionalidad”. A su vez, el Secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo –en ausencia de la Presidenta de la Comunidad, Susana Díaz- ha declarado que “no es prioritario en este momento abordar si Cataluña debe considerarse o no una nación y que, mientras que no se modifique, la posición del Partido se encuentra recogida en la Declaración de Granada. Exclusión de la UE de Cataluña en el caso de que se declarara independiente. También tarde –aunque aún a tiempo- la Patronal catalana Fomento del Trabajo ha expresado su “máxima preocupación” por el enfoque secesionista de diversas candidaturas a las elecciones catalanas, y alertado de que “es obvia la incertidumbre empresarial ante este debate político, que pone en cuestión la pertenencia a la UE”. Es precisamente en el tema europeo donde la capacidad fabuladora de Mas ha sido más flagrante, engañando a conciencia a la opinión pública y a los votantes de Cataluña. El azar deparó que coincidiera un par de veces en la Playa de los Eucaliptus con el antiguo Presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, a quien el Rey de los Belgas ha concedido el título de Conde por los servicios prestados a su país y a Europa. Conversamos distendidamente sobre la situación en Cataluña y sobre sus relaciones con la UE en el caso eventual de una declaración unilateral de independencia, y reiteró lo que en su momento declaró públicamente de que, en tal caso, dejaría automáticamente de ser miembro de la Unión y tendría que solicitar su admisión en la Organización. De igual manera se manifestó el entonces Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, posición que fue expuesta por los Embajadores de origen catalán Raimundo Bassols, Fernando Perpiñá, Eugenio Bregolat y Eudaldo Mirapeix en un artículo publicado en “La Vanguardia” el pasado mes de Mayo: una declaración unilateral de independencia no sería válida para el Derecho Internacional y, en caso de producirse, Cataluña sería considerada por la UE como un país tercero y quedaría al margen de sus tratados e instituciones. El tema ha sido abordado por el ex-Director General del Servicio Jurídico de la UE, Jean-Claude Piris, en un artículo sobre “Cataluña y la Unión Europea”, publicado el 28 de Agosto en “El País”, en el que ha afirmado que quienes “mantienen que la UE incorporaría a una supuesta Cataluña independiente demuestran un desconocimiento tanto del derecho aplicable, como de las realidades políticas en los Estados miembros de la Unión”. Si se declarara independiente, Cataluña necesitaría -para estar en condiciones de solicitar el ingreso en la UE- ser un Estado europeo, respetar los valores de la Unión y cumplir los criterios de elegibilidad acordados-“criterios de Copenhague”-. Debería ser reconocida como Estado por la totalidad de los 28 Estados miembros, ya que se requiere la unanimidad. La UE “respetará la identidad nacional inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de los Estados, y también en lo referente a la autonomía local y regional”. Asimismo “respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial” (artículo 4-2 del Tratado de la UE). Los Estados miembros no podrán reconocer como Estado a una entidad que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro, que se declare independiente unilateralmente infringiendo la Constitución del Estado en cuestión. El supuesto “derecho a decidir” de las entidades infra-estatales no está reconocido por el Derecho Internacional, y el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos responde a criterios y situaciones, que no son en ningún caso los de la España actual. Según Araceli Mangas, este derecho sólo está reconocido en los casos de dominación colonial, de explotación o de discriminación racial de los ciudadanos de un Estado, y es evidente que tal no es el caso de Cataluña. Ya desde una perspectiva política, Piris ha observado que la ampliación de la UE por la fragmentación de uno de sus Estados miembros supone un riesgo de inestabilidad, cuyas eventuales ventajas nunca podrían compensar el precio que habrían que pagar las instituciones por la modificación de su composición. Políticamente es totalmente ilusorio esperar apoyos de la UE y de sus Estados miembros a una evolución en ese sentido, que sólo representaría para ellos aspectos negativos. En este mismo sentido se han pronunciado recientemente Angela Merkel y David Cameron al responder a preguntas sobre Cataluña. La primera ha dicho: “Tenemos tratados europeos que nos obligan a todos y que garantizan la integridad territorial y la soberanía de los países miembros. Es muy importante que se respete la legalidad, tanto nacional como internacional”. El segundo ha afirmado:”Cuando una parte de un Estado se separa de él dejará de formar parte de la UE y deberá ocupar su puesto a la cola de otros países que han solicitado ser miembros de la Unión. Esta es la postura asumida por la Comisión y los principios constitucionales de la UE”. Al preguntársele sobre la similitud de los procesos catalán y escocés, Cameron contestó que –aparte de que las situaciones en Escocia y en Cataluña son diferentes- “los independentistas escoceses nunca se saltaron la ley vigente en el Reino Unido”, y que, cualquiera que sean las circunstancias, es muy importante que los países y los Gobiernos se sometan al imperio de la ley. Pese a la contundencia de estas afirmaciones, Mas mantiene que Cataluña continuará, en cualquier caso, siendo miembro de la UE, porque no hay ninguna disposición en sus tratados que prevea la expulsión de uno de sus miembros. Mas y los separatistas deberían tener la decencia de decir la verdad a los catalanes sobre las consecuencias de una eventual declaración unilateral de independencia. Una Cataluña independiente, en vez de parecerse a Dinamarca o Suecia como pretende el President, estaría más bien al nivel de Kosovo o de Albania. Confiemos en que la cesárea España no sea apuñalada por la espalda por Bruto-Mas y sus compinches secesionistas en las Idus de Septiembre.